Jacobo Froese Neudorf
Expediente 759/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jacobo Froese Neudorf
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; once de diciembre de dos mil diecinueve. Visto para resolver el juicio de amparo 759/2019-VI, promovido por ************. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el catorce de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estrado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnado a este juzgado en esa misma data, Jacobo Froese Neudorf solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la Superintendencia de Zona de Distribución Casas Grandes, de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua de quien reclamó lo siguiente: [.] 1.- Se señala la omisión de dar atención al ejercicio del derecho de petición consistente esta omisión en dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de servicio que en forma escrita y respetuosa se han hecho, afectando con ello aspectos sociales, colectivos y sectoriales, en perjuicio de mis derechos humanos como integrante de la comunidad de producción menonita y como comunero de oficio agricultor de la región económica ubicada en el Campo 14 de la Colonia El Capulín en el municipio de Nuevo Casas Se reclama estas omisiones de la CFE que sin justificación alguna no ha dado respuesta y se niega a suministrar el servicio de energía eléctrica indispensable para el riego de los cultivos que se llevan a cabo en el predio agrícola y nuestra vivienda, del cual tengo derecho a explotar en virtud de la resolución relacionada al título No. 06CHI134532.13ª /17 de fecha cuatro de mayo de 2018 emitido por el Director Local de la Comisión Nacional del Agua relativo al expediente CHI-L-2898-06-11-17, que amparan al título antes mencionado cedido al de la voz por ROSELLA ANDRIN PRIETO y por el cual el día cuatro de mayo de dos mil dieciocho se resolvió la autorización de transmisión general de derechos.[.] SEGUNDO. Derecho Constitucional que se estimó violado. La parte quejosa señaló como derecho vulnerado el contenido en el artículo 1, 8, 14, 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Previa aclaración, en proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el consecutivo 759/2019-VI; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman omisiones que se atribuyen a una autoridad administrativa y la demanda de amparo se presentó ante esta sede jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación del acto reclamado. Así, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el peticionario del amparo reclama de la Superintendencia de Zona de Distribución Casas Grandes de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua: La omisión de dar contestación a la solicitud de servicio de energía eléctrica presentada el veinte de agosto de dos mil diecinueve. Para la fijación del acto, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Se desvirtúa negativa del acto reclamado. El representante legal de CFE Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, al rendir el informe justificado en representación de la Superintendencia de Zona de Distribución Casas Grandes, de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, negó el acto que se le reclama. Sin embargo, tal negativa se desvirtúa con lo que manifestó en el propio informe con justificación al afirmar que "(.) el suscrito en calidad de autoridad responsable no ha sido omiso en dar contestación a los distintos y/o diversos escritos de solicitud, manifestando bajo protesta de decir verdad que el último escrito de fecha 20 de agosto de 2019, se está preparando la debida contestación (.)", con la que se hace evidente la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito que la parte quejosa le presentó el veinte de agosto de dos mil diecinueve, pues la autoridad afirma que está preparando la debida contestación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé, la parte final del artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna ni este juzgador advierte alguna de oficio, por lo tanto, es procedente ingresar al estudio de la litis constitucional planteada, respecto del acto aquí reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que aparecen insertos en su demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la Ley de la materia no establece como obligación para el juzgador que se transcriban para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Determinación que adopta este órgano Jurisdiccional. El único concepto de violación esgrimido por el quejoso resulta esencialmente fundado. En efecto, asiste razón jurídica a la parte quejosa cuando alega que se viola en su perjuicio el derecho de petición, pues, como bien lo asevera, no se ha dado respuesta a la petición elevada por escrito presentado, de manera pacífica y respetuosa, el veinte de agosto de dos mil diecinueve. Para evidenciar este aserto, conviene establecer que, del contenido del artículo 8º de la Constitución General de la República deriva la existencia de dos requisitos constitucionales que toda autoridad debe observar, cuando los gobernados formulen alguna petición escrita, de manera pacífica y respetuosa, a saber: dictar el acuerdo correspondiente; comunicar en breve término ese proveído al interesado, conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Para que el derecho de petición consagrado en el imperativo constitucional analizado sea atendible en la vía de amparo, tiene como presupuesto que aquella petición se realice al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir, en una relación de supra a subordinación, de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 126, del tomo XIII, abril del 2001, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuyo rubro es el siguiente: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición reconocido en el artículo 8º constitucional, se conforma a su vez de diversos elementos que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa, a saber: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de amparo, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el peticionario del amparo pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido. En el caso, las hipótesis indicadas en los puntos que anteceden, no se encuentran colmada, como se afirma en los conceptos de violación, porque la autoridad responsable no ha dado respuesta a lo solicitado por la ahora parte quejosa. En efecto, dado que en autos no obra constancia que evidencie que la autoridad responsable diera cumplimiento a los requisitos que conforman el derecho humano reconocido en el citado artículo 8° Constitucional, pues no existen pruebas de que se haya dado contestación al escrito presentado el veinte de agosto de dos mil diecinueve, por la aquí parte quejosa, ni mucho menos que se haya dado a conocer en breve término la respuesta a su solicitud, ello implica una transgresión a la esfera jurídica de aquélla, pues, como se dijo, la petición formulada por escrito a las autoridades, en la especie a un servidor público en funciones, requiere de una respuesta también por escrito y en breve término, cuyo conocimiento debe verificarse, desde luego, a través del procedimiento de notificación respectivo. Apoya lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 88, del tomo III, parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que estatuye: PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. En consecuencia, a efecto de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos transgredidos, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada, para que la autoridad responsable, Superintendencia de Zona de Distribución Casas Grandes de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua: 1. Provea lo conducente respecto a la solicitud de servicio de energía eléctrica presentada el veinte de agosto de dos mil diecinueve. 