Jaime Aarón Cerqueda Canseco
Expediente 854/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 854/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 01/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jaime Aarón Cerqueda Canseco y Otros.
- Jaime Aarón Cerqueda Canseco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, primero de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, como de la misma se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que las partes hubieren hecho valer recurso alguno en contra del auto de veintiocho de enero pasado, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de febrero de dos mil dieciséis. Vista la razón de tres de los corrientes, asentada por el Actuario de la adscripción, en la que hace constar su imposibilidad de hacer entrega del oficio 6974, dirigido al Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, por el que se le notifico el proveído de veintiocho de enero pasado, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, en virtud de que dicho juzgado dejó de tener funciones desde el uno del actual; en razón de lo anterior y atendiendo al acuerdo general 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, mediante el cual, en su artículo 2° establece de manera expresa, que la distribución de los expedientes en trámite de dicho órgano judicial se realizará entre el Juzgado Primero de lo Penal, quien conocerá de los expedientes impares y pares cuyos procesados se encuentren bajo fianza, así como el Juzgado Segundo de lo Penal, que se encargara de los expedientes pares e impares en donde los procesados se encuentren privados de su libertad. Ahora, del informe justificado rendido por la extinta autoridad judicial (foja 47), se desprende que el uno de noviembre de dos mil catorce, el inculpado Aarón Cerqueda Canseco (aquí quejoso), obtuvo su libertad provisional bajo caución al haber exhibido las cantidades que le fueron fijadas para gozar de dicho beneficio, dentro de la causa penal 144/2014; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, mediante oficio que al efecto se gire, con inserción del proveído de veintiocho de enero de esta anualidad, hágase lo anterior del conocimiento del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por ser, el que ahora conoce de la causa penal 144/2014 del índice del que fuera el Juzgado Séptimo de lo Penal, al estar gozando el inculpado de su libertad provisional bajo fianza; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
notificación por lista a la parte quejosa MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se advierte que el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa y tercero interesada en auto de treinta de octubre de dos ml quince, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ha fenecido, sin que ninguna de las partes en comento hubiese hecho manifestación alguna al respecto, motivo por el cual, de oficio, se procede a realizar el análisis del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad judicial en comento. Así, cabe destacar que por sentencia dictada el dos de octubre de dos mil quince (fojas 64 a 75), se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Jaime Aarón Cerqueda Canseco, para el efecto de que la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes, dejara sin efectos el auto de formal prisión dictado en su contra el veintiséis de mayo de dos mil quince, en el toca de apelación 828/2014, de su índice y, en su lugar emitiera otra determinación en la que, con plenitud de jurisdicción, pronunciara la resolución que conforme a derecho corresponda, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior o en otro diverso, pero fundando y motivando debidamente su determinación; es decir, para el caso de que considerara procedente reiterara el auto de formal prisión de que se trata, especificando cuáles son los elementos que integran el cuerpo del delito culposo de lesiones por tránsito de vehículo, examine si con los medios de convicción recabados en averiguación previa se comprueban todos y cada uno de los elementos constitutivos de tal ilícito, así como su probable responsabilidad; pero no sólo efectuando una simple relación y transcripción de las pruebas, sino que razonando cuál es la utilidad de cada una de ellas, para asignarles el valor correspondiente, tanto en lo individual como en conjunto, y establecer exactamente la conducta efectuada, precisando las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ocurrieron los hechos; lo anterior bajo los siguientes lineamientos estipulados en la sentencia constitucional: En efecto, de la lectura de la resolución de veintiséis de mayo de dos mil quince, se advierte que la responsable no cumplió con lo dispuesto en el artículo 518 del código de procedimientos penales para el estado de Oaxaca, donde se establece que el recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida se aplicó exactamente la ley, si se violaron los preceptos reguladores de la valorización de la prueba o si se alteraron los hechos; debiendo ser el resultado de aquél examen, que el Tribunal de Segunda Instancia confirme, revoque o modifique la resolución apelada, o