Jaime Bobadilla Arias

Expediente 414/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 27 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
414/2023
Año
2023
Actuaciones
27
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Jaime Bobadilla Arias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Jaime Bobadilla Arias, en su carácter de parte quejosa en el presente juicio; en atención a su contenido, se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en quince de noviembre de dos mil veintitrés, en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 fracción I inciso e), 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse copias entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones de la sentencia y del recurso de revisión, dentro del plazo de tres días contados a partir de que se cumpla con tal extremo, remítanse los autos, el original y copia del escrito de agravios, con registro 20410, que se provee, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con sede en Xalapa, Veracruz por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Finalmente, se instruye a la oficial encargada del SISE, para que proceda habilitar la consulta del expediente electrónico a la Superioridad, a fin de que tenga el debido acceso a las constancias del presente sumario y se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto medio de impugnación que nos ocupa. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    ...SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 414/2023 promovido por ********************. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y turnado el dieciocho siguiente a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa ********************, promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-12). SEGUNDO. Por auto de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables sus informes justificados y, dar la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional (fojas 16-19). Se agregó materialmente al expediente físico el informe justificado de la autoridad responsable identificada con el arábigo 2 (fojas 37-40) y digitalizados en el expediente electrónico los de las diversas autoridades identificadas con los números 3, 1, 9 y 4, conforme a lo ordenado por autos de trece y treinta de junio, veinticinco de julio y veinticinco de agosto, todos del año en curso (fojas 35, 49, 52-53 y 59-60) así como obra la constancia de notificación de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado (foja 23). En auto de seis de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por inexistente y suspendió comunicación oficial con las autoridades responsables denominadas 5. Organismo Público Descentralizado denominado Comisión Federal de Electricidad, por conducto de su representante legal, 6. Superintendente General Zona Veracruz de la Comisión Federal de Electricidad y 8. Coordinadora General de Programa de Abatimiento de Perdidas de la Comisión Federal de Electricidad, todos con residencia en Veracruz, Veracruz (foja 33) por lo que no se realizará en esta sentencia mayor pronunciamiento respecto de las mimas, con base en la jurisprudencia 1a./J. 111/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 56-60) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados (fojas 78-80). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por la vía, al reclamarse la inconstitucionalidad de una norma, que sostiene la parte quejosa, afecta irreparablemente sus derechos humanos, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Finalmente, también se es competente por cuestión del territorio, con base en lo previsto en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, atento a que los efectos de los actos que la parte quejosa reclama se producen en su domicilio, el cual está dentro del territorio sobre del cual este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción, lo que dota de competencia al suscrito para resolver en definitiva este asunto. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo se aprecia que los actos combatidos aunque refiere también como norma reclamada el artículo 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el análisis integral de la demanda permite advertir que son las disposiciones constitucionales que dice violadas por los dispositivos efectivamente reclamados, lo que consisten en: La inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 4, fracción II, 7, 9, fracción I, 21, 26, 28, 33, 40, fracciones I, II, III, IV y V, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. La inconstitucionalidad de los artículos 1, 6, 30, 31, 33, 35, 42, 167, 169 y 170 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. "El requerimiento de pago de fecha 24 de Abril del 2023, en donde la Comisión Federal de Electricidad me requiere el pago de la cantidad de $******************** (******************** 00/100 M.N.), así como todos los actos y procedimientos que se inicien en mi contra, y que tengan como base los preceptos legales que se impugnan como Inconstitucionales en este amparo, ya que dicha señorita a la hora de entregarme el requerimiento de pago, me amenazó que si yo no hago el pago me cortaran el suministro de luz, hasta que yo realice dicho pago". Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados a la 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, consistentes en la aprobación y expedición del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, pues así lo manifestó dicha autoridad al rendir su informe justificado (fojas 37-40). Tampoco son ciertos los actos reclamados a la 3. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, consistentes en la aprobación y expedición del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, tal como lo manifestó en su informe justificado digitalizado en el expediente electrónico. En esas condiciones, como la parte quejosa no desvirtuó las negativas de dichas autoridades, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo por cuanto hace a esos actos reclamados a dichas autoridades. CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos al Secretaría de Energía en representación del 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, consistentes en la promulgación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de su Reglamento, pues así lo reconoció dicha autoridad al rendir su informe justificado (digitalizado en el expediente electrónico). Asimismo, son ciertos los actos atribuidos a la 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, consistentes en la discusión, votación y aprobación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, pues así lo reconoció dicha autoridad al rendir su informe justificado (fojas 37-40). También son ciertos los actos reclamados a la 3. