Jaime Castruita Padilla
Expediente 945/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 945/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jaime Castruita Padilla
Actuaciones
- Principal
MESA "5" Ciudad de México, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que el término de cinco días otorgados al quejoso ---------------------- a efecto de que desahogaran la prevención realizada mediante proveído de once de noviembre de dos mil veintiuno, ha transcurrido, sin que a la fecha realizaran manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, por ello, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de la materia, dicha solicitud de amparo se tiene POR NO PRESENTADA. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
MESA "5" Ciudad de México, once de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ------------------------, contra los actos y autoridades que en la misma se indican, regístrese con el número de juicio de amparo 945/2021-5. Se pide suspensión de plano y oficio, pero no procede por las siguientes consideraciones La parte quejosa solicitó la medida cautelar con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, que a la letra contempla: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." En tanto que el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Sin embargo, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que de la lectura íntegra de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o por el 126 de la Ley de amparo, en perjuicio de la parte quejosa. Por lo anterior, no procede decretar la suspensión de plano en el presente asunto. Consideración previa Ahora bien, previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis se advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, mandará prevenir al promovente para que subsane los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que los quejosos puedan subsanarlas en tiempo. Prevención En ese sentido, de conformidad con el artículo 112, 114, fracciones I y IV; 108 fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS, realice lo siguiente: 1. Precise de manera concreta el acto reclamado que pretende combatir en esta vía indirecta. Lo anterior es así, dado que no se advierte con claridad cuál es el acto que se pretende combatir en esta vía indirecta, pues de la manera en que se encuentra redactada la demanda de amparo, genera incertidumbre al momento de fijar la litis constitucional, por las razones que enseguida se expondrán. En el apartado correspondiente, el peticionario de derechos fundamentales señaló como actos reclamados, los siguientes: ".El ilegal mandato jurisdiccional y/o ministerial de las autoridades ordenadoras que puede consistir en órdenes de aprehensión, citación, reaprehensión, comparecencia, calidad jurídica de testigo y/o imputado en indagatoria, presentación y/o detención." Asimismo, en el capítulo correspondiente a los antecedentes del acto reclamado hizo alusión a diversas circunstancias fácticas que escapan del contexto lógico-jurídico de los actos que reclama, a saber: ". Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los presentes hechos SON CIERTOS. El suscrito es una persona honesta de escasos recursos económicos, con un empleo licito, manifestando bajo protesta decir verdad que el día 29 veintinueve de octubre del 2021 dos mil veintiuno, tuve conocimiento por conducto de mis familiares y vecinos, que sujetos presumiblemente de la policía ministerial o de investigación de la Ciudad de México, acudieron a mi domicilio, Avenida ----------------------------------------------------, Cuidad de México, preguntado por el suscrito de manera insistente. Manifestando a mis vecinos y familiares que traían una orden para detenerme, pues según ellos el suscrito había cometido un delito. Todo lo cual, como se dijo genera incertidumbre a este órgano jurisdiccional a efecto de fijar el acto del que se duele el quejoso. En comunión con lo expuesto, los actos combatidos resultan incompatibles con la naturaleza de las autoridades que señaló como responsables Al respecto, resulta pertinente tener presente que los numerales 141 y 142, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén el marco normativo relacionado con las formas de conducción del imputado a proceso, al establecer textualmente lo que sigue: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela.." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." De acuerdo con la transcripción anterior, a efecto de lograr que el imputado se encuentre presente en todas las etapas del proceso, el juez de control podrá ordenar específicamente, entre otros mandamientos, la orden de aprehensión. Dicha orden constituye una medida excepcional para que el imputado, sin previa cita, sea conducido a la presencia del juez de control; sin embargo, el Ministerio Público deberá demostrar ante dicha autoridad jurisdiccional la existencia de la necesidad de cautela. El objetivo de dicho mandato de captura se traduce en poner al detenido a disposición del juez de control a través de la fuerza pública, a fin de lograr la celebración de la audiencia inicial; en la cual, el Ministerio Público pueda formularle imputación y expresar los datos de prueba correspondientes, y a su vez, permitir a dicha autoridad jurisdiccional que dicte el auto de vinculación a proceso y formalice la investigación. Es decir, en el marco del sistema procesal penal de corte acusatorio, la orden de aprehensión constituye un acto mediante el cual, sólo se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado para los fines antes apuntados. Por tanto, dicho mandato de captura debe entenderse como una forma de conducción del imputado a la audiencia inicial en la que el Ministerio Público obligatoriamente deberá acreditar la necesidad de cautela. Establecida que ha sido la naturaleza jurídica de una orden de aprehensión, resulta indispensable que el impetrante precise cuál es el acto que por esta vía indirecta pretende combatir, pues se reitera, las circunstancias fácticas que narró en su escrito inicial de demanda generan incertidumbre a efecto de dilucidar cuál es el mandamiento que por esta vía ataca. Aunado a lo anterior, los actos reclamados que el impetrante de derechos fundamentales señala, no pueden atribuirse de manera genérica a las autoridades que refiere como responsables, ello en virtud de que con base en nuestra Ley Fundamental y el Código Nacional de Procedimientos Penales las autoridades facultadas para dictarlos son de índole judicial y otras de carácter administrativo. Ello es así, en el sentido que, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control es la autoridad facultada para autorizar y emitir una orden de aprehensión, citatorio o comparecencia. Mientras que, de conformidad con el artículo 16 Constitucional, corresponde a las autoridades ministeriales emitir la orden de detención, únicamente en casos urgentes y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia. En esa guisa, el peticionario deberá señalar de manera específica y concreta el acto que por medio del presente juicio constitucional pretende combatir, señalando de manera pormenorizada sus antecedentes y a las autoridades que se los imputa. Ahora bien, en el capítulo correspondiente al acto reclamado señaló textualmente que reclama ".calidad jurídica de testigo y/o imputado en indagatoria." Sin que especifique en concreto si pretende señalar como acto reclamado el auto por el que se le reconoció la calidad que aduce. En ese contexto se requiere a la parte quejosa a efecto de que al momento de precisar el acto reclamado en esta instancia lo haga tomando en consideración la naturaleza jurídica del mismo, sus efectos, alcances y la situación jurídica con la que cuenta en relación con el proceso penal instaurado en su contra, precisando, de ser el caso, el expediente penal en concreto del cual deriva dicho acto reclamado. Se considera que esta situación debe ser superada por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 108, de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se les atribuya el acto reclamado estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado, y este órgano de control constitucional contará con los elementos suficientes para determinar lo que en derecho corresponda. 2. Señale de manera precisa la autoridad responsable a quien atribuye el acto que se reclama. Superado el punto anterior, y una vez precisado el acto que en concreto se pretende combatir en esta vía, el promovente del amparo deberá indicar de manera precisa a qué autoridad se lo atribuye. Ello es así, en la medida que, del ocurso inicial que se atiende, se desprende que el amparista señaló como autoridades responsables a los Jueces de control y de trámite del Sistema Procesal Penal Acusatorio Adscritos a la Unidad de Gestión Judicial Número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y doce del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, es preciso indicar al justiciable que de pretender señalar como autoridad responsable a un juez de control, deberá considerar el contenido del Acuerdo General Plenario 04-14/2015 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en sesión de diecisiete de marzo de dos mil quince, a través del cual se creó la figura del Juez de Trámite otorgándoseles, entre otras facultades, la de proveer lo conducente a juicios de amparo indirecto respecto de los actos atribuidos a Jueces de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Así como al diverso 41-25/2016 que indica que dicha figura (Juez de Trámite), tendrá la temporalidad de un mes, lapso en el que rendirá los informes solicitados por autoridad federal a nombre de los Jueces de Control adscritos a las Unidades de Gestión Judicial respectiva. Dichas precisiones se estiman indispensables a efecto de no contravenir el contenido del artículo 17 Constitucional, al evitar diligencias innecesarias que retarden el procedimiento al emplazar a autoridades que resulten ser inexistentes. 3. Bajo protesta de decir verdad, ahonde en los antecedentes del acto que por esta vía pretende combatir; lo anterior, en el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima. Superados los puntos anteriores, y una vez precisado de manera concreta el acto que pretende combatir, deberá señalar los hechos que constituyen los antecedentes de dicho acto. En el entendido que los antecedentes del acto reclamado se conforman por todos aquellos hechos o abstenciones que constan al quejoso en relación con el acto que pretende combatir, esto es, son todos aquellos hechos que rodean al acto reclamado, antes de su emisión, durante su emisión y con posterioridad a ella; es todo aquello de lo que tengan conocimiento, mismo que debe expresarse en el cuerpo de la demanda. En este sentido, una vez precisado el acto que pretende combatir en esta vía, así como la autoridad a quien se lo atribuye, y de insistir en señalar como acto reclamado alguna orden privativa de libertad, deberá indicar el lugar y domicilio específico en donde se pretendió ejecutar dicho acto; asimismo, deberá precisar el expediente del cual deriva el acto que pretende reclamar y la historia procesal del mismo, es decir, deberá precisar de manera detallada los antecedentes procesales del expediente del cual derive el acto reclamado señalando la carpeta judicial o causa penal que le dio origen. Estas precisiones se estiman relevantes y trascendentales, pues traerán como consecuencia que se resuelva realmente la litis que se pretenda plantear y de esa manera las otras partes en el juicio contaran con elementos para defender sus derechos e integrar la relación jurídico procesal, de modo tal, que se determine realmente sobre la legalidad del acto reclamado y se logren los postulados previstos en el artículo 17 constitucional, relativos a la administración de justicia pronta y expedita. Atento a lo anterior, se hace del conocimiento al justiciable que, para el caso del faltar a la verdad en el desahogo de la prevención que nos ocupa, o en el escrito inicial de demanda, el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo contempla una pena privativa de libertad de dos a seis años, a quienes incurran en la referida conducta. Copias Ahora bien, con el original de su escrito de desahogo deberá presentar copias suficientes del ocurso de desahogo, con el fin de que se esté en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes que intervienen en el juicio, una para cada autoridad responsable, una para la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos en el caso de solicitar incidente de suspensión. Apercibimiento Se apercibe al promovente que, transcurrido el plazo mencionado y de no desahogar cada uno de los puntos señalados en la prevención antes indicada, en los términos precisados para ello, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Autorizado De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la ley que rige la materia, se tiene por autorizada a la persona que designa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quedando a salvo su derecho para acreditar encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Consulta de expediente electrónico y notificaciones electrónicas Ahora bien, en relación a la solicitud para consultar el expediente electrónico, a través del usuario ------------, el cual, después de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte su registro; se autoriza la consulta electrónica del presente asunto a través del mismo; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización. Atento a lo anterior, infórmese a la parte interesada que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario señalado para tal efecto. De igual forma, con fundamento en los artículos 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autorizan las notificaciones vía electrónica al usuario citado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del referido acuerdo. Por otro lado, se precisa que, atendiendo al caso en concreto, de estimarlo estrictamente necesario, se ordenará la notificación personal en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo en el domicilio físico que refiere en el escrito que se provee. Además, téngase como domicilio alterno el correo electrónico que refiere y como número telefónico a fin de entablar comunicaciones el que indica. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización del Ministerio Público Se autoriza la consulta electrónica del presente asunto a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con el usuario "alinebecerril"; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales... Precisión a las partes Finalmente, se informa a las partes que mediante oficio SEPLE./ADS./4197/2021, de veinte de octubre del año en curso, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó la adscripción de la Juez --------------------------------- como titular de este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con funciones a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese vía electrónica.
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