Jafet Benites Martínez
Expediente 221/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jafet Benites Martínez
- Jafet Benites Martínez y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA IIIA Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. Vistos los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de veinticinco de febrero pasado, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, primero de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegido en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con el que devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, los cuadernos de pruebas relativos al mismo, y remite copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 462/2015, interpuesto por la parte tercera interesada, contra la sentencia emitida en este juicio de amparo el treinta y uno de marzo de dos mil quince; acúsese recibo. Toda vez que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente, está conformado con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este juicio, por lo que únicamente glósense los acuerdos o constancias que obren después de la remisión del expediente. Luego, toda vez que el Tribunal de Alzada mediante ejecutoria de veintidós de febrero del año en curso, en la materia de la revisión confirmó la sentencia recurrida que por una parte concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Gustavo Javier Hernández Gutiérrez, se hace del conocimiento de las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades Juez Cuadragésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, y Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciban el comunicado respectivo, cumplan con la ejecutoria de amparo, y remitan dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopten. En la inteligencia que los efectos del fallo protector se hicieron consistir en: ".A) El Juez Cuadragésimo Octavo de lo Civil de México, Distrito Federal: deje sin efectos todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 277/2006, a partir del defectuoso emplazamiento reclamado, únicamente respecto del quejoso Gustavo Javier Hernandez, y ordene nuevamente su llamamiento al procedimiento. Emplazamiento que deberá ordenarse en el domicilio sito en avenida Lomas del Valle número 1331, Colonia Lomas del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León, que es el domicilio en el cual quejoso, alegó y probó en este juicio, tiene realmente su residencia, y por tanto donde se presume puede ser efectivamente localizado. No obstante ello, como una alcance lógico del fallo amparador, a fin de proporcionar seguridad jurídica a las partes, es necesario establecer que si bien es verdad la reposición del procedimiento que deberá emitirse en virtud de esta sentencia, atendió sólo al defectuoso emplazamiento del quejoso, y que el resultado del juicio constitucional conforme al principio de relatividad sólo debe beneficiarle a él; también es verdad, que los efectos de este fallo protector deben extenderse a los codemandados en el juicio natural que no ejercitaron la acción constitucional, al encontrarse acreditado en autos que entre todos los demandados existe litisconsorcio pasivo necesario, en tanto que constituye un acto inevitable para el debido cumplimiento de esta sentencia, ya que en el caso contrario, se haría nugatoria la concesión de la protección constitucional. Ello, es así pues a los codemandados en el juicio natural les fueron reclamadas prestaciones solidarias (la principal el pago de una póliza de fianza otorgada), por lo que si bien es verdad que al actualizarse la solidaridad, los deudores están obligados a responder, cada uno por sí, en su totalidad de las prestaciones debidas; también es verdad que algunas excepciones (como por ejemplo la de pago) opuestas y pruebas ofrecidas sólo por uno de los litisconsortes, pueden beneficiar a la totalidad por relevarlos de la obligación demandada no obstante de no haberla opuesto en lo particular. Por ende, no es jurídicamente válido dictarse una sentencia individualmente contra uno u otros. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concedió la protección de la justicia federal solicitada por un deficiente llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éstos se verifiquen de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad referido.[.] Es así, que la reposición del procedimiento relativo al juicio ejecutivo mercantil 277/2006, entre ellos la anulación de las etapas probatoria y de alegatos, así como la sentencia dictada en el juicio, beneficia a todos los demandados incluyendo a los que no acudieron a la instancia constitucional; pero no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de los codemandados del quejoso, quienes fueron emplazados de forma legal (o al menos no se ha determinado lo contrario), para que éstos se verifiquen de nueva cuenta, y por tanto deberán subsistir, y surtir sus efectos y consecuencias. B) En vía de consecuencia, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, deberá dejar sin efectos lo actuado en el toca 1292/2006, con motivo de la apelación que hicieron valer con codemandados del quejoso". Apercíbase a las autoridades responsables que de no cumplir sin causa justificada, se le impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, conforme a lo establecido en el artículo 258, en relación con el 238, ambos de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por último, a fin de que las autoridades responsables cumplan con la ejecutoria de mérito, se ordena devolver al Juez Cuadragésimo Octavo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, los anexos que remitió en apoyo a su informe justificado, relativos al expediente 277/2006, de su índice en seis tomos, y a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el anexo relativo al toca 1292/2006, de su índice en un tomo, solicitando acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.FRMC
- Principal
MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y anexo que acompaña; con el cual, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Ahora, del informe agregado en líneas anteriores, así como de las constancias remitidas en apoyo al mismo, se conoce que la autoridad responsable, el once del actual, dictó el laudo correspondiente, dentro del expediente laboral 1136/2013(3) de su índice, el cual notificó a las partes el diecinueve y veintidós siguientes. De lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia que impone sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Así también, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que cuando durante el juicio sobreviene una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de tal manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial Precisado lo anterior, en el caso concreto, el quejoso Jafet Benites Martínez, reclama en esta vía constitucional la dilación en el trámite del juicio laboral 1136/2013 (4), en particular la omisión para dictar el laudo correspondiente, en el procedimento de origen, lo que se traduce en la falta de administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. Ahora, de las constancias remitidas, mismas que de conformidad con los artículos 197 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, tienen pleno valor probatorio, se advierte que el once de febrero de esta anualidad, se dictó el laudo respectivo, dentro del citado juicio laboral, el cual se notificó a las partes el diecinueve y veintidós siguientes. Lo anterior permite establecer que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo, han cesado, toda vez que, al dictarse el laudo de que se trata, se alcanzó con la finalidad buscada por el impetrante al accionar la contienda constitucional que nos ocupa, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En consecuencia, como el acto reclamado cesó en sus efectos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, conforme a lo previsto en el diverso numeral 63, fracción V, de la mencionada Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 59/99, que aparece en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio (foja 13). Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ernesto Valdivia Vásquez, designado por el titular para el despacho del Juzgado en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la licencia que le fue concedida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, y que mediante oficio CCJ/ST/0599/2016 de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, se comunicó que la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la citada data, tomó nota de lo anterior; ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. Vistos los autos de los que se advierte, por una parte, que se encuentra señalada para hoy la audiencia constitucional, y por otra, que la autoridad responsable, no ha rendido su informe justificado, pues aun se encuentra transcurriendo el plazo de quince días que se les concedió en proveído de veintinueve de enero pasado, para que rindiera el mismo; en tal virtud, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.
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