Jaime César Villanueva integrante de colectivo FRENA

Expediente 569/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
569/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Jaime César Villanueva integrante de colectivo FRENA

Actuaciones

  1. Principal

    ... transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer... se declara que CAUSÓ ESTADO para los efectos legales procedentes... archívese este asunto como concluido...

  2. Principal

    ... anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 569/2022... se concluye respetuosamente que el acto reclamado que se analiza en este apartado, al menos en este momento, no afecta los intereses jurídicos ni legítimos de manera patente y real de la parte quejosa, debido a que el interés legítimo precisado en líneas precedentes, implica la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no solo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse, en otras palabras, mediante el interés legítimo la parte demandante debe encontrarse en una relación especifica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. En el asunto que nos ocupa, al verificar la situación del promovente frente al acto de autoridad, expuesta en la demanda, se advierte con claridad que el peticionario de amparo no cuenta con interés jurídico ni legítimo para promover el juicio de amparo, sino que en todo caso, se trata de un interés simple; y aun cuando se admitiera y tramitara la demanda, la situación del quejoso no cambiaría, pues de los hechos y las razones expuestas en la demanda, se advierte con claridad que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, lo anterior es así, pues el promovente basa su interés derivado de su condición de gobernado, de lo que se advierte que posee un interés igual al de la generalidad, y no alguna característica especial que lo coloque en un punto diferenciado de la situación general... se advierte que los actos reclamados no trasgreden en su prejuicio, de forma individual o colectiva, cualificada, actual, real y jurídicamente relevante, derecho fundamental alguno...procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica... tómese en cuenta el correo electrónico y número telefónico que se indica en el escrito de demanda, en caso de considerarse necesario...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 569/2022 que le corresponde. DESECHAMIENTO PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del análisis integral del escrito de demanda de amparo y documentales anexas, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado. HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, de los artículos 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo se advierte que la facultad de ejercer la acción constitucional está reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto u omisión de autoridad o por la aplicación de una ley. La noción perjuicio, para la procedencia de la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, a demandar el cese de esa transgresión. Por otra parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo establece que la parte quejosa es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, respecto de la norma, acto u omisión reclamados que considere ser violatorios de los derechos previstos en el artículo 1 de la ley mencionada y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está legitimada para promover el juicio de amparo, entre otros, la persona que aduzca violación a un derecho subjetivo, quien deberá acreditar ser titular de ese derecho, pues la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada. En suma, para que el juicio de amparo sea procedente, basta que los actos que se reclamen revistan las siguientes características, en relación con el interés de la parte quejosa: a) Que cause algún perjuicio o afectación a la persona gobernada, ya sea a alguno de los derechos subjetivos de los que es titular o de alguno de los derechos difusos protegidos por las normas. b) Que ese agravio repercuta en la esfera de derechos de la parte quejosa de forma directa o indirecta, ya sea por ser la destinataria del acto o por la especial situación frente al orden jurídico. En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Resulta aplicable la tesis siguiente: Localización: Octava Época Registro: 211702 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: Página: 704 "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." De acuerdo con el criterio invocado, corresponde a la parte quejosa demostrar la procedencia de la acción constitucional; para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan; por tanto, no basta la existencia del acto para concluir que éste necesariamente perjudica a la parte promovente del juicio de amparo, sino que se requiere justificar el perjuicio que sufre con motivo del acto reclamado. Ahora bien, en relación con el interés legítimo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que su existencia requiere, como mínimo, aunque no exclusivamente, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada en un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe tener el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En efecto, el interés legítimo para instar la acción constitucional consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero que tampoco se identifica con el interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple, es decir, que se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que está en aptitud de expresar un agravio diferenciado de los demás integrantes de la comunidad, al ser su interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que su anulación le producirá un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica como resultado inmediato y directo de la resolución que se pronuncie. Asimismo, la Sala referida ha dispuesto que la falta de este presupuesto procesal (interés legítimo) puede evidenciar la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduciría a desechar la demanda. Tienen aplicación al caso las tesis siguientes: Época: Décima Época Registro: 2014433 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 57/2017 (10a.) Página: 1078 "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Época: Décima Época Registro: 2007921 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) Página: 60 INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Registro digital: 2019456 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. HECHOS En el caso, los actos reclamados en este apartado son los siguientes: Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México: 1. Convenio de Cooperación en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 (quinientos) médicos de nacionalidad cubana para trabajar como médicos especialistas en toda la república mexicana. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Secretario de Gobernación, con sede en Ciudad de México: 2. La omisión de remitir y ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Cooperación en materia de salud. 3. La omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación el convenio de Cooperación en materia de salud. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del Secretario de Gobernación y del Secretario de Salud, con sede en Ciudad de México: 4. La omisión de remitir para su aprobación al Senado de la República el Convenio de Cooperación en materia de salud. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del Secretario de Trabajo y Previsión Social, del Secretario Gobernación, del Secretario de Salud y del Secretario de Educación Pública, con sede en Ciudad de México: 5. La contratación de 500 (quinientos) médicos cubanos para brindar servicio público en México. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con sede en Ciudad de México: 6. La asignación de dinero de una partida de presupuesto público para el pago por el traslado, pago de salario, ejecución y cumplimiento del Convenio de Cooperación en materia de salud. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Secretario de Educación Pública, con sede en Ciudad de México: 7. La omisión de verificar el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio profesional establecidos en la Ley Reglamentaria del artículo 50 Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, en relación con la calidad académica y la homologación de los estudios de medicina de los quinientos médicos de Cuba a los que refiere el Convenio de Cooperación en materia de salud. Del Secretario de Salud, con sede en Ciudad de México: 8. La autorización de ingreso a México de medicamentos y vacunas provenientes de la República de Cuba sin el proceso de análisis de medicamentos y patente. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que el acto reclamado que se analiza en este apartado, al menos en este momento, no afecta los intereses jurídicos ni legítimos de manera patente y real de la parte quejosa, debido a que el interés legítimo precisado en líneas precedentes, implica la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no solo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse, en otras palabras, mediante el interés legítimo la parte demandante debe encontrarse en una relación especifica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. En el asunto que nos ocupa, al verificar la situación del promovente frente al acto de autoridad, expuesta en la demanda, se advierte con claridad que el peticionario de amparo no cuenta con interés jurídico ni legítimo para promover el juicio de amparo, sino que en todo caso, se trata de un interés simple; y aun cuando se admitiera y tramitara la demanda, la situación del quejoso no cambiaría, pues de los hechos y las razones expuestas en la demanda, se advierte con claridad que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, lo anterior es así, pues el promovente basa su interés derivado de su condición de gobernado, de lo que se advierte que posee un interés igual al de la generalidad, y no alguna característica especial que lo coloque en un punto diferenciado de la situación general. De lo anterior, se advierte que los actos reclamados no trasgreden en su prejuicio, de forma individual o colectiva, cualificada, actual, real y jurídicamente relevante, derecho fundamental alguno, pues se reitera aun cuando el quejoso señale que con la celebración del convenio o contrato realizado entre el Ejecutivo Federal con el gobierno de Cuba, para que personal médico de ese país lleguen a México a laborar profesionalmente, se afectaría a la "sociedad", y en particular a los profesionales en medicina del País, dado que se trasgrede su derecho a ejercer su profesión, tutelado por el artículo 5 constitucional, al ser despojados" por especialistas de otra nacionalidad; y que no está demostrado que dicho personal extranjero tenga algún documento de identificación oficial que los acredite para ejercer la referida profesión; ello resulta insuficiente para considerar que cuenta con interés legítimo, puesto que no irrogan un perjuicio directo en su esfera jurídica o en relación a su especial situación frente al orden jurídico, tal y como lo exigen los artículos 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5, fracción I, de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados precisados con anterioridad. DOMICILIO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Asimismo, tómese en cuenta el correo electrónico y número telefónico que se indica en el escrito de demanda, en caso de considerarse necesario, en términos del artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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