Jaime Arroyo Sánchez
Expediente 183/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 183/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Jaime Arroyo Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
PRAL.183/2018-8B-´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Causa ejecutoria sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la resolución dictada el treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 63 a 77), en la que se negó la protección de la Justicia Federal a Jaime Arroyo Sánchez; sin que las partes lo hubieren hecho en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida resolución; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. ......... Devolución de documentos. Por otro lado, devuélvase a la juez Primero de lo Civil del distrito judicial del Centro, el testimonio del juicio ejecutivo mercantil 477/2013, que remitió en apoyo a su informe justificado (foja 50). Notifíquese. .....
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PRAL.183/2018-8B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de junio de dos mil dieciocho. ...Notifíquese personalmente. ...
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NOTIFICACIÓN A LA PARTE TERCERA INTERESADA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de junio de dos mil dieciocho. Vistos los autos, toda vez que el treinta y uno de mayo del año en curso, se dictó sentencia en este expediente, en la cual se negó la protección federal al quejoso, misma que se notificó a este último, tercero interesado y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, por lista de acuerdos el uno de este mes y año. En esas condiciones, a fin de que dichas partes tengan conocimiento del contenido de esa sentencia, se ordena al (a) actuario (a) de esta adscripción, realice la notificación respectiva en forma personal. Notifíquese personalmente. Así lo acordó Fermín Santiago Santiago, secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del despacho por licencia académica del titular, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. SENTENCIA DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO VISTO, para resolver los autos del juicio de amparo 183/2018; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio, el veintidós de febrero de dos mil dieciocho (fojas 4 a 12), y turnado a este órgano jurisdiccional el día siguiente, Jaime Arroyo Sánchez (en lo subsecuente el quejoso), por propio derecho, reclamó de la jueza Primero de lo Civil del distrito judicial del Centro, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lo siguiente (foja 5): ".La última resolución de fecha 31 de Enero del 2018, dictada en este Juicio en fase de ejecución de sentencia, por medio del cual se tiene por cumplida en su totalidad la sentencia dictada en el presente juicio con fecha 24 de Febrero del 2015. Así como a la resolución dictada con fecha 13 de Febrero del 2017 al recurso de Revocación; ambas pronunciadas en etapa de ejecución por la Ciudadana Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro de Oaxaca, en el juicio Ejecutivo Mercantil con número 477/2013 de la Primera Secretaria, seguido por mi parte en contra de CASTILLO SÁNCHEZ ÁNGEL ARTURO en su carácter de deudor principal". Narró los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 8 del Pacto de San José de Costa Rica; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes (fojas 10 a 12). SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de 1) siete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 21 a 25), previó requerimiento, se admitió a trámite la demanda promovida; se dio la intervención que le asiste al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó la notificación del auto de radicación a las partes en el juicio de amparo; posteriormente, 2) el veintitrés de marzo del año en curso (foja 50) se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Ángel Arturo Castillo Sánchez y/o Ángel Arturo Castillo (en lo subsecuente tercero interesado); y 3) en diverso proveído de diecinueve de abril de este año (foja 60) se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013; por tratarse este asunto de la materia civil, y la autoridad responsable tiene su residencia en la circunscripción territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. II. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable jueza Primero de lo Civil del distrito judicial del Centro, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su informe justificado (fojas 32 a 34), convino en la existencia del acto reclamado. Afirmación que se robustece con el testimonio del juicio ejecutivo mercantil 477/2013, de su índice (tomo anexo I). Documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. III. Improcedencia. