Jaime César García García

Expediente 149/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
149/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Jaime César García García

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de mayo de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de quince de abril de dos mil veintiuno; en consecuencia: con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la resolución que SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo promovido por Rubén Adán Romero García, apoderado legal del quejoso Jaime César García García, ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, punto cuarto, en relación con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Ahora bien, toda vez que el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, devuélvanse a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del valle de Cuautitlán Texcoco, las constancias que acompaño a su informe justificado, en dos tomos. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se sobreseyó, por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General citado. ???????? Notifíquese...MESA 9

  2. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Jaime César García García contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco y Presidenta adscrita a la misma, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese...MESA 9

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Informe justificado. Téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta en lo personal y en representación de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de diez de los corrientes, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, rinde su informe justificado, al respecto a fin de no irrogar perjuicio a las partes, con su contenido dése vista por el plazo de tres días, en términos del artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, conforme al artículo 2. Tomos de pruebas. Ahora bien, dada la voluminosidad de las constancias que anexa la autoridad responsable al oficio de cuenta, fórmese legajo de pruebas por separado en dos tomos, mismos que se encuentran debidamente sellados, foliados y rubricados, con la certificación correspondiente en la parte posterior; por ende quien esto juzga considera que no ha lugar a colocar en ellos el entresello de este juzgado en cada una de las fojas dado a que las mismas se encuentran certificadas por la autoridad responsable y por tanto a dichas documentales este juzgador federal les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. Se hace del conocimiento a las partes que debido a la voluminosidad por el gran número de fojas que contiene el archivo remitido por la autoridad oficiante, este juzgado federal se encuentra imposibilitado para cargar el mismo al expediente electrónico creado con motivo del presente juicio de amparo, por lo tanto, se les hace del conocimiento de las partes que, para la consulta de dichas pruebas, deberán realizar las gestiones relativas para la obtención de una cita ante este juzgado. Lo anterior, tomando en cuenta que para la digitalización de los documentos solicitados, el tamaño máximo de cualquier archivo no deberá exceder de 20 megabytes, ello en atención a la política de digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que, y en caso de superar dicha capacidad, deberá realizar las gestiones relativas para la obtención de una cita ante este juzgado a efecto de consultar las constancias precisadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del propio Consejo, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio sobre Servicios jurisdiccionales, sistema Agenda OJ, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional, para que el público en general pueda generar una cita a fin consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Proporciona correo. Asimismo, informa que no cuenta con FIREL o FIEL y que el correo electrónico relativo a esa dependencia es junta6.jlcavct@edomex.gob. y lily.perez15@outlook.com, así como los números telefónicos 55-51-16-47-24 y 55-31-01-19-85 y como responsable Lilia Pérez González, lo anterior hágase del conocimiento a la sección de actuaría. Notifíquese...MESA 9

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de marzo de dos mil veintiuno. Recepción y registro de la demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por Rubén Adán Romero García, apoderado del quejoso Jaime César García García, personalidad que le es reconocida en términos de la carta poder de cinco de marzo de dos mil veintiuno, que anexa al escrito de cuenta, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del valle de Cuautitlán Texcoco y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 149/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos. No se apertura incidente de suspensión. Tramítese por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión solicitado, de conformidad con los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo. Vista al Ministerio Público Federal. 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 149/2021 Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde, de conformidad con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, corriéndole traslado con una copia de la demanda de amparo, tal como lo establece el numeral 110 de la Ley citada. