Jaime Bachur Perez

Expediente 1003/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1003/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Jaime Bachur Perez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado remite ejecutoria y se ordena archivo Visto el oficio signado por el Secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria del día uno de septiembre de dos mil veintidós pronunciada en el recurso de queja 209/2022, así como el original del juicio de amparo 1003/2022-VIII del índice de este Juzgado; por tanto, acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, de la citada ejecutoria se desprende que declaró infundado el citado medio de impugnación, por tanto se provee lo siguiente: Con el propósito evitar la repetición innecesaria de las actuaciones que ya obran en el presente sumario, se ordena glosar al presente expediente únicamente las constancias originales y los acuerdos conducentes dictados dentro del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la interposición del recurso de queja, a efecto de que obren como legalmente corresponda. Atento a lo anterior, comuníquese a las partes que la superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído del diez de junio de dos mil veintidós. En tal virtud, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del Artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de julio de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado confirma sentencia recurrida. Visto el oficio de cuenta de la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual informa el contenido de la ejecutoria de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictada en el recurso en revisión 611/2021 de su índice, de la cual se advierte que en dicha ejecutoria se confirma la sentencia emitida por este juzgado de distrito, que en sus puntos resolutivos establece: "Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se confirma la sentencia emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amaro 797/2021. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por *** en relación con los actos y autoridades y actos precisados en el resultado primero de esta ejecutoria en los términos del fallo que se revisa. TERCERO. Queda sin materia la revisión adhesiva." En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda. Acúsese recibo al Tribunal de Alzada. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), glósense al expediente principal devuelto únicamente las constancias originales que obran en autos del cuaderno de antecedentes que se integró con motivo del envío de aquél al tribunal colegiado, destruyéndose el resto. Archivo. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Acusa recibo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Representante de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Dirección General de Atención a autoridades y Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades A por conducto de su representación, acusa de recibo de los oficios, mediante los cuales se les hace del conocimiento la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, y el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. Se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil veintidós. Autoridad informa gestiones. Agréguese a los autos el oficio signado por la Subdirectora y Encargada del Despacho del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla, mediante el cual informa que remitió los resultados de la entrevista con el menor ****., al Juez responsable, asimismo adjunta copia certificada para conocimiento. Por tanto, se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento solicitado y se deja sin efectos el apercibimiento que le fue formulado. Información confidencial. Ahora bien, en términos del artículo 113, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública toda vez que la autoridad remite documentación que refiere contiene información de carácter reservada y confidencial; por lo tanto, dado que al juez constitucional le corresponde evitar que la información confidencial se use de manera incorrecta, se disponen las siguientes medidas de seguridad a) Que la información deberá permanecer en sobre cerrado identificado como Anexo III y bajo resguardado en este órgano jurisdiccional; b) Que la información que adjuntó la autoridad solo podrá ser consultada por la parte quejosa o su apoderado legal, quien únicamente podrá usarla en su defensa y deberá mantener su contenido bajo estricta confidencialidad. c) Para tal efecto, la parte quejosa podrá consultar la información de que se trata en las instalaciones de este juzgado federal, sin que esto implique la posibilidad de transmitir, copiar, fotografiar, escanear o reproducir por cualquier medio dicha información. Esta determinación encuentra sustento en el siguiente criterio que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 121/2014 a que antes se hizo referencia: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." Requerimiento. Atento a lo informado, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta requiérase al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, para que, en el término de tres días, acredite continuar con el cumplimiento de la sentencia respecto de los efectos siguientes: "b) Enseguida, en atención al interés superior del menor y con el propósito de velar por su bienestar físico y mental, el juez natural deberá recabar la opinión del menor A.R.P. conforme a los lineamientos que le sugirió la psicóloga adscrita al Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, mediante informe de fecha veinticinco de enero del año en curso. c) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, el juez responsable deberá determinar si resulta adecuado o no que el régimen de convivencia entre el menor A.R.P. y su progenitora se realice durante una temporalidad determinada en el Centro Estatal de Convivencia Familiar, pues de esta forma se preserva el derecho que tiene el niño a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando además las relaciones familiares y procurando la obligación de protegerla de manera preventiva. d) En el entendido que hasta en tanto se emita la determinación a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, deberá continuar desarrollándose el régimen de visita y convivencia electrónico o virtual entre el menor y su progenitora. Por otro lado, dada la condición de minoría de edad del menor, se estima necesario que además de la determinación que se emita en cumplimiento a la presente ejecutoria, el juez familiar haga de su conocimiento las medidas que adopte en relación con ellas mediante la elaboración de una resolución en formato de lectura fácil y accesible." Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa y a la representante especial.

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