en su caso, ordene la reposición del procedimiento. Precisado lo anterior, a juicio del que ahora resuelve, el recurso de apelación que confirma el auto de formal prisión reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, en virtud de que como se advierte la Sala responsable no señaló, con la precisión debida, los elementos objetivos o externos y normativos que al tenor de lo que dispone el numeral 25 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, integran el cuerpo del delito culposo de lesiones por tránsito de vehículo, de acuerdo con la descripción que de la conducta típica realizan los numerales 271 en relación con el diverso 8°, fracción II, y 274 en relación con el diverso 277, y 58, último párrafo, todos del citado código punitivo, y por ende, menos aún señaló con qué pruebas consideró acreditado cada uno de sus elementos. Lo anterior es así pues omitió precisar los elementos del cuerpo del delito culposo de lesiones por tránsito de vehículo que imputa a la parte quejosa, teniendo por acreditado tales extremos mediante la simple relación de las pruebas, valoradas, con las que estimó se encontraban corroborados. Por tanto, evidentemente no estableció la adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicable a la conducta imputada al inculpado, es decir, la adecuación de los hechos acreditados con cada uno de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señala como delito, tal y como lo establece el artículo 25 del código adjetivo penal. Determinación previa que resulta relevante pues será a partir de ahí que podrá abordarse el análisis de los medios probatorios desahogados en la averiguación previa, a efecto de establecer si se acreditan o no los elementos que integran el cuerpo de los delitos imputados a la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que con base en lo hasta ahora señalado, la resolución debe comprender el análisis, con toda amplitud, de la conducta delictuosa imputada, por lo que su emisión no debe limitarse a una simple relación y transcripción de las diversas constancias que obren en autos, otórgales un valor, y luego manifestar que con los mismos se acredita el cuerpo del delito, sino que debe externar juicio valorativo sobre la eficacia probatoria de las constancias obrantes en la indagatoria, con relación a todos y cada uno de los elementos que integran la materialidad de los ilícitos imputados, para lo cual resulta necesario establecer con qué medios de convicción se acredita cada uno de los elementos del cuerpo de los delitos señalados, en virtud de que la circunstancia eventual de que uno de ellos no se acreditara con alguna prueba, traería en consecuencia que la acción desplegada no pudiera ser penalmente reprochada. Es así, que en la especie la sola precisión de que con tales medios de convicción se acredita el cuerpo del delito de mérito, no es suficiente para tener por satisfechos los requisitos de forma que señala el artículo 16 constitucional. Lo anterior, pues a efecto de que el indiciado conozca los hechos que le son imputados, al confirmar el auto de formal prisión dictado en su contra la Sala responsable está obligada a precisar el modo en que el inculpado intervino en la materialización de los eventos delictivos que se le reprochan y las pruebas con que justifica tal aseveración; exigencias que encuentran sustento en mérito del derecho de defensa, pues de no ser así el acusado carecería de oportunidad para ofrecer pruebas en contrario respecto de su no participación en la comisión de la conducta antisocial imputada, al no tener la certeza de cuál es la conducta que en realidad se le reprocha y por lo tanto no está en aptitud de producir su defensa. Concesión que se hizo extensiva a los diversos actos de ejecución atribuidos al Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, lo anterior en virtud de que, dichos actos de ejecución se combatieron en vía de consecuencia y no por vicios propios. Luego, el veintiséis de octubre de dos mil quince, causó ejecutoria el fallo constitucional, motivo por el cual se requirió a los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, dieran cumplimiento al fallo protector (foja 90); por lo que, en diverso auto de treinta de octubre pasado, se tuvo por recibido el oficio 768 suscrito por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al que se anexó copia certificada de la resolución de veintinueve de octubre de la pasada anualidad, emitida en el toca penal 868/2014, de la que se desprende que los magistrados y juez integrante de sala confirmaron la resolución emitida por el Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, estableciendo que se encontraba acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del ahora quejoso en el delito culposo por tránsito de vehículo que ocasionó lesiones, en agravio de María Guadalupe Quintero Martínez. En consecuencia, este Juzgado procede al estudio sobre el cumplimiento de la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, por las siguientes consideraciones: Ahora bien, del examen comparativo que se hace entre la sentencia de amparo y la resolución de veintinueve de octubre de dos