Jacqueline Bourlon y Lesbros y Otros.

Expediente 1218/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1218/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
03/01/2019

Partes del expediente

  • Jacqueline Bourlon y Lesbros
  • Jacqueline Bourlon y Lesbros y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, con el que remite testimonio de la ejecutoria de trece de diciembre de dos mil dieciocho dictada dentro de la queja xxx/xxxx, así como copia certificada del juicio de amparo xxxx/xxxx, del índice de este Juzgado. Acúsese recibo. Dicho tribunal declaró INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de quince de octubre de dos mil dieciocho (fojas 21 a 25), que desechó de plano por notoria improcedencia la demanda de amparo presentada; hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes. Con base en lo previsto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que se desechó de plano; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes respectivo, toda vez que el mismo consta de las copias del expediente en que se actúa, por lo que se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 25998/2018 del índice de este juzgado, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, radicándolo con el número ***. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ***, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de quince de octubre de dos mil dieciocho (fojas 21 a 25), en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este órgano de control constitucional emitió el acuerdo de quince de octubre de dos mil dieciocho (fojas 21 a 25), en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de notificar a la totalidad de las partes la interposición de la queja, puesto que el recurso es contra el desechamiento de la demanda y por ende, no se dio intervención a las demás partes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ***, a través del cual da cumplimiento a la prevención de cuatro de octubre de dos mil dieciocho (fojas 11 a 15) y manifiesta que únicamente señala como autoridad responsable a la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y como acto reclamado la sentencia de segunda instancia de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en el toca ***, en la cual, se confirmó el auto de seis de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad, en el que se determinó negar admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones propuesto por la demandada. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la ley. El segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos judiciales emitidos dentro de juicio (intraprocesales), que tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, en el entendido de que se considerarán de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de segunda instancia pronunciada por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca ***, de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante la cual se confirmó el auto de seis de agosto de esta anualidad, emitido en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, en el que se negó admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones propuesto por la parte demandada. De conformidad con lo anterior, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior, es reiterado por la Ley de Amparo, concretamente en su precepto 107, fracción V, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación [.]". El concepto de irreparabilidad se define de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio, sólo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En este orden de ideas, tenemos que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas que tutela la Carta Magna y los Tratados Internacionales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, entre otras, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. En cambio, los actos que no tienen una ejecución irreparable, no tocan o lesionan por sí mismos los citados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado, sino que únicamente originan la posibilidad de que tales violaciones trasciendan al resultado del fallo definitivo y ocasionen que se resuelva adverso a los intereses de la aquí quejosa. Resulta aplicable a este respecto por identidad de razón la Jurisprudencia 189 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 164, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto disponen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En este orden de ideas, debe decirse entonces que los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara a favor del gobernado agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo en términos de los numerales 170, fracción I, 171, 172, y demás relativos de la Ley de Amparo. Sobre la base expuesta, es evidente que la resolución de segunda instancia pronunciada por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca ***, de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se confirmó el auto de seis de agosto de esta anualidad, emitido en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, en el cual se negó admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones propuesto por la parte demandada, que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la inconforme (propiedades, posesiones o derechos); por tanto, es inconcuso que el acto reclamado en esta instancia constitucional, no es de los denominados de imposible reparación y, por lo mismo, en el presente juicio de amparo que se analiza resulta improcedente. Tal acto, no causa un perjuicio irreparable a la promovente, pues de obtener sentencia favorable a sus intereses en el juicio natural, las consecuencias jurídicas de la citada resolución quedarían sin efectos, dejando intacta su esfera jurídica, y en caso contrario, como ya se dijo, el inconforme podrá impugnar la posible violación que se hubiere cometido a través del juicio de amparo directo, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I, y 172, fracción VII, ambos de la Ley de Amparo, que, en lo conducente, disponen lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . XII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo;. De igual forma sustenta lo anterior, por identidad de razón la Jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de Tesis 3/89, publicada con el número 232, página 157, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Luego, la resolución reclamada, en la cual se decidió un aspecto vinculado con el procedimiento civil natural, corresponde a un acto dentro de juicio, de carácter intraprocesal, que no tiene una ejecución de imposible reparación, por lo que no procede en su contra el juicio de amparo indirecto, ya que no se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y en cambio de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 172, fracción XII de la Ley de Amparo, como ya se dijo, se trata de una violación intraprocesal. Apoya la anterior consideración, la tesis sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 485, del Tomo V, Enero de 1997, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 199660, de rubro y contenido siguientes: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO EN CONTRA DE LAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCION QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE. La resolución que confirma el auto que desechó por frívolo e improcedente el incidente de nulidad de actuaciones en contra de las diligencias de notificación y emplazamiento, no constituye un acto de ejecución irreparable, sino que sólo produce efectos intraprocesales por lo que en su contra no procede la demanda de amparo indirecto." De igual forma, por contener el mismo principio jurídico alcanzado, la jurisprudencia 1ª./J. 94/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 256, Tomo XXIX, Febrero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 167896, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

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