Jaime Cruz Balderas

Expediente 682/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
682/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Jaime Cruz Balderas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Con esta fecha se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa la sentencia engrosada el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, como se encuentra ordenado mediante proveído de veintisiete de julio del año en curso, misma que a la letra dice: SENTENCIA... Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 682/2023 promovido por ********************. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el veintiséis de julio de dos mil veintitrés y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-6). SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de veintisiete de julio siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito y, requerir a la autoridad responsable su informe justificado (fojas 23-27). Se agregó en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 35-37) e integrado que estuvo el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 43) la cual se llevó a cabo en el horario y día fijados (fojas 49-50). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales.CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, al reclamarse la omisión de una autoridad ministerial de dar respuesta a una solicitud, que atenta contra el derecho fundamental de petición de la parte quejosa, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues la omisión reclamada tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el acto reclamado consiste en: La falta de respuesta a la petición presentada por el quejoso el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, en la carpeta de investigación ********************. Cabe hacer la precisión que el acto reclamado se analizará únicamente desde la perspectiva de la violación al derecho fundamental de petición, pues si bien el quejoso en su demanda de amparo indica que no ha obtenido una respuesta positiva a su petición presentada por escrito, lo cierto es que del contexto de la totalidad de la demanda de amparo, se desprende que la causa de pedir estriba precisamente en que la autoridad responsable no le ha dado respuesta a la solicitud sobre la activación de la Alerta Amber. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niños y Niñas y de Trata de Personas, adscrita al XVIII Distrito Judicial, en Cosamaloapan, Veracruz. Lo anterior en razón que si bien la autoridad responsable al rendir su informe justificado comunicó que sí dio respuesta a la solicitud que por escrito le presentó el quejoso el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, la cual dijo no se acordó de procedente (fojas 35-37); lo cierto es que no se advierte que haya comunicado dicha determinación al quejoso, ni tampoco de las constancias que al efecto remitió como justificación de sus actos se advierte que se haya notificado esa decisión al quejoso (tomo único de pruebas). De allí, que se tenga por cierta la omisión reclamada a la autoridad responsable, pues si bien de las constancias remitidas se advierte que previo a la presentación de la demanda de amparo ya existía la respuesta de la autoridad, lo cierto es que, se insiste, ésta no fue notificada o puesta del conocimiento del quejoso. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso particular, a juicio del suscrito juzgador, se actualiza la excepción al principio de definitividad consagrado en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa, atendiendo a la causa de pedir, alegó violación directa al artículo 8º Constitucional, entre otro. Asimismo, los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, dan cuenta de que los actos reclamados están relacionados con la falta de respuesta o información sobre la solicitud del quejoso en su calidad de denunciante en el sentido de activar la Alerta Amber por la desaparición de sus hijos, que le atribuye a la Fiscalía señalada como responsable, los cuales no se ubican en las hipótesis que hacen procedente el medio de impugnación innominado ante la autoridad judicial de control, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el derecho de petición que tutela el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo constituye aquella prerrogativa del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, la cual se encuentra obligada a darle contestación por escrito y en breve término a toda solicitud formulada por escrito; motivo por el que, cuando se promueve juicio de amparo contra ese órgano, por su omisión de dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, en atención a su finalidad consistente en que el funcionario o servidor público dé respuesta a la petición formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Sirve de respaldo a la anterior conclusión, la tesis II.2o.P.102 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que se lee: "OMISIÓN DE LAS FISCALÍAS DE DAR RESPUESTA O INFORMACIÓN SOBRE UNA DENUNCIA DE HECHOS. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON AQUÉLLA, COMO VIOLACIÓN DIRECTA AL DERECHO DE PETICIÓN, SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE, PARA LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, HACE PROCEDENTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL [INAPLICABILIDAD DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 27/2018 (10a.) Y 1a./J. 28/2018 (10a.)]. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto y refirió como actos reclamados los relacionados con las omisiones atribuidas a diversas Fiscalías (General de la República y Regional de un Estado), consistentes en no dar respuesta o información sobre una denuncia de hechos, no haber designado a un agente del Ministerio Público que se encargara de su investigación, ni número a la carpeta que al efecto se abriera. El Juez de Distrito desechó la demanda, al estimar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad, ya que previo a instar la acción constitucional, el quejoso debió impugnar las omisiones o abstenciones surgidas durante la etapa de investigación ante la autoridad judicial, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atento a las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.). Inconforme con lo anterior, interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se reclaman actos relacionados con la omisión de las Fiscalías de dar respuesta sobre una denuncia de hechos, como violación directa al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se actualiza una excepción al principio de definitividad que, para los efectos de la admisión de la demanda de amparo, hace procedente la acción constitucional. Justificación: Lo anterior es así, en razón de que el Juez de Distrito no puede exigir, desde el auto inicial, la satisfacción del principio de definitividad que rige en el juicio de derechos fundamentales, cuando del escrito de demanda se advierta que el quejoso solamente se duele de una violación directa al artículo 8o. constitucional, pues en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en correlación con la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.", no existe obligación de agotar los medios de defensa ordinarios que prevé la ley que rige el acto reclamado, previo a la interposición del juicio de amparo, cuando únicamente se aducen violaciones directas a la Constitución. Y si bien la Primera Sala del Más Alto Tribunal de la República, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), estableció que tratándose de omisiones atribuibles al Ministerio Público, previamente a acudir al amparo, debe agotarse el recurso innominado previsto en el artículo 258 mencionado, lo cierto es que dichas tesis de jurisprudencia no son aplicables en la hipótesis que se analiza, ya que ninguna de ellas excluye, anula o hace nugatorio el supuesto en el que el quejoso se coloque en el específico caso de excepción que opera tratándose del principio de definitividad, al tenor del invocado artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, esto es, cuando sólo alegue violaciones directas a algún precepto de la Constitución General. Por tanto, en un caso así, el juzgador debe admitir la demanda de amparo y no desecharla de plano por notoria improcedencia, con mayor razón cuando de ella se advierta que, en estricto sentido, no se atribuye a un determinado agente del Ministerio Público cualquiera de las determinaciones a que se contrae el artículo 258 indicado, al no reclamársele cualquier pronunciamiento relacionado con una investigación ya iniciada, como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad o el no ejercicio de la acción penal, sino ciertas omisiones imputables de forma genérica a diversas Fiscalías. Y aunque pudiera considerarse que se está frente a una omisión, por excelencia, atribuible a las Fiscalías correspondientes y, de alguna manera, relacionada con la descripción normativa que hace el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre omisiones o negligencias atribuidas al Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, derivada de la falta de avocamiento a una denuncia de hechos, su registro conforme al número de carpeta que le corresponda y su correlativa asignación o turno a un determinado agente del Ministerio Público, vistos como actos propios relacionados con la investigación de cualquier delito, lo cierto es que ese conglomerado de omisiones no está disociado del hecho de que, en opinión del quejoso, se transgrede su derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, cuya introducción en el escrito de demanda, es motivo suficiente para que el Juez se vea imposibilitado para desechar la demanda por violación al principio de definitividad, dada la excepción operante a este último, en términos de las disposiciones constitucional, jurisprudencial y legal precisadas." Así, no se advierte motivo de improcedencia ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Regularidad constitucional del acto reclamado. En el caso, observados en su causa de pedir, se califican de fundados los conceptos de violación planteados por la parte quejosa y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se darán. MARCO NORMATIVO Como aproximación al tema, es oportuno traer a colación que el derecho previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constriñe a las autoridades responsables a respetar el derecho de petición de los particulares, estableciéndole la obligación de dar respuesta a toda petición que se les formule siempre y cuando ésta sea solicitada por escrito, de manera pacífica y respetuosa, por lo que, a fin de respetar cabalmente dicha garantía, deberá emitir un acuerdo por escrito en el que dé respuesta coherente a las peticiones planteadas por la aquí quejosa, el que harán del conocimiento de la peticionaria en breve término. La existencia de este derecho subjetivo público, surge como consecuencia de la obligación actual del Estado mexicano de intervenir en la solución de los conflictos suscitados entre los administrados en acatamiento del artículo 17 constitucional y para la correcta observancia de la ley, resultando necesario -para que se dé la legitimación de instar- la existencia de una relación de supra a subordinación, lo que trae como consecuencia -como ya se dijo- que las autoridades estén obligadas a dar contestación a la petición que se les formule en breve término y comunicárselo al interesado. En suma, el artículo constitucional en comento contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objetivo de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) Dictar el acuerdo correspondiente, en forma congruente con lo solicitado y, b) Que se comunique en breve plazo al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Por las razones que la informan, sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País que dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario." Así, el derecho de petición constriñe a las autoridades a dar una respuesta por escrito, de forma congruente y exhaustiva, a la solicitud realizada en forma respetuosa y también por escrito, y notificar su respuesta a la parte quejosa, sin que exista la obligación de hacerlo en determinado sentido; lo que se apoya en la tesis 3ª.XXXIV/92, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO." Pues bien, así como el derecho de petición sólo obliga a contestar en breve término y por escrito las promociones que se presenten y no a que se resuelvan en determinado sentido, de igual modo, debe decirse que el derecho de petición no constriñe a las autoridades a pronunciarse sobre cuestiones para las cuales no tengan competencia o respecto de las cuales exista un impedimento legal para resolver, pues conforme al principio de legalidad garantizado en el artículo 16 de la Constitución, las autoridades únicamente pueden resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia y sólo pueden actuar dentro del marco constitucional y legal aplicable. Hasta aquí el marco normativo. ANTECEDENTES Para una mejor compresión del asunto, se relatan los siguientes antecedentes del acto reclamado (tomo único de pruebas): 1). Mediante auto de seis de abril de dos mil veintitrés, la la Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niños y Niñas y de Trata de Personas, adscrita al XVIII Distrito Judicial, en Cosamaloapan, Veracruz, radicó el inicio de la carpeta de investigación ******************** de su índice, con motivo de la denuncia formulada por ******************** contra Diana Laura Tenorio Urbano, respecto de los hechos con la apariencia del delito de sustracción o retención de menores incapaces, en agravio de los niños con claves numéricas ********************y, ordenó recabar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos (fojas 1-2). 2). Mediante escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés en la aludida carpeta de investigación, el denunciante, aquí quejoso, solicitó a la fiscal la activación de la Alerta Amber por la desaparición de sus tres hijos menores de edad, a fin de que éstos fueron buscados y localizados (fojas 93-94). 3). Por auto de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, la fiscal investigadora del conocimiento acordó de no favorable dicha petición, por los motivos y razones jurídicas que allí expuso (fojas 96-97). 4). Desde la fecha en que se presentó la demanda de amparo, que lo fue el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, no se ha notificado la respuesta de la aludida petición al hoy quejoso. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN De lo anterior, se evidencia que el quejoso formuló ante la autoridad responsable su petición por escrito, de manera pacífica y respetuosa, según quedó acreditada la existencia prevista, sin estar desvirtuada a este momento, con lo que se colman los requisitos exigidos por el artículo 8° de la Ley Fundamental. De ahí emerge la obligación de la autoridad responsable de contestar de manera congruente con lo solicitado. Asimismo, en el caso particular, al versar la petición sobre la activación de la Alerta Amber por la desaparición de los tres hijos menores de edad del peticionario, la actuación obligatoria y respuesta de la autoridad ministerial debe ser ineludible y de manera inmediata, a fin de evitar un perjuicio irreparable en la integridad personal de los menores de edad involucrados, al existir la probabilidad de encontrarse en un supuesto de riesgo, conforme lo establece el Protocolo Nacional Alerta Amber México. Sirve de respaldo a lo anterior, la tesis XXX.3o.3 P (11a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, que dice: "ALERTA AMBER MÉXICO. TODAS LAS AUTORIDADES DEL PAÍS ESTÁN OBLIGADAS A SOLICITAR SU ACTIVACIÓN, CUANDO EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN TIENEN CONOCIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE UN SUPUESTO DE RIESGO INMINENTE EN QUE SE ENCUENTRE LA INTEGRIDAD DE UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE Y SE HAN SATISFECHO LOS CRITERIOS PARA TAL EFECTO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL PROTOCOLO NACIONAL ALERTA AMBER MÉXICO). Hechos: En un juicio único civil, donde el padre de una niña demandó a la madre de la infante la pérdida de la patria potestad y la guarda y custodia, el Juez familiar tuvo conocimiento de hechos que revelan que la progenitora sustrajo a la menor de edad de su domicilio familiar sin mediar un acuerdo con su progenitor, y sin que se tenga dato alguno sobre su localización o paradero, por lo que dicha autoridad giró un oficio a la Fiscalía General del Estado, donde ordenó la activación de la Alerta Amber México respecto de la niña involucrada; sin embargo, el fiscal responsable se negó a solicitar la activación de dicha medida de localización y búsqueda. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se encuentran reunidos los criterios para la emisión de la Alerta Amber México, todas las autoridades del país están obligadas a solicitar su activación, cuando en el ejercicio de su función tienen conocimiento de datos o elementos que evidencian que la integridad de un niño, niña o adolescente se encuentra en un supuesto de riesgo a los que se refiere el Protocolo Nacional Alerta Amber México. Justificación: La finalidad esencial de la Alerta Amber México es la protección de dos derechos humanos fundamentales reconocidos constitucional y convencionalmente, a saber: el interés superior del menor de edad, como rector para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, y el derecho a su bienestar o integridad personal, que se pone en peligro mientras subsista el desconocimiento sobre su paradero o localización. Atento a ello, no resulta factible atender en forma literal y aislada a la normativa contenida en el Protocolo Nacional Alerta Amber México que atañe a la competencia para solicitar