mil quince, dictada por los magistrados y juez integrante de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes, se observa que la autoridad ya no realiza únicamente una relación y transcripción de las pruebas enlistadas, sino que de un análisis de las mismas establece la correlación de los medios de convicción a efecto de concluir que se tienen por acreditados los elementos de la conducta que se le reprocha al quejoso; lo anterior lo establece con argumentos y razonamientos que permiten establece de manera lógica pues las pruebas merecen el valor probatorio que les fue conferido. Para llegar a esta conclusión es factible establecer que en primer término la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución que pronunció el veintiséis de mayo de dos mil quince en el toca penal de mérito, y en su lugar emitió una nueva en la que previo el establecimiento de su competencia, precisó que el recurso de apelación tiene el objeto que señala el ordinal 518 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, esto es, confirmar, revocar o modificar la resolución apelada, o en su caso ordenar la reposición del procedimiento, procediendo en el caso la suplencia en la deficiencia de los agravios; después precisó que mediante escrito recibido ante el tribunal de apelación el tres de febrero de dos mil quince, la licenciada Guadalupe Celina Vásquez Martínez, defensora de oficio adscrita expresó agravios; posteriormente la sala del conocimiento estableció los elementos de la corporeidad del delito culposo que ocasionó lesiones, que son: La existencia de una acción culposa de lesiones, La lesión al bien jurídico protegido, en el caso es el deterioro de la integridad física de la pasivo. El objeto material, consistente en el ente corpóreo de la víctima. El resultado material y su atribuibilidad a la acción, que en el caso se traduce en la alteración de la salud, de la ofendida como consecuencia de la acción culposa realizada por el agente. Elementos que estimó actualizados, ya que del estudio y análisis de las constancias de autos se llega a conocer que aproximadamente a las siete horas con cincuenta minutos del uno de noviembre de dos mil trece, cuando Jaime Aarón Cerqueda Canseco, conducía su unidad de motor, tipo ranger, tipo Pick up, color verde, con placas de circulación RV-46-095 del Estado de Oaxaca, sobre el carril izquierdo de la calle de Martiniano Aranda, en el Centro de la capital, al realizar maniobra direccional hacia su izquierda e incorporarse a la calle de Matamoros, lo hizo con falta de precaución al frente y costados de su circulación y sin ceder el paso al peatón, ocasionando ligero contacto con su costado delantero en contra del cuerpo de María Guadalupe Quintero Martínez, quien caminaba sobre la calle de Matamoros e iniciaba el cruce de la calle, provocándole herida avulsiva de cuatro centímetros de longitud en región del codo derecho, equimosis y discreto edema en borde externo y quinto dedo de pie derecho con limitación funcional para bipedestación y marcha. Esto, lo consideró así la autoridad, pues el primero de los elementos antes precisados consistente en que se ocasione una acción culposa que produjo lesiones a María Guadalupe Quintero Martínez, lo consideró comprobado con la querella de la ofendida al declarar ante el ministerio público; medio de convicción al que de conformidad con el ordinal 354 del código adjetivo de la materia le confirió valor probatorio indiciario. Luego, para robustecer que en el caso en análisis se cometió una conducta culposa que produjo lesiones a la ofendida existen las declaraciones de Sandra Reyes Martínez y Linda Ivet Enríquez Gamboa; testimonios a los cuales se les confirió valor probatorio indiciario; además, precisaron que se cuenta en autos con el parte informativo suscrito por el policía vial Juan Carlos Ramírez Miguel de uno de noviembre de dos mil trece; asimismo, los anteriores medios probatorios los relacionó con la diligencia de inspección ocular a la que se le dio valor probatorio pleno. Además, para acreditar el hecho de tránsito que ocasionó lesiones a la ofendida se cuenta con el dictamen de avalúo y dictamen de mecánica de hechos suscrito por el perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado; asimismo, se precisó que la conducta culposa provocó una afectación al bien jurídico tutelado por la norma como lo es la integridad física de la persona, lo cual lo tuvo por acreditado con la diligencia de fe ministerial de lesiones, a la que se le confirió valor probatorio pleno, y que se hizo con el auxilio del perito ministerial. Bajo esa premisa, la sala responsable determinó que el objeto material en el caso lo constituye el ente corpóreo de la pasivo María Guadalupe Quintero Martínez, pues sobre el recayeron las lesiones provocadas; también tuvieron por comprobado el resultado material pues en el caso se deterioró la integridad física de la ofendida y que se traduce en las lesiones que presentó, motivo por el cual se actualiza el nexo causal entre la conducta desplegada por el activo y el resultado obtenido. Por lo que con los anteriores indicios de prueba, relacionadas en su conjunto