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, consistentes en la aprobación y discusión de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, pues así lo reconoció dicha autoridad al rendir su informe justificado (digitalizado en el expediente electrónico). Por otra parte, se tienen por ciertos los actos atribuidos al 4. Secretario de Energía, en la Ciudad de México, consistentes en el refrendo y firma del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, puesto que así lo manifestó al rendir su informe (digitalizado en el expediente electrónico). Además, la certeza de los ordenamientos impugnados es implícita y no es objeto de prueba, en atención al principio de derecho plasmado en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, con apoyo en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Igualmente, sirve de apoyo la tesis 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." En otro orden de ideas, es cierto el acto reclamado atribuido al 9. CFE Suministrador de Servicios Básicos, Empresa Productiva de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Veracruz, Veracruz, consistente en el requerimiento de pago de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, realizado al quejoso por la cantidad de $******************** (******************** 00/100 moneda nacional) pues así lo reconoció dicha autoridad al rendir su respetivo informe justificado (digitalizado en el expediente electrónico). Lo que se corrobora, puesto que el quejoso exhibió como prueba de su parte el aludido requerimiento de pago (foja 13) el cual adquiere valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO. Improcedencia. Definida la certeza de los actos reclamados, debe examinarse si resulta procedente la acción de amparo, cuyo estudio es preferente por ser una cuestión de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que el suscrito procede al estudio de las que considera se surten en la especie. I. IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LAS NORMAS COMBATIDAS De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa combate la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 4, fracción II, 7, 9, fracción I, 21, 26, 28, 33 y 40, fracciones I, II, III, IV y V, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como la inconstitucionalidad de los artículos 1, 6, 30, 31, 33, 35, 42, 167, 169 y 170 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Asimismo, se observa que pretende impugnar como primer acto de aplicación de dichas normas, el requerimiento de pago de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, que le realizó la Comisión Federal de Electricidad respecto de la cantidad de $******************** (******************** 00/100 moneda nacional). Sin embargo, en criterio de este Juzgador Federal, por cuanto a dichos actos reclamados se concreta el motivo de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en razón que no afectan su interés jurídico, por las razones que a continuación se explican. Premisas normativas Al respecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". Según se aprecia de ese precepto, la afectación a la esfera jurídica del gobernado puede vincularse tanto a su interés jurídico como legítimo; pero invariablemente se requerirá esa afectación, cuyo momento en que se genera determina que la norma deba considerarse autoaplicativa o heteroaplicativa. Sobre el particular, los artículos 17, fracción I, 61, fracciones XII y XIV y 107, fracción I, de la Ley de Amparo previenen la procedencia del juicio de amparo indirecto contra normas de carácter general; y para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, debe atenderse al momento en que ocasiona al gobernado un perjuicio cierto en su esfera jurídica, "ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico", en términos de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que conlleva también a determinar cuándo y de qué término dispone el agraviado para ejercer la acción constitucional. Los citados preceptos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;" De los numerales transcritos se desprende que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio, o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión. El primer caso concierne a las denominadas leyes autoaplicativas, que son las que producen efectos jurídicos frente a sus destinatarios por sí mismas, sin requerir un acto de aplicación. En efecto, respecto de tales leyes, al iniciarse su vigencia vinculan a los gobernados a los deberes jurídicos en ellas contenidas. Luego, si los extremos de hecho contenidos en la hipótesis normativa se actualizan automáticamente sin que sea menester el acto de aplicación, procederá en su contra el juicio de amparo. Así, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecte su interés jurídico o legítimo, que por su sola expedición le obliguen a hacer, dejar de hacer o dar, provocando la afectación de su esfera jurídica sin ningún acto, para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Pero si transcurre ese término y no se promueve el juicio de amparo, por regla general, el gobernado debe esperar un primer acto de aplicación en su perjuicio, que no necesariamente debe venir de una autoridad, sino de cualquier persona, un tercero o el propio quejoso, que introduce esa aplicación; entonces, a partir de ese primer acto de aplicación el afectado puede promover el juicio de amparo en el plazo de quince días, como se vio anteriormente (artículo 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo). Por el contrario, tratándose de leyes heteroaplicativas, que son aquellas que, por sí solas no afectan la esfera de los gobernados, sino que es necesaria la aplicación de la norma jurídica mediante un acto de subsunción posterior al inicio de su