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. Tomando en cuenta que de conformidad con el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo último, se deben adoptar medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general; por consiguiente, con la finalidad de evitar la propagación del mismo, inclusive en pro del derecho a la salud del personal actuante en este juzgado, se determina respecto a las notificaciones que deban realizarse hasta en tanto se regularicen las actividades de este órgano jurisdiccional o en tanto el suscrito no emita diversa instrucción en el presente asunto, para llevar a cabo las comunicaciones procesales de mérito, lo siguiente: Toda vez que mediante pedimento 1/2021, de once de enero de dos mil veintiuno, la Agente del Ministerio Público adscrita solicitó a este órgano jurisdiccional que las notificaciones que deban realizársele sean a través del correo electrónico luz.lopezm@pgr.gob.mx, del cual pueden confirmarse en el número telefónico que los actuarios adscritos cuentan y deberán guardar en total confidencialidad, por consiguiente: En aplicación analógica del artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, al requerirlo el orden público derivado de las medidas de contingencia sanitaria para evitar la propagación del virus SARSCoV2 (COVID-19), en observancia al acuerdo del Secretario de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo del año en curso, notifíquese por dicho medio electrónico a la parte procesal referida, debiendo el actuario respectivo levantar la razón correspondiente en la que haga constar su envío, así como la confirmación de su recepción. Hágase del conocimiento de las partes que por las razones ya 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 149/2021 expuestas en torno a la contingencia sanitaria, las notificaciones que deban realizarse por lista se publicarán únicamente en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. Tratándose de instituciones públicas que figuren como partes en los juicios de amparo con cualquier carácter (quejosas, terceras interesadas, autoridades responsables): Las que cuenten con convenio de interconexión celebrado con el Poder Judicial de la Federación y declaratoria de interconexión tecnológica, en términos de los artículos 3 de la Ley de Amparo, 20, 53, 65, 71, 74 al 78, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como numerales 1, 2 y el capítulo tercero "De la interconexión tecnológica en el juicio de amparo indirecto", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, deberán ser notificados mediante el uso de dicha herramienta tecnológica. Al respecto, se hace notar a los actuarios de la adscripción que: (i) conforme al artículo 2 del acuerdo últimamente mencionado, las declaratorias de interconexión tecnológica se publican en el Diario Oficial de la Federación, y se difunden a través del Portal de Servicios en Línea y del Sistema de Seguimiento de expedientes; por lo que deberán consultar sendos medios de difusión, (ii) asimismo, observar las reglas previstas en el preindicado acuerdo para la obtención de las constancias de notificación. Las que no cuenten con el referido convenio de interconexión celebrado con el Poder Judicial de la Federación y declaratoria de interconexión tecnológica, deberán ser notificadas a través de los medios de comunicación ordinarios, en el entendido de que previo a la remisión física de oficios, se instruye a los actuarios a efectos de que realicen la consulta de la probable existencia de un correo electrónico donde las autoridades responsables puedan ser notificadas por este medio y se confirme su recepción. 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 149/2021 Requerimiento de informes justificados. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación, bajo los términos y condiciones siguientes: a) Dentro del plazo de tres días improrrogables siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo; b) Oportunidad en la que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, derivadas del juicio de origen, en la inteligencia que de no contar con tales documentales, será suficiente la remisión de dicho informe. De conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente de cien días de salario mínimo general vigente en el país1: i) En el supuesto de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y ii) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir cierto el acto reclamado. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, comuníquese a la autoridad responsable que si del contenido de su informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado precepto. 1 Que acorde al decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas, diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, de conformidad con el artículo tercero transitorio, éste debe entenderse -salario mínimo- como Unidad de Medida y Actualización. 