Jacqueline Manuel Vásquez

Expediente 496/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 20 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
496/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
29/08/2023

Partes del expediente

  • Jacqueline Manuel Vásquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    PRAL. 496/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que las partes en este juicio de amparo quedaron debidamente notificadas de la 1) sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como 2) del acuerdo de quince de agosto de este año, en el que se dio trámite al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia de referencia. 2. Remisión al Tribunal de Alzada. Por tanto, queda integrado el expediente y, en cumplimiento con lo ordenado en proveído de quince de agosto de este año, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno: a) el expediente físico y electrónico del juicio de amparo ********************, así como b) impresión del escrito de interposición de recurso y expresión de agravios. Para ello, se instruye a la oficial judicial "A" de esta adscripción haga disponible el expediente electrónico a través de la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, a fin de que el Tribunal de Alzada pueda consultar este asunto a través de esa vía. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL. 496/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintitrés. 1. Recurso de revisión. Visto el escrito firmado electrónicamente por la quejosa ********, y anexo; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 81, 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha parte expresando agravios e interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por tanto, agréguese a este expediente copia del escrito de referencia y distribúyanse entre las demás partes copia del mismo; y, en su oportunidad, remítase a) este expediente (físico y electrónico), así como b) la impresión del escrito electrónico en el que interpuso el citado recurso y expresó agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, residente en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para la substanciación del recurso de que se trata. 2. Cuaderno de antecedentes. Por otro lado, intégrese el cuaderno de antecedentes únicamente con copia certificada de la demanda de amparo, sentencia y constancias posteriores; sin que haya lugar a deducir copia certificada de todo lo actuado en este juicio de amparo, pues de requerirse la consulta de determinadas constancias físicamente, podrán deducirse de las que integran el expediente electrónico mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 3. Reexpedición de oficios. Por otra parte, agréguense los sobres cerrados que devuelve el servicio de mensajería acelerada "Estafeta", que contienen los oficios a través de los cuales se transcribió la sentencia, dirigidos, respectivamente, a las autoridades siguientes: 16939/2023 "DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES". 16940/2023 "VICEPRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES". 16941/2023 "COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "D" DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES". De los cuales se advierte que no fue posible su entrega por ese medio. En consecuencia, a fin de que las citadas autoridades tengan conocimiento del contenido de la sentencia dictada en este juicio; con fundamento en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, reexpídanse los mencionados oficios a través del correo electrónico contencioso@cnbv.gob.mx; en el entendido que se levantará la razón de notificación correspondiente, en la que se acredite la fecha y hora del acuse de recibo de las comunicaciones oficiales. Lo anterior es acorde con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, que contempla la posibilidad de emplear, en casos excepcionales, el uso de medios tecnológicos para comunicaciones procesales. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 496/2023 MESA 3 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con trece minutos del treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 496/2023, como se ordenó en acuerdo de catorce de julio del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular de Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico autorizado. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por ******************** por derecho propio, informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y demás constancias de autos. Además, hace constar que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenidos en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se hizo de su conocimiento en auto de admisión. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que anteceden, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse la sentencia respectiva. ETAPA PROBATORIA. Abierto el periodo probatorio, se hace constar que la parte quejosa ofreció como prueba las documentales siguientes: Original del oficio de veintisiete de abril de dos mil veintitrés emitido por "*************, *****************". La solicitud de cancelación de contrato de la cuenta ****************, de veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Credencial de elector de ******************** expedida por el Instituto Nacional Electoral. Constancia de la cédula de identificación fiscal de ******************** expedida por el Servicio de Administración Tributaria. Contrato de apertura de cuenta bancaria ************ de "**************, *********". Presuncional legal y humana. Instrumental de actuaciones. Acto continuo, se acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas las citadas probanzas, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, y que serán consideradas al resolver este juicio. Por cuanto a las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, ofrecidas por la parte quejosa, se tienen por ofrecidas y desahogadas, ya que derivan de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos; como así lo ilustra la tesis aislada XX. 305 K; del rubro: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS". No habiendo más pruebas que relacionar o desahogar, se cierra esta etapa. ETAPA DE ALEGATOS. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que únicamente la parte quejosa los formuló, en tanto que las demás partes no los expresaron; sin haber cuestión diversa por atender ni proveer, se declara cerrado este periodo y procede emitir para dictar la sentencia respectiva. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo ******; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, ********************por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de otras autoridades, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite del juicio. En proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés se registró la demanda de amparo con el expediente *******, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49 y 57 la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013; en tanto que los actos reclamados son de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: De la 1) Cámara de Diputados y 2) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión: En el ámbito de sus respectivas competencias la iniciativa, discusión, aprobación y expedición de la Ley de Instituciones de Crédito, en particular el artículo 115. Del 3) presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: En el ámbito de su respectiva competencia, la iniciativa, refrendo, firma y expedición de la Ley de Instituciones de Crédito, en particular el artículo 115 vigente. Del 4) secretario de Hacienda y Crédito Público: La emisión y publicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en específico las reglas 70ª, 71ª, 72ª, 73ª 74ª y 75ª. Del 5) titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y 6) director de Procesos Legales B de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: El primer acto de aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en específico las reglas 70ª, 71ª, 72ª, 73ª 74ª y 75ª, consistente en la inclusión de la quejosa en la lista de personas bloqueadas. Del 7) director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 8) vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 9) del coordinador de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: El primer acto de aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en específico las reglas 70ª, 71ª, 72ª, 73ª 74ª y 75ª, consistente en la emisión del oficio en el cual se le incluye a la quejosa en el listado de personas bloqueadas y, como consecuencia de ello, la orden de bloquear la cuenta bancaria ************. La orden verbal o escrita dada a la Institución bancaria *******, *************, *************, para que bloquee, cancele, suspenda o revoque la totalidad de la cuenta bancaria ************** e impida que se disponga de los recursos que existe en dicha cuenta. Del 10) Representante legal de BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO: El primer acto de aplicación de las normas reclamadas, así como la ejecución material de los actos reclamados consistentes en la emisión del oficio de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en especial el bloqueo de la cuenta bancaria ************ y el impedimento de disponer de los recursos que existe en dicha cuenta. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, página 1511, registro 1003226, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia de diversos actos reclamados. Las siguientes autoridades rindieron informe justificado en los términos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DE INFORME 1 Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Negó (iniciativa, refrendo, firma y expedición) 2 Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Negó (publicación) 3 Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Negó (iniciativa y expedición) Del cuadro que antecede se advierte que las autoridades precisadas negaron la existencia de los actos consistentes en la iniciativa, refrendo, firma, expedición y publicación, respectivamente, sin prueba en contrario; de ahí que se tengan por inexistentes. Por ello, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo lo procedente es sobreseer en el juicio, respecto de los citados actos. CUARTO. Inexistencia de actos. Al rendir el informe justificado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el director de Procesos Legales B de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del director General de lo Contencioso, negaron el acto que se les atribuye, pues indicaron que después de realizar una consulta a las bases de datos con las que cuenta dicha Unidad no se encontró incluida a la quejosa en la lista de personas bloqueadas a la que hace referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Asimismo, el vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, director General de Atención a Autoridades y el coordinador de Atención a Autoridades "D", todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la ciudad de México, por conducto de los directores Contenciosos adscritos a la Coordinación Jurídica de Procedimientos "C, negaron los actos reclamados, pues, al respecto, las dos últimas autoridades indicaron que no se localizaron antecedentes vigentes respecto al embargo, aseguramiento, inmovilización y bloqueo de cuentas de la quejosa. El apoderado legal de la institución de crédito *********, **********, *****************, ***************, al rendir el informe justificado, negó el acto que se le