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni se advierte que se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. IV. Conceptos de violación. El quejoso expresó como conceptos de violación los que se contienen en el escrito de demanda, sin que sea necesario transcribirlos, pues no hay precepto legal que establezca la obligación de llevar a cabo ésta; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al impetrante de amparo, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma; máxime que en el apartado correspondiente se dará respuesta, ya sea para justificar la legalidad o ilegalidad del acto reclamado; como así lo ilustra la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" . V. Antecedentes del acto reclamado. Para comprender mejor este juicio, resulta conveniente precisar los antecedentes de los actos reclamados, en los términos siguientes: 1) El veinticuatro de febrero de dos mil quince (fojas 113 a 126 del tomo anexo I) la jueza Primero de lo Civil del distrito judicial del Centro, con residencia en Oaxaca de Juárez, dictó sentencia en el juicio ejecutivo mercantil 477/2013, de su índice, en la cual condenó al tercero interesado al pago de: a) La cantidad de SIETE MIL VEINTIOCHO PESOS 85/100 M.N. ($7,028.85), por concepto de suerte principal. b) Intereses ordinarios a razón del uno punto cincuenta por ciento (1.50%) mensual, del periodo comprendido del uno de abril de dos mil diez hasta la total liquidación de la deuda. c) Intereses moratorios a razón del dos por ciento (2.00%) mensual, del periodo comprendido del quince de abril de dos mil diez hasta la total liquidación de la deuda. d) Gastos y costas. 2) Mediante escrito fechado el nueve de marzo de dos mil quince, el tercero interesado exhibió el certificado de depósito civil número 2021/2015, por la cantidad de VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. ($21,554.38) (fojas 132 a 134 tomo anexo I). 3) La responsable, en proveído de veintidós de junio de dos mil dieciséis, requirió al quejoso para que en el término de tres días exhibiera la planilla de liquidación correspondiente a los intereses, gastos y costas que se hubieren generado hasta el nueve de marzo de dos mil quince (fojas 239 a 242 tomo anexo I). 4) El quejoso, mediante ocurso fechado el nueve de agosto de dos mil dieciséis, exhibió la planilla de liquidación de intereses ordinarios y moratorios, por el periodo comprendido del uno -ordinarios- y quince -moratorios- de abril de dos mil diez, al nueve de marzo de dos mil quince (fojas 245 y 246 del tomo anexo I). 5) El cuatro de octubre de dos mil dieciséis la autoridad responsable resolvió el incidente de liquidación de intereses moratorios y ordinarios, en los términos ahí precisados (fojas 253 a 255 del tomo anexo I). 6) Por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis la autoridad tuvo cumplimiento al tercero interesado con el pago de la suerte principal e intereses ordinarios y moratorios (fojas 256 a 257 del tomo anexo I). 7) Mediante escrito fechado el cinco de diciembre del dos mil dieciséis, el quejoso interpuso recurso de revocación contra el proveído de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis (fojas 263 a 265 del tomo anexo I). 8) Por resolución de trece de febrero de dos mil diecisiete la responsable declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el auto de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis (fojas 280 a 282 del tomo anexo I). 9) Mediante escrito fechado el once de septiembre de dos mil diecisiete, el quejoso promovió incidente de liquidación de gastos y costas (foja 294 tomo anexo I). 10) Mediante resolución de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete la responsable resolvió el incidente de liquidación de los gastos y costas en los términos ahí indicados (foja 298 tomo anexo I). 11) En proveído de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho la autoridad responsable declaró cumplida la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil quince (fojas 301 vuelta a 303 del tomo anexo I). VI. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En este sentido, del análisis integral de la demanda de amparo (fojas 4 a 12), con independencia de la forma en que se precisan los actos reclamados y conceptos de violación, se advierte que, en realidad, se reclama (fojas 4 a 6): 1º La resolución de trece de febrero de dos mil diecisiete (fojas 280 a 282 del tomo anexo I), que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el proveído de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, que tuvo al tercero interesado cumpliendo con el pago de la suerte principal e intereses ordinarios y moratorios. 