Jaime Alberto Enriquez Rodríguez

Expediente 165/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
165/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
20/07/2021

Partes del expediente

  • Jaime Alberto Enriquez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado procesal, el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno se ordenó el archivo del sumario; por ello, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Cúmplase.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de la materia, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia engrosada el veintidós de diciembre de dos mil veinte, en la que se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE LA CITADA RESOLUCIÓN HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que la Sala responsable remitió siete legajos de constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, .., se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual la actuaria adscrita a este juzgado, manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la parte tercera interesada la sentencia con fecha de engrose veintidós de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia, se ordena notificar por medio de lista la aludida resolución, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, SEÑALA: "V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 165/2020, promovido por ...contra actos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El veintidós de enero de dos mil veinte, el quejoso promovió demanda de amparo contra actos de la autoridad referida, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Incompetencia. La demanda fue remitida al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien por auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, se declaró legalmente incompetente. TERCERO. Admisión. ... CUARTO. Trámite. La autoridad responsable remitió las constancias relativas al acto reclamado, ... CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, ... SEGUNDO. Litis. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como acto reclamado: La sentencia emitida el nueve de diciembre de dos mil diecinueve por la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, en el toca 2251/2018/5, que confirmó la resolución de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, en el incidente de modificación y aumento de pensión alimenticia derivado de la controversia del orden familiar iniciada por ... contra ..., en el expediente 190/2008 del índice del Juzgado Quinto Familiar de la Ciudad de México, donde se estableció el veinte por ciento de las percepciones del quejoso, como pensión de la menor hija de las partes ... TERCERO. Existencia de los actos. Al rendir su informe justificado la responsable aceptó la existencia del acto reclamado; como se corrobora con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo a resolver el problema jurídico planteado, se narra el origen procesal de los actos reclamados, a saber: ... (.)" Esta determinación constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa formula los siguientes motivos de inconformidad: 1. El acto reclamado viola el principio de exacta aplicación, las garantías de legalidad, seguridad jurídica, y demás contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. La sentencia reclamada no contiene claramente los fundamentos utilizados para emitirla. 2. Conforme a la ejecutoria de amparo, no se debía cambiar el sentido de la misma ni introducir nuevos elementos probatorios. Además, .. tenía que demostrar la necesidad de la pensión fijada inicialmente equivalente al 20% (veinte por ciento), sin dejar pasar que ella y la menor acreedora ya no habitan el inmueble establecido como domicilio familiar. En la resolución impugnada no se justificó por qué la pensión alimenticia de la menor acreedora debe de exceder del 15% (quince por ciento), máxime que con tal aumento se dejan de respetar los derechos alimentarios de los demás acreedores. 3. El acto reclamado carece de congruencia al sostener que ... cumple con su obligación de suministrar alimentos, al incorporar a la menor acreedora bajo el mismo techo y contribuir a las labores del hogar, porque dicha persona cuenta con un empleo cuyo horario es de nueve a diecinueve horas, además cursa estudios de licenciatura, es decir, que no se dedica al hogar exclusivamente, ni tiene tiempo para procurar cuidados a la acreedora. 4. La resolución no está debidamente motivada porque se omitió considerar el monto que ... obtiene, por el alquiler de inmueble que fue domicilio familiar y propiedad del quejoso, con el cual se sufragan necesidades alimenticias de la menor acreedora. 5. La Sala responsable omitió aclarar que la propiedad que ocupaba ... y su menor hija debía ser devuelta al quejoso, posesión que impide la deducción de montos que en teoría debían de quedar para la subsistencia de éste y de sus otros dos menores hijos, además de que ello provocó la generación de otros gastos por la habitación del inmueble que ahora utiliza con su familia, mismos que se pudieron haber evitado si se contara con dicho bien que además sigue pagando. 