atribuye, pues indicó que se revisaron los archivos a nivel nacional y no se localizó orden de embargo vigente sobre la cuenta ********* a nombre de ********************debido a que la cuenta se encuentra cancelada desde el veintisiete de abril de este año. Ahora, la parte quejosa para acreditar la existencia de los actos atribuidos a las autoridades anteriormente citadas y demostrar que fue incluida en la lista de personas bloqueadas a la que hace referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, ofreció como medio de convicción, entre otras documentales, el original del oficio de veintisiete de abril de este año, emitido por ********, ***********, ************, *************, del cual se advierte que se le informó que fue incluida a la lista de personas bloqueadas, por lo que se tenía que suspender de forma inmediata todo acto, operación o servicios presentes y futuros con la quejosa, como se advierte de la imagen siguiente: Pese a lo anterior, la parte quejosa también ofreció como prueba el original de la solicitud de cancelación de contrato de la cuenta *********, de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, de la que se advierte que solicitó la terminación del citado contrato por así convenir a sus intereses, como se advierte de la imagen siguiente: Por ello, se tienen por inexistentes los actos reclamados a las autoridades citadas en este considerando, porque si bien quedó acreditada la existencia del oficio de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, emitido por el *********, **************, **************, ***************, mediante el cual se le informó a la parte quejosa que fue incluida a la lista de personas bloqueadas, también lo es que aquélla el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, de manera voluntaria, solicitó la cancelación de la cuenta bancaria **********, por así convenir a sus intereses. Por ello, a la fecha de la presentación de la demanda (veintidós de mayo de dos mil veintitrés), la cuenta bancaria *********** se encontraba cancelada a solicitud de la parte quejosa, como así también lo refirió el banco *****, ********, *************, *****************; de ahí que no puede existir orden de bloqueo, suspensión o revocación de la citada cuenta con motivo de la aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que la referida cuenta fue cancelada a petición de la aquí parte quejosa, por así convenir a sus intereses, antes de la presentación de la demanda. Cabe precisar que si bien la parte quejosa reclamó también la cancelación de la cuenta bancaria *********** del banco *******, ***********, *************, **************, con motivo del primer acto de aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo cierto es que, se reitera, quedó acreditado que la cancelación de la citada cuenta, fue a petición de la parte quejosa, por así convenir a sus intereses, como quedó acreditado con la documental exhibida por aquélla, de ahí que no fue con motivo de la aplicación del citado numeral. Consecuentemente, quedó acreditado que no existe acto de aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en específico las reglas 70ª, 71ª, 72ª, 73ª 74ª y 75ª; máxime que las autoridades responsables de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negaron que la parte quejosa haya sido incluida en la lista de personas bloqueadas a que se refiere el citado numeral, unidad que es la autoridad que tiene a su cargo la publicación del listado de personas bloqueadas. Sin que las pruebas ofrecidas, consistentes en la constancia de la cédula de identificación fiscal de ********************expedida por el Servicio de Administración Tributaria y el contrato de apertura de cuenta bancaria ************ de "**********************, *****************", sean eficaces para desvirtuar la inexistencia de los actos reclamados. Por tanto, ante la inexistencia no desvirtuada de los actos precisados en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sexta Época, página 236, tomo VI, registro 917818, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". QUINTO. Existencia de actos. Las siguientes autoridades rindieron informe justificado en los términos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DE INFORME 1) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Cierto (Promulgación) 2) Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del director General de Amparos contra leyes. Cierto (emisión) 3) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Cierto (iniciativa, discusión, aprobación y expedición) 4) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Cierto (Discusión y aprobación) De lo anterior se aprecia que las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos que, en el ámbito de sus respectivas competencias, les atribuyó la parte quejosa; por tanto, se tienen por ciertos. Máxime que el ordenamiento impugnado se publicó en el Diario Oficial de la Federación, de cuya divulgación se desprende su existencia; lo que constituye un hecho notorio y, como tal, no se encuentra sujeto a prueba, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, registro 191452, que señala lo siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En torno a la Ley de Instituciones de Crédito, en particular las reglas 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª y 75ª del artículo 115 del referido ordenamiento legal, con motivo del primer acto de aplicación de esa norma general, consistente en la inclusión de la quejosa en el listado de personas bloqueadas; es pertinente destacar que cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que se debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de amparo la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Encuentra sustento lo anterior en la jurisprudencia 