2º El auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 301 vuelta a 303 del tomo anexo I), que declaró cumplida en su totalidad la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil 477/2013. VII. Estudio de los actos reclamados. En sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil quince, la autoridad responsable condenó al tercero interesado al pago de la cantidad de (fojas 113 a 126 del tomo anexo I): a. SIETE MIL VEINTIOCHO PESOS 85/100 M.N. ($7,028.85), por concepto de suerte principal; b. Intereses ordinarios a razón del uno punto cincuenta por ciento (1.50%) mensual, del periodo comprendido del uno de abril de dos mil diez hasta la total liquidación; c. Intereses moratorios a razón del dos por ciento (2.00%) mensual, del periodo comprendido del quince de abril de dos mil diez hasta la total liquidación; y, d. gastos y costas. Seguida la secuela procesal, en auto de veintidós de junio de dos mil dieciséis (fojas 239 y 242 del tomo anexo I), la juez responsable requirió al quejoso exhibiera las planillas de liquidación correspondientes a: 1) los intereses ordinarios y moratorios, generados hasta el nueve de marzo de dos mil quince; en razón a que en dicha data el tercero interesado exhibió el certificado de depósito por la cantidad de VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. ($21,554.38); así como de los 2) gastos y costas. Requerimiento que, según el quejoso, es ilegal, dado que, agrega, la autoridad responsable le otorgó el plazo de tres días para la exhibición de las planillas correspondientes por un periodo específico -hasta el nueve de marzo de dos mil quince-, en tanto que la sentencia se declaró firme hasta el trece de noviembre de dos mil quince y, concluye, era dicha data hasta cuando deberían cuantificarse; apoyando su aseveración en la tesis de rubro : "SENTENCIA DE SUMA INDETERMINADA EN EL JUICIO MERCANTIL. LA PARTE VENCIDA ESTÁ LEGITIMADA PARA FORMULAR SU LIQUIDACIÓN Y DAR CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1348 DEL CÓDIGO DE COMERCIO ANTERIOR A LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MAYO DE 1996).". Actuación de la responsable que, contrario a lo aducido por el quejoso, se encuentra ajustada a derecho; ya que tanto el vencido como el vencedor -parte actora o demandada- se encuentran en aptitud de solicitar que la sentencia se haga líquida. En el caso, el tercero interesado, mediante escritos de nueve de marzo dos mil quince (fojas 132 y 133 del tomo anexo I) y ocho de junio de dos mil dieciséis (fojas 240 y 241 del tomo anexo I), solicitó a la responsable la liquidación de sentencia; exhibiendo, para ello, el certificado de depósito por la cantidad VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. ($21,554.38); actuar que refleja la voluntad del tercero interesado de cumplir voluntariamente con la condena que le fue impuesta en la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil quince; determinar lo contrario, equivaldría considerar que sólo el vencedor tiene derecho a promover el incidente de liquidación, lo que generaría un estado de indefensión e incertidumbre para el vencido, en razón a que el monto a pagar resultaría excesivo por el simple transcurso del tiempo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente : "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SI NO SE EXHIBE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PROMOVER LA EJECUCIÓN, COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 1348 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PROCEDE APERCIBIR AL PROMOVENTE PARA QUE LO EXHIBA, SO PENA DE QUE PRECLUYA SU DERECHO DE PRESENTAR TAL DOCUMENTO. Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Ahora bien, del artículo 1348 del Código de Comercio se advierte que la presentación de la planilla de liquidación es condición necesaria para que inicie el procedimiento respectivo, y la oportunidad para que ello suceda se determina claramente en el propio precepto, al señalar que dicho documento debe presentarse al pedir la ejecución, lo cual obedece a la necesidad de dar vista a la parte contraria para que manifieste lo que a su derecho convenga, y así permitir la sustanciación del procedimiento de ejecución con base en cantidades determinadas. En efecto, si se promueve la ejecución pero no se exhibe la planilla indicada, no sólo no puede darse vista a la