vigencia; el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según la regla general prevista en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. Así, hay una secuencia o desarrollo específico respecto de esta diferencia entre leyes autoaplicativas o heteroaplicativas, lo que es así porque tratándose de las segundas, no puede promoverse el amparo sino hasta que se genera el primer acto de aplicación, ya sea que provenga de una autoridad, de un tercero o del propio solicitante del amparo, porque así lo exige o establece la ley. Siendo que para distinguir entre ambos tipos de normas, se reitera que debe atenderse a la forma o momento en que se individualizan en la esfera jurídica de los destinatarios, pues cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada. Resulta aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 55/97, que se lee: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Criterio rector de "individualización incondicionada" que es relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas -autoaplicativas o heteroaplicativas- pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico o interés legítimo, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su solo inicio de vigencia o si se requiere de un acto de aplicación. Es aplicable al presente caso, la tesis 1a. CCLXXXI/2014 (10a.) de contenido: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de 'individualización incondicionada', con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionadadel concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico." Como se advierte de la lectura a la transcrita tesis, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador de individualización incondicionada para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. Además, el transcrito criterio permite determinar la forma de abordar la comprobación del interés requerido para impugnar una norma en sede constitucional, pues al respecto establece los siguientes lineamientos: a) Interés legítimo: Es suficiente constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. b) Interés jurídico: Requiere la afectación a un derecho subjetivo. Así, cuando la afectación causada por la norma agravie a sus destinatarios en sus derechos subjetivos en forma directa, el estándar de análisis debe centrarse en el interés jurídico y por el contrario, cuando sea suficiente advertir una afectación indirecta pero vinculada a un derecho objetivo, el estudio de la naturaleza de la norma se vinculará al interés legítimo. Robustece lo anterior, la tesis 1a. CCLXXXII/2014 (10a.) que se lee: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO. Tratándose de interés legítimo, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Conforme a esta definición de interés legítimo, los quejosos no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada, pues se requiere un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares, siendo en el contexto de este tráfico de relaciones donde se puede apreciar la afectación de la ley. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas." Por lo tanto, en cada caso debe establecerse el tipo de agravio que causa la norma reclamada, pues de ello dependerá el estándar del interés jurídico o legítimo, que permitirá concluir si se individualiza incondicionadamente o por el contrario, requiere de un acto concreto de aplicación. Al respecto, el suscrito juzgador considera que en la especie, al tratarse la parte quejosa de una persona física quien acude en defensa de sus derechos contractuales y de seguridad jurídica, en torno a un contrato de interconexión de energía eléctrica que tiene celebrado con Comisión Federal de Electricidad (Suministrador de Servicios Básicos) debe demostrar su afectación sobre el estándar del interés jurídico, ya que justamente, de acuerdo con los argumentos del quejoso, se ve afectado de manera directa con el cobro que le realizó aquélla derivado de un ajuste a la facturación con motivo de la detección de una anomalía en las instalaciones eléctricas del inmueble que tiene registrado a su nombre. Lo anterior lleva a concluir que, el estudio de afectación en la esfera jurídica del gobernado debe hacerse atendiendo a su interés jurídico, el cual como ya se precisó, se vincula a la afectación a un derecho subjetivo. Hasta aquí las premisas. Subsunción En el caso, resulta innecesario distinguir si los actos tildados de inconstitucionales tienen naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, dado que el peticionario del amparo reclama la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 4, fracción II, 7, 9, fracción I, 21, 26, 28, 33 y 40, fracciones I, II, III, IV y V, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como de los artículos 1, 6, 30, 31, 33, 35, 42, 167, 169 y 170 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Lo anterior es así porque precisamente, estima el quejoso que le fueron aplicados por vez primera dichos dispositivos legales, con la emisión del requerimiento de pago de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, que le realizó la Comisión Federal de Electricidad respecto de la cantidad de $******************** (******************** 00/100 moneda nacional) por ende, se concluye que no es necesario hacer la distinción de que se habla, en la medida que la parte quejosa realizó su planteamiento con motivo del primer acto de aplicación de las normas impugnadas. Así pues, del análisis de dicho requerimiento de pago, al cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorios a la Ley de Amparo, se concluye que dicho documento no revela que su emisión haya sido fundada o motivada en los artículos de la Ley y del Reglamento tildados de inconstitucionales. Pues lo único que revela es que 9. CFE Suministrador de Servicios Básicos, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, lo emitió a fin de obtener el cobro a la parte quejosa de la cantidad allí consignada por concepto de energía eléctrica consumida y no facturada, así como los demás conceptos que integran la tarifa emitida por la Comisión Reguladora de Energía de conformidad con el artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica, más los impuestos y derechos correspondientes, pero no que dichos conceptos cobrados sean con motivo de la aplicación de los