Jaime Anaya Garza

Expediente 223/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
223/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Jaime Anaya Garza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de tres de mayo de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso *********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en providencia de veinte de marzo del presente año; en ese sentido se acuerda: A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Bajo las anteriores consideraciones y de la lectura de la demanda, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional doliéndose de: El ilegal emplazamiento practicado en el juicio ********** de la estadística del Juzgado Civil de Partido y Oralidad Familiar de esta ciudad. El auto de once de marzo de dos mil diecinueve, en el que el juez responsable se negó proveer se conformidad diversas solicitudes que formuló el demandado. Ahora bien, respecto del acto reclamado precisado con el número 1, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene citar lo que el promovente bajo protesta de decir verdad manifestó en relación con el acto reclamado y los antecedentes del mismo: "Reclamo la falta o el ilegal llamamiento a dicho controvertido, Este fue desde el día 12 donde febrero del 2019 dos mil diecinueve, pues desde un inicio, el suscrito contesto Ad cautelam, en virtud de las ilegalidades que empezaron desde el primer momento de llevar a cabo la diligencia de ejecución de sentencia de convenio, pero al suscrito no fue emplazado en virtud de que llevaron a cabo dicha diligencia en la casa de mis padres, y embargándoles bienes de sus propiedades, llevando a cabo actos de molestia a terceros." Con fecha de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, en el Juzgado Civil de Partido y Oralidad Familiar de esta ciudad, se radico el juicio **********, recayendo el auto admisorio, sobre la ejecución de convenio que celebró el ahora quejoso e **********, ante la Sede Regional del Centro Estatal de Justicia Alternativa, con residencia en esta ciudad. Con fecha de siete de febrero de dos mil diecinueve de la presente anualidad, se llevó a cabo, el acto de embargo a bienes de *********. El doce de febrero de dos mil diecinueve, el quejoso, contesto la vista en forma espontánea y de buena fe y voluntad, por lo que solicitó el derecho de audiencia, el cambio de vía para el efecto de hacer valer la reconvención; sin embargo, en auto de trece de febrero del año en curso, se le tuvo realizando manifestaciones y desechando la reconvención planteada. Posteriormente el quejoso presentó promoción ante el juez natural en la que: Para satisfacer su obligación alimentaria; ofreció un vehículo de su propiedad el cual se encuentraba en posesión de la parte actora. Pidió que en caso de que existiera negativa para aceptar esa propuesta, se le auxiliara a fin de obtener la devolución del vehículo, para empeñarlo o venderlo y así cumplir su obligación alimentaria. Solicitó que con auxilio del representante social adscrito al juzgado, se le dejara convivir con sus hijos. Pidió la modificación o suspensión del convenio señalado con antelación. Finalmente, en auto de once de marzo de dos mil diecinueve, la responsable negó diversas peticiones realizadas por el quejoso. De igual forma, es necesario destacar, en lo que interesa, el contenido de los artículos 328 y 799 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, que estatuyen: "ARTÍCULO 328. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse sin haber pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que este sea resuelto." "Artículo 799. La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho. La producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse durante ésta hasta antes de que el juez pronuncie la sentencia. La del emplazamiento, podrá reclamarse en cualquier momento." De lo numerales transcritos se desprende que cuando el agraviado estime que una notificación se haya hecho en forma distinta a la prevenida por la ley, o se omitiere, está en posibilidad de promover el incidente sobre declaración de nulidad de todo lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Por su parte, el último de los numerales citados, el cual está incluido en el Capítulo Tercero, Libro Sexto, De Los Juicios Orales, dispone que la nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho, y que la nulidad del emplazamiento podrá reclamarse en cualquier tiempo. De lo anterior se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para nulificar las notificaciones mal hechas u omitidas. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama la ilegalidad del emplazamiento que se le practicó en el juicio de origen, y los referidos numerales 328 y 799 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, prevén un medio de impugnación -nulidad de actuaciones- que tiene por objeto la nulificación del emplazamiento de que se duele el peticionario; es incuestionable que previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. En efecto, como el solicitante del amparo es la parte demandada en el citado juicio familiar, en el que aún no se ha dictado sentencia, según lo manifestó en el escrito se provee, y no controvirtió el acto de que se trata a través del medio de impugnación idóneo -nulidad de actuaciones-, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Por otra parte, respecto del acto reclamado precisado en el número 2, de acuerdo con lo anteriormente expresado, sobre el principio de definitividad resulta importante destacar que el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Guanajuato que establece: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." De la lectura del anterior precepto legal, se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Sobre el referido medio de impugnación, el tratadista José Ovalle Favela en su libro titulado "Derecho Procesal Civil", octava edición, editorial Oxford University Press, página 269, establece que la revocación es el recurso ordinario y horizontal que tiene por objeto la modificación total o parcial de una resolución judicial por el mismo juzgador que la dictó. Entonces, si en el caso concreto la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional el auto de once de marzo de dos mil diecinueve, en el que el juez natural negó acordar de conformidad diversas solicitudes que aquella le hizo, dentro del juicio F-159/2019 de su índice, y como ya se vio, el referido numeral 232 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Guanajuato, establece un recurso [revocación] a través del cual puede ser modificado total o parcialmente el auto impugnado; es inconcuso que el peticionario del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer dicho recurso para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Máxime que, no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado 61 de la ley reglamentaria, ya que los actos reclamados: I. No importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consisten en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que niegue la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, resoluciones que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, ordenes de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; III. No se trate de un tercero extraño a procedimiento, porque es la parte demandada y compareció al juicio natural. Es decir, no se le puede considerar tercera extraña al procedimiento en sentido estricto dado que es la parte demanda, y tampoco le reviste la calidad de tercera extraña por equiparación, en virtud de que se enteró del procedimiento seguido en su contra en el cual no se ha dictado la sentencia definitiva. Por ello, se afirma que la parte quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer los señalados medios de defensa -nulidad de actuaciones y recurso de revocación-, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Sin embargo, se estima que dicho criterio no es aplicable al caso, puesto aun cuando se encuentren de por medio menores de edad, del análisis de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia transcrita, se advierte que para que opere el principio de definitividad se requieren tres requisitos, a saber: Que esté involucrado un menor de edad. Que acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión. Que las partes aleguen un riesgo para el menor en caso de ejecutarse una resolución impugnada. En la especie, se estima que no se surte el último de los requisitos mencionados, ya que en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia transcrita se advierte existe un riesgo a un estado de vulnerabilidad para un menor, cuando se le cita a rendir testimonio en el juicio de divorcio necesario de sus padres, o bien cuando puedan ser sometidos a un peritaje psicológico, lo que en el presente asunto no acontece, dado que la única afectación que refiere el quejoso que están sufriendo sus menores hijos, es la falta de convivencia con él. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia invocadas respecto de los descritos actos reclamados, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA:Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso *********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en providencia de veinte de marzo del presente año; en ese sentido se acuerda: A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Bajo las anteriores consideraciones y de la lectura de la demanda, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional doliéndose de: El ilegal emplazamiento practicado en el juicio ********** de la estadística del Juzgado Civil de Partido y Oralidad Familiar de esta ciudad. El auto de once de marzo de dos mil diecinueve, en el que el juez responsable se negó proveer se conformidad diversas solicitudes que formuló el demandado. Ahora bien, respecto del acto reclamado precisado con el número 1, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene citar lo que el promovente bajo protesta de decir verdad manifestó en relación con el acto reclamado y los antecedentes del mismo: "Reclamo la falta o el ilegal llamamiento a dicho controvertido, Este fue desde el día 12 donde febrero del 2019 dos mil diecinueve, pues desde un inicio, el suscrito contesto Ad cautelam, en virtud de las ilegalidades que empezaron desde el primer momento de llevar a cabo la diligencia de ejecución de