JAIME ANTONIO ESTRADA GARRIDO y Otros.
Expediente 1001/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1001/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 14/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- JAIME ANTONIO ESTRADA GARRIDO y Otros.
- Jaime Antonio Estrada Garrido
- MARÍA DOLORES GARRIDO ROLDÁN y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el numeral 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se haya hecho valer; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada determinación causó ejecutoria. Consecuentemente, con apoyo en el ordinal 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente auto informen sobre el cumplimiento que den a la resolución de referencia, remitiendo copia certificada de las constancias respectivas con las que lo acrediten, en las que se advierta el nombre y firma de los servidores públicos que intervinieron en su emisión, así como el sello de publicación debidamente requisitado, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización. Amén que de no acatar lo señalado, se procederá en términos del precepto 192 párrafo segundo del ordenamiento legal citado. Tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/-dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con diez minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1001/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ... Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la tercera interesada. En este acto, se da cuenta con el escrito con registro 20992. Al efecto se acuerda: Se tiene por hecha la relación que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar. En otro orden, agréguese el escrito de María Teresa Torres Reyes, autorizada de los quejosos en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, carácter que se le reconoce por tener su cédula profesional registrada en el sistema correspondiente; atento a su contenido, se tienen por anunciadas las pruebas que refiere, con las que se hará relación enseguida. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que los quejosos y la tercera interesada ofrecieron las pruebas documentales e instrumental de actuaciones referidas en sus ocursos con folios 18213, 18764 y 20992. Pronunciamiento: Se admiten y desahogan las probanzas aludidas, dada su especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que únicamente la tercera interesada los formuló y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino, por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver el juicio de amparo 1001/2023, promovido por ****** contra actos del Juez Quincuagésimo Noveno Civil de la Ciudad de México; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Los accionantes solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, aduciendo que se violentaron en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda y substanciación del proceso. La demanda se admitió; dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; requirió el informe justificado; señaló a la parte tercera interesada; y fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. La autoridad rindió su informe, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la parte tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción IV y VI de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza mercantil, seguido ante un Juzgado del orden común con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, el acto reclamado es: La interlocutoria de siete de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el incidente de liquidación derivado del juicio ejecutivo mercantil ****** del índice del Juzgado Quincuagésimo Noveno Civil de esta ciudad, que los condenó a pagar ******, por concepto de intereses moratorios e impuesto al valor agregado. Además, como violación procesal se duelen de que la notificación de la vista con dicha incidencia se efectuara a través de boletín judicial y no personalmente. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó el acto que se le atribuye, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso natural que se remitieron y gozan de valor probatorio pleno, de acuerdo con los arábigos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente hacer las siguientes precisiones que se advierten de las constancias remitidas: I. En el juicio ejecutivo mercantil de origen, el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva condenatoria sobre intereses moratorios e impuesto al valor agregado, entre otras cosas. II. El diecinueve de junio de dos mil veintitrés, la parte tercera interesada promovió un incidente de liquidación conforme a los resolutivos tercero, cuarto y quinto de la sentencia. III. Seguida la secuela incidental, el siete de agosto de dos mil veintitrés, se dictó interlocutoria que condenó a ******* a pagar *********, por concepto de intereses moratorios e impuesto al valor agregado. La falta de notificación personal respecto de la admisión de procedimiento incidental y la resolución interlocutoria constituyen los actos reclamados en esta instancia constitucional. QUINTO. ESTUDIO POR LO QUE HACE AL EMPLAZAMIENTO DENTRO DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES MORATORIOS E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Por orden y método se estudiará primeramente el llamamiento al procedimiento de origen, pues de su validación depende la prevalencia de la interlocutoria dictada en el procedimiento incidental; lo cual se hará supliendo la deficiencia de la queja, como lo dispone la jurisprudencia del Máximo Tribunal. Al respecto se cita la tesis 1a./J. 13/2019 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EMPLAZAMIENTO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA EXAMINAR DE OFICIO LAS DILIGENCIAS RESPECTIVAS, AUN RESPECTO DE CUESTIONES NO ADUCIDAS EN EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y, EN SU CASO, EN EL RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO CONTRA LO RESUELTO EN ÉSTE. Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el emplazamiento al juicio es una de las formalidades esenciales del procedimiento de mayor relevancia para garantizar el derecho de audiencia al demandado, pues de ese acto procesal depende que éste pueda contestar la demanda, ofrecer y desahogar pruebas y alegar en el juicio. En suma, tiene como propósito que el demandado tenga adecuada defensa, de modo que se ha considerado un acto procesal de orden público y de estudio oficioso por parte de los juzgadores. Por las mismas razones, se ha estimado que la falta o la ilegalidad del emplazamiento se erige como la violación procesal de carácter más grave en el proceso, y que actualiza una violación evidente de la ley que deja sin defensa al enjuiciado, que autoriza a suplir la deficiencia de la queja de los conceptos de violación en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, cuando dicha actuación se impugna como violación procesal en el juicio constitucional. Sobre esa base, cuando en el juicio natural el demandado comparece antes de que se emita la sentencia definitiva y plantea el incidente de nulidad de actuaciones para impugnar el emplazamiento y, en su caso, agota el recurso ordinario procedente contra lo resuelto en dicho incidente, si se plantea como violación procesal en el juicio de amparo, el tribunal colegiado válidamente puede examinar de fondo conceptos de violación respecto de cuestiones no propuestas en la instancia incidental, o bien, suplir la queja para advertir oficiosamente irregularidades de la diligencia de emplazamiento aun cuando no hayan sido materia del incidente respectivo, ello, pues el hecho de que el demandado hubiere planteado una impugnación expresa del emplazamiento a través de la nulidad de actuaciones, no excluye la obligación de estudio oficioso de los juzgadores, de manera que mientras subsista y pueda ser analizada la controversia sobre la regularidad del emplazamiento, éste debe ser analizado con toda amplitud en el juicio de amparo, mediante la suplencia de la queja." Lo anterior, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, que dispone que para procurar un acceso efectivo a la justicia, debe privilegiarse la solución del asunto sobre los formalismos procesales; lo cual se fomenta si se aborda la causa de pedir desde su origen, que es la alegada indefensión que invoca la parte quejosa. En esencia, ***** aduce que la forma en que se ordenó su llamamiento a la incidencia de liquidación (por medio de boletín judicial), violenta sus derechos fundamentales y lo pone en estado de indefensión. El concepto de violación es fundado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que el auto que admite el incidente de liquidación de intereses en juicios mercantiles ordinarios o ejecutivos, debe notificarse personalmente a la contraparte de quien lo promueve, bajo los siguientes argumentos torales: - Dicha incidencia se erige como un auténtico procedimiento contencioso, autónomo del juicio principal en cuanto tiene una litis propia en materia de cuantificación de las condenas, y una tramitación independiente, con una estructura procesal equiparable a la de un juicio. - Con base en ello, cobran aplicación todas las formalidades esenciales de un procedimiento, y en esa medida, la notificación de la liquidación a la contraparte del promovente resulta crucial para que aquélla ejerza su derecho de defensa. - Dada la importancia de la notificación, se asemeja o equipara al emplazamiento al juicio, atento a los caracteres relevantes que tiene el incidente de liquidación de sentencia. Dichos argumentos fueron plasmados en la jurisprudencia 1a./J. 21/2019 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE ADMITE EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES EN JUICIOS MERCANTILES ORDINARIOS O EJECUTIVOS. DEBE ORDENARSE DE MANERA PERSONAL A LA CONTRAPARTE DE QUIEN LO PROMOVIÓ." En el caso, la autoridad responsable infringió lo dispuesto por el Máximo Tribunal, pues si bien en el auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, donde admitió el incidente de liquidación y le dio vista a ********, había ordenado notificarles por medio de exhorto, posteriormente en proveído de veintinueve de junio del mismo año, determinó que se realizara la notificación por medio de boletín judicial, lo cual va abiertamente en contra de lo que dispone dicha jurisprudencia y pone en indefensión a los peticionarios. Dicho pronunciamiento (de veintinueve de junio del año en curso), atendió a una solicitud de la parte tercera interesada, invocando como hecho la devolución de un diverso exhorto previo; esto es, ni siquiera fue el que se ordenó en el auto admisorio de la incidencia. Siendo así, queda en evidencia que la autoridad responsable revocó su propia determinación, en perjuicio de la defensa de la parte quejosa, lo que no