6. El pago de escuela privada de la menor acreedora no debe formar parte de los gastos del quejoso, por falta de empeño en sus estudios, por obtener bajo puntaje en los exámenes de ingreso a la educación pública, pues se limitan las oportunidades de los otros dos hijos. Los conceptos de violación resultan infundados en una parte e inoperantes en otra, los cuales serán analizados como fueron agrupados por corresponder a temas afines, aunque no coincidan en la forma planteada por la parte quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. El principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. El citado artículo dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión. Tiene aplicación, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En ese orden de ideas, es infundado el concepto de violación marcado con el número 1, porque la Sala responsable cumplió con el deber constitucional de fundar y motivar el acto reclamado, porque al reasumir su función jurisdiccional, analizó la causa, desarrolló los principios de derecho aplicables, y contestó los agravios planteados por el quejoso y recurrente, en los siguientes términos: - Es cierto que la colitigante ... presta sus servicios para la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, de la cual en ningún momento se determinó qué porcentaje ésta debía cubrir, empero, cumple con su obligación alimentaria al tener a la menor acreedora incorporada a su domicilio, en términos del artículo 309 en relación con el 303, 308, 311 y 311 Bis del Código Civil de la Ciudad de México. - Al tener bajo la guarda y custodia a la adolescente acreedora, es claro que la progenitora es quien la atiende, proporciona los cuidados directos y realiza las labores necesarias para su desarrollo integral, que en concordancia con los numerales 164 y 164 bis de dicha legislación, se estima equivalente a una contribución económica al constituir propiamente un trabajo. - Si Mónica Roberta Quiroz Cárdenas trabaja y obtiene recursos económicos propios es evidente que los aplica en beneficio de su familia, lo que desde luego complementa su deber asistencial sin ayuda o apoyo de un tercero, sin dejar de mencionar que el derecho fundamental de las y los acreedores a tener un nivel de vida adecuado, va más allá de sólo proporcionarles el dinero para satisfacer sus necesidades vitales, como lo disponen los artículos 27 párrafos 1 y 2, y 31 de la Convención Sobre los Derechos del Niño; 4 párrafos tercero, cuarto y noveno, y 17 de la Constitución Federal; 13 fracciones I, VII, IX, XI, XII y XVIII, 15, 41, 61, y 89 fracción I, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; así como los criterios de rubros "ALIMENTOS. EL CONTENIDO MATERIAL DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLES VA MÁS ALLÁ DEL MERO ÁMBITO ALIMENTICIO EN ESTRICTO SENTIDO" Y "DERECHO A ACCEDER A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO. LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR LA PLENA EFICACIA DE ESTE DERECHO RECAE TANTO EN LOS PODERES PÚBLICOS COMO EN LOS PARTICULARES." - El hecho de que el apelante alegue proporcionar alimentos a otros dos hijos, a su mamá y pagar un crédito hipotecario, no lo libera de la obligación alimentaria, de forma proporcional con la menor acreedora y conforme a sus posibilidades económicas. - Tal deber tiene fundamento en el interés superior del menor, los artículos 4 Constitucional, 1, 2, 3, 4, 7, 23 y 24 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles vigente para la Ciudad de México, que imponen la obligación de procurar el crecimiento y desarrollo pleno de los menores, sin que ello esté subordinado a las prerrogativas de los adultos, padres u otras personas, lo que además es de orden público e interesa a la sociedad su protección. - La pensión fijada atiende las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor, al entorno social donde se desenvuelven las partes, conforme al artículo 311 del Código Civil local y considerando que el monto de los alimentos debía proporcionar una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para satisfacer las necesidades de la acreedora alimentaria, ello con apoyo en la jurisprudencia de rubro "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DE DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS)". - En la instrucción, con fundamento en los artículos 278, 279, 940, 941, 942 y 943 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se ordenó a los contendientes exhibir una planilla actualizada de sus gastos mensuales, se giró oficio a su fuente de trabajo para tener información reciente de su capacidad económica, y se ordenó realizar estudios socioeconómicos. - Acorde a la información recabada, se obtuvo que ambos contendientes realizan los gastos normales de su propia familia, con la salvedad que la actual pareja del apelante obtiene ingresos con los cuales colabora con éste, para ministrar alimentos a sus otros dos menores hijos. - Además, el deudor no eroga cantidad por concepto de vivienda, mientras que su contraria distribuye sus ingresos para los gastos de su menor hija sin ayuda, cumpliendo con su obligación alimentaria al tenerla incorporada en su hogar en términos del artículo 309 del Código Civil local, y por ende proporcionar los demás rubros previstos en el numeral 308 de dicha legislación. - Al evaluar las circunstancias particulares de la acreedora alimentaria frente a la capacidad del deudor alimentario, se concluye que es adecuado el 20% (veinte por ciento) de su sueldo, equivalente a $...), a que fue condenado en la