Jacob Eduardo Thomas Sanchez y Otros.
Expediente 1546/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1546/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/01/2018
Partes del expediente
- Jacob Eduardo Thomas Sanchez y Otros.
- Jacob Eduardo Thomas Sanchez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez. Atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante remitiendo la literalidad del proveído de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio de amparo 2267/2017, con el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes, e informa que se avocó al conocimiento del presente asunto. Por tanto, al no existir acuerdo pendiente que proveer, ni diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de diciembre de dos mil diecisiete. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo ********************INCOMPETENCIA Atento a lo anterior, agréguese a los autos la demanda de amparo que promueve********************, en calidad de defensor particular de J********************, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona Uno, Tuxtla, con residencia en esta ciudad. 2. Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tonalá, con sede en Tonalá, Chiapas. 3. Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, con residencia en Tonalá, Chiapas. Ahora bien, este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 3a. XLIX/93, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA." Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos: Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. En la especie, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda hace consistir los actos reclamados en: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. - - - - - - - - - De la Autoridad Ordenadora Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona Uno, Tuxtla, Con residencia en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, reclamo la resolución de 24 veinticuatro de noviembre del 2017 dos mil diecisiete. - - - - - - - DE las autoridades ejecutoras Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tonalá y Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número Trece, con sede en Tonalá, Chiapas, reclamo, el cumplimiento de la resolución de 24 veinticuatro de noviembre del 2017 dos mil diecisiete." De este análisis no puede omitirse el hecho de que una vez recibida la demanda y para efectos de determinar la competencia, deben tomarse en consideración los actos reclamados tal como hayan sido planteados en la demanda y los hechos manifestados bajo protesta de decir verdad, por ser los datos que objetivamente se tienen en ese momento; a diferencia de aquellos casos en que al recibirse los informes de la autoridad ejecutora se tiene conocimiento de la inexistencia de los actos y el quejoso no la desvirtúa, hipótesis en la cual la competencia recaerá en el Juez que corresponda conforme a las constancias allegadas al juicio. Así pues, del escrito de la demanda de cuenta se desprenden elementos que permiten establecer la incompetencia de este órgano de control constitucional para conocer del presente asunto. Se estima lo anterior, ya que el proceso penal que se le sigue al quejoso J********************, se encuentra radicado ante el ********************, por lo que, es evidente que los actos impugnados en la presente instancia constitucional, serán ejecutados, se tratan de ejecutar o se ejecutaron, fuera del territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Luego, si el quejoso J********************, se encuentra recluido en el ********************; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, la jurisdicción territorial recae sobre Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, lo que significa que es competencia de un Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis sustentada por la Sala Auxiliar, del rubro siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO." Así también, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro textualmente dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS." De igual forma, es aplicable el criterio también sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO." También cobra aplicación, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ." De la misma manera, la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente epígrafe: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO". Así también, la tesis 1a./J. 147/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN". En tales condiciones, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa al Juez de Distrito en turno en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; a quien se considera competente para conocer del asunto, dado que como se adelantó, el lugar donde se tratan de ejecutar los actos reclamados, se encuentra dentro de los límites territoriales donde aquel Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, a saber, en Tapachula, Chiapas. Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada; fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que indica, Asimismo, con fundamento en el artículo 24 segundo párrafo de la ley de la materia, se tiene por autorizados en términos restringidos a los profesionistas que cita, por así haberlo solicitado expresamente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese."
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