es dable realizar conforme al principio de seguridad jurídica. Conforme a lo anterior, deviene irregular la pretensión de justificar la decisión asumida, con el argumento de que durante la secuela procesal había decretado que las notificaciones personales les surtieran efectos a ****** por medio de boletín judicial. Lo anterior, pues en la jurisprudencia 1a./J. 21/2019 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación equiparó el inicio del incidente a un procedimiento autónomo y una tramitación independiente, con una estructura procesal comparable a la de un juicio. De ahí que si la primera notificación es un símil al emplazamiento, no se estaría ampliando la notificación personal a un supuesto distinto, sino lato sensu, al llamamiento a la contienda, que aunque sea para la fase de ejecución, se hace necesario al inicio de una incidencia. Acorde a lo anterior, se concluye que la orden de notificar a la quejosa por medio de boletín judicial la admisión del incidente de ejecución, es ilegal, pues los requisitos mínimos indispensables para lograr un llamamiento que brinde certeza del conocimiento del proceso natural, se encuentran insatisfechos, y siendo así, resulta contrario a la Constitución Federal, sobre todo considerando que en un principio se ordenara vía exhorto su notificación, sin embargo antes de diligenciar dicho medio de comunicación, la autoridad emitió el auto de veintinueve de junio del año en curso, donde determinó que la notificación les surtiría por boletín judicial. Ante esa circunstancia, es dable reputar las actuaciones subsecuentes, entre las que destaca la sentencia de siete de agosto de dos mil veintitrés, son frutos de un acto viciado que impidió a la moral demandada defenderse de la acción de liquidación en su contra, y por ello debe declararse su inconstitucionalidad en vía de consecuencia. Sirve de apoyo, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa el Primer Circuito, visible en la página 280, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, sexta parte, Materia Común, que dice: "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal." Por lo tanto, con fundamento en el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo, a fin de restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos y restablecer las cosas al estado que guardaban con anterioridad a la violación, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que el Juez responsable: a) Deje insubsistente el llamamiento por boletín o lista a los demandados, respecto del inicio del incidente de liquidación de intereses e impuesto al valor agregado planteado en su contra; así como todo lo actuado, incluyendo la interlocutoria de siete de agosto de dos mil veintitrés; y b) Reponga el procedimiento ordenando llamar personalmente a *******, atento a lo expuesto en este fallo. El efecto precisado se funda en el criterio de jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro: 2015693, intitulada: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN." Atento a ello, es innecesario atender el concepto de violación restante, pues la violación procesal que deberá subsanar la autoridad responsable impacta en el fondo del asunto y genera un mayor beneficio a *******. Al respecto, se cita la jurisprudencia número V.2o. J/7, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1991, página 86, Octava Época, Materia Común, Registro 223103, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.". No se aborda el estudio de los alegatos formulados, porque no forman parte de la litis en el amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ****** contra actos del Juez Quincuagésimo Noveno Civil de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos precisados en el diverso último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ...z, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
(CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA DE 15 DE NOVIEMBRE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: VISTOS para resolver el juicio de amparo 1001/2023, promovido por ****** contra actos del Juez Quincuagésimo Noveno Civil de la Ciudad de México; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Los accionantes solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, aduciendo que se violentaron en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda y substanciación del proceso. La demanda se admitió; dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; requirió el informe justificado; señaló a la parte tercera interesada; y fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. La autoridad rindió su informe, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la parte tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción IV y VI de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza mercantil, seguido ante un Juzgado del orden común con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, el acto reclamado es: La interlocutoria de siete de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el incidente de liquidación derivado del juicio ejecutivo mercantil ****** del índice del Juzgado Quincuagésimo Noveno Civil de esta ciudad, que los condenó a pagar ******, por concepto de intereses moratorios e impuesto al valor agregado. Además, como violación procesal se duelen de que la notificación de la vista con dicha incidencia se efectuara a través de boletín judicial y no personalmente. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó el acto que se le atribuye, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso natural que se remitieron y gozan de valor probatorio pleno, de acuerdo con los arábigos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente hacer las siguientes precisiones que se advierten de las constancias remitidas: I. En el juicio ejecutivo mercantil de origen, el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva condenatoria sobre intereses moratorios e impuesto al valor agregado, entre otras cosas. II. El diecinueve de junio de dos mil veintitrés, la parte tercera interesada promovió un incidente de liquidación conforme a los resolutivos tercero, cuarto y quinto de la sentencia. III. Seguida la secuela incidental, el siete de agosto de dos mil veintitrés, se dictó interlocutoria que condenó a ******* a pagar *********, por concepto de intereses moratorios e impuesto al valor agregado. La falta de notificación personal respecto de la admisión de procedimiento incidental y la resolución interlocutoria constituyen los actos reclamados en esta instancia constitucional. QUINTO. ESTUDIO POR LO QUE HACE AL EMPLAZAMIENTO DENTRO DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES MORATORIOS E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Por orden y método se estudiará primeramente el llamamiento al procedimiento de origen, pues de su validación depende la prevalencia de la interlocutoria dictada en el procedimiento incidental; lo cual se hará supliendo la deficiencia de la queja, como lo dispone la jurisprudencia del Máximo Tribunal. Al respecto se cita la tesis 1a./J. 13/2019 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EMPLAZAMIENTO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA EXAMINAR DE OFICIO LAS DILIGENCIAS RESPECTIVAS, AUN RESPECTO DE CUESTIONES NO ADUCIDAS EN EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y, EN SU CASO, EN EL RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO CONTRA LO RESUELTO EN ÉSTE. Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el emplazamiento al juicio es una de las formalidades esenciales del procedimiento de mayor relevancia para garantizar el derecho de audiencia al demandado, pues de ese acto procesal depende que éste pueda contestar la demanda, ofrecer y desahogar pruebas y alegar en el juicio. En suma, tiene como propósito que el demandado tenga adecuada defensa, de modo que se ha considerado un acto procesal de orden público y de estudio oficioso por parte de los juzgadores. Por las mismas razones, se ha estimado que la falta o la ilegalidad del emplazamiento se erige como la violación procesal de carácter más grave en el proceso, y que actualiza una violación evidente de la ley que deja sin defensa al enjuiciado, que autoriza a suplir la deficiencia de la queja de los conceptos de violación en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, cuando dicha actuación se impugna como violación procesal en el juicio constitucional. Sobre esa base, cuando en el juicio natural el demandado comparece antes de que se emita la sentencia definitiva y plantea el incidente de nulidad de actuaciones para impugnar el emplazamiento y, en su caso, agota el recurso ordinario procedente contra lo resuelto en dicho incidente, si se plantea como violación procesal en el juicio de amparo, el tribunal colegiado válidamente puede examinar de fondo conceptos de violación respecto de cuestiones no propuestas en la instancia incidental, o bien, suplir la queja para advertir oficiosamente irregularidades de la diligencia de emplazamiento aun cuando no hayan sido materia del incidente respectivo, ello, pues el hecho de que el demandado hubiere planteado una impugnación expresa del emplazamiento a través de la nulidad de actuaciones, no excluye la obligación de estudio oficioso de los juzgadores, de manera que mientras subsista y pueda ser analizada la controversia sobre la regularidad del emplazamiento, éste debe ser analizado con toda amplitud en el juicio de amparo, mediante la suplencia de la queja." Lo anterior, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, que dispone que para procurar un acceso efectivo a la justicia, debe privilegiarse la solución del asunto sobre los formalismos procesales; lo cual se fomenta si se aborda la causa de pedir desde su origen, que es la alegada indefensión que invoca la parte quejosa. En esencia, ***** aduce que la forma en que se ordenó su llamamiento a la incidencia de liquidación (por medio de boletín judicial), violenta sus derechos fundamentales y lo pone en estado de indefensión. El concepto de violación es fundado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que el auto que admite el incidente de liquidación de intereses en juicios mercantiles ordinarios o ejecutivos, debe notificarse personalmente a la contraparte de quien lo promueve, bajo los siguientes argumentos torales: - Dicha incidencia se erige como un auténtico procedimiento contencioso, autónomo del juicio principal en cuanto tiene una litis propia en materia de cuantificación de las condenas, y una tramitación independiente, con una estructura procesal equiparable a la de un juicio. - Con base en ello, cobran aplicación todas las formalidades esenciales de un procedimiento, y en esa medida, la notificación de la liquidación a la contraparte del promovente resulta crucial para que aquélla ejerza su derecho de defensa. - Dada la importancia de la notificación, se asemeja o equipara al emplazamiento al juicio, atento a los caracteres relevantes que tiene el incidente de liquidación de sentencia. Dichos argumentos fueron plasmados en la jurisprudencia 1a./J. 21/2019 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE ADMITE EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES EN JUICIOS MERCANTILES ORDINARIOS O EJECUTIVOS. DEBE ORDENARSE DE MANERA PERSONAL A LA CONTRAPARTE DE QUIEN LO PROMOVIÓ." En el caso, la autoridad responsable infringió lo dispuesto por el Máximo Tribunal, pues si bien en el auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, donde admitió el incidente de liquidación y le dio vista a ********, había ordenado notificarles por medio de exhorto, posteriormente en proveído de veintinueve de junio del mismo año, determinó que se realizara la notificación por medio de boletín judicial, lo cual va abiertamente en contra de lo que dispone dicha jurisprudencia y pone en indefensión a los peticionarios. Dicho pronunciamiento (de veintinueve de junio del año en curso), atendió a una solicitud de la parte tercera interesada, invocando como hecho la devolución de un diverso exhorto previo; esto es, ni siquiera fue el que se ordenó en el auto admisorio de la incidencia. Siendo así, queda en evidencia que la autoridad responsable revocó su propia determinación, en perjuicio de la defensa de la parte quejosa, lo que no es dable realizar conforme al principio de seguridad jurídica. Conforme a lo anterior, deviene irregular la pretensión de justificar la decisión asumida, con el argumento de que durante la secuela procesal había decretado que las notificaciones personales les surtieran efectos a ****** por medio de boletín judicial. Lo anterior, pues en la jurisprudencia 1a./J. 21/2019 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación equiparó el inicio del incidente a un procedimiento autónomo y una tramitación independiente, con una estructura procesal comparable a la de un juicio. De ahí que si la primera notificación es un símil al emplazamiento, no se estaría ampliando la notificación personal a un supuesto distinto, sino lato sensu, al llamamiento a la contienda, que aunque sea para la fase de ejecución, se hace necesario al inicio de una incidencia. Acorde a lo anterior, se concluye que la orden de notificar a la quejosa por medio de boletín judicial la admisión del incidente de ejecución, es ilegal, pues los requisitos mínimos indispensables para lograr un llamamiento que brinde certeza del conocimiento del proceso natural, se encuentran insatisfechos, y siendo así, resulta contrario a la Constitución Federal, sobre todo considerando que en un principio se ordenara vía exhorto su notificación, sin embargo antes de diligenciar dicho medio de comunicación, la autoridad emitió el auto de veintinueve de junio del año en curso, donde determinó que la notificación les surtiría por boletín judicial. Ante esa circunstancia, es dable reputar las actuaciones subsecuentes, entre las que destaca la sentencia de siete de agosto de dos mil veintitrés, son frutos de un acto viciado que impidió a la moral demandada defenderse de la acción de liquidación en su contra, y por ello debe declararse su inconstitucionalidad en vía de consecuencia. Sirve de apoyo, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa el Primer Circuito, visible en la página 280, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, sexta parte, Materia Común, que dice: "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal." Por lo tanto, con fundamento en el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo, a fin de restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos y restablecer las cosas al estado que guardaban con anterioridad a la violación, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que el Juez responsable: a) Deje insubsistente el llamamiento por boletín o lista a los demandados, respecto del inicio del incidente de liquidación de intereses e impuesto al valor agregado planteado en su contra; así como todo lo actuado, incluyendo la interlocutoria de siete de agosto de dos mil veintitrés; y b) Reponga el procedimiento ordenando llamar personalmente a *******, atento a lo expuesto en este fallo. El efecto precisado se funda en el criterio de jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro: 2015693, intitulada: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN." Atento a ello, es innecesario atender el concepto de violación restante, pues la violación procesal que deberá subsanar la autoridad responsable impacta en el fondo del asunto y genera un mayor beneficio a *******. Al respecto, se cita la jurisprudencia número V.2o. J/7, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1991, página 86, Octava Época, Materia Común, Registro 223103, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.". No se aborda el estudio de los alegatos formulados, porque no forman parte de la litis en el amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ****** contra actos del Juez Quincuagésimo Noveno Civil de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos precisados en el diverso último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ...z, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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