aludidos artículos combatidos. Con lo anterior se puede concluir válidamente que no se individualizaron en la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa las hipótesis normativas emanadas de la norma y reglamento citados, en perjuicio de aquélla. Así, se concluye que con la emisión del requerimiento de pago aludido no se aplicaron las normas tildadas de inconstitucionales, es decir, la esfera jurídica de la parte quejosa no se vio afectada con la emisión de ese documento. De aquí que, el aludido documento no sea idóneo para demostrar acto de aplicación alguno en perjuicio de la parte quejosa. Por tanto, es evidente que no se acreditó de manera fehaciente la existencia del acto de aplicación de las normas combatidas, así como que esa aplicación se haya hecho en perjuicio de la parte solicitante del amparo y en transgresión a su interés jurídico. En esa virtud, al no haberse acreditado de manera fehaciente y plena el primer acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa y que con motivo del mismo se haya afectado su esfera de derechos; es inconcuso que se concreta el motivo de improcedencia invocado. II. IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL REQUERIMIENTO DE PAGO COMBATIDO Al haber resultado el juicio de amparo improcedente respecto de las normas tildadas de inconstitucionales, su estudio queda desvinculado del análisis que debe realizarse ahora en torno al acto de aplicación. No obstante, en criterio de este órgano jurisdiccional, el acto atribuido a la responsable 9. CFE Suministrador de Servicios Básicos, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Veracruz, Veracruz, consistente en el requerimiento de pago de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, realizado al quejoso por la cantidad de $******************** (******************** 00/100 moneda nacional) no reviste de las características de los actos reclamados para los efectos del juicio de amparo, pues tiene su origen en un contrato mercantil o acuerdo de voluntades inherente a la interconexión de energía eléctrica, de tal manera que el vínculo existente entre la parte quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, en realidad se originó con motivo de una relación de coordinación a propósito del aludido contrato. Dicha circunstancia actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución Federal, 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sobre la premisa de que dicho acto reclamado no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior porque el acto reclamado no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que fue emitido en una relación de coordinación existente entre la parte quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, con motivo del contrato de adhesión relativo a la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, como a continuación se verá. Premisas normativas Para demostrar dicha hipótesis, conviene establecer las siguientes premisas que servirán de respaldo para motivar la presente sentencia. Los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal, 1, fracción I, 5, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "ARTÍCULO 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales." LEY DE AMPARO "ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)". "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." De esos preceptos se aprecia que la acción de amparo procede únicamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales del gobernado, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos, para que el juicio de amparo se torne procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés, son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad. La noción de acto de autoridad involucra la actuación y abstención de ésta frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Los actos son unilaterales, porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; imperativos, en razón de que se imponen, aún contra la voluntad del gobernado; y coercitivos, pues si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo, mediante el uso de la fuerza pública. Por tanto, el concepto de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión o con la ejecución de la misma. Sirve de apoyo la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Identificados los elementos distintivos del acto de autoridad, para estar en posibilidad de establecer si el reclamado está dotado de esos elementos, es necesario tomar en consideración que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, sentó un parte-aguas entre la naturaleza que se había discutido sobre los actos emitidos o imputables a la Comisión Federal de Electricidad, para concluir que a partir de esa reforma, sean los tribunales en materia civil o mercantil quienes se encarguen de conocer y resolver los conflictos inherentes a la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. Lo anterior se menciona, en tanto que los artículos 25, párrafos cuarto y último, 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, disponen: "ARTÍCULO 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. . Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. . La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución". "ARTÍCULO 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. . En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica". "ARTÍCULO 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. . No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. El Estado contará con organismos y empresas que requiere para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.". De esos numerales se observa que la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, son actividades exclusivas de la Nación respecto de las cuales no se otorgarán concesiones. Sin embargo, también se aprecia que podrán celebrarse contratos con los particulares para que participen en las demás actividades de la industria eléctrica. El poder reformador de la Constitución habilitó al legislador para regular la forma y plazos para que el organismo descentralizado denominado Comisión Federal de Electricidad se convierta en empresa productiva del Estado, así como lo relativo a su administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebre. Lo anterior evidencia