la emisión de dicha medida, y determinar que el fiscal federal o del Estado correspondiente, es la única autoridad que tiene esa facultad, pues ello conllevaría hacer restrictivo o casi nulo el derecho fundamental a la integridad personal erigido expresamente a favor de los menores de edad, así como inobservar la obligación constitucional que tienen todas las autoridades del país de brindar y asegurar a la niñez la protección y cuidado que sean necesarios para su bienestar. Por tanto, de una interpretación conforme del protocolo indicado con la Constitución General y la Convención sobre los Derechos del Niño, se colige que cuando se encuentran reunidos los criterios para su emisión, cualquier autoridad del país que tenga noticia o conocimiento de la situación de riesgo inminente en que se encuentra un niño, niña o adolescente desaparecido, no sólo está en posibilidad jurídica de solicitar la activación de la Alerta Amber México, sino que tiene la obligación ineludible de hacerlo de manera inmediata, a fin de evitar un perjuicio irreparable en la integridad personal del menor de edad afectado." (Lo subrayado y resaltado es propio de esta sentencia) De esta manera, si el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, el quejoso formuló a la autoridad responsable una petición relacionada con la activación de la Alerta Amber por la posible desaparición de sus tres hijos menores de edad, solicitud que la autoridad ministerial no acordó de favorable, omitiendo notificarle dicha determinación al solicitante de manera inmediata; es claro entonces que su actuar omiso vulnera en perjuicio del solicitante del amparo, el derecho tutelado en el artículo 8 constitucional. CONCLUSIÓN En consecuencia, el acto reclamado por la parte quejosa de la autoridad responsable es contrario y violatorio a su derecho humano de petición, consagrado en el artículo 8° constitucional. Por tanto, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede concederle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. EFECTOS La concesión del amparo es para el efecto de que la autoridad responsable: Cese en la omisión reclamada y ordene la notificación de manera inmediata al quejoso denunciante, del acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés dictado en la carpeta de investigación de origen, en el domicilio proporcionado para tal efecto o en el que se tenga registrado del ciudadano. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que señala la ley. Por lo expuesto y fundado, seRESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a ********************, respecto del acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos dados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta determinación. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia Mujeres, Niños y Niñas y de Trata de Personas adscrita al XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz y en atención a su contenido, téngasele a la citada autoridad, dando cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de once de septiembre pasado, puesto que exhibe las constancias que le fueron solicitadas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tienen por anunciadas las PRUEBAS DOCUMENTALES que anexa la autoridad responsable, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo; y con las mismos, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda. Ahora, dado lo voluminoso de las constancias que se anexaron, fórmese un cuaderno de pruebas para el mejor manejo del presente asunto. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, once de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano que contiene el oficio número 24312, dirigido a la Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia Mujeres, Niños y Niñas y de Trata de Personas adscrita al XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, pues del mismo se advierte como imposibilidad de entrega "Cerrado por vacaciones". En ese sentido, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta ser un hecho notorio para el suscrito que la mencionada autoridad se encontraba gozando de su primer periodo vacacional. En ese contexto, reexpídase la mencionada misiva, a fin de que la citada autoridad, se imponga de su contenido. En virtud de lo anterior, a fin de salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dar tiempo a que la autoridad responsable realice lo anterior, SE DIFIERE anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el día de mañana doce de septiembre del presente año, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 7999 remitido por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, por medio del cual, remite el telegrama enviado por la Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia Mujeres, Niños y Niñas y de Trata de Personas adscrita al XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz. Ahora, en atención al telegrama anexo remitido por la responsable Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia Mujeres, Niños y Niñas y de Trata de Personas adscrita al XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Por otro lado, toda vez que la citada autoridad, no remitió constancias para soportar lo antes referido, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, el suscrito considera necesario requerir a dicha responsable, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíe a este Juzgado copias certificadas completas, íntegras y legibles de todas las constancias que tenga en su poder relativas al acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de jurisprudencia P./J. 17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Apercibido que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, dentro del plazo previamente establecido para el efecto, en la sentencia respectiva, se le impondrá multa de cien hasta mil días de salario de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe.

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