Jaime Castillo Hilario

Expediente 95/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
95/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
27/03/2019

Partes del expediente

  • Jaime Castillo Hilario
  • Jaime Castillo Hilario y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 57 a 60), mediante la cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicho proveído que sobresee fuera de audiencia el presente juicio, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. Por su parte, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser DEPURADO; toda vez que se concedió la suspensión definitiva, por lo que una vez transcurridos cinco años de dictada la resolución definitiva, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencias respectivas. Sin embargo, respecto al duplicado del citado incidente, éste deberá de ser destruido una vez transcurridos seis meses de haberse resuelto la suspensión definitiva solicitada, de conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General antes mencionado. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica. Notifíquese y personalmente a las partes.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en veintiuno de febrero de dos mil diecinueve (foja 50), se recibió el informe justificado de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, al cual anexó diversas constancias a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexó, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Por escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Jaime Castillo Hilario, solicitó el amparo y protección de la justicia federal señalando como autoridad responsable al Juez Primero de Primera Instancia en materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, que hizo consistir sus actos reclamados en los siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- 1) Lo constituye, la violación clara y directa al derecho humano del suscrito, pero sobre todo de mi menor hija, de impartición de justicia completa, pronta y efectiva, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; derivado de la omisión del juez responsable en proveer y/o acordar todo lo necesario para ejecutar la medida cautelar de convivencia entre el suscrito y mi pequeña hija Jimena Castillo Altamirano, decretada mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil dieciocho dentro del expediente de donde emana el acto reclamado, con cuya omisión se están causando afectaciones graves al interés superior de dicha infante, pues, se le está privando de su derecho fundamental de convivir con el suscrito, causando así la ruptura de los lazos paterno-filial que hemos generado, afectando también los lazos de amor, confianza e identidad entre ambos, lo que desde luego implica una afectación grave al estado emocional y/o mental de mi pequeña hija, que impacta en su desarrollo personal. 2).- Señalo también como acto reclamado la reticencia, omisión, displicencia y evasivas del Juez responsable a proveer, acordar y resolver tanto los recurso horizontales -reconsideración- que se han hecho valer para hacer cumplir la referida medida de convivencia, como mis peticiones expresas en el sentido de que adopte medidas que verdaderamente garanticen que el tercero interesado cumplirá puntualmente con la convivencia decretada, que se le ha impuesto en el juicio natural. 3).- Aparejado a lo anterior, se ha generado como otro acto reclamado el que, la responsable ponga en grave riesgo y peligro inminente los derechos humanos de mi menor hija Jimena Castillo Altamirano, contenidos en el artículo 4 de nuestro Código Político, cuya violación incide en el óptimo desarrollo integral de dicho menor, al conculcarse el supremo derecho que tienen los niños de ser amados y respetados, sin condición alguna, propiciado por no administrarse justicia pronta y completa; violándose así también en perjuicio de mi hija y del suscrito quejoso, nuestros derechos humanos contenidos en el artículo 1 de la misma Constitución en correlación con los preceptos de los instrumentos internacionales que señalaré; cuya violación deriva de la dilación y displicencia  de la responsable para hacer cumplir la medida cautelar de alimentos, no obstante el recurso horizontal que interpuse y las diversas promociones que he presentado para solicitar a la responsable adopte medidas que sean capaces de producir resultados reales y no ilusorios; y que dicha responsable ha sido extremadamente omisa en proveer al respecto sobre el particular; lo que, en su conjunto, son actos exorbitantes o de imposible reparación que, aún, incluso con un dictado inmediato de la sentencia del natural, nuestros derechos humanos hasta ahora conculcados, no podrían ser resarcidos, dado que, no sólo se trata de una violación procesal, sino de derechos fundamentales" Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. La omisión de la autoridad responsable en proveer lo necesario para ejecutar la medida cautelar de convivencia y alimentos dentro del expediente 193/2018-I. La omisión de resolver el recurso de reconsideración interpuesto en contra del auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral de origen. Luego, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En relación a lo anterior, se tiene a la vista el incidente de suspensión derivado del presente juicio, del que se advierte que en cumplimiento a la suspensión definitiva la autoridad responsable dictó un auto de cinco de febrero de dos mil diecinueve, en el expediente familiar 193/2018-I (incidente), por el cual hizo efectivo a la parte demandada Claudia Altamirano Villanueva, el apercibimiento decretado el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho y le requirió nuevamente para que dé cumplimiento a la medida cautelar provisional de convivencia de la menor Jimena Castillo Altamirano, con su progenitor Jaime Castillo Hilario, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se decretará el cambio de custodia provisional a favor del aquí quejoso. Asimismo, en el presente juicio principal la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, envió copia certificada del auto de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 53 y 54), por el cual desechó de plano por notoriamente improcedente el recurso de reconsideración promovido por el aquí quejoso Jaime Castillo Hilario, en contra del acuerdo de radicación dictado en cinco de noviembre de dos mil dieciocho,. De lo anterior, se advierte que han cesado en sus efectos los actos reclamados, al haber devuelto las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada; lo anterior es así, toda vez que los autos fueron dictados con fecha posterior a la promoción de amparo. En esas condiciones, dado que en veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, el quejoso presentó la demanda de amparo; sin embargo, en cinco y dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable proveyó lo referente a los actos por los cuales se quejaba el promovente del amparo, por lo que se estima actualizada de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia citada en párrafos precedentes, por lo que procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las catorce horas del veintiocho de febrero de este día (foja 26 vuelta). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  3. Principal

    Visto el oficio y anexo remitidos por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, de la autoridad responsable, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. En relación a las constancias que remite el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, las cuales se encuentran debidamente escaneadas a fin de ir acorde con el expediente electrónico, para un mejor manejo del mismo, fórmese por separado un tomo de pruebas, conservando su número de folio correspondiente, las cuales quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado.

  4. Principal

    Glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual reproduce alegatos, sin perjuicio de ser relacionados en la etapa procesal oportuna y tomarse en consideración al momento de resolverse la presente instancia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su momento procesal oportuno y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo, expídase una vez que se dicte la sentencia respectiva las copias fotostáticas certificadas que refiere.

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