sentencia de primera instancia. - Lo anterior, porque quedó acreditado que cambiaron las circunstancias de la menor desde el dos mil ocho, cuando el apelante empezó a otorgar pensión alimenticia y tenía cinco años de edad, hasta ahora que cuenta con dieciséis, y cursa el segundo grado de preparatoria en colegio particular. - Los gastos de la menor acreedora ascienden a $..., como lo justificó la progenitora custodia, por lo que en términos del artículo 303 del Código Civil local, ambos progenitores están obligados a dar alimentos y en este caso deben dividirse los gastos de la acreedora. - En relación a tal monto, la cantidad impuesta es proporcional a la capacidad económica del deudor quien sostuvo que actualmente le proporciona $..., en términos de la planilla que exhibió sin los documentos necesarios. - Conforme al reporte de la fuente de trabajo el progenitor tiene un sueldo integrado mensual de $..., que su actual pareja obtiene ingresos propios con los cuales colabora para el pago de los alimentos de sus dos nuevos hijos, no eroga cantidades por habitación, por el contrario, su contraparte distribuye sus ingresos para gastos de la menor acreedora sin ayuda, cumpliendo en parte mediante la incorporación al hogar. - No obsta que el progenitor incluyera gastos por la manutención de dos menores diversos, equivalente a $..., que sus erogaciones promedio asciendan a $..., y un pago de $..., por un crédito hipotecario, sin embargo, aun cuando su acreedora no habita el inmueble, está obligado a cubrir el rubro habitación. - De modo que el apelante puede soportar económicamente la pensión alimenticia equivalente el porcentaje del 20% (veinte por ciento) mensual de su sueldo, pese a que tiene otros dos hijos, conforme al monto de sus ingresos acreditados con el estudio socioeconómico y el reporte de la fuente de trabajo, correspondiente a la dependencia donde labora el acreedor, a lo cual se suma el apoyo económico de su actual pareja. Como se ve, la sala responsable sí fundó y motivó claramente el acto reclamado porque explicó cuáles fueron los elementos de la acción que la parte actora debía acreditar, en el caso las circunstancias que cambiaron en la relación familiar que a su vez motivaron la modificación de los términos de la obligación alimentaria, que fue demandada para la acreedora. Además, la alzada explicó como tuvo por acreditadas las necesidades de la acreedora, indicó cuales indicios y pruebas valoró y relacionó, relató las condiciones correspondientes a las circunstancias que motivaron la modificación al deber alimentario, en relación a los rubros que en su concepto ameritaban variar la obligación de ministrar alimentos a la menor de edad. Asimismo, la Ad Quem demostró que la capacidad del deudor es proporcional al deber que se le impuso, porque tuvo por demostrados sus ingresos reales, mediante la suma de los ordinarios a los extraordinarios para dividirlos y obtener la cantidad quincenal pagada por la fuente de trabajo, además de calcular los gastos que el propio quejoso opuso tanto de sus nuevos acreedores como los que confesó ministrar en relación a este asunto. La sala responsable adminiculó la realidad familiar actual del deudor, donde obtuvo que cuenta con redes de apoyo, en las cuales se distribuyen los gastos que opuso, para concluir que aun el porcentaje del veinte por ciento convertido a cantidad líquida, no mermaba los ingresos reales, ni los nuevos deberes alegados. Para robustecer sus conclusiones, en ese aspecto la sala de origen razonó que los términos de la propia planilla de gastos exhibida por el deudor, aun cuando no se acompañó de los documentos que la respalden, corroboran las cantidades obtenidas y es armónica con las pruebas valoradas. De igual modo, los argumentos de la alzada demuestran que se revisó el deber alimentario de ambos progenitores, porque se establecieron los términos en los cuales cada uno de ellos habría de asumir sus obligaciones parentales, y la parte proporcional que cada quien tendría que ministrar. Tal aspecto se obtuvo mediante la revisión a la realidad particular de cada deudor, tanto financiera como en el núcleo familiar actual, amén del reconocimiento del contexto especifico de cada quien, las funciones que realizan como profesionales y acreedores, lo cual incluyó evaluar la incidencia de las redes de apoyo y/o respaldo con las cuales se cuenta o se carece, para cumplir con sus deberes parentales. Aunado a que la responsable también corroboró que los ingresos de cada progenitor no fueran rebasados y en su caso resultaban suficientes y proporcionales a la cantidad que debían ministrar para integrar los alimentos, porque revisó que el sueldo integrado no fuera absorbido por las erogaciones periódicas que declararon, ni la pensión. En suma, la Sala de origen tuvo por demostrado el cambio de circunstancias alegado por la parte actora para demandar la modificación de la pensión, consistente en las nuevas necesidades de la menor acreedora, en relación a las que tenía al pactar los alimentos, además, estableció las necesidades que en la actualidad requiere la menor con motivo de su edad y educación, así como que ante los ingresos del quejoso podía cubrir dichas necesidades sin afectar las de sus otros hijos, por lo que contrario a lo que se alega sí se advierte una motivación clara en el acto reclamado. Al