los magistrados responsables tuvieron por comprobados los hechos delictivos. Ahora, por lo que se refiere a la probable responsabilidad de la ahora quejosa, se tuvo por acreditada de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 11, fracción II del Código Penal vigente en el Estado, esto es, como autor material de la conducta culposa que produjo lesiones a la pasivo. Lo anterior, lo tuvo por acreditado con los señalamientos de la ofendida María Guadalupe Quintero Martínez; además, con las declaraciones de Sandra Reyes y Lindas Ivet Enriquez Gamboa; así como, con el parte de accidente suscrito por el Policía Vial Juan Carlos Ramírez Miguel de uno de noviembre de dos mil trece; con la diligencia de inspección ocular en el lugar de los hechos realizado por la representante social, y con el dictamen de mecánica de hechos suscrito por el perito ministerial; con lo que concluyeron que el sujeto activo tiene la calidad de autor material y que su actuar fue de forma culposa, sin que exista causa de licitud a favor del procesado. Por tanto, se considera que los magistrados responsables acataron la ejecutoria de amparo al confirmar el auto de bien preso emitido por el juez de primera instancia, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se advierte que el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa y tercero interesada en auto de treinta de octubre de dos ml quince, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ha fenecido, sin que ninguna de las partes en comento hubiese hecho manifestación alguna al respecto, motivo por el cual, de oficio, se procede a realizar el análisis del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad judicial en comento. Así, cabe destacar que por sentencia dictada el dos de octubre de dos mil quince (fojas 64 a 75), se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Jaime Aarón Cerqueda Canseco, para el efecto de que la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes, dejara sin efectos el auto de formal prisión dictado en su contra el veintiséis de mayo de dos mil quince, en el toca de apelación 828/2014, de su índice y, en su lugar emitiera otra determinación en la que, con plenitud de jurisdicción, pronunciara la resolución que conforme a derecho corresponda, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior o en otro diverso, pero fundando y motivando debidamente su determinación; es decir, para el caso de que considerara procedente reiterara el auto de formal prisión de que se trata, especificando cuáles son los elementos que integran el cuerpo del delito culposo de lesiones por tránsito de vehículo, examine si con los medios de convicción recabados en averiguación previa se comprueban todos y cada uno de los elementos constitutivos de tal ilícito, así como su probable responsabilidad; pero no sólo efectuando una simple relación y transcripción de las pruebas, sino que razonando cuál es la utilidad de cada una de ellas, para asignarles el valor correspondiente, tanto en lo individual como en conjunto, y establecer exactamente la conducta efectuada, precisando las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ocurrieron los hechos; lo anterior bajo los siguientes lineamientos estipulados en la sentencia constitucional: En efecto, de la lectura de la resolución de veintiséis de mayo de dos mil quince, se advierte que la responsable no cumplió con lo dispuesto en el artículo 518 del código de procedimientos penales para el estado de Oaxaca, donde se establece que el recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida se aplicó exactamente la ley, si se violaron los preceptos reguladores de la valorización de la prueba o si se alteraron los hechos; debiendo ser el resultado de aquél examen, que el Tribunal de Segunda Instancia confirme, revoque o modifique la resolución apelada, o en su caso, ordene la reposición del procedimiento. Precisado lo anterior, a juicio del que ahora resuelve, el recurso de apelación que confirma el auto de formal prisión reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, en virtud de que como se advierte la Sala responsable no señaló, con la precisión debida, los elementos objetivos o externos y normativos que al tenor de lo que dispone el numeral 25 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, integran el cuerpo del delito culposo de lesiones por tránsito de vehículo, de acuerdo con la descripción que de la conducta típica realizan los numerales 271 en relación con el diverso 8°, fracción II, y 274 en relación con el diverso 277, y 58, último párrafo, todos del citado código punitivo, y por ende, menos aún señaló con qué pruebas consideró acreditado cada uno de sus elementos. Lo anterior es así pues omitió precisar los elementos del cuerpo del delito culposo de lesiones por tránsito de vehículo que imputa a la parte quejosa, teniendo por acreditado tales extremos mediante la simple relación de las pruebas, valoradas, con las que estimó se encontraban corroborados. Por tanto, evidentemente no estableció la adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicable a la conducta imputada al inculpado, es decir, la adecuación de