que la reforma Constitucional mencionada dispuso la transformación de la Comisión Federal de Electricidad de organismo público descentralizado a empresa productiva del Estado, así como la participación de los particulares en las actividades de la industria eléctrica distintas a la planeación y control del sistema eléctrico nacional y al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, que desarrollará exclusivamente la Nación. Esa reforma fue reglamentada en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, así como en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y su Reglamento, donde se fijaron la naturaleza de los actos que emita o resulten imputables a la Comisión Federal de Electricidad, en el contexto mercantil, de la forma siguiente: LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA "ARTÍCULO 5. El Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En lo no previsto por esta Ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal." "ARTÍCULO 7. Las actividades de la industria eléctrica son de jurisdicción federal. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales proveerán lo necesario para que no se interrumpan dichas actividades." LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD "ARTÍCULO 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios." "ARTÍCULO 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda." "ARTÍCULO 82. Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa. Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable." "ARTÍCULO 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte." De las normas transcritas se desprende que el legislador dispuso expresamente que el Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En esas condiciones, la regla general implica que tales actos, consistentes en: las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, compuesto por la Red Nacional de Transmisión, redes generales de distribución, centrales eléctricas que entreguen energía eléctrica a las anteriores y equipos e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía, adquieren la naturaleza de administrativos. De esa manera, las actividades precisadas deben sujetarse a las obligaciones del servicio público que consisten en: a) Otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución en términos no indebidamente discriminatorios; b) Ofrecer y prestar el Suministro Eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, Seguridad y Sustentabilidad; c) Cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sustentable; d) Contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico; e) Cumplir con las obligaciones en materia de Energías Limpias y reducción de emisiones contaminantes que al efecto se establezcan en las disposiciones aplicables, y ofrecer energía eléctrica, potencia y Servicios Conexos al Mercado Eléctrico Mayorista basado en los costos de producción conforme a las Reglas del Mercado y entregar dichos productos al Sistema Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible. No obstante, también se dispuso, como excepción, que lo no previsto en la Ley de la Industria Eléctrica, es decir, los actos diversos a las actividades enumeradas con anterioridad, deben considerarse mercantiles y se regirán por el Código de Comercio y supletoriamente por el Código Civil Federal. Sobre esas bases, la Ley de Comisión Federal de Electricidad, prevé que a los actos que emita, les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa. Por ende, sólo los actos administrativos son impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. En ese sentido, el resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia, o bien, a través de los mecanismos de solución de conflictos, tales como el arbitraje, que pacten las partes. Así, es evidente que la competencia pertenece a los Tribunales Federales; además, que resultan de naturaleza mercantil todas las actuaciones que realicen o se le imputen a la Comisión Federal de Electricidad, excepto los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, lo cuales tendrán naturaleza administrativa. En resumen, por determinación del legislador, se estableció que las controversias en las que se involucre a la Comisión Federal de Electricidad, tienen naturaleza mercantil; por tanto, no puede afirmarse que la relación entre las partes contratantes corresponde a la de supra a subordinación, ya que en realidad se trata de una relación de coordinación. Esto es así, porque la celebración del contrato de suministro de energía eléctrica implica que la Comisión Federal de Electricidad y el particular tienen obligaciones y derechos recíprocos, lo que evidencia que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de una autoridad frente a un gobernado, sino a una relación de coordinación y correspondencia entre el interés del organismo subsidiario y el particular usuario del servicio. Adicionalmente a lo ya expuesto, es menester precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 250/2017, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, literalmente estableció: ".QUINTO.- Estudio de fondo. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación: La presente contradicción tiene como materia determinar la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014. La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: "... "V. Las empresas de abastecimientos y suministros; "... "XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código." "Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio." (Lo resaltado es propio) De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Como se observa, en dicha ejecutoria la Segunda Sala del Máximo Tribunal, consideró que la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado con la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, es la ordinaria mercantil, pues se trata de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan de dicho contrato. Lo anterior, explicó la Segunda Sala, obedece a que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, tiene su origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, por ende, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse en la vía ordinaria mercantil. Estableció dicha Sala que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del servicio de suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre Comisión Federal de Electricidad y el usuario del servicio, en razón de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por tanto, concluyó la Segunda Sala, que en esos casos, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a esa relación. De igual manera, conviene destacar que recientemente la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 198/2017, el siete de febrero de dos mil dieciocho, reiteró que cuando se reclamen actos relacionados con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, no debe considerarse a la empresa productiva del Estado mencionada como autoridad responsable en el amparo, pues su relación con los usuarios no deriva de un plano de supra a subordinación, porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes, de manera que, al estar ante una relación comercial, la vía procedente para dirimir los conflictos relativos es la ordinaria mercantil. Sin embargo, dicha Sala del Máximo Tribunal, hizo hincapié en una excepción amplia, relativa a cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o aplique normas que se estimen inconstitucionales y, en este supuesto, la empresa puede equipararse a una autoridad. Estableció la Segunda Sala, que cuando se reclaman en vía de amparo actos que ostensiblemente aparejen situaciones que comprometan derechos constitucional y convencionalmente protegidos y coloquen en estado de vulnerabilidad al gobernado, esto es, cuando la suspensión o corte del servicio de suministro de energía eléctrica coloque en riesgo evidente la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable o estén imposibilitadas para proveer su subsistencia, en esos casos, el juzgador debe allegarse de mayores elementos para verificar la procedencia del juicio constitucional, conforme a las particularidades del asunto. Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) que se lee: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." De todo lo anteriormente expuesto, se concluye que: 1). De acuerdo con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, reglamentada en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento y, en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y su Reglamento: Las controversias en las que se involucre a la Comisión Federal de Electricidad, incluidas las derivadas de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, son de naturaleza mercantil; por ende, deben ser resueltas en la vía mercantil o civil. Por excepción, los actos que emita la Comisión Federal de Electricidad, en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, tendrán naturaleza administrativa y, serán impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. 2). Por otra parte, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, son impugnables en la vía ordinaria mercantil. 3). Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo; no obstante, excepcionalmente, cuando ésta realiza actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes (que aparejen situaciones que coloquen en estado de vulnerabilidad al gobernado, como por ejemplo la suspensión o corte del servicio de suministro de energía eléctrica que ponga en riesgo evidente la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable o estén imposibilitadas para proveer su subsistencia) o aplique normas que se estimen inconstitucionales, sus actos pueden equipararse a una autoridad, circunstancia que el juzgador constitucional deberá verificar en cada caso particular. Hasta aquí las anteriores premisas. Subsunción En la especie, el solicitante del amparo reclama el requerimiento de pago con número de ********************, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, realizado al quejoso por la cantidad de $******************** (******************** 00/100 moneda nacional) respecto del servicio de energía eléctrica con número de servicio ********************, prestado en el domicilio ubicado en ********************Sin embargo, atendiendo a las conclusiones alcanzadas en el apartado de premisas, en el caso a estudio, se concreta el motivo de improcedencia en estudio, debido a que dicho acto materia del reclamo tienen su origen en un contrato mercantil o acuerdo de voluntades inherente a la prestación del servicio de energía eléctrica, de tal manera que el vínculo existente entre la parte quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, en realidad se originó con motivo de una relación de coordinación a propósito del contrato de suministro de energía eléctrica. Lo anterior pues, con independencia de que dicho contrato de suministro se haya celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, aun así, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones deducidas de dicho contrato o acuerdo de voluntades, según lo determinó la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, deben ventilarse en la vía ordinaria mercantil. Asimismo, dicha Segunda Sala estimó que el servicio que presta Comisión Federal de Electricidad no lo ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, si el requerimiento de pago por ajuste en el importe de energía eléctrica consumida y no facturada se deriva precisamente de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, es claro que forma parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Por otra parte, no se advierte que se actualice alguna de las hipótesis de excepción respecto de los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que procede el juicio de amparo por tratarse de actos administrativos, consistentes en actos vinculados con el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios, que lleve a cabo la Comisión Federal de Electricidad; si se toma en cuenta que el acto reclamado deriva del contrato de adhesión existente entre el quejoso y la empresa de participación estatal Comisión Federal de Electricidad. En efecto, de acuerdo con la interpretación armónica del contenido del artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, en el caso del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, debe entenderse que el mismo es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Por todo ello, el acto que aquí se reclama a la Comisión Federal de Electricidad, no constituye uno proveniente