respecto se cita la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." También es infundado el concepto de violación marcado con el número 2, donde se sostiene que la Sala responsable no debía cambiar el sentido de la resolución que en un principio emitió en el toca 2251/2018/5, ni introducir nuevos elementos probatorios. Lo anterior, en virtud de que en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 244/2019 del índice de este Juzgado Federal, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a ... para el efecto de que dicha autoridad dejara insubsistente tal determinación y con plenitud de jurisdicción emitiera otra, donde debía desarrollar los elementos de la obligación alimentaria, o bien, ejercer su facultad probatoria oficiosa para allegarse de medios de prueba que despejaran dudas en caso de que las constancias recabadas en la instrucción no le permitieran tomar una decisión informada y apegada objetivamente a la cción. En efecto, la ejecutoria a cumplir con el acto reclamado impuso el deber a la sala responsable de motivar adecuadamente el porcentaje de los ingresos del deudor que estimara suficientes, para sufragar las necesidades alimentarias de la menor acreedora. Además de justificar por qué los recursos del deudor alimentario podían y/o resultaban suficientes para sostener la manutención de sus diversos menores hijos a su cargo y no poner en riesgo su subsistencia. De igual forma, la ejecutoria constitucional estableció que la sala responsable no debía resolver sobre una regla de equivalencia entre deudores alimentarios, al estimar implícitamente que los tres (infantes) tienen las mismas necesidades, o en su defecto, guardan una situación idéntica, porque en el acto reclamado no se distinguió sobre tales realidades. Ahora bien, como se advierte de las consideraciones del acto reclamado resumidas al contestar el concepto de violación anterior, la sala responsable revisó la demostración de los elementos correspondientes a la circunstancia opuesta como hecho novedoso, para modificar la pensión alimentaria que consiste en la edad de la acreedora que es diferente a la que tenía cuando se pactaron los alimentos definitivos. En relación a la acción, la alzada acreditó los elementos que integran la obligación alimentaria que consisten en las necesidades del acreedor y las posibilidades reales del deudor, y ante la pluralidad de sujetos obligados, la proporción que a cada uno le correspondía asumir. Tal ejercicio judicial se valió de valorar las planillas de liquidación ofrecidas por las partes en sus términos, el estudio socioeconómico que se mandó realizar, los informes de las fuentes de trabajo de los progenitores, las declaraciones de estos últimos y de evaluar las circunstancias específicas de cada sujeto involucrado. Al amparo de tales factores, la sala responsable resolvió sobre pruebas desahogadas en la instrucción de un proceso donde las partes intervinieron y conocían el contenido de dichas constancias, despejado las dudas sobre los parámetros considerados, además de tomar una decisión informada y apegada objetivamente a la acción, que cumple con el artículo 311 del Código Civil para la Ciudad de México, porque fijó una pensión proporcional a las posibilidades del deudor alimentario y a las necesidades de los acreedores. Como se advierte, entre las consideraciones de la ejecutoria que concedió el amparo y las razones del acto reclamado, existe relación porque ambas tienen como punto en común la revisión de la actuación de la sala familiar señalada como autoridad responsable, respecto de una decisión judicial en concreto, que fue tomada al amparo de las propias constancias y actuaciones que integran la misma causa, en ese sentido es infundado alegar la incorporación de pruebas novedosas. Aunado a que el acto reclamado si bien fue dictado con plenitud de jurisdicción, lo relevante es que se emitió acorde a lo señalado por el suscrito juzgador en la concesión de amparo, porque ahora ya se motivó la decisión tomada, se reconocieron las realidades familiares involucradas, y se explicó a las partes los términos de sus obligaciones parentales. En ese sentido, el acto reclamado satisface el parámetro de razonabilidad y se vincula con los argumentos de la sentencia de amparo, en relación con el tipo de violación examinada que a su vez motivó la protección constitucional, pues como se dijo, se sustentó de pruebas que ya estaban incorporadas al expediente. En conclusión, el acto reclamado, sus consideraciones y líneas argumentativas son armónicos con la sentencia de amparo, sus alcances, para reparar la violación al derecho fundamental, no obstante que su lógica sea diversa a las razones que motivaron la protección constitucional, pues como se explicó tienen un punto en común, y el ejercicio judicial no tuvo una directriz sobre el alcance de las pruebas, ni la definición de los derechos, ya que en ese ámbito se reservó plenitud judicial; por lo cual es infundado el concepto de violación. Apoya lo expuesto, la tesis aislada 1a. CX/2015 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, de la Décima Época, de registro 2008717, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." También es infundado alegar que no fue demostrada la necesidad del porcentaje impuesto al quejoso como pensión alimentaria, porque la demanda de la