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 149/2021 Cabe precisar que el requerimiento del informe justificado, dentro del plazo precisado en el artículo 118 de la Ley de Amparo, obedece al hecho de que la finalidad perseguida por el citado precepto es dar celeridad al trámite del juicio de amparo, en asuntos que por su naturaleza sea posible otorgar, sin mayor problema, la protección constitucional, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se proclamó jurisprudencialmente sobre el alcance del derecho fundamental reconocido en el artículo 17 constitucional, a fin de observar la tutela que debe prevalecer por parte de los órganos jurisdiccionales, específicamente en el acceso efectivo a la administración de justicia con el objetivo de lograr que las instancias constituyan mecanismos expeditos, eficaces y confiables para los justiciables, criterio de cuyo cumplimiento derivará su eficacia y que resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, mismo que es del tenor literal siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL."2. 2 "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". Novena Época, Registro: 188804, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 113/2001, Página: 5. 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 149/2021 Lo que además, encuentra justificación en el artículo 25.1 y 25.23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del que el Estado Mexicano es parte y cuya jurisprudencia es obligatoria para todos los juzgadores, por ser más favorable, acorde a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 21/20144. Bajo ese marco legal, atendiendo a la situación en la que se encuentra inmersa la parte quejosa en la instancia de origen5, este órgano jurisdiccional requiere el informe justificado en el plazo antes señalado, a fin de buscar privilegiar la impartición de justicia y respeto a los derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 constitucional, tal y como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo dispuso en la tesis jurisprudencial en comento. 3 Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 4"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.". Época: Décima Época. Registro: 2006225. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 21/2014 (10a.). Página: 204. 5 Respecto del plazo razonable para fallar un recurso de amparo, y que lo convierta en eficaz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado en los siguientes casos: a. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, asentó que el concepto de "plazo razonable" no era un concepto de sencilla definición y fue acudiendo a la jurisprudencia de la Corte Europea que estableció inicialmente que se debían tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: "a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales.". b. A partir del Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, el Tribunal consideró "pertinente precisar [.] que en dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo.". c. En el caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, dentro del examen de la violación del artículo 25 y en consideración a la razonabilidad del plazo, reafirmó que "los recursos de amparo resultarán ilusorios e inefectivos, si durante la tramitación de éstos se incurre en un retardo injustificado de la decisión.". d. En el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua que el procedimiento que se siguió ante las diversas instancias que conocieron de los amparos desconoció el principio de plazo razonable- reiteró que "los recursos de amparo resultarán ilusorios e inefectivos, si en la adopción de la decisión sobre éstos incurre en un retardo injustificado.". 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 149/2021 En esa tesitura, dígasele a las autoridades señaladas como responsables que deberá rendir dicha información, en el correo oficial de este órgano jurisdiccional 8jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, ello en atención a la naturaleza del presente asunto y de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado, adicionado y modificado por los diversos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020 y 18/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Requerimiento a la responsable para que señale correo electrónico para recibir notificaciones: Sin perjuicio de lo anterior, dadas la circunstancias expuestas, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, requiérase a la autoridad responsable, para que informe en el mismo plazo de tres días antes indicado, si cuenta con usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual para su uso requiere únicamente de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo pueda notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. En el entendido de que, de no contar con usuario en dicho portal, podrá generar una mediante el uso de alguna de las firmas antes mencionadas, para lo cual, se le informa el manual actualizado de uso en la liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea/Home/Ayuda. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 149/2021 firma electrónica, proporcione algún correo institucional al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio, ello en términos de los dispositivos antes mencionados, en relación con los artículos 28, fracción III, y 30 de la Ley de Amparo, al requerirlo el orden público ante la situación de emergencia en la que se encuentra el país con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV2 y, precisamente, con el objetivo de evitar la aglomeración de personas en las instalaciones de las autoridades y evitar su propagación del como una medida de prevención sanitaria. Con el apercibimiento de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, o de no informar o indicar el impedimento que tenga para ello, se impondrá al faltante una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y Actualización6, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260 fracción II de la Ley en cita. En ese tenor, mientras solicita su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas, una vez proporcionada la información últimamente indicada y en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera diversa, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, 6 En la inteligencia que el valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización será equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno; y todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en la leyes federales, estatales, de la Ciudad de México, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 149/2021 representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se le requiere para que reciba toda clase de notificaciones que sean remitidas por este juzgado, a través de cualquiera de los medios electrónicos de mérito. En el entendido de que, independientemente de ello, toda comunicación dirigida a este órgano jurisdiccional deberá ser presentada en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, esto es, por escrito con firma autógrafa o mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ya sea mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), debiendo en todo momento dar preferencia a la presentación a través de medios digitales. Por otra parte, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del valle de Cuautitlán Texcoco, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que quede notificada de este auto, informe si dentro del expediente de origen, las partes han promovido diversos juicios de amparo indirecto anteriores al presente sumario y de ser el caso, remita copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para acreditar su dicho. Obligaciones de las partes De igual forma, se les hace saber a las partes que cuando tengan conocimiento de cualquier causa de sobreseimiento en este asunto, se encuentran obligadas a comunicarlo de inmediato ante este juzgado federal, de conformidad con el artículo 64 primer párrafo de la Ley de Amparo, y se apercibe a la quejosa y a las autoridades responsables que de no hacerlo, se les podrá imponer una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización7, lo anterior En la inteligencia que el valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización será equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno; y todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en la leyes federales, estatales, de la Ciudad de México, así 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 149/2021 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, inciso B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento de la parte quejosa, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización8, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. De la información reservada de confidencial En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de lo Federación el cuatro de abril de dos mil cuatro, se requiere a las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifiquen la información de reservada y confidencial que proporcionen a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes en la que se considere esencial para su defensa. como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.. En la inteligencia que el valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización será equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno; y todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en la leyes federales, estatales, de la Ciudad de México, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 11 JUZGADO OCTAVO EXP. 149/2021 Apercibimiento a la parte quejosa en relación a la denominación de las autoridades responsables. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de la autoridad responsable, porque ello constituye un requisito de su demanda; por lo que se le apercibe para una vez enterado que dicha denominación de la autoridad señalada como responsable, sea incorrecta o bien, aquella sea inexistente, deberá corregir o aclarar el nombre que designó, con el apercibimiento que de ser omiso a esa eventualidad, se le sancionará declarándola inexistente, lo anterior, de conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J.153/2019 (10ª), de la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2021029, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió." De la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo, en el entendido que se llevará en términos de la Segunda Sección del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS 12 JUZGADO OCTAVO EXP. 149/2021 COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, en el que con motivo de la actual situación de emergencia que impera en el país, se ha implementado el uso de videoconferencia en los asuntos competencia de este órgano jurisdiccional, siempre y cuando se privilegié la igualdad entre las partes. Para tal efecto, en términos del artículo 28 del acuerdo general citado en el párrafo precedente9, se previene a la parte quejosa, tercero interesado, autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que en un plazo de de