2. Por los conductos legales procedentes, le notifique al promovente del amparo, en breve término, la contestación. En la inteligencia de que la protección constitucional otorgada no implica que las autoridades emitan su respuesta precisamente en el sentido pretendido por la parte interesada, puesto que tal derecho solo obliga a contestar de manera congruente, oportuna, en breve término y por escrito, las promociones que se presenten. Ilustra lo anterior el criterio sustentado por la Tercera Sala, visible a fojas 81, del Tomo IX, Abril de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que dispone: PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten.En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el licenciado **********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos se desprende que el informe justificado rendido por el Superintendente de Zona de Distribución Casas Grandes de la Comisión Federal de Electricidad, no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de noviembre de dos mil diecinueve, y con apoyo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *********, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 759/2017-VI, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el catorce de octubre de dos mil diecinueve, ***********, solicitaron la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad División Distribución Zona Norte, Zona Casas Grandes. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Por proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitó su informe previo a la autoridad responsable y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual, fue desahogada al tenor de la audiencia que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. El Superintendente de Zona Distribución Casas Grandes de la Comisión Federal, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en su informe previo (fojas 28 y 29), manifestó que no es cierto el acto reclamado, consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud de servicio de en energía eléctrica formulada el veinte de agosto del año en curso. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, con lo manifestado por la autoridad responsable, toda vez que por una parte señala que aún está en tiempo de brindar la respuesta; y por otra, refiere que se otorgó al quejoso una respuesta respecto a la contratación, conexión y suministro de energía eléctrica; no obstante, no remite constancia que acredite la respuesta otorgada al promovente. TERCERO. Suspensión definitiva. La parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados al Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad División Distribución Zona Norte, Zona Casas Grandes, consistentes en lo siguiente: [.] 1.- Se señala la omisión de dar atención al ejercicio del derecho de petición consistente esta omisión en dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de servicio que en forma escrita y respetuosa se han hecho, afectando con ello aspectos sociales, colectivos y sectoriales, en perjuicio de mis derechos humanos como integrante de la comunidad de producción menonita y como comunero de oficio agricultor de la región económica ubicada en el Campo 14 de la Colonia El Capulín en el municipio de Nuevo Casas Se reclama estas omisiones de la CFE que sin justificación alguna no ha dado respuesta y se niega a suministrar el servicio de energía eléctrica indispensable para el riego de los cultivos que se llevan a cabo en el predio agrícola y nuestra vivienda, del cual tengo derecho a explotar en virtud de la resolución relacionada al título No. 0**********.13ª /17 de fecha cuatro de mayo de 2018 emitido por el Director Local de la Comisión Nacional del Agua relativo al expediente CHI-L-2898-06-11-17, que amparan al título antes mencionado cedido al de la voz por *********** y por el cual el día cuatro de mayo de dos mil dieciocho se resolvió la autorización de transmisión general de derechos.[.] Al respecto, es oportuno precisar que el acto de autoridad es la manifestación externa y unilateral de la voluntad del Estado, ejecutada por un órgano competente, que se realiza con la intención de producir consecuencias jurídicas y suele clasificarse, según su naturaleza y efectos que produce, en positivos, negativos y omisiones. Los de carácter positivo son aquellos que se traducen en un "hacer" o en la ejecución de una determinación, en tanto que los negativos se caracterizan porque la autoridad se rehúsa a hacer o conceder al quejoso su petición, mientras que las omisiones son aquellas que se materializan en una abstención de "hacer" de la autoridad responsable. Ahora bien, el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo prevé la procedencia del juicio de amparo contra normas generales, actos u omisiones de autoridad; sin embargo, ello no implica que pueda concederse la suspensión en su contra, porque dicha medida cautelar tiene por objeto paralizar actos de carácter positivo o negativo con efectos positivos, mas no omisiones en sentido estricto, puesto que equivaldría a dar efectos restitutorios a la suspensión y, por ende, implicaría dejar sin materia el juicio de amparo; Por tanto, si bien es verdad que en términos de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, así como en los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el órgano de amparo al proveer sobre la suspensión del acto reclamado debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, también lo es que dicho proceder está condicionado a que la naturaleza del acto reclamado permita su paralización porque, de otra manera, se desnaturalizaría la medida cautelar, cuyo objeto primordialmente consiste en mantener viva la materia del amparo hasta el dictado de la sentencia en que se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. En esas condiciones, deviene improcedente conceder la suspensión del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la omisión a dar respuesta a la solicitud del servicio energía eléctrica formulada el veinte de agosto del año en curso; pues de hacerlo, como se precisó, equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE ÚNICO. Se niega a ***********, la suspensión definitiva que solicitó respecto del acto y autoridad precisado en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el representante legal de la Comisión Federal de Electricidad, en representación del Superintendente de Zona de Distribución Casas Grandes de la Comisión Federal de Electricidad; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *************. Doy fe.
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