contraria, sino que el juez no podrá resolver lo conducente en cuanto a la precisión de las cantidades exactas a que esté obligado a satisfacer el demandado, por lo que ante dicha eventualidad, el juzgador deberá desestimar el incidente de liquidación, por falta de los elementos necesarios para emitir su fallo. En ese sentido, se concluye que si no se presenta la planilla de liquidación en el momento preciso a que se refiere el citado artículo, es decir, al promover la ejecución, precluye el derecho de hacerlo, por falta de realización del acto necesario en el momento procesal oportuno. Sin que lo anterior sea óbice para que el vencedor pueda volver a solicitar la liquidación, mientras no haya concluido el término de la prescripción, pues su derecho para ello no se afecta por la preclusión, sino por la prescripción. Ahora bien, una vez establecida la necesidad de exhibir la planilla, so pena de que opere la preclusión, esta Sala estima que en atención a la severidad de semejante consecuencia, es menester que el juez, en uso de sus poderes de ordenar el proceso y sin que signifique desequilibrarlo a favor de ninguna de las partes sino tan sólo el de proveer adecuadamente para el eficaz y pronto desarrollo del procedimiento de ejecución, prevenga al promovente de la ejecución a que exhiba la planilla, por el término genérico de tres días previsto en el artículo 1079, fracción III, del Código de Comercio, bajo el apercibimiento de que de no cumplir se tendrá por precluido su derecho a exhibir el documento en cuestión.". Así como la diversa jurisprudencia : "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. QUIEN OBTIENE SENTENCIA DESFAVORABLE TAMBIÉN PUEDE PROMOVERLO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SAN LUIS POTOSÍ, MICHOACÁN Y DEL DISTRITO FEDERAL).Los artículos 991, 772 y 515 de los Códigos de Procedimientos Civiles de los Estados de San Luis Potosí, Michoacán y para el Distrito Federal, respectivamente, únicamente señalan la forma en que debe hacerse la liquidación de una sentencia que no contiene cantidad líquida; sin embargo, los legisladores locales no establecen alguna salvedad respecto a que el incidente de liquidación pueda promoverse exclusivamente por quien obtenga sentencia favorable, es decir, no prohíben que dicho incidente sea iniciado por el perdidoso cuando éste exprese su deseo de dar cumplimiento a la condena establecida en la sentencia. En congruencia con lo anterior y de la interpretación armónica de los referidos preceptos legales con los artículos que integran el capítulo a los que aquéllos pertenecen, se concluye que el incidente de liquidación de sentencia también puede promoverlo quien obtiene sentencia desfavorable, a fin de estar en condición de librarse de la obligación impuesta por el fallo, ya que tiene expedito su derecho para saber con certeza la cantidad con la cual se va a liquidar la sentencia, pues de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión ante la incertidumbre que generaría que únicamente el vencedor pudiera promover el mencionado incidente; de ahí que aquél no tiene que esperar a que éste promueva la liquidación de sentencia, porque el monto a liquidar podría ser excesivo por los intereses que llegaran a generarse por el simple transcurso del tiempo; además, la circunstancia de que el condenado promueva el aludido incidente no irroga perjuicio alguno a la parte vencedora, en virtud de que tiene la oportunidad de controvertir la liquidación planteada. De igual forma, no le asiste razón al quejoso en el sentido de que el certificado de depósito debía ser abonado a los intereses y no a la suerte principal, como lo realizó la responsable; ya que dicho supuesto se actualiza cuando las cantidades se encuentren líquidas, lo que en el caso no es así, puesto que al momento de la exhibición del certificado -nueve de marzo de dos mil quince- (foja 134) los intereses aún no se encontraban cuantificados; por ello, tampoco resulta aplicable al caso, para los fines que pretende el referido quejoso, la tesis que invoca, de rubro "OBLIGACIONES MERCANTILES CON INTERESES. APLICACION DE LAS ENTREGAS A CUENTA DEL ADEUDO" . Pese no haberse quedado firme la sentencia condenatoria, ni cuantificados los intereses respectivos, el tercero interesado exhibió un certificado de depósito que, inclusive, como lo atendió la responsable, rebasaba el monto por el cual se suscribió el documento base de la acción -VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N. ($20,000.00)-, con el fin de cubrir la suerte principal, y que los intereses correspondientes no siguieran generándose; con