Jaime Clemente Quiroz Millan
Expediente 314/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 314/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jaime Clemente Quiroz Millan
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre únicamente como corresponda el escrito signado por ******************** quien se ostenta con el carácter de Síndica Procuradora y representante legal del tercero interesado Ayuntamiento Municipal de ********************; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud que no acredita la personalidad con la que se ostenta y de la revisión de los autos no se advierte que la tenga reconocida ante la autoridad responsable. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la resolución de dieciséis de noviembre del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo. Por ello, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley en Aplicación, se declara que dicha resolución que sobreseyó el presente juicio ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Por tanto, se ordena valorar el presente expediente en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que, se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal, transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó sobre todos los actos reclamados. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Francisco Herrera García, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, por periodo vacacional concedido al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión celebrada en dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CR./CJD./003/4636/2021, que actúa ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
El Secretario hace relación de las constancias de autos, entre las cuales destacan: No. Constancias Foja 1 Escrito de demanda y anexos 2-7 4 Auto admisorio 9-11 5 Emplazamiento del Agente del Ministerio Público Federal 12 6 Emplazamiento del tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerrero. 14 Asimismo, el Secretario da cuenta al Juez con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, con el cual se dio vista a las partes y que se relaciona en la tabla siguiente: No. Autoridad Responsable Foja Sentido del Informe 1 Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad 73 Niega El Juez acuerda: se tiene por hecha la relación secretarial que antecede y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron las siguientes: No. Parte oferente Pruebas Fojas 1 Parte quejosa Documentales 5-7 2 Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad Documentales 74-75 El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas, que se desahogan en este preciso instante en atención a su propia y especial naturaleza, por no requerir de preparación alguna. El secretario certifica: que no quedan pruebas pendientes por desahogar y que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado para emitir sentencia. El Juez acuerda: Vista la certificación y al no quedar pruebas pendientes que desahogar, se declara cerrado este periodo. Abierto el período de alegatos, el Secretario da cuenta con el alegato ministerial 238/2020, realizado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito por formulando pedimento y a las demás partes por precluido el derecho para realizar alegatos. Se cierra el periodo de alegatos; al tener en cuenta todo lo actuado, se da por terminada la presente audiencia constitucional, y quedan los autos a la vista del Juez de Distrito, para emitir la resolución que en derecho proceda. VISTOS para resolver los autos que integran el juicio de amparo 314/2020 promovido por Jaime Clemente Quiroz Millán, a través de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el tres de marzo de dos mil veinte (foja 1), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional; Jaime Clemente Quiroz Millán, a través de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que a continuación se mencionan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, con domicilio en Avenida Juárez Esquina con Quintana Roo, Colonia Centro, Chilpancingo, Guerrero. IV. ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE DICTAR EL AUTO ADMISORIO DE PRUEBAS, en términos de la Ley 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, violando en consecuencia el derecho del quejoso, a recibir la impartición de la Justicia Pronta y Expedita como lo mandata el artículo 17 Constitucional." SEGUNDO. Admisión y trámite. El cuatro de marzo de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a unas autoridades con residencia dentro del territorio en que este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se tiene que Jaime Clemente Quiroz Millán, a través de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad: La omisión de la autoridad laboral responsable de dictar el auto admisorio de pruebas, dentro expediente 380/2017. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó los actos que se le reclaman. Aduciendo, que en fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, dictó el auto admisorio de pruebas, dentro expediente laboral 380/2017. Certeza que se corrobora, de las diversas actuaciones que la responsable adjuntó a su informe justificado; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 Amparo del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por provenir de un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Ahora, de las actuaciones correspondientes se advierte que el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, relativo a la omisión de dictar el auto admisorio de pruebas, en el expediente laboral 380/2017, es inexistente. En efecto, el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, que prevé lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Como se adelantó, el acto reclamado es inexistente, en virtud de que mediante auto de diecisiete de enero de dos mil veinte, el tribunal laboral responsable, dictó el auto admisorio de pruebas dentro del juicio laboral 380/2017. Por tanto, resulta evidente que al momento de la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, es decir, el tres de marzo de dos mil veinte, el acto aquí reclamado, no existía, en virtud de que la autoridad laboral responsable mediante auto de diecisiete de enero de dos mil veinte, dictó el auto admisorio de pruebas dentro del juicio laboral 380/2017. (Fojas 74-75). Por ende, es evidente que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, al momento en que promovieron su demanda de amparo, no existía la omisión reclamada, dentro del expediente 380/2017. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diez, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, materia común, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". Lo anterior, dado que en diecisiete de enero de dos mil veinte, se dictó el referido auto admisorio de pruebas dentro del expediente laboral de origen; que en lo que interesa dice lo siguiente: ".Chilpancingo, Guerrero, a diecisiete de enero del año dos mil veinte. Visto el estado procesar que guarda el expediente laboral número 380/2017, promovido por el los C. JAIME CLEMENTE QUIROZ MILLÁN en contra del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO; así como la reserva de éste Tribunal y con fundamento en los artículos 776, 786, 795, 813, 827, 830 y 835 de la Ley Federal del Trabajo aplicada de manera supletoria a la ley de la materia, para proveer respecto a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, se procede a dictar el correspondiente: AUTO ADMISORIO DE PRUEBAS:." Es por ello, que se insiste que dicho acto reclamado es inexistente, toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Entonces, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la quejosa reclamó, como se dijo, la omisión de dictar el auto admisorio de pruebas dentro del juicio laboral 380/2017. Luego, de las constancias que adjuntó la autoridad laboral responsable a su informe justificado, se conoce que el diecisiete de enero de dos mil veinte dicó el auto admisorio de pruebas, dentro del expediente laboral 3802017, cuya omisión constituye la base del acto reclamado en este juicio de amparo. Con lo anterior, es evidente que la omisión reclamada es inexistente, porque a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable ya había dictado el auto de admisión de las pruebas ofertadas por las partes, dentro del expediente 380/2017. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo al quedar demostrado que la omisión reclamada es inexistente. CUARTO. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar el Secretario y una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo antes expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo 314/2020, promovido por Jaime Clemente Quiroz Millán, a través de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se difirió la audiencia constitucional fijándose como nueva fecha las once horas con veinte minutos del quince de noviembre del año en cita; sin embargo, éste último día es inhábil, por ser el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del veinte de noviembre. Por tanto, la fecha fijada para el quince de noviembre de dos mil veintiuno, se deja sin efectos y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO; lo anterior, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
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