Jaime Chavez Martínez
Expediente 216/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 216/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jaime Chavez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Fenece término concedido a la parte quejosa. Vista la certificación que antecede, se desprende que el término de tres días con el que se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a las constancias remitidas por el Apoderado legal del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante las cuales informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada por este juzgado, ha transcurrido sin que hayan realizado pronunciamiento alguno dentro del plazo de ley que se le concedió; ello es así, toda vez que habiendo hecho una búsqueda en el libro de gobierno, no se encontró promoción tendente al respecto. Antecedentes. Ahora bien, del estado de autos se advierte que el veintisiete de abril dos mil veintitrés, se terminó de engrosar la sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, en la que se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***********, contra actos que reclama del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia". Determinación que al no haber sido impugnada causó ejecutoria el diecinueve de mayo del año en curso, cuyos efectos del amparo fueron para que la autoridad responsable Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que realizaran lo siguiente: "Por esas razones, y ante lo fundado del concepto de violación, suplido en la deficiencia de la queja, se impone conceder al quejoso, el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que los efectos de la concesión del amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, serán los de obligar a la autoridad a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo le exija, por lo que, la protección constitucional otorgada, tiene el alcance de obligar a la autoridad señalada como responsables dependiente del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), a realizar lo siguiente: De inmediato emitan una respuesta fundada y motivada, respecto de la aceptación de pago de pensión relativo al dictamen CP/79181/2022. Se realicen las gestiones administrativas necesarias (con la autoridad que corresponda), a fin de que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto del pago de la pensión en cuestión le correspondan al quejoso, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión número *********** de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en los términos establecidos en el mismo. ? Asimismo, las cantidades adeudadas a partir de la fecha en que el quejoso tuvo el derecho de recibir el pago de su pensión, deberán entregarse actualizadas legalmente. Notifique dicha respuesta de forma personal a la parte solicitante del amparo en el domicilio señalado en el formato de aceptación de pensión. Tiene aplicación, la jurisprudencia VI.1o.A. J/49, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con registro digital 165204, que establece: "PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO. El derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido. Las variables fundamentales a que se alude son enunciativamente las siguientes: 1.- Si el quejoso reclama que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso. En este supuesto, en el juicio de amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones complementarias: 1.1.- Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8º constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 1.2.- Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. 2.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. 3.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable para que notifique al quejoso la respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce. En este último caso, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos diversas situaciones complementarias: 3.1.- Que aun cuando se demuestre la existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso, en cuyo caso la concesión del amparo tendrá como finalidad notificar tal contestación al impetrante. 3.2.- Que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solicitud y su notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8º constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar una debida capacidad de defensa del quejoso." Asimismo, cobra aplicación, por su contenido jurídico, la jurisprudencia tesis 2a./J. 135/2019 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2020857, de donde se obtiene: "PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE. LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS. De acuerdo con el marco normativo que rige las pensiones otorgadas conforme al antiguo régimen conocido como de reparto o de beneficios definidos, corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado efectuar los incrementos de las pensiones que prevé el artículo 57 de su legislación vigente hasta el 4 de enero de 1993, esto es, cuando aumentan los sueldos básicos de los trabajadores en activo, en tanto que en términos de la legislación en vigor hasta el 31 de marzo de 2007, tal aumento debe aplicarlo anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del 1 de enero de cada año; sin que, por tanto, sea necesario que previamente lo solicite el pensionado. De ahí que cuando el Instituto omite dar cumplimiento a la normativa en comento y el pensionado reclama (ya sea ante el propio Instituto o con posterioridad en el juicio contencioso) tanto los incrementos omitidos como las diferencias que de ellos deriven, en caso de resultar procedente dicho reclamo, el mencionado Instituto quedará constreñido a entregar las diferencias debidamente actualizadas, conforme al procedimiento que establece el artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, habida cuenta que la inobservancia de la ley por parte de esa dependencia conlleva que el pensionado no pueda disponer de las cantidades respectivas en el momento en