Jaime Báez Blanco

Expediente 92/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
92/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Jaime Báez Blanco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz... declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído que desechó la demanda de amparo... archívese este expediente como concluido...

  2. Principal

    La parte quejosa interpone recurso de queja contra el proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo... dese trámite al citado recurso... ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO... remítase vía electrónica la totalidad de las constancias que integran este asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para la substanciación de dicho medio de impugnación, por lo que se anexan el original del escrito de expresión de agravios, así como la copia para el Agente del Ministerio Público de la Federación...

  3. Principal

    La parte quejosa cumple con la prevención realizada en autos... se advierte que la demanda de amparo es notoriamente extemporánea, debido a que el promovente tuvo conocimiento del primer acto de aplicación, de la norma señalada como inconstitucional, desde el doce de febrero de dos mil dieciocho... se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, al no haber presentado la demanda amparo dentro del plazo previsto para ello, esto es, quince días después de que surta efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; aunado a que, no actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO...

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE, EL ACUERDO QUE DICE: La parte quejosa cumple con la prevención realizada en autos; por lo tanto, se provee lo siguiente: PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, es decir, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional de amparo para que, previo análisis de la demanda, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Por otra parte, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, es decir, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Asimismo, el artículo 17 de la Ley de Amparo prevé que el plazo genérico para presentar una demanda de amparo es de quince días, salvo en los siguientes casos: I. Treinta días cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. II. Ocho años cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. III. Siete años cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. IV. Cualquier tiempo cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otra parte, se destaca que el artículo 18 de la Ley de Amparo prevé que los plazos previstos en el artículo 17 de dicha ley se computarán a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme con la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor; hipótesis legales que resultan excluyentes entre sí y carecen de prelación, por lo que la actualización de una hipótesis impide que opere alguna otra y no es necesario que se siga el orden en que fueron previstas por el legislador en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al analizar su actualización. HECHOS Del análisis integral del escrito de demanda, así como del escrito aclaratorio se advierte que el promovente señaló como actos reclamados los siguientes: La inconstitucionalidad del artículo 184 de la Ley del Notariado para el Estado de Veracruz, expedida mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el tres de agosto de dos mil quince. La protocolización del acta de asamblea extraordinaria de treinta de agosto de dos mil once, la cual se materializó el veintiocho de octubre de ese mismo año. Cabe destacar que la promovente bajo protesta de decir verdad, manifestó que reclama la inconstitucionalidad del artículo 184 de la Ley del Notariado para el Estado de Veracruz, como norma heteroaplicativa. Por otra parte, el promovente refirió que el primer acto de aplicación de la norma que tilda de inconstitucional se materializó el veintiocho de octubre de dos mil once con la protocolización del acta de asamblea extraordinaria de treinta de agosto de dos mil once, de la cual tuvo conocimiento el doce de febrero de dos mil dieciocho, fecha en que se dictó un auto de formal prisión en su contra. CONCLUSIÓN De lo anterior se advierte que la demanda de amparo es notoriamente extemporánea, debido a que el promovente tuvo conocimiento del primer acto de aplicación, de la norma señalada como inconstitucional, desde el doce de febrero de dos mil dieciocho. En consecuencia, se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, al no haber presentado la demanda amparo dentro del plazo previsto para ello, esto es, quince días después de que surta efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; aunado a que, no actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: "Localización: Época: Novena Época Registro: 179563 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Enero de 2005 Materia(s): Común Tesis: IV.2o.A.18 K Página: 1786 "INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO CONTRA LEYES. DISTINTA EFICACIA PROCESAL DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA DEL DE UNA NORMA HETEROAPLICATIVA, PARA EFECTOS DE ACREDITARLO. En virtud de las diferencias existentes entre una ley de carácter autoaplicativo y otra de orden heteroaplicativo y, por consiguiente, de la distinta eficacia jurídica que respecto de cada una de ellas tiene el acto de aplicación, en el supuesto de que la norma autoaplicativa sea impugnada con motivo del primer acto de aplicación, debe considerarse que cuando se analiza la afectación al interés jurídico por una disposición legal autoaplicativa reclamada por su primer acto de ejecución, el estudio correspondiente debe partir de la premisa de que la norma ocasionó agravio al particular desde el inicio de su vigencia y el acto de aplicación le perjudica por la simple circunstancia de colocarlo en los supuestos legales de la norma combatida, siendo este perjuicio reflejo de aquel que causó la ley con su sola entrada en vigor; mientras que en el caso de leyes heteroaplicativas, el examen del perjuicio al interés jurídico del gobernado se desplaza hacia la ponderación del agravio que produce el acto de aplicación de dichas leyes, en razón de que éstas no causan perjuicio por su sola vigencia, sino que es necesaria la existencia de la condición que materializa los efectos perjudiciales en agravio del particular que, merced a esa condición, ve individualizado en su perjuicio el mandato dispuesto en tales normas. Por tanto, probada la existencia del primer acto de aplicación de una ley autoaplicativa, necesariamente debe tenerse por demostrada la afectación al interés jurídico del quejoso, dado que el perjuicio que el acto ejecutivo ocasiona tiene su fuente en la norma que de manera permanente e incondicionada agravió al solicitante del amparo". En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo.

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