sentencia de convenio, pero al suscrito no fue emplazado en virtud de que llevaron a cabo dicha diligencia en la casa de mis padres, y embargándoles bienes de sus propiedades, llevando a cabo actos de molestia a terceros." Con fecha de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, en el Juzgado Civil de Partido y Oralidad Familiar de esta ciudad, se radico el juicio **********, recayendo el auto admisorio, sobre la ejecución de convenio que celebró el ahora quejoso e **********, ante la Sede Regional del Centro Estatal de Justicia Alternativa, con residencia en esta ciudad. Con fecha de siete de febrero de dos mil diecinueve de la presente anualidad, se llevó a cabo, el acto de embargo a bienes de *********. El doce de febrero de dos mil diecinueve, el quejoso, contesto la vista en forma espontánea y de buena fe y voluntad, por lo que solicitó el derecho de audiencia, el cambio de vía para el efecto de hacer valer la reconvención; sin embargo, en auto de trece de febrero del año en curso, se le tuvo realizando manifestaciones y desechando la reconvención planteada. Posteriormente el quejoso presentó promoción ante el juez natural en la que: Para satisfacer su obligación alimentaria; ofreció un vehículo de su propiedad el cual se encuentraba en posesión de la parte actora. Pidió que en caso de que existiera negativa para aceptar esa propuesta, se le auxiliara a fin de obtener la devolución del vehículo, para empeñarlo o venderlo y así cumplir su obligación alimentaria. Solicitó que con auxilio del representante social adscrito al juzgado, se le dejara convivir con sus hijos. Pidió la modificación o suspensión del convenio señalado con antelación. Finalmente, en auto de once de marzo de dos mil diecinueve, la responsable negó diversas peticiones realizadas por el quejoso. De igual forma, es necesario destacar, en lo que interesa, el contenido de los artículos 328 y 799 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, que estatuyen: "ARTÍCULO 328. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse sin haber pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que este sea resuelto." "Artículo 799. La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho. La producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse durante ésta hasta antes de que el juez pronuncie la sentencia. La del emplazamiento, podrá reclamarse en cualquier momento." De lo numerales transcritos se desprende que cuando el agraviado estime que una notificación se haya hecho en forma distinta a la prevenida por la ley, o se omitiere, está en posibilidad de promover el incidente sobre declaración de nulidad de todo lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Por su parte, el último de los numerales citados, el cual está incluido en el Capítulo Tercero, Libro Sexto, De Los Juicios Orales, dispone que la nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho, y que la nulidad del emplazamiento podrá reclamarse en cualquier tiempo. De lo anterior se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para nulificar las notificaciones mal hechas u omitidas. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama la ilegalidad del emplazamiento que se le practicó en el juicio de origen, y los referidos numerales 328 y 799 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, prevén un medio de impugnación -nulidad de actuaciones- que tiene por objeto la nulificación del emplazamiento de que se duele el peticionario; es incuestionable que previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. En efecto, como el solicitante del amparo es la parte demandada en el citado juicio familiar, en el que aún no se ha dictado sentencia, según lo manifestó en el escrito se provee, y no controvirtió el acto de que se trata a través del medio de impugnación idóneo -nulidad de actuaciones-, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Por otra parte, respecto del acto reclamado precisado en el número 2, de acuerdo con lo anteriormente expresado, sobre el principio de definitividad resulta importante destacar que el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Guanajuato que establece: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." De la lectura del anterior precepto legal, se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Sobre el referido medio de impugnación, el tratadista José Ovalle Favela en su libro titulado "Derecho Procesal Civil", octava edición, editorial Oxford University Press, página 269, establece que la revocación es el recurso ordinario y horizontal que tiene por objeto la modificación total o parcial de una resolución judicial por el mismo juzgador que la dictó. Entonces, si en el caso concreto la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional el auto de once de marzo de dos mil diecinueve, en el que el juez natural negó acordar de conformidad diversas solicitudes que aquella le hizo, dentro del juicio F-159/2019 de su índice, y como ya se vio, el referido numeral 232 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Guanajuato, establece un recurso [revocación] a través del cual puede ser modificado total o parcialmente el auto impugnado; es inconcuso que el