acreedora sí tiene bases que sustentan la decisión de la sala responsable. Como primer aspecto debe subrayarse que la litis del acto reclamado consiste en la demostración de circunstancias novedosas, que en concepto de la parte actora deben modificar los términos de la pensión alimentaria; en ese aspecto se opuso que la edad y necesidades de la menor de edad de identidad protegida e iniciales ..., eran diferentes a la fecha en que se pactaron los alimentos, punto sobre el cual no hay controversia. Ahora, para justificar las necesidades de la acreedora se adminiculó la planilla de gastos exhibida por la progenitora, donde estableció una erogación promedio de $..., que incluye los rubros: habitación, salud, alimentos, transporte, despensa, vestimenta, escolar y esparcimiento. Además, se consideró la relación de gastos mensuales presentada por el quejoso también de la menor y que ya venía ministrando, por la suma promedio de $..., que contempla los rubros: habitación, alimentos, despensa, gas estacionario o de cilindro, agua, energía eléctrica, servicios médicos, medicamento, ropa, zapatos, esparcimiento, útiles escolares seguro social y visitas y convivencias. En tanto que de los estudios socioeconómicos practicados se obtuvo que la menor tiene egresos de $.... Como se ve, la autoridad responsable sí demostró la necesidad de imponer al quejoso el pago de alimentos sobre el porcentaje reclamado, porque al convertirse en cantidad líquida y sumarse a los conceptos, rubros, numerario y circunstancias que la progenitora custodia habrá de aportar, se cubren los elementos del derecho de alimentos que comprende educación, vestido, habitación, atención médica y demás necesidades básicas que una persona necesita para sobrevivir. Aunado a que el monto integrado por la parte impuesta a cada progenitor, acorde a su realidad y posibilidades financieras, es fiel a la institución de alimentos en relación al derecho fundamental a un nivel de vida adecuado o digno, porque depende a su vez de la completa satisfacción de las necesidades apuntadas en éste y el anterior párrafo1. En esa medida, los elementos valorados por la autoridad se consideran adecuados para fundar el porcentaje impuesto al quejoso, porque dan una muestra aproximada de los gastos de un adolescente, los cuales fueron relacionados a rubros que integran el deber alimentario, y que no tienen una base suntuaria ni lujosa. En tanto que el porcentaje que corresponde al impetrante es cercano al que ya pagaba con motivo del pacto suscrito con la colitigante, de modo que al haberse demostrado en el proceso el cambio de circunstancias alegado por la actora consistente en la edad y condiciones diversas de la acreedora, es claro que el sujeto obligado también debía ajustar sus deberes que integran parte de sus obligaciones parentales. Al respecto se invoca lo resuelto en el amparo directo en revisión 1200/2014, donde la propia Primera Sala del Alto Tribunal sostuvo que la obligación de proporcionar alimentos, dentro de las relaciones paterno-filiales es un deber que tiene como fuente primordial la institución de la patria potestad. Es decir, se trata de una obligación que deriva de un mandato constitucional expreso, que vincula a los progenitores a procurar el mayor nivel de protección, educación y formación de sus hijos, siempre en el marco del principio del interés superior del menor y con la característica de que recae en cualquiera de los padres; esto es, es una obligación compartida sin distinción de género2; por ello son infundados los conceptos de violación en este aspecto. Apoya lo expuesto, la tesis aislada 1a. CCCLX/2014 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, de la Décima Época, de registro 2007726, que dice: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS DENTRO DE LAS RELACIONES PATERNO-FILIALES SURGE DE LA PATRIA POTESTAD. Esta Primera Sala advierte que la obligación alimentaria que tienen los progenitores en relación con sus hijos, surge como consecuencia de la patria potestad, esto es, como resultado de un mandato constitucional expreso que les vincula a procurar el mayor nivel de protección, educación y formación integral, siempre en el marco del principio del interés superior del menor y con la característica de que recae en cualquiera de los padres, es decir, es una obligación compartida sin distinción de género. Además, si bien la obligación de alimentos en este supuesto surge y se desarrolla en el marco de la patria potestad, ésta no termina cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sino que se mantiene mientras éstos finalizan sus estudios y encuentran un trabajo que les permita independizarse económicamente, siempre y cuando satisfagan los requisitos establecidos tanto en la ley como en la jurisprudencia de este alto tribunal." También es infundado que se dejen de respetar los derechos de los diversos menores acreedores a cargo del quejoso, porque en el proceso quedó demostrado que su actual pareja tiene ingresos propios, y cuenta con una red de apoyo familiar de la cual se ha valido para atender las obligaciones parentales impuestas, pues como se confiesa, le fue proporcionado un inmueble para habitar. Por lo cual, aun cuando se cuente con nuevas obligaciones alimentarias, el deber de auxilio que ahora se discute debe entenderse trasladado a quien estableció