Jaime Carriles Medina
Expediente 2248/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2248/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 01/03/2023
Partes del expediente
- Jaime Carriles Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido.". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Cuaderno incidental (concedió provisional y negó definitiva) Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y se negó la definitiva, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del Acuerdo General de referencia, en relación con el numeral 7.5 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, que fuera aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto de dos mil veinte y que establece: "7.5 Tratamiento del incidente de suspensión (original) (.) 2. Si se concedió la suspensión provisional pero se negó la suspensión definitiva el expediente será "destruible"." Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que sobreseyó el juicio y, de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Devuélvase al Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, los legajos de pruebas I y II, los cuales remitió en apoyo a su informe justificado, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado auto. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se ordenó remitir la ampliación de demanda, y sus copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que se registre como demanda independiente y se envíe al Juzgado de Distrito, en turno, se declara que dicho auto ha causado firmeza, para todos los efectos legales procedentes. En razón de lo anterior, como se encuentra ordenado en autos, procédase a remitir la ampliación de demanda, y sus copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que se registre como demanda independiente y se envíe al Juzgado de Distrito, en turno, a fin de que se avoque a su conocimiento y resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de razón, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Tomo IV de septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y tenor literal siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia". Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo esa óptica jurídica, se recuerda que el acto reclamado en el presente asunto consiste en la omisión de acordar el escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós en el juicio de divorcio incausado 1065/2021, en el que el quejoso solicitó se decretara un régimen de visitas y convivencias con sus menores hijas. Ahora bien, el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, informó que emitió un auto el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el expediente 1065/2021, de su índice, en el cual entre otros, fijó como medida provisional la convivencia entre Jaime Carriles Medina y sus menores hijas, de manera supervisada en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla, mismo que notificó al aquí quejoso vía correo electrónico el cinco de enero del presente año. En consecuencia, han cesado los efectos de la omisión reclamada, por lo que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, dos de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado auto. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se ordenó remitir la ampliación de demanda, y sus copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que se registre como demanda independiente y se envíe al Juzgado de Distrito, en turno, se declara que dicho auto ha causado firmeza, para todos los efectos legales procedentes. En razón de lo anterior, como se encuentra ordenado en autos, procédase a remitir la ampliación de demanda, y sus copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que se registre como demanda independiente y se envíe al Juzgado de Distrito, en turno, a fin de que se avoque a su conocimiento y resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de razón, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Tomo IV de septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y tenor literal siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia". Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo esa óptica jurídica, se recuerda que el acto reclamado en el presente asunto consiste en la omisión de acordar el escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós en el juicio de divorcio incausado 1065/2021, en el que el quejoso solicitó se decretara un régimen de visitas y convivencias con sus menores hijas. Ahora bien, el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, informó que emitió un auto el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el expediente 1065/2021, de su índice, en el cual entre otros, fijó como medida provisional la convivencia entre Jaime Carriles Medina y sus menores hijas, de manera supervisada en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla, mismo que notificó al aquí quejoso vía correo electrónico el cinco de enero del presente año. En consecuencia, han cesado los efectos de la omisión reclamada, por lo que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Sentencia causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el cuatro de enero de dos mil veintitrés, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Se requiere cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: 75. Por otra parte, al analizar los conceptos de violación de la parte quejosa, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para efecto de que el Juez Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, realice lo siguiente: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, a partir de la diligencia de emplazamiento, requerimiento de pago y embargo de veintidós de febrero de dos mil veintidós, únicamente por lo que hace al requerimiento de pago y embargo; Ordene reponer el procedimiento desde esa actuación; y, Establezca que el predio inscrito bajo la partida ********************, foja ********************, del libro ********************, tomo ********************, de ******************** del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Puebla, que fue materia de embargo, no es propiedad de la parte demandada, en cuya razón deberá realizar las actuaciones conducentes para revertir los actos de ejecución derivados del ilegal embargo. Hecho lo cual, continúe con el procedimiento conforme a la ley que lo rige. Apercibimiento. Se apercibe a la mencionada autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puesto y su consignación. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. No se requiere superior jerárquico. Sin que sea el caso ordenar notificar o requerir la figura del superior jerárquico del Juez responsable para que le ordene cumplir con el fallo protector, pues la autoridad de mérito es un órgano jurisdiccional y, por ende, no se encuentra sometido a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del gobierno puede inferir en sus decisiones ni sugerirle cómo han de resolver ni cómo han de cumplir, por lo que, tal autoridad no tiene superior inmediato a quien requerirle que lo conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Notifíquese.
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