peticionario del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer dicho recurso para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Máxime que, no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado 61 de la ley reglamentaria, ya que los actos reclamados: I. No importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consisten en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que niegue la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, resoluciones que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, ordenes de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; III. No se trate de un tercero extraño a procedimiento, porque es la parte demandada y compareció al juicio natural. Es decir, no se le puede considerar tercera extraña al procedimiento en sentido estricto dado que es la parte demanda, y tampoco le reviste la calidad de tercera extraña por equiparación, en virtud de que se enteró del procedimiento seguido en su contra en el cual no se ha dictado la sentencia definitiva. Por ello, se afirma que la parte quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer los señalados medios de defensa -nulidad de actuaciones y recurso de revocación-, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Sin embargo, se estima que dicho criterio no es aplicable al caso, puesto aun cuando se encuentren de por medio menores de edad, del análisis de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia transcrita, se advierte que para que opere el principio de definitividad se requieren tres requisitos, a saber: Que esté involucrado un menor de edad. Que acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión. Que las partes aleguen un riesgo para el menor en caso de ejecutarse una resolución impugnada. En la especie, se estima que no se surte el último de los requisitos mencionados, ya que en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia transcrita se advierte existe un riesgo a un estado de vulnerabilidad para un menor, cuando se le cita a rendir testimonio en el juicio de divorcio necesario de sus padres, o bien cuando puedan ser sometidos a un peritaje psicológico, lo que en el presente asunto no acontece, dado que la única afectación que refiere el quejoso que están sufriendo sus menores hijos, es la falta de convivencia con él. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia invocadas respecto de los descritos actos reclamados, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito que suscribe el quejoso **********, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinte de marzo de dos mil diecinueve; en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a tener por cumplida dicha prevención. Ello es así, ya que en proveído de once de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por no cumplida cabalmente la prevención efectuada, toda vez que de los requerimientos efectuados la parte quejosa omitió narrar bajo protesta de decir verdad la naturaleza del controvertido de origen y la etapa procesal en que se encuentra. Ahora bien, del escrito de cuenta se desprende que el quejoso no es preciso en las manifestaciones que vierte, toda vez que por lo que se refiere a la etapa procesal en que se encuentra el juicio de origen, en el escrito de diez de abril del presente año, recibido en la oficialía de partes de este Juzgado manifestó: "Actualmente, la etapa procesal, se encuentra, en que tuve que vender el único bien que tengo para poder cubrir las obligaciones que se me requirieron en ese momento, realizando un detrimento en mis derechos humanos, afectando el libre desarrollo de la personalidad, es decir, que dicho impedimento, al privarme de mi único bien, para poder buscar un trabajo, sostenerme económicamente." Mientras que en el escrito de cuenta manifiesta: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, tengo conocimiento por los actos de los cuales me adolezco el presente procedimiento se encuentra en etapa de consignación de la pensión alimenticia para con mis menores DE NOMBRES ********** Y ********** DE APELLIDOS **********. Sin que me consten fehacientemente porque no he sido emplazado de manera legal." Circunstancia que hace que la demanda sea imprecisa, dado que la parte quejosa no expresó si dicho juicio aún se encuentra en trámite o bien si se dictó sentencia y si ésta ya causó ejecutoria. Lo anterior, en virtud de que ese antecedente resulta indispensable para proveer respecto de la substanciación del presente juicio de amparo, ya que sin conocerse no sería posible determinar la procedencia del mismo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, no se tiene por desahogada la prevención de que se trata, por lo que subsiste el apercibimiento decretado en el referido auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve. Como el promovente del amparo pretendió atender la prevención de mérito el veintitrés de abril del año en curso, hágasele saber que le quedan cuatro días para dar cumplimiento a lo solicitado; el plazo restante se computará a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este auto. Continúa vigente el apercibimiento formulado en el auto aludido.

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