los hechos acreditados con cada uno de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señala como delito, tal y como lo establece el artículo 25 del código adjetivo penal. Determinación previa que resulta relevante pues será a partir de ahí que podrá abordarse el análisis de los medios probatorios desahogados en la averiguación previa, a efecto de establecer si se acreditan o no los elementos que integran el cuerpo de los delitos imputados a la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que con base en lo hasta ahora señalado, la resolución debe comprender el análisis, con toda amplitud, de la conducta delictuosa imputada, por lo que su emisión no debe limitarse a una simple relación y transcripción de las diversas constancias que obren en autos, otórgales un valor, y luego manifestar que con los mismos se acredita el cuerpo del delito, sino que debe externar juicio valorativo sobre la eficacia probatoria de las constancias obrantes en la indagatoria, con relación a todos y cada uno de los elementos que integran la materialidad de los ilícitos imputados, para lo cual resulta necesario establecer con qué medios de convicción se acredita cada uno de los elementos del cuerpo de los delitos señalados, en virtud de que la circunstancia eventual de que uno de ellos no se acreditara con alguna prueba, traería en consecuencia que la acción desplegada no pudiera ser penalmente reprochada. Es así, que en la especie la sola precisión de que con tales medios de convicción se acredita el cuerpo del delito de mérito, no es suficiente para tener por satisfechos los requisitos de forma que señala el artículo 16 constitucional. Lo anterior, pues a efecto de que el indiciado conozca los hechos que le son imputados, al confirmar el auto de formal prisión dictado en su contra la Sala responsable está obligada a precisar el modo en que el inculpado intervino en la materialización de los eventos delictivos que se le reprochan y las pruebas con que justifica tal aseveración; exigencias que encuentran sustento en mérito del derecho de defensa, pues de no ser así el acusado carecería de oportunidad para ofrecer pruebas en contrario respecto de su no participación en la comisión de la conducta antisocial imputada, al no tener la certeza de cuál es la conducta que en realidad se le reprocha y por lo tanto no está en aptitud de producir su defensa. Concesión que se hizo extensiva a los diversos actos de ejecución atribuidos al Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, lo anterior en virtud de que, dichos actos de ejecución se combatieron en vía de consecuencia y no por vicios propios. Luego, el veintiséis de octubre de dos mil quince, causó ejecutoria el fallo constitucional, motivo por el cual se requirió a los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, dieran cumplimiento al fallo protector (foja 90); por lo que, en diverso auto de treinta de octubre pasado, se tuvo por recibido el oficio 768 suscrito por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al que se anexó copia certificada de la resolución de veintinueve de octubre de la pasada anualidad, emitida en el toca penal 868/2014, de la que se desprende que los magistrados y juez integrante de sala confirmaron la resolución emitida por el Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, estableciendo que se encontraba acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del ahora quejoso en el delito culposo por tránsito de vehículo que ocasionó lesiones, en agravio de María Guadalupe Quintero Martínez. En consecuencia, este Juzgado procede al estudio sobre el cumplimiento de la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, por las siguientes consideraciones: Ahora bien, del examen comparativo que se hace entre la sentencia de amparo y la resolución de veintinueve de octubre de dos mil quince, dictada por los magistrados y juez integrante de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes, se observa que la autoridad ya no realiza únicamente una relación y transcripción de las pruebas enlistadas, sino que de un análisis de las mismas establece la correlación de los medios de convicción a efecto de concluir que se tienen por acreditados los elementos de la conducta que se le reprocha al quejoso; lo anterior lo establece con argumentos y razonamientos que permiten establece de manera lógica pues las pruebas merecen el valor probatorio que les fue conferido. Para llegar a esta conclusión es factible establecer que en primer término la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución que pronunció el veintiséis de mayo de dos mil quince en el toca penal de mérito, y en su lugar emitió una nueva en la que previo el establecimiento de su competencia, precisó que el recurso de apelación tiene el objeto que señala el ordinal 518 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, esto es, confirmar, revocar o modificar la resolución apelada, o en su caso ordenar la reposición del procedimiento, procediendo en el caso la suplencia en la deficiencia de los agravios; después precisó que mediante escrito recibido ante el tribunal de apelación el tres de febrero de dos