ello se observó lo establecido en la tesis siguiente : "CUMPLIMIENTO DE CONDENA AL MONTO DE LA SUERTE PRINCIPAL POR PARTE DEL OBLIGADO ANTES DE LA CUANTIFICACIÓN DE INTERESES MORATORIOS DEBE APLICARSE AL CAPITAL. La tesis de jurisprudencia PC.I.C. J/8 C (10a.), del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo II, noviembre de 2014, página 1727, de título y subtítulo: "SENTENCIA EJECUTORIADA EN JUICIO CIVIL O MERCANTIL QUE CONTIENE Y ESTABLECE UNA CONDENA LÍQUIDA Y OTRA ILÍQUIDA. APLICACIÓN DEL PAGO REALIZADO EN LA FASE DE EJECUCIÓN, CONFORME A SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE A OTRAS, EN CUANTO SEAN DE IDÉNTICO CONTENIDO).", entre otras cuestiones, interpretó el artículo 2094 del Código Civil local, y concluyó que las cantidades exhibidas en cumplimiento a la condena líquida, antes de que exista sentencia que cuantifique los intereses moratorios, debe aplicarse al capital. Lo anterior, porque si el obligado en el plazo otorgado en la sentencia condenatoria o con posterioridad a éste exhibe el pago de la condena líquida, pero con anterioridad a que se cuantifiquen intereses legales o moratorios, entonces debe aplicarse indiscutiblemente al pago de la cantidad líquida determinada, porque si no están liquidados los intereses no puede generarse deuda respecto de ello. En cambio, debe privilegiarse que la intención del deudor con el pago realizado antes de que se liquiden los intereses es con la finalidad de liberarse de la condena principal y que no sigan generando intereses. De modo que si no están liquidados los intereses, el pago realizado antes de su liquidación debe aplicarse al capital y para el caso de los intereses moratorios materia de condena, únicamente se generarán hasta que sean liquidados y en el plazo otorgado para su pago el obligado incumpla con el pago, pudiendo suceder que al estar pagada la suerte principal únicamente se generen intereses moratorios hasta antes del pago del capital, lo que implica que al haberse cubierto la deuda líquida antes de cuantificarse los intereses moratorios con independencia de que se hayan generado, al no estar liquidados, no puede concluirse que los pagos realizados con anterioridad a que estén liquidados los intereses deben aplicarse a éstos, puesto que en dicho supuesto su destino será a la deuda líquida cuantificada, a menos de que los intereses vencidos ya se encuentren cuantificados.". Máxime que, mediante escrito de nueve de agosto de dos mil dieciséis, el quejoso presentó la planilla de intereses ordinarios y moratorios correspondientes, por los periodos comprendidos del uno -ordinarios- y quince -moratorios- de abril de dos mil diez al nueve de marzo de dos mil quince (fojas 245 y 246 del tomo anexo I); de donde se sigue que tuvo la posibilidad de interponer el recurso de revocación previsto por el artículo 1335 del Código de Comercio, contra dicho auto -veintidós de junio de dos mil quince-; sin que lo hubiera realizado; por tanto, precluyó su derecho, para ese efecto; como así lo ilustra la tesis de rubro y texto siguientes : "ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDONEO. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.". Así, el cuatro de octubre de dos mil dieciséis (fojas 253 a 255 del tomo anexo I) la responsable resolvió el incidente de liquidación de intereses moratorios y ordinarios, en los términos siguientes: Intereses ordinarios: del uno de abril de dos mil diez al nueve de marzo de dos mil quince, por la cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. ($6,248.05). Intereses moratorios: del quince de abril de dos mil diez al nueve de mazo de dos mil quince, por la cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. ($8,254.12). Resolución contra la cual, en caso de inconformidad, el quejoso también tuvo la posibilidad de promover juicio de amparo indirecto, lo cual tampoco realizó, lo que se traduce en una manifestación tácita de conformidad; como lo ilustra la tesis de rubro y texto siguientes : "INTERLOCUTORIA PRONUNCIADA EN INCIDENTE DE LIQUIDACION DE INTERESES EN JUICIO MERCANTIL. PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 1330 del Código de Comercio previene dos hipótesis en el caso de que la sentencia condene al pago de intereses: cuando su importe se fija en cantidad líquida y cuando se fijan las bases conforme a las que deberá hacerse su liquidación, cuando no sean el objeto principal del juicio. En el primer caso, fijada la cantidad en la sentencia sin posterior trámite procede su cobro en ejecución de sentencia, en vía de apremio si el obligado no cumple