de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues deriva de una relación contractual mercantil que la parte quejosa sostiene con la citada empresa. Lo anterior, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. De ahí, que el acto reclamado por la parte quejosa no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad. Sirve de apoyo la tesis XLII/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común". Asimismo, sirve de respaldo la tesis I.1o.A.132 A (10a.) que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ENERGÍA Y LA LEY VIGENTE DE DICHO ORGANISMO DEJARON SIN CONTENIDO JURÍDICO LAS TESIS AISLADAS 2a. CVI/2014 (10a.) Y 2a. CVII/2014 (10a.), QUE ESTABLECÍAN QUE SUS ACTOS ERAN IMPUGNABLES A TRAVÉS DE LOS JUICIOS DE NULIDAD Y DE AMPARO, POR LO QUE NO PUEDEN SER TOMADAS EN CUENTA COMO ORIENTADORAS. Al resolver los precedentes de que derivaron dichos criterios, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo en cuenta que de las disposiciones constitucionales y legales que regulaban a la Comisión Federal de Electricidad se advertía lo siguiente: 1. Es un organismo público descentralizado; 2. La generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva, por lo que ninguna persona privada puede prestar esos servicios; 3. Los contratos que celebra para cumplir el mandato constitucional de brindar el servicio de energía eléctrica son administrativos; y, 4. En consecuencia, los actos que emita derivados del contrato también son administrativos y pueden ser impugnados a través del recurso de revisión, del juicio de nulidad, o bien, del juicio de amparo cuando proceda. Sin embargo, a raíz de la reforma a los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto, y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía y de la entrada en vigor de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 y el 11 de agosto de 2014, respectivamente, dicha entidad se transformó, por ministerio de ley, en empresa productiva del Estado y se estableció la posibilidad de la participación de los particulares en el desarrollo de las actividades distintas a la conducción y distribución de energía eléctrica. Así, de los artículos 3, 7, 82 y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad en vigor se advierte que a los actos que emita les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza y que, excepcionalmente, aquellos que dicte en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa, y serán los únicos que podrán ser impugnados a través del juicio de nulidad y, en su caso, del amparo, pues el resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en esas materias, o bien, a través de los mecanismos de solución que pacten las partes. Por tanto, las tesis aisladas mencionadas, que establecían que los actos de la Comisión Federal de Electricidad eran impugnables mediante los juicios de nulidad y de amparo, quedaron sin sustento jurídico, razón por la cual no es factible tomarlas en cuenta como criterios orientadores." Además, tampoco se está en alguno de los casos de excepción que establece la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) para que el acto reclamado por la quejosa a la Comisión Federal de Electricidad se considere excepcionalmente como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Lo que se sostiene, en la medida que no se advierte que con el mismo se lesionen derechos humanos que coloquen en estado de vulnerabilidad a la parte quejosa, que pongan en riesgo su vida, salud o la seguridad de alguna persona que se encuentre en una situación vulnerable o esté imposibilitada para proveer su subsistencia, ni tampoco se aprecia que en el acto reclamado se esté aplicando alguna norma inconstitucional. Conclusión En consecuencia, se concretan los motivos de improcedencia antes analizados, contenidos en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución Federal, 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Por tanto, se sobresee en el presente asunto, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Lo anterior, bajo el entendido de que, al haberse dictado el sobreseimiento del juicio, por estimarse actualizadas las causas de improcedencia sujetas estudio, no implica que se le esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues si bien es cierto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, también lo es, que corresponde a la parte quejosa cumplir con los requisitos de procedencia establecidos en la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.2º.C.3 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 2066, del tomo 3, Enero de 2013, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad es la siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO.EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NOCONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******************** contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley. SENTENCIA

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, once de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito signado por el aquí quejoso Jaime Bobadilla Arias; en atención a su contenido, téngasele ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que menciona y que adjunta a su escrito de cuenta, así como por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula. Ahora, tomando en consideración que el cinco de octubre de dos mil veintitrés, se levantó la audiencia constitucional en el presente asunto, y se encuentra pendiente de dictar la sentencia respectiva; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes y una vez que se dicte la sentencia respectiva, sin previo acuerdo, agréguese el presente cuaderno para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del apoderado legal de CFE Suministrador de Servicios Básico, con sede en Veracruz, Veracruz, recibido en línea y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene informando, en desahogo al requerimiento formulado en proveído de trece de septiembre pasado, el cumplimiento dado a la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa mediante resolución interlocutoria de diecisiete de julio del año en curso. En esa virtud, de conformidad con el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese en términos de ley.

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