Jaime Correa Sánchez
Expediente 408/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 408/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jaime Correa Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se da cuenta con el estado que guardan los autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos se advierte que en la resolución emitida en el juicio de amparo en que se actúa ya causó ejecutoria y se ordenó el archivo. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Brenda.
- Principal
El once de mayo de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICA: a) Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para parte quejosa del veinticinco de abril al nueve de mayo del presente año, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. b) Se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. c) Que sí existen dos tomos de pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, así como con el estado de autos. Conste. EL Secretario. Zacatecas, Zacatecas, once de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En otro aspecto, devuélvanse a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 408/2018 estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, asistido de José de Jesús Martínez Torres, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Enseguida, el secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio constitucional, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y leído su contenido; y en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su magistrada presidenta (fojas 22-29); y por legalmente emplazada a la tercero interesada Secretaría de Educación del estado (foja 13). A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales que remitió la autoridad responsable con su oficio con folio 6324 (fojas 22-29); así como los dos tomos de pruebas que obran por separado y que se hacen consistir en copia certificada del expediente laboral 261/2014 y su acumulado 282/2013, que allegó la antes mencionada con su oficio con folio 6478; a lo que el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las pruebas referidas. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el cual, con apoyo en el numeral 124 de la Ley Reglamentaria en consulta, se da cuenta con los que formuló la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, en su pedimento 516/2018 (fojas 16-18). Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del precepto legal antes invocado, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 408/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Jaime Correa Sánchez, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO: - La omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral marcado con el número 261/2014 acumulado al expediente 282/2013. Acto que consideró violatorio del derecho fundamental contenido el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; y en auto de ocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 6-9), se registró con el consecutivo 408/2018 y se admitió a trámite, se ordenó dar intervención a la agente del Ministerio Público Federal adscrita y se ordenó emplazar a la parte tercero interesada. Seguido el juicio por sus trámites legales, se inició la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, misma que forma parte integral de esta resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en razón de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado consiste en la omisión que se atribuye a la autoridad responsable de dictar laudo dentro del juicio laboral 282/II/2013 y su acumulado 261/2014. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, toda vez que así se advierte del contenido integral del informe justificado que rindió por conducto de su magistrada presidenta (foja 14). Además, la certeza del acto de omisión que se impugna, se corrobora con las copias fotostáticas certificadas deducidas del expediente laboral 282/II/2013 y su acumulado 261/2014 (en dos tomos), que en apoyo a su informe justificado remitió la citada responsable; documentales públicas que revisten pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al respecto la jurisprudencia 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Sin que pase inadvertido que la magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, en su informe de ley aduce que en el citado juicio laboral no se han desahogado la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes; por lo que no se ha cerrado la instrucción y; por tanto, no es posible emitir el proyecto de laudo correspondiente; por lo que hace valer la causa de sobreseimiento que establece el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior deviene infundado, en razón de que en el presente asunto el acto reclamado consiste en la omisión de dictar laudo en el expediente laboral antes citado, lo cual admite la responsable en su informe justificado y se corrobora con las constancias que remitió para apoyarlo; por lo que en ese contexto, con independencia de los motivos por los cuales no se ha emitido esa resolución, lo cierto es que al no haber constancia de que ya se pronunció, por ello, debe considerarse acreditada la existencia del apuntado acto de omisión. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, conviene relacionar los antecedentes que informan al juicio laboral de origen, destacando los siguientes: 1. El ocho de octubre de dos mil trece, Jaime Correa Sánchez presentó demanda ante la responsable, en la que demandó a la Secretaría de Educación (antes Secretaría de Educación del estado de Zacatecas), el pago de diversas prestaciones de carácter laboral (fojas 1-2 del tomo dos de pruebas). 