Jaime Castillo Vargas
Expediente 162/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 162/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jaime Castillo Vargas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que QUEDA FIRME el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a la responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por lo que hace al presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite la Titular de la Unidad Jurídica en suplencia por ausencia del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas las documentales que anexa, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las cuales se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Asimismo, téngase a la citada autoridad designando como delegadas a las personas que indica, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento, y señalando como domicilio para recibir notificaciones el que menciona. Ahora bien, con fundamento en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, la responsable remite copia certificada del oficio número BOO.910.01.1/000339, de veintisiete de enero del año en curso, por el cual se resolvió la solicitud de prórroga de vigencia del título de concesión 08GUA153101/12AMDL13 emitido a nombre del aquí quejoso **********, así como la notificación de ocho de los actuales que le fue practicada. De las referidas constancias a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada ya que el quejoso señaló como acto reclamado: La omisión del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, de resolver la solicitud de prórroga de vigencia del título de concesión 08GUA153101/12AMDL13, presentada el diez de noviembre de dos mil quince. Por tanto, de acuerdo con las constancias que remitió la Titular de la Unidad Jurídica en suplencia por ausencia del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, que fueron anexadas al oficio BOO.910.00.1/0683 recibido en este órgano jurisdiccional el quince del mes y año en curso, se desprende que: El veintisiete de enero del presente año, emitió el oficio BOO.910.01.1/000339, que contiene la resolución en la que dio contestación a la solicitud formulada por el quejoso, mediante la cual declaró procedente otorgar a favor de Jaime Castillo Vargas la prórroga de vigencia del título de concesión 08GUA153101/12AMDL13, para la explotación, uso o aprovechamiento de Aguas Subterráneas. El veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se inscribió en el Registro Público de Derechos del Agua, la prórroga del título de concesión 08GUA153101/12AMDL13, tal y como se advierte de la hoja registral que allegó. Las determinaciones anteriores le fueron notificadas personalmente al solicitante del amparo el ocho de los actuales. Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable contestó la petición formulada por el quejoso y se le notificó a éste, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la emisión de la determinación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis y la inscripción registral de veinticuatro de febrero del mismo año, así como con la notificación al quejoso de las mismas, cesó la omisión que reclamó, dado que desaparecieron los efectos de la falta de contestación de la petición que formuló el peticionario del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS: Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite la Titular de la Unidad Jurídica en suplencia por ausencia del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas las documentales que anexa, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las cuales se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Asimismo, téngase a la citada autoridad designando como delegadas a las personas que indica, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento, y señalando como domicilio para recibir notificaciones el que menciona. Ahora bien, con fundamento en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, la responsable remite copia certificada del oficio número BOO.910.01.1/000339, de veintisiete de enero del año en curso, por el cual se resolvió la solicitud de prórroga de vigencia del título de concesión 08GUA153101/12AMDL13 emitido a nombre del aquí quejoso **********, así como la notificación de ocho de los actuales que le fue practicada. De las referidas constancias a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada ya que el quejoso señaló como acto reclamado: La omisión del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, de resolver la solicitud de prórroga de vigencia del título de concesión 08GUA153101/12AMDL13, presentada el diez de noviembre de dos mil quince. Por tanto, de acuerdo con las constancias que remitió la Titular de la Unidad Jurídica en suplencia por ausencia del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, que fueron anexadas al oficio BOO.910.00.1/0683 recibido en este órgano jurisdiccional el quince del mes y año en curso, se desprende que: El veintisiete de enero del presente año, emitió el oficio BOO.910.01.1/000339, que contiene la resolución en la que dio contestación a la solicitud formulada por el quejoso, mediante la cual declaró procedente otorgar a favor de Jaime Castillo Vargas la prórroga de vigencia del título de concesión 08GUA153101/12AMDL13, para la explotación, uso o aprovechamiento de Aguas Subterráneas. El veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se inscribió en el Registro Público de Derechos del Agua, la prórroga del título de concesión 08GUA153101/12AMDL13, tal y como se advierte de la hoja registral que allegó. Las determinaciones anteriores le fueron notificadas personalmente al solicitante del amparo el ocho de los actuales. Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable contestó la petición formulada por el quejoso y se le notificó a éste, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la emisión de la determinación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis y la inscripción registral de veinticuatro de febrero del mismo año, así como con la notificación al quejoso de las mismas, cesó la omisión que reclamó, dado que desaparecieron los efectos de la falta de contestación de la petición que formuló el peticionario del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *******, por su propio derecho, contra actos del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 162/2016-III. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le solicita, rinda su informe justificado, al que deberá adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basó para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuviere, apercibiéndole que de no hacerlo así, se le podrá imponer una multa de cien a mil días de salario vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, con apoyo en el numeral 117, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se le atribuye. Asimismo, requiérase a la parte quejosa y a la autoridad responsable para que, de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informe de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se les podrá imponer una multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo. No se forme incidente de suspensión porque no fue solicitado por la parte quejosa ni existe capítulo expreso en la demanda. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Téngasele ofreciendo como prueba la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, las cuales de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional; sin que haya lugar a tener por ofrecida la prueba documental a que hace referencia en el capítulo de pruebas de escrito de demanda, toda vez que omite anexarla. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que resulta innecesario que informe cada vez que reciban comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado el acuse de recibo. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará presumir su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, las sentencias ejecutoriadas y las demás resoluciones públicas dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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