2ª/J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, registro 191311, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." De lo anterior, resulta claro que si la parte quejosa combate las porciones legales con motivo de su primer acto de aplicación; el acto de aplicación de dichas normas debe ser plenamente acreditado a efecto de demostrar que los artículos combatidos afectaron su esfera jurídica. La figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido en el artículo 5, fracción I, en relación con el 6, ambos de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional. Sobre esa premisa, puede afirmarse que el interés jurídico necesario para promover el juicio de amparo contra normas generales o actos de autoridad solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas. Esto es, el interés jurídico está en relación directa con el derecho afectado y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. La tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos; por ello, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Por lo anterior, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia emitida en dicho juicio, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Entonces, la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, esto es, con el carácter con que acude la parte quejosa al juicio de amparo, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado; como así lo ilustra la jurisprudencia 1a. /J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, registro 170500, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe decirse que el acto de aplicación de las normas reclamadas deben causar perjuicio a la quejosa, esto es, que la ley o acto reclamado lesione su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Lo anterior significa que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y efectivo en forma definitiva a la persona física o jurídica; de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: -- -- (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; -- - - (...)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Precisado lo anterior, se tiene que, en el caso a estudio, la parte quejosa señala que el acto de aplicación de las normas generales combatidas lo constituye la inclusión en el listado de personas bloqueadas, que tiene como consecuencia el bloqueo, cancelación, suspensión o revocación de la cuenta bancaria ****************, de la institución bancaria *******, ***********, ******************, *********************; empero, de las constancias que obran en autos no quedó demostrado fehacientemente que se hayan aplicado las reglas 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª y 75ª del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. En efecto, el 1) titular y 2) director de Procesos Legales B de la Dirección General de Procesos Legales, ambos de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 3) vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, 4) director General de Atención a Autoridades y 5) coordinador de Atención a Autoridades "D", estas tres últimas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y 6) ********, **********, ***************, **********, al rendir sus informes justificados, manifestaron que no era cierto el acto de aplicación del referido artículo que se les atribuye; inexistencia que quedó acreditado en el considerando cuarto de esta sentencia, por los motivos ahí expuestos. Igualmente, la parte quejosa no exhibió diversas documentales con las que se demuestre la aplicación de las normas reclamadas. Al no haber quedado acreditado el acto de aplicación de las normas generales reclamadas, tampoco demostró la quejosa su interés jurídico para combatir dichas disposiciones tildadas de inconstitucionales; de ahí que carece del interés jurídico necesario para instar la acción constitucional respecto del artículo 115, en particular las reglas 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª y 75ª de ese artículo, de la Ley de Instituciones de Crédito. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por ello, se impone sobreseer en el juicio respecto de dicho acto reclamado. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 67/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Julio de 1999, página 104, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su perjuicio." SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************contra las autoridades responsables y por los actos reclamados, precisados en el considerando segundo de esta sentencia; por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero, cuarto y sexto de la misma. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRA 496/2023 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. 1. Se agrega escrito. Agréguese el escrito firmado por la parte quejosa ************** y anexos, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, exhibe el original del oficio de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, emitido por "***************************************, **************************", así como el escrito de solicitud de cancelación de contrato de la cuenta *****************, de veintisiete de abril de dos mil veintitrés; lo anterior, para los efectos legales procedentes. 2. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa: Original del oficio de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, emitido por "*****************************************, *******************************". Escrito de solicitud de cancelación de contrato de la cuenta ***********, de veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Documentales que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Notifíquese. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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