nuevos vínculos con él a causa de la procreación, pues ese suceso generó relaciones de solidaridad y ayuda mutua. Apoya lo expuesto, por las razones que la sustentan, la tesis aislada I.3o.C.69 C (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la Décima Época, de registro 2002698, que reza: "ALIMENTOS. LA MUJER QUE HA PROCREADO HIJOS, TIENE DERECHO A RECIBIRLOS DEL PADRE DE ELLOS, CON INDEPENDENCIA DE QUE EXISTA UN MATRIMONIO PREVIO, QUE IMPIDA CONFIGURAR EL CONCUBINATO O ALGUNA OTRA INSTITUCIÓN DE FAMILIA, YA QUE ES UN TRATO DISCRIMINATORIO EXIGIR ALGUNO DE ESOS VÍNCULOS, PORQUE ES EL MEDIO NATURAL DE LA PROCREACIÓN EL QUE ORIGINA LA NECESARIA RELACIÓN DE SOLIDARIDAD Y AYUDA MUTUA ENTRE MADRE E HIJOS Y PADRE. El ordenamiento jurídico del Distrito Federal establece categorías de quienes tienen derecho a recibir alimentos, como son los cónyuges; los concubinos; los hijos; los hermanos; los padres; el adoptante y el adoptado; así como quiénes tienen la obligación correlativa, hasta llegar al pariente colateral dentro del cuarto grado, según lo previenen los artículos 301, 302, 303, 304, 305, 306 y 307 del Código Civil para el Distrito Federal, comprendiéndose también lo previsto por el artículo 13 de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal; dentro de esas categorías no existe más limitación que el obligado y beneficiario se encuentren dentro del cuarto grado y el denominador común es que exista una relación de parentesco o un vínculo jurídico, que por la especial situación del menor o mayor de edad, sea necesario que otra persona mayor de edad y con capacidad económica, le suministre los alimentos indispensables para su subsistencia. Hay entre el deudor y la madre de sus hijos -como acreedor alimentario- una situación de dependencia económica y un vínculo jurídico que se extiende por el solo hecho de haber procreado hijos aunque no se surta el supuesto del matrimonio o del concubinato; incluso, aceptar que solamente la mujer casada o que vive en concubinato tiene derecho a alimentos, tendría un efecto discriminatorio hacia otra mujer que al igual que aquélla también ha procreado hijos con el deudor alimentario y necesita alimentos. Más aún, se desconocería el derecho a los alimentos de la mujer que ha procreado hijos, lo cual viola lo previsto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política Mexicana que establece la obligación de respetar y proteger los derechos humanos, como es el derecho a los alimentos y se infringe el principio de igualdad del hombre y de la mujer; también se desconoce el artículo 1, en relación con los artículos 2, inciso d) y 13 inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la cual el Estado Mexicano es parte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de mayo de mil novecientos ochenta y uno. Así es, el derecho a las prestaciones familiares, que incluye el derecho a los alimentos sobre una base de igualdad entre hombre y mujer, y por mayoría de razón, de cualquier mujer frente a otra mujer cuyo denominador común sea el haber procreado hijos o incluso haber tenido la misma situación de una cónyuge, aunque no pueda reunir la calidad de concubina por el obstáculo jurídico de un matrimonio anterior, queda menoscabado cuando se exige por la ley o la autoridad judicial nacional al interpretarla, que exista una relación de matrimonio o concubinato, no obstante que haya procreado hijos con el deudor alimentista y se dedique al hogar y al cuidado de ellos, con lo cual no está en posibilidad real de proveerse a sí misma los ingresos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias. Por tanto, sobre la presunción de que la mujer es dependiente económica por dedicarse a cuidar a los hijos menores de edad que procreó con el presunto deudor alimentario, con independencia del estado civil de éste o de ella, y de que no pueda configurarse el concubinato, ni estén unidos en matrimonio civil, el acreedor y deudor alimentario, basta ese vínculo jurídico que surge de la relación padre, hijo, madre y que ésta no pueda proveerse a sí misma los ingresos necesarios para subsistir, para que se genere el derecho a los alimentos, que no se trata de otra cosa más que de satisfacer el derecho a la subsistencia, por lo que no puede depender de que exista una relación matrimonial o de concubinato, o de que no se demuestre la disolución de un matrimonio anterior, porque no se trata de un derecho exclusivo o excluyente de una persona frente a otra (como incluso lo prevé expresamente el artículo 17 de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal), sino que resulta exigible cuando nace un vínculo de solidaridad entre personas, determinado no solamente por razones de familia o de establecer un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua, a través del matrimonio, concubinato, sociedad en convivencia o el parentesco, sino que es el hecho natural consistente en la procreación de hijos mutuos o adoptados, lo que motiva que la mujer se haga cargo del hogar donde viven y del cuidado de los menores, para la atención de sus necesidades, lo que genera una situación de dependencia. La mujer tiene el derecho a alimentos y podrá reclamar de su pareja o del padre de sus hijos menores, esos alimentos que no surgen de un específico estado civil en que se encuentran, sino de las relaciones de solidaridad