mil quince, la licenciada Guadalupe Celina Vásquez Martínez, defensora de oficio adscrita expresó agravios; posteriormente la sala del conocimiento estableció los elementos de la corporeidad del delito culposo que ocasionó lesiones, que son: La existencia de una acción culposa de lesiones, La lesión al bien jurídico protegido, en el caso es el deterioro de la integridad física de la pasivo. El objeto material, consistente en el ente corpóreo de la víctima. El resultado material y su atribuibilidad a la acción, que en el caso se traduce en la alteración de la salud, de la ofendida como consecuencia de la acción culposa realizada por el agente. Elementos que estimó actualizados, ya que del estudio y análisis de las constancias de autos se llega a conocer que aproximadamente a las siete horas con cincuenta minutos del uno de noviembre de dos mil trece, cuando Jaime Aarón Cerqueda Canseco, conducía su unidad de motor, tipo ranger, tipo Pick up, color verde, con placas de circulación RV-46-095 del Estado de Oaxaca, sobre el carril izquierdo de la calle de Martiniano Aranda, en el Centro de la capital, al realizar maniobra direccional hacia su izquierda e incorporarse a la calle de Matamoros, lo hizo con falta de precaución al frente y costados de su circulación y sin ceder el paso al peatón, ocasionando ligero contacto con su costado delantero en contra del cuerpo de María Guadalupe Quintero Martínez, quien caminaba sobre la calle de Matamoros e iniciaba el cruce de la calle, provocándole herida avulsiva de cuatro centímetros de longitud en región del codo derecho, equimosis y discreto edema en borde externo y quinto dedo de pie derecho con limitación funcional para bipedestación y marcha. Esto, lo consideró así la autoridad, pues el primero de los elementos antes precisados consistente en que se ocasione una acción culposa que produjo lesiones a María Guadalupe Quintero Martínez, lo consideró comprobado con la querella de la ofendida al declarar ante el ministerio público; medio de convicción al que de conformidad con el ordinal 354 del código adjetivo de la materia le confirió valor probatorio indiciario. Luego, para robustecer que en el caso en análisis se cometió una conducta culposa que produjo lesiones a la ofendida existen las declaraciones de Sandra Reyes Martínez y Linda Ivet Enríquez Gamboa; testimonios a los cuales se les confirió valor probatorio indiciario; además, precisaron que se cuenta en autos con el parte informativo suscrito por el policía vial Juan Carlos Ramírez Miguel de uno de noviembre de dos mil trece; asimismo, los anteriores medios probatorios los relacionó con la diligencia de inspección ocular a la que se le dio valor probatorio pleno. Además, para acreditar el hecho de tránsito que ocasionó lesiones a la ofendida se cuenta con el dictamen de avalúo y dictamen de mecánica de hechos suscrito por el perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado; asimismo, se precisó que la conducta culposa provocó una afectación al bien jurídico tutelado por la norma como lo es la integridad física de la persona, lo cual lo tuvo por acreditado con la diligencia de fe ministerial de lesiones, a la que se le confirió valor probatorio pleno, y que se hizo con el auxilio del perito ministerial. Bajo esa premisa, la sala responsable determinó que el objeto material en el caso lo constituye el ente corpóreo de la pasivo María Guadalupe Quintero Martínez, pues sobre el recayeron las lesiones provocadas; también tuvieron por comprobado el resultado material pues en el caso se deterioró la integridad física de la ofendida y que se traduce en las lesiones que presentó, motivo por el cual se actualiza el nexo causal entre la conducta desplegada por el activo y el resultado obtenido. Por lo que con los anteriores indicios de prueba, relacionadas en su conjunto los magistrados responsables tuvieron por comprobados los hechos delictivos. Ahora, por lo que se refiere a la probable responsabilidad de la ahora quejosa, se tuvo por acreditada de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 11, fracción II del Código Penal vigente en el Estado, esto es, como autor material de la conducta culposa que produjo lesiones a la pasivo. Lo anterior, lo tuvo por acreditado con los señalamientos de la ofendida María Guadalupe Quintero Martínez; además, con las declaraciones de Sandra Reyes y Lindas Ivet Enriquez Gamboa; así como, con el parte de accidente suscrito por el Policía Vial Juan Carlos Ramírez Miguel de uno de noviembre de dos mil trece; con la diligencia de inspección ocular en el lugar de los hechos realizado por la representante social, y con el dictamen de mecánica de hechos suscrito por el perito ministerial; con lo que concluyeron que el sujeto activo tiene la calidad de autor material y que su actuar fue de forma culposa, sin que exista causa de licitud a favor del procesado. Por tanto, se considera que los magistrados responsables acataron la ejecutoria de amparo al confirmar el auto de bien preso emitido por el juez de primera instancia, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.
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