JAIME BIZZARRO AMADOR y Otros.
Expediente 948/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 948/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- JAIME BIZZARRO AMADOR y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA "8" Ciudad de México, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra del tres de diciembre de dos mil veintiuno por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo dentro del presente juicio, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y por tanto, una vez que transcurran tres años; será susceptible de destrucción, por lo cual, se deberá remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese
- Principal
MESA "8" Ciudad de México, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos; se advierte que transcurrió el término de cinco días otorgados a --------------------------------------------------------------------, a efecto de que desahogaran la prevención realizada el doce de noviembre de dos mil veintiuno, sin que a la fecha los impetrantes de amparo realizaran manifestación para su total y correcto desahogo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y por ello, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, dicha solicitud de amparo se tiene POR NO PRESENTADA. Lo anterior, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
MESA "8" Ciudad de México, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México; a través del cual, Informa el cumplimiento que dio a la sentencia de amparo ya que la concesión se hizo extensiva al acto de ejecución. De ello, únicamente se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes, en virtud de que por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informando el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. Notifíquese
- Principal
MESA"8"SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO Y/O AUTORIZADOS EL PROVEÍDO DE FECHA DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. En la Ciudad de México, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -------------------------------------------------, por propio derecho, contra actos del Juez Décimo Sexto Penal de Primera Instancia de la Ciudad de México y otras autoridades. Aspectos Generales - Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 948/2021-8. - Genérese el expediente electrónico e impreso. Se pide suspensión de plano y oficio, pero no procede por las siguientes consideraciones No se soslaya, que la parte quejosa en su escrito de demanda, en el capítulo de suspensión del acto reclamado, solicitó la medida cautelar con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo que a la letra contempla: "Artículo 126...." En tanto que el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza lo siguiente: "Artículo 22...." Sin embargo, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que de la lectura íntegra de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o por el 126 de la Ley de amparo, en perjuicio de la parte quejosa. Por lo anterior, no procede decretar la suspensión de plano en el presente asunto. Consideración previa Ahora bien, previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis se advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, mandará prevenir al promovente para que subsane los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que los quejosos puedan subsanarlas en tiempo. Prevención En ese sentido, de conformidad con el artículo 112, 114, fracciones I y IV; 108 fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS, realice lo siguiente: 1. Precise de manera concreta el acto reclamado que pretende combatir en esta vía indirecta. Lo anterior es así, dado que no se advierte con claridad cuál es el acto que se pretende combatir en esta vía indirecta, pues de la manera en que se encuentra redactada la demanda de amparo, genera incertidumbre al momento de fijar la litis constitucional, por las razones que enseguida se expondrán. En el apartado correspondiente, el peticionario de derechos fundamentales señaló como actos reclamados, los siguientes: ".a).- A las ordenadoras, les reclamo la ilegal Orden de Aprehensión y/o presentación y detención que arbitrariamente ha emitido en contra de los hoy quejosos. b) A las ejecutoras, les reclamos la ejecución de la Orden de Aprehensión y/o presentación y detención que se requiere ejecutar en contra de los suscritos." Asimismo, en el capítulo correspondiente a los antecedentes del acto reclamado hizo alusión a diversas circunstancias fácticas que escapan del contexto lógico-jurídico de los actos que reclama, a saber: ".BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE ME CONSTAN Y, SON CIERTOS Y CONSTITUYEN EN EL ACTO RECLAMADO, CONSISTEN EN LO SIGUIENTE. ANTECEDENTES 1.- Con fecha viernes cinco de noviembre del año 2021 como a las seis de la tarde, estando en nuestro domicilio, nos enteramos que a través de distintos vecinos, que dos personas de sexo masculino circulaban en un automóvil negro, sin saber mayores características andaban preguntando, como me permito citar textualmente "Quiénes viven en ese domicilio" refiriéndose a nuestro domicilio, ya que querían información precisa para poder detener a personas, buscamos a ---------------------------------------------------------------, quienes al parecer eran policías, es lo nos comentaron los vecinos de donde vivimos." Lo anterior demuestra la incongruencia interna del quejoso cuando fijó los actos reclamados, pues éstos se contraponen con la narrativa que vierte al explicar los antecedentes de aquéllos; es decir, no se aprecia la razón por la cual reclama "la ilegal Orden de Aprehensión y/o presentación y detención" y por otra, impugne dichos mandatos a autoridades judiciales. Todo lo cual, como se dijo genera incertidumbre a este órgano jurisdiccional a efecto de fijar el acto del que se duelen los quejosos. En comunión con lo expuesto, los actos combatidos resultan incompatibles con la naturaleza de las autoridades que señalaron como responsables Al respecto, resulta pertinente tener presente que los numerales 141 y 142, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén el marco normativo relacionado con las formas de conducción del imputado a proceso, al establecer textualmente lo que sigue: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela.." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." De acuerdo con la transcripción anterior, a efecto de lograr que el imputado se encuentre presente en todas las etapas del proceso, el juez de control podrá ordenar específicamente, entre otros mandamientos, la orden de aprehensión. Dicha orden constituye una medida excepcional para que el imputado, sin previa cita, sea conducido a la presencia del juez de control; sin embargo, el Ministerio Público deberá demostrar ante dicha autoridad jurisdiccional la existencia de la necesidad de cautela. El objetivo de dicho mandato de captura se traduce en poner al detenido a disposición del juez de control a través de la fuerza pública, a fin de lograr la celebración de la audiencia inicial; en la cual, el Ministerio Público pueda formularle imputación y expresar los datos de prueba correspondientes, y a su vez, permitir a dicha autoridad jurisdiccional que dicte el auto de vinculación a proceso y formalice la investigación. Es decir, en el marco del sistema procesal penal de corte acusatorio, la orden de aprehensión constituye un acto mediante el cual, sólo se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado para los fines antes apuntados. Por tanto, dicho mandato de captura debe entenderse como una forma de conducción del imputado a la audiencia inicial en la que el Ministerio Público obligatoriamente deberá acreditar la necesidad de cautela. Establecida que ha sido la naturaleza jurídica de una orden de aprehensión, resulta indispensable que el impetrante precise cuál es el acto que por esta vía indirecta pretende combatir, pues se reitera, las circunstancias fácticas que narró en su escrito inicial de demanda generan incertidumbre a efecto de dilucidar cuál es el mandamiento que por esta vía ataca. Aunado a lo anterior, los actos reclamados que el impetrante de derechos fundamentales señala, no pueden atribuirse de manera genérica a las autoridades que refiere como responsables, ello en virtud de que con base en nuestra Ley Fundamental y el Código Nacional de Procedimientos Penales las autoridades facultadas para dictarlos son de índole judicial y otras de carácter administrativo. Ello es así, en el sentido que, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control es la autoridad facultada para autorizar y emitir una orden de aprehensión, citatorio o comparecencia. Mientras que, de conformidad con el artículo 16 Constitucional, corresponde a las autoridades ministeriales emitir la orden de detención, únicamente en casos urgentes y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia. Ahora bien, la figura de la orden de presentación, de acuerdo al citado dispositivo 141, no forma parte de los medios de conducción al imputado al proceso y tampoco se advierten datos que permitan establecer que fue emitida como medida cautelar en términos de la fracción I del artículo 155 de dicho ordenamiento, lo cual también es facultad exclusiva de la autoridad judicial. En esa guisa, el peticionario deberá señalar de manera específica y concreta el acto que por medio del presente juicio constitucional pretende combatir, señalando de manera pormenorizada sus antecedentes y a las autoridades que se los imputa. En ese contexto se requiere a la parte quejosa a efecto de que al momento de precisar el acto reclamado en esta instancia lo haga tomando en consideración la naturaleza jurídica del mismo, sus efectos, alcances y la situación jurídica con la que cuenta en relación con el proceso penal instaurado en su contra, precisando, de ser el caso, el expediente penal en concreto del cual deriva dicho acto reclamado. Se considera que esta situación debe ser superada por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 108, de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se les atribuya el acto reclamado estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado, y este órgano de control constitucional contará con los elementos suficientes para determinar lo que en derecho corresponda. 