y ayuda mutua que han entablado, que se reflejan en la procreación de los hijos y en la atención y cuidado de estos últimos. En tal virtud, no constituye una razón válida para negar la existencia del derecho a reclamar y la obligación de pagar alimentos, a quien como mujer tiene esa relación de solidaridad y ayuda con el deudor alimentista y que ha procreado hijos, con independencia de que exista un matrimonio previo, que impida configurar el concubinato o alguna otra institución de familia, porque no se discute la titularidad de un derecho patrimonial que derive de ese régimen a favor de uno de los cónyuges o concubinos, como es una donación, la herencia o la administración de la sociedad conyugal, que son derechos personalísimos en su goce y ejercicio por los cónyuges y concubinos, sino el cumplimiento de un mínimo deber de solidaridad entre personas que guardan un nexo que debe ser tutelado por la ley y por la autoridad judicial, por tener hijos en común. Así las cosas, la condición de mujer no casada o no concubina pero que cuida un hijo procreado con el deudor alimentista, no puede servir de base para excluirla del reconocimiento a una prestación familiar, como los alimentos, porque implica una discriminación por razón de sexo y estado civil proscrita por el artículo 1o. in fine de la Constitución Federal y los artículos enunciados de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer." También es infundado el concepto de violación marcado con el número 3, donde se alega que Mónica Roberta Quiroz Cárdenas incumple con su obligación de suministrar alimentos por el sólo hecho de vivir en el mismo techo que la menor y contribuir a las labores del hogar. En efecto, como se precisó en la resolución reclamada, de conformidad con los artículos 164, 164 bis, 308 y 309 del Código Civil para el entonces Distrito Federal3, el obligado a proporcionar alimentos puede cumplir al brindar habitación y cuidar al menor, lo cual se estima como una contribución económica al sostenimiento del hogar. Entonces si la menor ... habita con su madre ..., bajo su guardia y custodia, esta última cumple con su obligación alimentaria y además con ello contribuye económicamente al hogar. Máxime que con el sueldo que recibe dicha progenitora por su empleo gubernamental proporciona otros recursos económicos a dicha menor, porque sus necesidades rebasan la cantidad impuesta al quejoso, de modo que la diferencia corre a su cargo de su madre. De ahí que tal razonamiento es coherente con su motivación, por tanto contrario a lo que alega el quejoso éste es congruente. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 35/2016 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, de la Décima Época, de registro 2012360, que dice: "ALIMENTOS. EL CONTENIDO MATERIAL DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS VA MÁS ALLÁ DEL MERO ÁMBITO ALIMENTICIO EN ESTRICTO SENTIDO. En lo referente al contenido material de la obligación de alimentos, esta Primera Sala considera que la misma va más allá del ámbito meramente alimenticio, pues también comprende educación, vestido, habitación, atención médica y demás necesidades básicas que una persona necesita para su subsistencia y manutención. Lo anterior, pues si tenemos en cuenta que el objeto de la obligación de alimentos consiste en la efectivización del derecho fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado, es indispensable que se encuentren cubiertas todas las necesidades básicas de los sujetos imposibilitados y no solamente aquellas relativas en estricto sentido al ámbito alimenticio." De igual modo, es infundado desestimar la función parental y el cumplimiento del deber alimentario fijado a la progenitora como quedó precisado, a causa de su horario laboral. Al respecto, debe subrayarse que la perspectiva de género en la administración de justicia obliga a leer e interpretar las normas que regulan las instituciones tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia, pues sólo así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad. Concepto que en la doctrina del Alto Tribunal quiere decir, que además de la jornada laboral que se cumple en un empleo o profesión fuera del hogar, las mujeres realizan todas las tareas domésticas y de cuidado, lo que acaba consumiendo su uso del tiempo, pues el problema al que se enfrenta una mujer que trabaja fuera de casa es que se espera de ella que cumpla con la responsabilidad "primaria" de sus obligaciones tradicionales (la casa y la familia), sin disminuir significativamente su rendimiento laboral provocándole un fuerte estrés. Con la duplicidad de funciones surgen sentimientos de culpa que se traducen en renuncias, fracasos, fatiga, insatisfacción, angustia, inquietud e incluso depresión ante la impotencia de tener que acudir a los dos espacios sin ninguna o insuficiente ayuda: implica un sobre esfuerzo en la mujer que lo realiza, al asumir las cargas físicas y mentales de ambos trabajos sin apenas tiempo para reponerse. En el caso, debe tomarse en consideración que la progenitora no sólo tiene al cuidado permanente a una menor de edad, sino también jornadas laborales que le demandan gran parte del día como lo reconoce el propio quejoso, que implican cargas de trabajo adicionales, que debe conciliar con las labores del hogar. Tal realidad, no puede dejar de reconocerse