Jaime Barrón Estrada

Expediente 80/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
80/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Jaime Barrón Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, (punto Vigésimo Primero, fracción I, párrafo primero de dicho Acuerdo); porque se sobreseyó en el mismo. Se hace la precisión de que no se formó incidente de suspensión en el juicio de amparo en que se actúa. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo fracción XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Se comunica a las partes que de conformidad con el punto Décimo Primero del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a la destrucción del mismo. Luego, de conformidad, con el Punto Décimo Primero, párrafo segundo, del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, para el caso de que la autoridad destinataria del oficio por el que se les dé a conocer el presente acuerdo se encuentre gozando del período vacacional correspondiente al segundo semestre del presente año, y por tal motivo haya suspendido sus labores; comisiónese al Actuario adscrito a este Juzgado para que precisamente en el día en que las reanude, entregue el oficio notificatorio sin necesidad de ulterior acuerdo; mismo que deberá quedar bajo resguardo en la secretaría de este juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Laura Guadalupe López Quezada, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Mesa III. Toluca, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, rinde su informe justificado y adjunta la constancia relativa. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte, que la parte quejosa, señaló como acto reclamado la omisión de dictar el acuerdo respecto de la ejecución del convenio dentro del expediente J5 594 2017. Establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, de la Ley de amparo. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido del artículo antes mencionado de la Ley de Amparo el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; De un análisis gramatical de tal disposición de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, este juzgador arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así de la interpretación de dicho ordinal, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto, acontece cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así, partiendo de la base que en términos generales, un acto reclamado cesa en sus efectos cuando con posterioridad a su emisión se suscita una circunstancia de hecho o de derecho que elimina toda afectación que éste produjo con su existencia; tal situación es aplicable al caso en estudio. En ese orden de ideas, como se dijo, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional combatiendo la omisión de dictar el acuerdo respecto de la ejecución del convenio dentro del expediente J5 594 2017; sin embargo, de las constancias que hoy se reciben se advierte que la autoridad responsable en audiencia de veintiséis de noviembre del año en curso, entre otras cosas tuvo por recibido el escrito presentado por la parte quejosa ante la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, el doce de septiembre del dos mil dieciocho, con número de folio 022145, (mismo escrito que la parte quejosa presentó como prueba documental en el presente juicio, la cual se tuvo por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, y del cual refiere dolerse el quejoso en virtud de que la autoridad responsable fue omisa en dar contestación); acordando la autoridad responsable lo siguiente: "que por el momento no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado en el sentido que se emita auto de ejecución, toda vez que mediante convenio de fecha cinco de marzo del año dos mil dieciocho, la parte actora acepto como responsable de la fuente de trabajo a GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V. y en la promoción de cuenta solicitan que se emita auto de ejecución por GARZA GAS TOLUCA, S.A DE C.V. Siendo demandadas distintas (sic)". Circunstancia, de la que se advierte que han cesado los efectos del acto combatido y quedaron destruidos en forma total e incondicional lo efectos del acto reclamado, dado que la autoridad responsable emitió el acuerdo respectivo de lo solicitado por la parte quejosa. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2. J. 59 99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, visible a página 38, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ." En consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2.J. 10 2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Tomo XVII, Novena Época, visible a página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. ." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con treinta y cinco minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve, se deja insubsistente en razón a la determinación anterior.

  3. Principal

    MESA VII.- SE NOTIFICA EL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Mesa III. Toluca, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, rinde su informe justificado y adjunta la constancia relativa. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte, que la parte quejosa, señaló como acto reclamado la omisión de dictar el acuerdo respecto de la ejecución del convenio dentro del expediente J5 594 2017. Establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, de la Ley de amparo. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido del artículo antes mencionado de la Ley de Amparo el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; De un análisis gramatical de tal disposición de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, este juzgador arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así de la interpretación de dicho ordinal, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto, acontece cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así, partiendo de la base que en términos generales, un acto reclamado cesa en sus efectos cuando con posterioridad a su emisión se suscita una circunstancia de hecho o de derecho que elimina toda afectación que éste produjo con su existencia; tal situación es aplicable al caso en estudio. En ese orden de ideas, como se dijo, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional combatiendo la omisión de dictar el acuerdo respecto de la ejecución del convenio dentro del expediente J5 594 2017; sin embargo, de las constancias que hoy se reciben se advierte que la autoridad responsable en audiencia de veintiséis de noviembre del año en curso, entre otras cosas tuvo por recibido el escrito presentado por la parte quejosa ante la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, el doce de septiembre del dos mil dieciocho, con número de folio 022145, (mismo escrito que la parte quejosa presentó como prueba documental en el presente juicio, la cual se tuvo por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, y del cual refiere dolerse el quejoso en virtud de que la autoridad responsable fue omisa en dar contestación); acordando la autoridad responsable lo siguiente: "que por el momento no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado en el sentido que se emita auto de ejecución, toda vez que mediante convenio de fecha cinco de marzo del año dos mil dieciocho, la parte actora acepto como responsable de la fuente de trabajo a GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V. y en la promoción de cuenta solicitan que se emita auto de ejecución por GARZA GAS TOLUCA, S.A DE C.V. Siendo demandadas distintas (sic)". Circunstancia, de la que se advierte que han cesado los efectos del acto combatido y quedaron destruidos en forma total e incondicional lo efectos del acto reclamado, dado que la autoridad responsable emitió el acuerdo respectivo de lo solicitado por la parte quejosa. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2. J. 59 99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, visible a página 38, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ." En consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2.J. 10 2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Tomo XVII, Novena Época, visible a página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. ." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con treinta y cinco minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve, se deja insubsistente en razón a la determinación anterior.

  4. Principal

    MESA VII.- SE NOTIFICA EL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Mesa III. Toluca, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, rinde su informe justificado y adjunta la constancia relativa. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte, que la parte quejosa, señaló como acto reclamado la omisión de dictar el acuerdo respecto de la ejecución del convenio dentro del expediente J5 594 2017. Establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, de la Ley de amparo. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido del artículo antes mencionado de la Ley de Amparo el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; De un análisis gramatical de tal disposición de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, este juzgador arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así de la interpretación de dicho ordinal, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto, acontece cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así, partiendo de la base que en términos generales, un acto reclamado cesa en sus efectos cuando con posterioridad a su emisión se suscita una circunstancia de hecho o de derecho que elimina toda afectación que éste produjo con su existencia; tal situación es aplicable al caso en estudio. En ese orden de ideas, como se dijo, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional combatiendo la omisión de dictar el acuerdo respecto de la ejecución del convenio dentro del expediente J5 594 2017; sin embargo, de las constancias que hoy se reciben se advierte que la autoridad responsable en audiencia de veintiséis de noviembre del año en curso, entre otras cosas tuvo por recibido el escrito presentado por la parte quejosa ante la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, el doce de septiembre del dos mil dieciocho, con número de folio 022145, (mismo escrito que la parte quejosa presentó como prueba documental en el presente juicio, la cual se tuvo por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, y del cual refiere dolerse el quejoso en virtud de que la autoridad responsable fue omisa en dar contestación); acordando la autoridad responsable lo siguiente: "que por el momento no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado en el sentido que se emita auto de ejecución, toda vez que mediante convenio de fecha cinco de marzo del año dos mil dieciocho, la parte actora acepto como responsable de la fuente de trabajo a GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V. y en la promoción de cuenta solicitan que se emita auto de ejecución por GARZA GAS TOLUCA, S.A DE C.V. Siendo demandadas distintas (sic)". Circunstancia, de la que se advierte que han cesado los efectos del acto combatido y quedaron destruidos en forma total e incondicional lo efectos del acto reclamado, dado que la autoridad responsable emitió el acuerdo respectivo de lo solicitado por la parte quejosa. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2. J. 59 99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, visible a página 38, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ." En consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2.J. 10 2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Tomo XVII, Novena Época, visible a página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. ." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con treinta y cinco minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve, se deja insubsistente en razón a la determinación anterior.

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