Jaime Bocanegra Aguilera
Expediente 1861/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1861/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jaime Bocanegra Aguilera
Actuaciones
- Principal
El doce de noviembre de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del cinco al nueve de noviembre del año en curso; contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a doce de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, al no ser de relevancia documental, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Regina.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Jaime Bocanegra Aguilera, Genaro Ramírez Vázquez y Alfonso Torres Juárez, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno del estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1861/2018, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes del amparo reclaman: De la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno, con sede en Guadalupe, Zacatecas: El acuerdo de nueve de octubre de dos mil dieciocho, emitido dentro del juicio ordinario agrario 142/2016, mediante el cual se dictaron diferentes acuerdos respecto de las peticiones realizadas por los quejosos. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues de actualizarse alguna causal, se desechará de plano la demanda, tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. ... Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley reglamentaria en consulta, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la ley fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 170 y 171 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo..." II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos se desprende, en lo que interesa, que por regla general la vía en la que deben reclamarse los actos dentro de juicio que afecten derechos adjetivos o procesales del quejoso, es el juicio de amparo directo. Lo anterior, puesto que en esta vía de control constitucional es posible combatir las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieran afectado las defensas del quejoso y trascendido al resultado del fallo. Ahora bien, la regla expuesta encuentra su excepción cuando dentro del juicio surjan cuestiones que sean de imposible reparación para las partes, caso en el que puede acudirse inmediatamente al amparo indirecto. Ello, de acuerdo con el artículo 107, fracción V, del ordenamiento en mención, que dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." El precepto citado establece la posibilidad de reclamar los actos dictados dentro de juicio cuando éstos tengan sobre las personas una ejecución que sea de imposible reparación; tales actos se entienden como los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En contrasentido, la vía de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados dentro de juicio tengan una ejecución reparable con el dictado de la sentencia definitiva. La razón fundamental del requisito anterior, es que si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales en un juicio obtiene sentencia favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del procedimiento deben ser combatidas constitucionalmente, por regla general, en la vía de amparo directo, salvo que sean de ejecución irreparable, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Es decir, las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impiden o afectan, en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, derivada del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, los actos dictados en juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, sólo serán impugnables vía amparo directo. Los razonamientos expuestos tienen sustento en la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del volumen 56, agosto de 1992, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como también resulta ilustrativa la tesis I.1o.A.E.30 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la república, consultable en la página 2317, del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008665, que señala: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." En conclusión, los actos dictados en juicio tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En el caso, se reclama el acuerdo de nueve de octubre de dos mil dieciocho, emitido dentro del juicio ordinario agrario 142/2016, mediante el cual la autoridad responsable determinó de improcedentes las manifestaciones realizadas por los quejosos. Es decir, el proveído reclamado es del contenido siguiente: [.] ÚNICO.- En relación a la cuenta se advierte que la parte actora en audiencia de trece de agosto de dos mil dieciocho, realizó diversas manifestaciones, cuestionando intervención del Licenciado Cesar Octavio Ramos Montes por no haber atendido plenamente el requerimiento que le fue formulado por este Tribunal, y cuestionando la presentación del escrito de contestación de la demanda por la tercero con interés llamada a juicio Dirección General de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano, la justificación de instancia del Licenciado Javier Cárdenas Acosta, concluyendo que debía declararse la rebeldía de la tercero con interés, una vez analizadas las mismas, este Tribunal llega a la convicción de que tales manifestaciones resultan notoriamente improcedentes conforme a lo siguiente: Como se advierte de las manifestaciones formuladas por los. actores, los mismos realizan una interpretación errónea del requerimiento que le fue formulado por este Tribunal al licenciado Cesar Octavio Ramos Montes, pues vinculan hechos distintos para llegar a una conclusión equivocada. En efecto, como se advierte de lo acordado en el punto segundo de acuerdos de la fase expositiva dictados en el segmento de audiencia de fecha-veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, este Tribunal tuvo al prenombrado por presente en su carácter de Subdelegado de Desarrollo-Agrario, Ordenación de Territorio y Vivienda de la Delegación en el Estado de la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial y Urbano, la única actuación del mismo lo fue la presentación del escrito de contestación de la tercero con interés llamada a juicio Dirección General de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial y Urbano, para lo cual no se requiere ningún nombramiento como abogado por parte de la Dirección General de la Propiedad Rural, pues en ese caso, no hubiera sino necesario justificar la inasistencia de su asesor legal, por consiguiente nunca se le tuvo como representante de dicha dependencia administrativa, sino de la Delegación en el Estado de la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial y Urbano, del cual es subdelegado, siendo éste, el mero portador de dicho documento, por lo que su actuación se reduce a eso, a la presentación del escrito de contestación, ya que quien ostenta la representación legal, lo es el Licenciado JAVIER CÁRDENAS ACOSTA, de quien se justificó su inasistencia a dicha diligencia, con el oficio 246/152/DE/2018 presentado por el Delegado en el Estado de la misma Secretaría de Estado, quien solicitó el diferimiento de la audiencia por existir causa de fuerza mayor para la compareciera su representante legal, y en esa virtud, las premisas de los actores parten de un supuesto falso. Por otra parte, los actores parten de otros supuestos falsos, ya que pretenden vincular el requerimiento que formuló este Tribunal al Licenciado Cesar Octavio Ramos Montes, para pretender que se le desconozca como representante de la tercero con interés, siendo que nunca se le otorgó dicho reconocimiento, y por el contrario, dicho requerimiento se le formuló sólo para que "acreditara su dicho", esto es, su calidad de Subdelegado de Desarrollo Agrario, Orientación del Territorio y Vivienda de la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial y Urbano, y su calidad de profesionista del derecho. Luego, los actores pretenden vincular ambos hechos para concluir que no se le debe tener por presentado el escrito de contestación de demanda por la tercero con interés, sin que ambas situaciones puedan llevar válidamente a la conclusión a la que llegan, pues el objeto del requerimiento tiene propósitos distintos, pues mientras que la copia certificada de su nombramiento, lo fue para que tal persona acreditara que tenía como afirmó, el carácter de Subdelegado de Desarrollo Agrario, Orientación del Territorio y Vivienda de la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial y Urbano, la copia certificada de su cédula profesional, tenía como propósito, que este Tribunal se cerciorara que "era profesionista del derecho, como lo -afirmó igualmente en audiencia, éste último, a efecto de no, vulnerar al mismo el principio de equilibrio procesal entre las partes, ya que tanto la actora como las demás partes se encontraban debidamente asesoradas por profesionistas del derecho; ello en respeto a su garantía audiencia y debido proceso, de tal suerte que aun y cuando no exhibió la cedula profesional requerida, éste si acreditó ser profesionista del derecho al exhibir copia certificada de su Título profesional, por tanto, existiendo razones y propósitos distintos, en tales requerimientos, no, pueden vincularse para llegar a la conclusión que pretenden los actores, pues su hipótesis y conclusiones resultan inexactas e insuficientes para sostener sus pretensiones. En efecto, en audiencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se asentó la comparecencia del Licenciado CESAR OCTAVIO RAMOS MONTES, en su Carácter de Subdelegado de Desarrollo Agrario, Orientación del Territorio y Vivienda de la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial y Urbano, y éste en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado, presentó con oficio de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, copia certificada de su nombramiento expedido por el Oficial Mayor de la citada Secretaría de Estado para acreditar su calidad de Subdelegado de Desarrollo Agrario, Orientación del Territorio y Vivienda Delegación Estatal en Zacatecas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano, con lo cual quedó acreditada la personalidad con la que compareció a la citada audiencia, en tanto que dicho documento hace prueba plena conforme a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Por otra parte, su calidad de profesionista del derecho, quedó acreditado con la copia certificada que exhibió del Título Profesional expedido por la Universidad Autónoma de Zacatecas, y que por tanto no, no se violó al mismo su derecho a ser legalmente asesorado en respecto al principio de equilibrio procesal entre las partes, dado que con tal documento se prueba suficientemente que éste no requería de asesor legal para actuar en dicha diligencia, como así se asentó en dicha audiencia, extremo que se considera acreditado con dicho documento, conforme a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, sin que sea óbice para lo anterior la falta de presentación de la cédula profesional, en virtud de que la única intervención que se le dio a dicho Subdelegado fue la de presentar el escrito de contestación de la demanda de la tercero con interés perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial y Urbano, lo que en sí no entraña el ejercicio de su profesión, ya que incluso, cualquier persona pudo haber servido de mensajero y entregar dicho documento en el Tribunal; por otra parte, es una -falacia la afirmación de los actores de que se tuvo al prenombrado como representante de la tercero con interés, pues tan no es así, que sólo se recibió el escrito de contestación y se requirió al representante legal de la tercero con interés para que ratificara dicho escrito de contestación en el próximo segmento de audiencia para que surtiera plenamente sus efectos, ya que sólo el representante podría realizar la misma, además, no debe pasarse desapercibido que el representante legal de la citada tercero con interés, justificó la causa de su inasistencia con el oficio 246/152/DE/2018 presentado por el Delegado en el Estado de la misma Secretaría de Estado, y por ese simple hecho, estaba en posibilidades de haber presentado directamente la contestación de demanda en el siguiente segmento de audiencia, por lo que la recepción de la contestación de demanda en tal diligencia, no vulnera ningún derecho de los actores ni altera el debido proceso, por, el contrario, sólo. Favoreció el procedimiento, para no interrumpir la diligencia, corno así quedó señalado en la misma en la cual se indicó en el punto único de acuerdo lo siguiente: "por- lo que a ,efecto de no generar mayores gastos a las partes que se encuentran presentes, deberá recibirse dicho documento (contestación de demanda de la: tercero con interés) y continuarse la audiencia en la fase procesal en que se corresponde, quedando pendiente únicamente la ratificación de la misma por el representante legal de la- autoridad en el próximo segmento de, audiencia, quien queda apercibido desde este momento que en caso de no ratificar dicha contestación en la audiencia que se programará a continuación a la presente, será declarada rebelde en cuanto a que no surtiría efectos la documental presentada en esta diligencia". Por otra parte resulta inexacto que la nulidad de la exhibición de la demanda de la tercero con interés Dirección General de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano, por el Licenciado CESAR OCTAVIO RAMOS MONTES en la audiencia de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, traiga como resultado declarar rebelde a dicha autoridad y se le tenga por conforme con las pretensiones de la parte actora, toda vez que los actores pasan por alto que fue justificada la inasistencia. del-representante legal de la misma Licenciado JAVIER CÁRDENAS ACOSTA, y que por tanto, éste tenía expedito su derecho para contestar la demanda hasta el siguiente segmento de audiencia, derivado de la 'causa de fuerza mayor, que le impidió asistir, y en el caso, dicho profesionista ratificó su escrito de contestación en el segmento de audiencia de trece de agosto de dos mil dieciocho, lo que dio plenos efectos a su contestación, manifestando su conformidad con el escrito presentado por dicho Subdelegado en la audiencia anterior, haciéndose notar que éste incluso pudo haber presentado otro escrito de contestación igual o diferente, ya que lo importante no es cuando se presenta sino cuando se ratifica, ya que en materia agraria, para que un escrito sea de demanda o de contestación, no surte efectos en el juicio sino hasta que se ratifica, supuesto que aconteció en la audiencia de trece de agosto señalada, en tal virtud no resulta factible ni procedente declarar la rebeldía que señalan si el escrito de contestación fue ratificado en tiempo y forma legales, sin que en el caso resulte aplicable la tesis que invocan como fundamento, en virtud de que al contener reglas distintas a las contempladas en la Ley Agraria para el procedimiento Agrario, no se surte la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, en tanto que en materia agraria no existe término para emplazamiento, sino que en la audiencia de ley se debe contestar la demanda, cuando sea otorgado el uso de la voz para ello por el Tribunal y en la especie, dicho uso de la voz se concedió a la parte tercera con interés hasta la audiencia de trece de agosto de dos mil dieciocho, fecha en la cual el representante legal de la Tercero con interés Dirección General de la . Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial y Urbano, ratificó n términos del artículo 185 de la Ley Agraria, su escrito de contestación de demanda, por lo que la parte actora deberá estarse a lo acordado en autos, sin que sea óbice para ello, que la parte actora en sus manifestaciones también señalen que no debe tomarse en cuenta la justificación de inasistencia del Licenciado JAVIER CÁRDENAS ACOSTA, en tanto que se trata de una simple afirmación respecto dela cual no expusieron la razón por la cual realizan tal cuestionamiento, de tal suerte que subsiste la justificación de su inasistencia mediante oficio 246/152/DE/2018 presentado por el Delegado en el Estado de la misma Secretaría de Estado, que tampoco fue cuestionado por los actores. En virtud de lo expuesto y fundado, la parte actora deberá estarse a lo acordado en las audiencias de fechas veintiocho de mayo y trece de agosto de dos mil dieciocho, en virtud de la inexistencia de las irregularidades que señalan en el procedimiento, y carecer de sustento alguno sus diversas manifestaciones realizadas en su escrito presentado con fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en el que los actores reiteran argumentos ya analizados en párrafos anteriores y que en obvió de repeticiones se tiene aquí por reproducidos, siendo inexacto que con la nulidad que señalan conduciría a la rebeldía de la tercero con interés llamada a juicio, ya que de lo expuesto se advierte que. no existe ninguna razón para declarar la rebeldía de dicha parte y. mucho menos para declarar el allanamiento de la parte demandada, en tanto que la nulidad sólo produciría la reposición del procedimiento, mientras que la rebeldía deriva de una omisión de una parte demandada, mientras que el allanamiento implica la actividad de una parte demandada en sentido expreso de aceptar los hechos de la demanda., lo que determina que estamos en supuestos distintos que no son equiparables, y el hecho de que este Tribunal declare improcedentes por infundados sus argumentos, de ninguna manera podría tenerse como un acto parcial, sino como el ejercicio de su jurisdicción, al determinar lo que en derecho corresponde: reiterando que en la especie los argumentos y manifestaciones de la parte. actora, resultan inexactos y notoriamente improcedentes, como ya quedó analizado. [.] Atendiendo a lo expuesto se desprende que la determinación reclamada no constituye violación a derechos sustantivos y, por tanto, de imposible reparación, ya que en nada le afecta a la parte quejosa el que se decretara de improcedentes las manifestaciones realizadas por los quejosos, ya que dicha circunstancia no implica sentencia desfavorable a las pretensiones de los quejosos, ya que al ser la parte actora en el juicio, están en posibilidad de comparecer a defenderse y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes. Por tanto, la determinación reclamada no constituye un acto en el juicio que tenga sobre la esfera jurídica de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, que afecte materialmente sus derechos sustantivos, en los términos concebidos por el legislador ordinario, pues solo constituyen violaciones procesales que no transgreden algún derecho fundamental tutelado a su favor en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país. Es así, porque dicha determinación no implica en ningún momento decidir cuestión alguna de fondo, lo que hace patente que tal situación no redunda en menoscabo de derechos sustantivos de la empresa agraviada, ya que no se emitió pronunciamiento en torno a la nulidad de los actos combatidos en el juicio subyacente, génesis del acto reclamado, sino que únicamente se tuvo por recibida la contestación de la demanda. Circunstancia que a juicio de este juzgador no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino en todo caso derechos adjetivos que pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene en la sentencia respectiva una resolución favorable a sus intereses. Lo anterior permite reiterar que no se está en presencia de un acto de imposible reparación que traiga aparejada una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos de la aquí quejosa. Esas reflexiones dieron origen a la tesis jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª.), consultado en la página 39 del Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Asimismo, es aplicable la Tesis de Jurisprudencia número 600, consultable en la página 665, del Apéndice del 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Quinta Sección-Procedencia del amparo directo, Octava Época, del siguiente rubro y texto: "DEMANDA, EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, el auto que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia o laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no implica necesariamente una sentencia o laudo condenatorio, porque las Juntas al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no, sus elementos. En tal virtud, el acuerdo que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, dictado en forma ilegal, constituye una violación procesal reclamable a través del amparo directo, hasta que se dicte sentencia o laudo definitivo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo." En consecuencia, atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado no ocasiona una afectación de ejecución irreparable a los derechos sustantivos de la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Jaime Bocanegra Aguilera, Genaro Ramírez Vázquez y Alfonso Torres Juárez. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicitan los quejosos, se tienen como autorizados para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Homero Ramírez García y José Luis Márquez (2827901) (3356236) toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oir notificaciones e imponerse de los autos a Alejandro Blanco Ochoa y Manuel Hernández Martínez y como domicilio para tal efecto en calle Paseo San Fernando, número seiscientos cuarenta y seis (646), delo fraccionamiento Lomas de San Fernando, en esta ciudad. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce....
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