y por el contrario, conlleva una doble jornada que en realidad le impone deberes en el proceso, en igualdad con quien no tiene la propia y especial condición, y no fue demostrado que cuente con redes de apoyo, pues como se recalca en el acto reclamado asume sola sus funciones parentales. En tanto que asumir el planteamiento del quejoso y estimar que se incumple la obligación alimentaria a causa de la jornada laboral, además de ser contrario al precedente del Alto Tribunal, tiene un efecto en el derecho al trabajo porque habría de ajustar el resto de sus labores a las actividades que el impetrante espera de ella. En ese aspecto es infundado el concepto de violación. Apoya lo expuesto, la tesis aislada 1a. XLVI/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, de registro 2017070, que dice: "OBLIGACIONES DE CRIANZA. CUANDO SE REVISE SU POSIBLE INCUMPLIMIENTO, NO PUEDE OBVIARSE LA EXISTENCIA DE UNA "DOBLE JORNADA". La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género y verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida esa impartición de forma completa e igualitaria. En ese sentido, para determinar si se han incumplido las obligaciones de crianza debe tomarse en cuenta la especial condición en que se coloca a uno de los cónyuges -habitualmente a las mujeres- al tener que realizar un trabajo profesional indispensable para su propia subsistencia y para hacerse cargo de algunas de las necesidades de los menores de edad y, además, hacerlo compatible con la labor de su cuidado y crianza, lo que se ha denominado "doble jornada", que generalmente afecta a las mujeres. Ahora bien, uno de los problemas a los que se enfrenta una mujer que trabaja fuera de casa es lo que se espera de ella, es decir, que cumpla con la responsabilidad "primaria" de sus obligaciones tradicionales (casa y familia), sin disminuir significativamente su rendimiento laboral, lo cual puede provocarle un fuerte estrés; de ahí que la duplicidad de funciones implica un sobreesfuerzo en la mujer que lo realiza, al asumir las cargas físicas y mentales de ambos trabajos, esto es, a la madre se le exige que cumpla mediante un esfuerzo ímprobo con esa doble jornada y las labores de cuidado, como si fuera la depositaria única de la obligación de crianza y del hogar, condicionando así su autonomía personal y "castigándosele" por no cumplir ese rol. En estos casos, a la madre se le exige una adecuación a estereotipos prescriptivos que llevan, incluso, a considerar normales ciertas conductas estereotípicas de las exigencias y roles de género. Consecuentemente, cuando se revise el posible incumplimiento de las obligaciones de crianza, no puede obviarse la existencia de una doble jornada." Por otra parte, son inoperantes los motivos de inconformidad marcados con los números 4, 5 y 6, donde se alega la falta de inclusión de los frutos obtenidos del inmueble que fue domicilio familiar, la devolución al quejoso y la falta de aprovechamiento escolar de la acreedora por no acceder al sistema público. Lo anterior, porque ello resulta un aspecto novedoso, en tanto que de la lectura integral del pliego de agravios, no se aprecia que la parte apremiada, aquí quejosa, los hubiese invocado en aras de que la autoridad se pronunciara sobre su alcance y efectos dentro del asunto; y siendo así, se califica como una posición novedosa y por tanto, inatendible. Al respecto se cita la jurisprudencia VI.2o.A. J/7 de la Novena Época, de registro: 182704. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, en Materia(s): Administrativa, página: 1190, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES AQUELLOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Son inoperantes aquellos conceptos de violación en que se formulan argumentos que no se hicieron valer ante la Sala Fiscal, toda vez que en caso de ocuparse de su estudio se violaría el principio de congruencia establecido en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, que obliga a pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas por las partes, en razón de que tales manifestaciones como no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas." Lo anterior obedece a que cuando un argumento no formó parte de la litis recursal, lógicamente impide que la autoridad responsable se pronuncie sobre su contenido y alcance, lo que los torna inoperantes. Ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado; y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra un acto de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, precisado en el segundo considerando, por los motivos expuestos en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese en su oportunidad personalmente a las partes. "

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que siendo las diez horas con cincuenta minutos del cinco de noviembre del año en curso, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo 165/2020, y está pendiente de dictarse la sentencia que corresponde, por lo que se ordena formar cuaderno de antecedentes con la promoción de cuenta y, se provee: Agréguese el escrito de ..., autorizado de la parte quejosa, por señalado el correo electrónico que refiere, en el entendido que únicamente será considerado para entablar comunicaciones no procesales, pues así lo dispone el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano