Jaime Amado López Gómez

Expediente 1349/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 5 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1349/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
05/09/2022

Partes del expediente

  • Jaime Amado López Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Jaime Amado López Gómez, por propio derecho contra actos del Controlador del Poder Legislativo del Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente físico, electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1349/2022-VIII. Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión del quejoso está encaminada a reclamar el acto que se hace consistir en: El oficio CPL/2351/2022, emitido por el Controlador del Poder Legislativo del Estado de México el dieciocho de agosto del dos mil veintidós y su ejecución. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Ello es así, toda vez que el artículo 61, fracción XXIII de la citada ley, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Asimismo, el artículo 107, fracción IV primer párrafo de la mencionada ley, establece que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)" La fracción IV, primer párrafo del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como propósito evitar que los juicios de amparo se multipliquen innecesariamente y, por lo mismo se han sentado las bases para que la única resolución combatible en amparo sea la última, la que en definitiva ponga fin al asunto, ya sea que se le impugne por vicios propios, es decir, que radiquen en su texto, o bien por violaciones cometidas en el procedimiento que le preceda y en que descanse; salvo, naturalmente, que los actos afecten a un extraño al procedimiento, porque entonces el agraviado está aptitud de reclamarlos en amparo tan pronto como se tenga conocimiento de ellos. Establecido lo anterior, es preciso destacar que la promovente en la presente instancia constitucional reclama: El oficio CPL/2351/2022, emitido por el Controlador del Poder Legislativo del Estado de México el dieciocho de agosto del dos mil veintidós y su ejecución. Puntualizado lo anterior, dichos actos reclamados, no constituyen la última resolución dentro del procedimiento respectivo, pues por última resolución debe entenderse aquella que pone fin a la etapa de ejecución del juicio, o sea, aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia que condena. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la regla específica de procedencia del juicio de amparo, por lo que hace a la última determinación en el proceso de ejecución de sentencias, que previamente se encontraba contenida en el artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, y que fue rescatada en la fracción IV primer párrafo del artículo 107 de la Ley vigente aplicable a la materia, rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, no es la última, pues los actos dictados en ejecución de sentencia, tienen como apoyo la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse; de modo que, mientras no se dicte la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución, para evitar los abusos del juicio de amparo a fin de retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituya la verdad legal. En el caso en estudio, el oficio CPL/2351/2022 emitido por el Controlador del Poder Legislativo del Estado de México, el dieciocho de agosto del dos mil veintidós, en donde se dictó la ejecutoria del procedimiento administrativo DSP/PRA/PL/120/2021, no es la determinación que declara definitivamente que se ha cumplido la sentencia, o bien, que determine la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento. Así, como ya se dijo, el reclamo en vía de amparo en contra de actos "en" o "para" ejecución de sentencias debe hacerse hasta que culmine el periodo de ejecución. Sentado lo anterior, es evidente que procede desechar de plano la demanda de amparo que se atiende, por su manifiesta e indudable improcedencia; pues como se precisó, la intención del legislador, contenida en la fracción IV, primer párrafo, del artículo 107 de la Ley de Amparo, es que las sentencias firmes sean cumplidas sin que la promoción de múltiples amparos, obstaculicen su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución de la fase ejecutiva, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional, pudiendo reclamar en los actos que impugna en el escrito de demanda que se atiende, como una violación cometida durante el desarrollo del procedimiento, para el caso de que la emisión del mismo, hubiera dejado sin defensa a la quejosa, en la etapa en que se encuentra el conflicto civil de origen. Es decir, el juicio de amparo únicamente será procedente en contra de la determinación que declare definitivamente que se ha cumplido la sentencia, o bien, que determine la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, y no, las determinaciones intermedias que para tal efecto se dicten, las cuales de igual forma podrá impugnar al momento de hacer valer el amparo en contra de la última determinación. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Jurisprudencial Número P./J. 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ULTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." No se desatiende la manifestación del quejoso en el sentido de que promovió el juicio contencioso administrativo y la suspensión, sin que el tribunal correspondiente se haya pronunciado al respecto; sin embargo, el cumplimiento de la suspensión que en su momento solicitó únicamente compete a la autoridad que la emitió, y en todo caso, son cuestiones que tendría que ventilar ante dicha autoridad. En diversa tesitura, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que cita en su demanda; asimismo, téngase por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gustavo González de León, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente; y en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo a las diversas personas que refiere; limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Ahora en relación al correo electrónico y números telefónicos que proporciona, se tienen únicamente como contacto de la parte quejosa, esto para acordar previamente la realización de la notificación, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. En diverso contexto por lo que hace a las copias expedidas del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2, expídanse a su costa copias certificada del presente auto; en el entendido, que previo a acudir a este órgano jurisdiccional la parte quejosa o algún autorizado en términos amplios que recogerán las copias, deberán realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Por otro lado, respecto de las copias certificadas que solicita de la suspensión provisional solicitada, no se acuerda favorable su solicitud en relación al sentido de la presente resolución. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Laura Guadalupe López Quezada, secretaria con quien actúa. Doy fe.

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