2. Señale de manera precisa la autoridad responsable a quien atribuye el acto que se reclama. Superado el punto anterior, y una vez precisado el acto que en concreto se pretende combatir en esta vía, el promovente del amparo deberá indicar de manera precisa a qué autoridad se lo atribuye. Ello es así, en la medida que, del ocurso inicial que se atiende, se desprende que el amparista señaló como autoridades responsables a los Jueces de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio Adscritos a la Unidad de Gestión Judicial Número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y doce del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Asimismo, a los Juzgados Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Trigésimo Tercero, Trigésimo Cuarto, Trigésimo Quinto, Trigésimo Sexto, Trigésimo Octavo, Cuadragésimo Tercero, Cuadragésimo Cuarto, Cuadragésimo Quinto, Cuadragésimo Noveno, Cuadragésimo Noveno, Quincuagésimo, Quincuagésimo Sexto, Sexagésimo Cuarto y Sexagésimo Séptimo. Por ello, dígase al justiciable que es jurídicamente imposible que las autoridades que señala como responsables se encuentren integrando el expediente criminal del cual deriva el acto reclamado; además, deberá precisar porque atribuye los actos que reclama a autoridades del sistema tradicional y al mismo tiempo del nuevo sistema de justicia penal, ello, toda vez que sus funciones son diversas, delimitan jurisdicción, atribuciones, facultades y limitaciones, razón por la cual, de señalar a dichas potestades como responsables deberá concatenar dicho señalamiento, con elementos fácticos que permitan sustentar la imputación del acto jurídico que a las mismas les reclama. Lo anterior, en tanto es obligación de la parte quejosa señalar con precisión quién es la autoridad responsable ordenadora y ejecutora, en virtud de que en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja no tiene el alcance para cambiar a las autoridades responsables que señala. Máxime, que un presupuesto fundamental del juicio de amparo lo constituye el señalamiento de la autoridad que ordena o emite el acto reclamado; en consecuencia, es evidente que sería contrario a la naturaleza del amparo entrar al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sin oír previamente a las autoridades de quienes emana el acto reclamado, dato que se estima necesario para integrar la relación jurídico procesal, en la hipótesis de admitir la demanda de amparo y de esa manera estar en aptitud legal de cumplir con las exigencias previstas en la Ley de Amparo. Dichas precisiones se estiman indispensables a efecto de no contravenir el contenido del artículo 17 Constitucional, al evitar diligencias innecesarias que retarden el procedimiento al emplazar a autoridades que resulten ser inexistentes. 3. Bajo protesta de decir verdad, ahonde en los antecedentes del acto que por esta vía pretende combatir; lo anterior, en el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima. Superados los puntos anteriores, y una vez precisado de manera concreta el acto que pretende combatir, deberá señalar los hechos que constituyen los antecedentes de dicho acto. En el entendido que los antecedentes del acto reclamado se conforman por todos aquellos hechos o abstenciones que constan al quejoso en relación con el acto que pretende combatir, esto es, son todos aquellos hechos que rodean al acto reclamado, antes de su emisión, durante su emisión y con posterioridad a ella; es todo aquello de lo que tengan conocimiento, mismo que debe expresarse en el cuerpo de la demanda. En este sentido, una vez precisado el acto que pretende combatir en esta vía, así como la autoridad a quien se lo atribuye, y de insistir en señalar como acto reclamado alguna orden privativa de libertad, deberá indicar el lugar y domicilio específico en donde se pretendió ejecutar dicho acto; asimismo, deberá precisar el expediente del cual deriva el acto que pretende reclamar y la historia procesal del mismo, es decir, deberá precisar de manera detallada los antecedentes procesales del expediente del cual derive el acto reclamado señalando la carpeta judicial o causa penal que le dio origen. Estas precisiones se estiman relevantes y trascendentales, pues traerán como consecuencia que se resuelva realmente la litis que se pretenda plantear y de esa manera las otras partes en el juicio contaran con elementos para defender sus derechos e integrar la relación jurídico procesal, de modo tal, que se determine realmente sobre la legalidad del acto reclamado y se logren los postulados previstos en el artículo 17 constitucional, relativos a la administración de justicia pronta y expedita. Atento a lo anterior, se hace del conocimiento al justiciable que, para el caso del faltar a la verdad en el desahogo de la prevención que nos ocupa, o en el escrito inicial de demanda, el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo contempla una pena privativa de libertad de dos a seis años, a quienes incurran en la referida conducta. Copias Ahora bien, con el original de su escrito de desahogo deberá presentar copias suficientes del ocurso de desahogo, con el fin de que se esté en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes que intervienen en el juicio, una para cada autoridad responsable, una para la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos en el caso de solicitar incidente de suspensión. Apercibimiento Se apercibe al promovente que, transcurrido el plazo mencionado y de no desahogar cada uno de los puntos señalados en la prevención antes indicada, en los términos precisados para ello, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala. Asimismo, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ----------------------------------. Se exhorta al trámite electrónico Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico --------------------------------, así como el teléfono (55)---------------, extensión 4308. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización del Ministerio Público Se autoriza la consulta electrónica del presente asunto al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con el usuario alinebecerril; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales... Notifíquese; y, personalmente.
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