voluntariamente. En la segunda hipótesis para cumplir lo ordenado en la sentencia, es necesario proceder dentro de su ejecución, a la liquidación de los intereses y, para tal efecto, el que obtuvo presentará la correspondiente planilla con la que se dará vista a su contraparte por el término de tres días y, con lo manifestado, el juez fallará lo que estime justo. Este procedimiento constituye un incidente de acuerdo con lo que disponen los artículos 1349 y siguientes del Código de Comercio y lo que en él decida el juez, constituye una sentencia interlocutoria, cualquiera que sea su forma, la que, en términos del artículo 1348 del Código en cita, no admite recurso ordinario, aunque lo que en dicho fallo se resuelva verse sobre una simple operación aritmética, razón por la cual procede en su contra el amparo indirecto.". Posteriormente, en auto de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis (fojas 256 y 257 del tomo anexo I) la responsable tuvo al tercero interesado cumpliendo con el pago de las prestaciones consistentes en la suerte principal e intereses ordinarios y moratorios, dado que 1) la suma de las cantidades correspondientes a la a) suerte principal, intereses b) ordinarios y c) moratorios, ascendía a la cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 02/100 M.N. ($21,531.02) , y que 2) el tercero interesado exhibió el certificado de depósito civil número 2021/2015, por la cantidad de VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. ($21,554.38). Proveído -veintiocho de octubre de dos mil dieciséis- contra el cual el quejoso interpuso recurso de revocación (fojas 263 a 265 del tomo anexo I), al considerar, esencialmente, que la responsable no debió tener por pagada la cantidad relativa a la suerte principal e intereses -ordinarios y moratorios-, a) puesto que los cuantificó hasta el nueve de marzo de dos mil quince, reiterando que a esa data la sentencia aún no había causado ejecutoria, y b) porque vulneraba su derecho a exhibir una planilla complementaria. Medio de defensa que la responsable, el trece de febrero de dos mil diecisiete, declaró improcedente, en esencia, porque (fojas 280 a 283 tomo anexo I): a) el cumplimiento voluntario no está sujeto a la declaración de que la sentencia haya causado estado; b) la resolución de cuatro de octubre de dos mil dieciséis -liquidación de intereses ordinarios y moratorios-había quedado firme, c) el quejoso no impugnó oportunamente el auto de veintidós de junio de dos mil dieciséis, d) el tiempo transcurrido desde el dictado de la sentencia hasta que la misma se declarase firme no era un hecho imputable al tercero interesado. De donde se advierte que los conceptos de violación formulados por el quejoso respecto de dicho acto resultan infundados, puesto que, en primer término, el auto de veintidós de junio de dos mil dieciséis (fojas 239 a 242 del tomo anexo I) no fue recurrido oportunamente, traduciéndose en un acto consentido; en segundo término, porque el propio quejoso cuantificó los intereses hasta el nueve de marzo de dos mil quince al promover el incidente de liquidación (fojas 245 y 246 del tomo anexo I); en tercer término, porque no promovió amparo indirecto contra la determinación que resolvió el incidente de liquidación; y, en cuarto término, no obstante que la sentencia aún no se encontraba firme, la cantidad amparada en el certificado civil exhibido garantizaba, incluso, la suerte principal de la deuda contraída inicialmente en el pagaré base de la acción. En lo que hace al argumento del quejoso, en el sentido de que la responsable vulneró su derecho a exhibir una planilla complementaria, tampoco le asiste razón; puesto que aquélla tiene por objeto la actualización de intereses, cuando por el transcurso del tiempo no se ha logrado dar cumplimiento a una planilla ya aprobada o, en su caso, no se ha cubierto el pago de la suerte principal, empero, en el caso, no se está en ese supuesto; en virtud de que al momento de la resolución del incidente de intereses ordinarios y moratorios -cuatro de octubre de dos mil dieciséis- ya existía un certificado de depósito, y que fue hasta el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis (fojas 256 y 257 del tomo anexo I) cuando la responsable la declaró firme, y aplicó la cantidad amparada en el certificado civil exhibido por el tercero interesado al pago de la suerte principal, intereses ordinarios y moratorios; con ello se satisfizo lo establecido en la tesis siguiente : "PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIAS, APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1348 DEL CÓDIGO