dos días o bien veinticuatro horas previas a la celebración de la audiencia, señalen a través de promoción electrónica o física, la o las personas que acudirán a la audiencia que tendría verificativo por 9 Artículo 28. Para la preparación, celebración e integración a los autos de una audiencia por videoconferencia, se observarán las siguientes reglas: I. El órgano jurisdiccional notificará el citatorio para audiencia, el cual permitirá que todas las partes interesadas estén en posibilidad de acudir. El citatorio considerará un lapso de hasta quince minutos previos que permita a los intervinientes prepararse para el desahogo de la audiencia que establezca la normatividad aplicable, así como la implementación de la logística operacional. Tratándose de audiencias o sesiones públicas, podrá generarse una clave de acceso que dará a quien tenga interés en presenciarla la posibilidad de hacerlo, sin que pueda participar en la misma, utilizando el formato comúnmente conocido como seminario o conferencia web o en línea, o "webinar". En caso de no ser eso posible la publicidad se garantizará con el registro de la videoconferencia para su posterior consulta. II. En el proveído en el que se fije la fecha y hora en la que tendrá lugar, se deberán indicar los datos necesarios para acceder a la respectiva videoconferencia por vía electrónica y se requerirá a las partes para que indiquen, en la promoción electrónica mediante la que desahoguen dicho requerimiento, la o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. El citatorio se enviará únicamente a las partes que estén legitimadas para intervenir en la diligencia respectiva. III. Previamente al inicio de la audiencia mediante videoconferencia, el responsable técnico y/o el personal de apoyo realizarán las pruebas que permitan confirmar la adecuada calidad del audio y video para su desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Técnico. IV. Transcurrido el lapso de preparación y llegada la hora de la audiencia, el secretario o secretario encargado de dar fe hará constar las partes que se encuentren presentes, se verificará su identidad, su personalidad y capacidad procesal, y se declarará iniciada. En caso de que ninguna persona adscrita al órgano jurisdiccional esté investida de fe pública, la juzgadora o juzgador deberá hacer constar verbalmente esta situación. V. Durante el desarrollo de la audiencia, las y los titulares deberán verificar que las partes intervinientes estén en posibilidad de observar, escuchar y comunicarse con todas las personas que participan en ésta, de manera clara y simultánea, salvo en los casos en que por disposición de ley sea necesaria la protección de la identidad de quien participa o cuando algunos intervinientes no puedan estar presentes durante el desarrollo de toda la videoconferencia, según lo dispuesto en el siguiente artículo. En todo caso deberá velarse por los derechos de las partes y el cumplimiento a los principios rectores de cada procedimiento. VI. En caso de advertir alguna falla técnica u otra situación extraordinaria que impida el desarrollo de la audiencia, la o el juzgador determinará las medidas que estime necesarias para continuarla o, de ser el caso, suspenderla, supuesto en el que señalará una hora o fecha posterior para su reanudación. En los casos en que a criterio de la o el titular del órgano jurisdiccional resulte imposible desahogar la audiencia previamente ordenada a través del uso de videoconferencia, ordenará su desahogo de manera presencial. En cualquier caso, se fundará y motivará la determinación respectiva, sin que ello implique formal ni tácitamente una revocación de su determinación inicial. VII. Cuando así resulte procedente conforme a la legislación aplicable, en la audiencia se dará cuenta con las promociones y las pruebas ofrecidas por las partes previamente o durante ésta, de conformidad con las reglas aplicables según la materia de que se trate. La DGGJ emitirá lineamientos para que, en adición al registro mismo de la videoconferencia, las pruebas respectivas puedan vincularse con el expediente del asunto respectivo. VIII. Tratándose del desahogo de alegatos orales, el día y hora previsto para el desahogo de la audiencia se dará el uso de la voz a las partes, sus representantes o autorizados. Cuando la diligencia respectiva se desahogue ante tribunales colegiados de Circuito, éste deberá estar debidamente integrado. Consecuentemente, se encuentra prohibida la celebración de audiencias que no hayan sido publicitadas, que pretendan escuchar a una o sólo a algunas de las partes, así como las que se celebren sólo ante uno de los integrantes de un órgano jurisdiccional colegiado. IX. Cuando en una audiencia deba escucharse a niñas, niños o adolescentes, las y los titulares deberán velar porque su comparecencia, aun por videoconferencia, cumpla con los estándares constitucionales que rigen su derecho a participar en los asuntos que afecten sus derechos. De la misma forma, durante el desahogo de la audiencia deberá realizar los ajustes razonables para personas con discapacidad, así como velar por que quienes tienen derecho a ello, cuenten con traductor, intérprete, asesor jurídico, defensor público o con la asistencia o presencia de quienes deban participar conforme a la Constitución y las leyes aplicables. X. Al concluir la sesión se levantará un acta en la que se harán constar las actuaciones realizadas, las personas que intervinieron y las incidencias que pudieran haberse presentado, salvo en aquéllos procedimientos en los que el registro mismo de la audiencia cumpla con dicha finalidad conforme a la legislación aplicable. XI. Las audiencias, sesiones y diligencias judiciales se registrarán y el personal facultado para ello deberá relacionarla con el expediente electrónico respectivo, siguiendo para ambos aspectos las pautas establecidas en el punto 3 del Anexo Técnico. El registro de las diligencias, audiencias y, tratándose de sesiones, de la porción respectiva al asunto del que se trate, será parte del expediente electrónico. La participación de las partes por este medio generará los mismos efectos y alcances jurídicos de la audiencia que se realice con presencia física en los órganos jurisdiccionales conforme a la normativa aplicable. 13 JUZGADO OCTAVO EXP. 149/2021 videoconferencia en su representación; asimismo, deberán señalar un correo electrónico para el envió del citatorio respectivo, en el entendido de que el referido citatorio que contenga el vínculo para ingresar a la videoconferencia se enviará únicamente a las partes que estén legitimadas para intervenir en la diligencia respectiva. Bajo el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, se entenderá que no es su deseo intervenir a la videoconferencia, llevándose a cabo entonces la audiencia correspondiente de manera tradicional (escrita), sin que ello implique que no puedan presentar escritos el día de la fecha señalada para dicha diligencia judicial. Asimismo, se hace saber a las partes, que para efecto de tener por acreditada su legitimación para asistir a la audiencia y por certeza de las partes, deberán contar con su identificación debidamente escaneada en el equipo en el que se conecten a la videoconferencia para que la exhiban a través de la herramienta "compartir pantalla", lo mismo acontecerá con cualquier documento que se vaya a incorporar a la audiencia, esto para conservar constancia de los mismos. En consecuencia, se instruye a la Coordinadora Técnica Administrativa adscrita al órgano jurisdiccional, realice las gestiones tendentes a su preparación. Por otra parte, se comunica a los participantes que para poder ingresar a dicha plataforma deberán contar con un equipo de comunicación (pc, celular o tableta) con cámara y micrófono, conexión a red wifi; asimismo, deberán realizar el enlace por lo menos con quince minutos de anticipación a su celebración, lo anterior a efecto de poder llevar a cabo la logística operacional, asimismo podrá ingresar a https://help.webex.com/es- co/n62wi3c/Get-Started-with-CiscoWebex-Meetings-for-Attendees, y https://help.webex.com/ldnyw95a4-CiscoWebexMeetings/Webex- Meetings#Get-Started, en donde se encuentran los tutoriales y requerimientos técnicos de la plataforma. Tercero interesado. Ahora, no ha lugar a tener como tercero interesada a la que menciona la parte quejosa en su escrito de demanda, toda vez que el 14 JUZGADO OCTAVO EXP. 149/2021 acto reclamado, no le causa perjuicio a su interés, pues con la presentación del juicio de amparo, no surge una afectación real y actual a su esfera jurídica. De las notificaciones a las partes. Se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional se practiquen a las partes por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional incluidas o las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 fracción 1, y 28 de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo, sin embargo el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como una de esos casos de excepción de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realizó en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª ./J.176/2012 (10ª), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: 15 JUZGADO OCTAVO EXP. 149/2021 "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Domicilio para oír y recibir notificaciones. No ha lugar, a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, los cuales no pueden evidentemente ser considerados como un domicilio particular o procesal, pues éstos forman parte del órgano jurisdiccional, y por tanto dígasele que mientras no señale un domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se le realizarán a través de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Autorizados. Se tienen por autorizadas de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en su escrito de cuenta. Pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciadas y ofrecidas las pruebas consistentes en la instrumental de actuaciones e informes justificados que rindan las autoridades responsables, la cuales una vez que obren en autos se tendrán por desahogadas, asimismo, por ofrecidas admitidas y desahogadas la presuncional legal y humana, así como la impresión de la promoción presentada ante la responsable el veinte de octubre de dos mil diecinueve, dada su propia y especial naturaleza, mismas que se dará nueva cuenta en la audiencia constitucional y se tomarán en consideración para resolver el presente asunto. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que 16 JUZGADO OCTAVO EXP. 149/2021 presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese...MESA 9

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