2. El treinta y uno de octubre de dos mil trece fue radicada la demanda laboral, ordenándose emplazar a la parte demandada; asimismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas (foja 4). 3. El trece de marzo de dos mil catorce, inició la audiencia señalada con antelación (fojas 7-8) 4. En auto de once de junio de dos mil catorce (foja 134 del citado tomo), se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, entre ellas la indicada en el punto "8" del referido proveído, consistente en el informe de autoridad a cargo del Gobernador del Estado de Zacatecas, que ofreció el actor. 5. En acuerdo de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, el Tribunal responsable determinó enviar atento oficio recordatorio al titular de la Coordinación General Jurídica, a fin de que rindiera la aludida prueba de informe de autoridad a cargo del Gobernador del Estado de Zacatecas; y para tal efecto, remitió el oficio TCA/557/2018 (fojas 394 y 395). Importa enfatizar que de las constancias que integran el juicio laboral de origen, no se advierte que se haya dictado el laudo correspondiente, cuya omisión se reclama en esta instancia constitucional. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Al no advertirse alguna causa de improcedencia que hagan valer las partes o que el suscrito advierta alguna de oficio, procede abordar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación resultan ineficaces, como se argumentará a continuación. El quejoso sostiene, medularmente, que se conculca en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, dado que la autoridad responsable no ha dictado el laudo correspondiente, dentro del contradictorio laboral de origen. El destacado motivo de inconformidad es infundado. Para poner de relieve lo anterior, conviene acotar que la administración de justicia, como derecho fundamental protegido por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, comprende cuatro aspectos: 1. Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 2. Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. 3. Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. 4. Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia, los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna. Es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 2a. L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo expuesto resulta relevante el aspecto relativo a la administración de justicia de manera pronta. Sobre ese tópico, en lo conducente, el artículo 17 constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Luego, la consecuencia de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. En ese contexto, el artículo 169 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, dispone: "Artículo 169 El proceso laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. El Tribunal tendrá la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez en el proceso." Del enunciado normativo se deduce que una de las características esenciales del juicio laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas, pues en éste rigen los principios de concentración, inmediatez y economía procesal. En ese tenor, acorde con el derecho relativo a la administración de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, señalado como responsable, debe tramitar y resolver los juicios laborales sometidos a su conocimiento en los plazos y términos que establece la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. A efecto de verificar si el procedimiento se ha desarrollado de manera normal y oportuna, es necesario acudir al ordenamiento legal que norma su actuación pública. Así, los artículos 262 a 268 de la legislación burocrática en comento, establecen lo siguiente: "Artículo 262 Una vez rendidos los alegatos o transcurrido el término fijado en el artículo anterior, el Tribunal dictará un acuerdo declarando cerrada la instrucción, pasando los autos a la o el Magistrado correspondiente para que dentro del término de diez días formule el proyecto de laudo. Artículo 263 El proyecto de laudo deberá contener: I. Un extracto de la demanda, de la contestación, réplica y contrarréplica y en su caso de la reconvención y contestación de la misma; II. La fijación de la controversia; III. La relación de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciación en conciencia, concluyendo sobre el valor de aquéllas en relación a los hechos controvertidos; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 264 Del proyecto de laudo se entregará una copia a cada uno de las y los magistrados del Tribunal. Dentro de los cinco días siguientes al de haber recibido copia del proyecto, cualquiera de aquellos podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieran llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. El Tribunal, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquéllas pruebas que no se llevaron a cabo para la práctica de las diligencias solicitadas; en este caso, desahogadas las pruebas, se formulará un nuevo proyecto de laudo que contenga la consideración de las mismas. Artículo 265 Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a las o los magistrados del Tribunal, la o el Presidente citará a los demás para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes al en que haya concluido el término fijado. Artículo 266 La discusión y votación del proyecto de laudo se llevará a cabo en sesión privada del Tribunal, de conformidad con las normas siguientes: I. La o el Secretario General de Acuerdos dará lectura al proyecto; en su caso, a los alegatos producidos por las partes; II. La o el Presidente pondrá a discusión el proyecto; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y la o el Presidente declarará el resultado. Artículo 267 Si el proyecto de resolución fue aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por las y los magistrados del Tribunal. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones se ordenará a la o el Secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 268 Engrosado el laudo, la o el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de las y los magistrados del Tribunal que votaron el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." De los referidos preceptos legales se advierte que, en lo que aquí interesa, una vez cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes, se formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual se entregará una copia a cada uno de los magistrados del tribunal y, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber recibido la copia del proyecto los integrantes de ese órgano podrán solicitar que se practiquen las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad, las cuales se desahogarán en un término de ocho días. Transcurrido el plazo concedido a los integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas o, en su caso, desahogadas las diligencias que se hubiesen ordenado, el Presidente del tribunal citará a los miembros de ésta para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes, si el proyecto de resolución es aprobado, sin modificaciones, se elevará a la categoría de laudo; si a éste se le hacen modificaciones se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo de acuerdo con lo aprobado, una vez engrosado éste se recabarán las firmas de los integrantes de la Junta que lo votaron, turnándose al actuario para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. De lo narrado destaca que para que el tribunal burocrático del estado de Zacatecas pueda dictar el laudo correspondiente, es presupuesto indispensable que se haya decretado el cierre de instrucción. En el caso, del informe justificado y de las constancias remitidas en su apoyo, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (seis de febrero de dos mil dieciocho), no se había cerrado la instrucción, según se puntualizó en los antecedentes narrados en párrafos que preceden; de ahí que la autoridad responsable no estaba en posibilidad de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 282/II/2013 y su acumulado 261/2014, como lo pretende la parte quejosa, pues incluso la autoridad responsable en su comunicado de ley (foja 14), argumentó que en el citado expediente no se han desahogado la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes; por lo que no se ha cerrado la instrucción y; por tanto, no es posible emitir el proyecto de laudo respectivo. En el contexto anotado, es palmario que el acto de omisión que se atribuye a la responsable de dictar el laudo que legalmente proceda dentro del juicio de origen, no es en sí mismo violatorio de los derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Federal, por lo que es necesario que el impetrante acredite su inconstitucionalidad, esto es, que en el juicio laboral no se ha dictado esa resolución a pesar de estar el citado sumario en un estado procesal que así lo permita, es decir, que ya se hubiera decretado el cierre de la instrucción y esté pendiente de dictar el laudo de que se trata, habiendo transcurrido los plazos que la ley establece para tal efecto, situación que, se reitera, en la especie no acontece, ya que a la presentación de la demanda no se había cerrado la instrucción. En las relatadas condiciones, debe convenirse en que el quejoso no demostró en esta instancia constitucional, que el tribunal laboral responsable haya incurrido en demora al omitir dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 282/II/2013 y su acumulado 261/2014; menos aún que el expediente se encuentre en un estado procesal que permita emitir dicha resolución y, por ende, que se conculque en su perjuicio el derecho fundamental tutelado en el artículo 17 constitucional; por tanto, es inconcuso que por el motivo apuntado, la omisión de la autoridad laboral de dictar el laudo, está justificada. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informa, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 50/97, visible en la página 304, Tomo VI, Octubre de 1997, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación planteados y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de la parte quejosa, procede negarle el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Jaime Correa Sánchez, contra el acto que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 282/II/2013 y su acumulado 261/2014; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José de Jesús Martínez Torres, secretario que autoriza y da fe. LJJMT/Luis.
- Principal
El dos de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con folio 6478. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dos de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por el cual en cumplimiento al requerimiento en proveído de veintitrés de marzo del año en curso, remite copia certificada del expediente laboral ordinario 282/2013 y 261/2014; en consecuencia con fundamento en el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, se tienen como pruebas de dicha autoridad las documentales que adjunta, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno; sin perjuicio de hacer relación y valoración de ellas en la audiencia respectiva. Dado su volumen guárdense por separado y fórmese un tomo de prueba debidamente identificado. Ahora bien, con su contenido dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga hasta antes de celebrada la audiencia referida.
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