DE COMERCIO RESPECTO DE LAS. Una correcta interpretación del artículo 1348 del Código de Comercio conduce a la conclusión de que en el mismo se contiene el procedimiento para determinar, en cantidad líquida, el importe de la condena cuya sentencia no lo fije en esa forma. Empero, de su texto no se desprende que prohíba, o de alguna manera impida, que idéntico procedimiento se aplique cuando, por el tiempo transcurrido, surja la necesidad de elaborar una planilla de liquidación complementaria de intereses a la aprobada con anterioridad, que también contenía el monto de la suerte principal, pues no resultaría jurídico estimar que porque el artículo que se interpreta omita expresamente referirse a las planillas de liquidación de intereses complementarias, la parte ejecutante no tuviera ya manera de llevar a cantidad líquida los intereses que se siguen generando en tanto no se cubre la suerte principal relativa; y menos aún que, porque ya se hubiera aprobado la planilla de liquidación principal, se cortara en forma definitiva el cómputo de intereses de la suerte principal, aun cuando ésta no haya sido satisfecha en la forma pactada por las partes en el documento base de la acción.". Así también, fue correcta la determinación de la responsable adoptada en proveído de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 301 vuelta a 303 del tomo anexo I), al declarar cumplida en su totalidad la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil quince (fojas 113 a 126 del tomo anexo I), ya que a esa fecha se encontraban cubiertos los montos relativos a la suerte principal, intereses ordinarios y moratorios, gastos y costas; es decir, la totalidad de las prestaciones a que fue condenado el tercero interesado en el juicio ejecutivo mercantil 477/2013, de acuerdo con los montos establecidos en las resoluciones de los incidentes de liquidación respectivos. Por lo antes expuesto, se estima que no tienen aplicación, para los fines que pretende el quejoso, las diversas tesis que invoca (fojas 6 a 9), de rubros: "OBLIGACIONES MERCANTILES CON INTERESES. APLICACION DE LAS ENTREGAS A CUENTA DEL ADEUDO", "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SI NO SE EXHIBE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PROMOVER LA EJECUCIÓN, COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 1348 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PROCEDE APERCIBIR AL PROMOVENTE PARA QUE LO EXHIBA, SO PENA DE QUE PRECLUYA SU DERECHO DE PRESENTAR TAL DOCUMENTO", "SENTENCIA DE SUMA INDETERMINADA EN EL JUICIO MERCANTIL. LA PARTE VENCIDA ESTÁ LEGITIMADA PARA FORMULAR SU LIQUIDACIÓN Y DAR CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1348 DEL CÓDIGO DE COMERCIO ANTERIOR A LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MAYO DE 1996)", por ello, ya no se hace pronunciamiento alguno respecto de ellas. En consecuencia, al resultar ineficaces los conceptos de violación formulados por el quejoso, y como no se está en el supuesto de suplencia de la queja, al no actualizarse alguno de los supuestos señalados en el artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar al quejoso Jaime Arroyo Sánchez el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada contra la resolución de trece de febrero de dos mil diecisiete, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el proveído de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, y el auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, que declaró cumplida la sentencia dictada el veinticuatro de febrero de dos mil quince, en autos del juicio ejecutivo mercantil 477/2013, del índice de la responsable. VIII. Ley de transparencia. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realiza en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Jaime Arroyo Sánchez, contra la resolución del recurso de revocación de trece de febrero de dos mil diecisiete y del auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, dictados por la jueza Primero de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio ejecutivo mercantil 477/2013. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva.
- Principal
PRAL.183/2018-8B*...Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a ***, contra la resolución del recurso de revocación de trece de febrero de dos mil diecisiete y del auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, dictados por la jueza Primero de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio ejecutivo mercantil 477/2013. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese. ....
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