que legalmente tiene derecho a ello y conforme a la realidad económica existente.". En el entendido de que esta sentencia se tendrá por cumplida una vez que la autoridad responsable lleve a cabo el primer pago relativo a la pensión a la que tiene derecho la parte quejosa, en los términos establecidos; finalmente, lo informe a este juzgado remitiendo las constancias que lo acredite, sin que sea motivo del cumplimiento las sumas aritméticas que realice la responsable al respecto, ni la continuación de pagos de pensión posteriores. Es aplicable por analogía la tesis 2a. CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2005150, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Por lo cual, en proveído de dos de junio del año en curso, se recibió por parte del Apoderado Legal del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, copia certificada del oficio 207C0401520101L/dP/6084/2023 de fecha treinta de mayo último, mediante el cual da cumplimiento a la ejecutoria dictada en los presentes autos, asimismo informa que: a) Realizó el pago de pensión por jubilación a favor del quejoso ***********, que le fue otorgada en la sesión ordinaria del Comité de Pensiones número 848 de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintidós, mediante dictamen de pensión ***********, el cual se puso a disposición a partir de la primera quincena de abril del año en curso. b) Adjunta la impresión digital del comprobante de pago a favor del quejoso *********** y remite la constancia de notificación realizada a través del correo ***********, proporcionado al momento de realizar el trámite de programación de pago. De conformidad con lo establecido con los artículos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se les da pleno valor probatorio a las constancias remitidas por la autoridad responsable, con las cuales acredita su dicho. Valoración de cumplimiento Ahora, del análisis de dichas constancias, se aprecia que la autoridad responsable: 1. Emitió una respuesta fundada y motivada, respecto de la aceptación de pago de pensión relativo al dictamen ***********. 2. Realizó las gestiones administrativas necesarias a fin de que le fueran depositadas y entregadas las cantidades que por concepto del pago de la pensión en cuestión le corresponden al quejoso, conforme al dictamen número *********** de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en los términos establecidos en el mismo. 3. Asimismo, las cantidades adeudadas a partir de la fecha en que el quejoso tuvo derecho de recibir el pago de su pensión, fueron entregadas y actualizadas legalmente. 4.- Notificó al quejoso mediante correo electrónico proporcionado al momento de realizar el trámite de programación de pago. Fallo protector cumplido. Por lo anterior, debe concluirse que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución del mismo, pues circunscribió su actuación a los efectos ahí precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196 de la ley invocada. Notificación a las partes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Por lo anterior se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), glósese el incidente de suspensión. Destrucción o depuración del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo quinto, en el artículo 17, fracción III) inciso a), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES CONSERVABLE. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del multicitado Acuerdo General. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. Calificación del original del incidente de suspensión. Por otra parte, por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es CONSERVABLE, en virtud de que se ubica en lo establecido en el artículo 17, fracción III), inciso b) del Acuerdo General antes aludido, toda vez que se concedió la medida cautelar dictada en el incidente de suspensión; en consecuencia, para efectos de su conservación, se determina que el incidente de suspensión debe permanecer glosado al presente juicio. En consecuencia, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal citado, se ordena depurar el expediente judicial y el incidente de suspensión en los términos ahí precisados. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). Notifíquese. Parte Tipo de notificación Quejoso Vía electrónica Autoridades responsables Oficio Fiscal federal adscrito Vía electrónica
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, téngase por recibido el ocurso signado electrónicamente por el Apoderado Legal de la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, mediante el cual, manifiesta que ha dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente asunto, informando que en el comunicado de treinta de mayo del año en curso, se otorgó al quejoso el pago de pensión por jubilación mediante dictamen CP/79181/2022 a partir del periodo que indica, y al efecto remite copia del comprobante de pago y notificación personal del impetrante vía correo electrónico, manifestando bajo protesta de decir verdad, que dichas documentales constituyen una copia fiel e inalterada de sus originales; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho corresponda, apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este juzgado de amparo resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintisiete de abril del año en curso, en consecuencia: con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de veintisiete de abril del año en curso, en la que la Justicia de la Unión amparó y protegió a ******, contra actos que reclamó del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que en el término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia dictada en el presente en los siguientes efectos******
- Principal
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 1º, 63 fracción IV, 75, 76, 77, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra actos que reclama del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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