J. Santos Vargas Ramírez

Expediente 246/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
246/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
11/07/2018

Partes del expediente

  • J. Santos Vargas Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de julio de dos mil dieciocho. VISTO el estado que guarda el expediente de amparo indirecto 246/2018-I-1, promovido por *******, el que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. CONSIDERANDO PRIMERO. Demanda de amparo. El doce de abril de dos mil dieciocho se recibió la demanda que dio origen al juicio en el buzón de la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito, la que fue turnada a este Juzgado de Distrito el mismo día, en el escrito inicial el quejoso ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a quien le reclamó los siguiente: IV. ACTO RECLAMADO Le reclamo a la responsable la omisión de emitir la resolución interlocutoria del incidente de competencia planteado por los aquí terceros en el juicio laboral 708/2016 del índice administrativo de la H. Junta Especial No. 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. SEGUNDO. Concesión del amparo. Por proveído de trece de abril de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo (foja 6 a 8), integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional se dictó sentencia el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en la cual se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ****** para el siguiente efecto: *** Por tanto, al existir la omisión señalada, en perjuicio del quejoso, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que, de acuerdo a sus facultades, la responsable emita la resolución interlocutoria del incidente de competencia que corresponda en el juicio laboral 708/2016, de su índice, ajustándose a lo establecido por los artículos 703, 704, 705, 706 y 838 de la Ley Federal del Trabajo, emita la resolución interlocutoria que corresponda. *** TERCERO. Requerimiento de cumplimiento. Por auto de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia en virtud de que no se interpuso recurso en contra y en el mismo proveído se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 34 y 35). CUARTO. Determinación emitida por la autoridad responsable para dar cumplimiento. Por oficio recibido el veintisiete de junio de dos mil dieciocho la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, anexó impresión con firmas autógrafas de la interlocutoria de competencia por materia dictada el veinte de junio de dos mil dieciocho en el juicio laboral con número de expediente 708/2016 (fojas 39 a 42). Documental a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. QUINTO. Vista a las partes. En proveído de veintiocho de junio del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente con el oficio y anexo remitidos por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento (foja 84). SEXTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. El que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se colige que el Presidente de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje anexó impresión con firmas autógrafas de la interlocutoria de competencia por materia dictada el veinte de junio de dos mil dieciocho en el juicio laboral con número de expediente 708/2016 (fojas 39 a 42), es por ello que, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó a la impetrante el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgador advierte que con dicho proceder la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 195, 107 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 246/2018-I-1 ha quedado cumplida. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la ley en cita; y por oficio a la autoridad responsable. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA LERA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo que remite la Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa el cumplimiento que dio a la sentencia dictada en este asunto. Por tal motivo, notifíquese personalmente y córrase traslado con el oficio de referencia a la parte quejosa, para que en el término de tres días posteriores a la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y apercíbasele que de no hacer manifestación alguna, este juzgador resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria en mención, con base en los elementos que obran en el presente expediente, lo anterior de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, la sentencia en la que se concedió el amparo y la protección constitucional, para los efectos siguientes: [.]Por tanto, al existir la omisión señalada, en perjuicio del quejoso, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que, de acuerdo a sus facultades, la responsable emita la resolución interlocutoria del incidente de competencia que corresponda en el juicio laboral 708/2016, de su índice, ajustándose a lo establecido por los artículos 703, 704, 705, 706 y 838 de la Ley Federal del Trabajo, emita la resolución interlocutoria que corresponda. [.] Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y del conocimiento de la autoridad responsable la circunstancia anterior. Dicho lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo y lo informe a este juzgador, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. Apercibida que de no hacerlo así dentro del término que se le señala: a) Con fundamento en el artículo 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le impondrá una multa de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional) equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización; y b) Se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en esta ciudad, para seguir el trámite de la inejecución de sentencia que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación. Asimismo, según lo dispuesto por los arábigos 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, debería de requerirse al superior jerárquico de la autoridad responsable para que ordene a la referida autoridad el cumplimiento de la ejecutoria; sin embargo para efectos de dicho cumplimiento la citada autoridad no tiene superior jerárquico. Resulta aplicable la tesis 2ª./J.36/2011(10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, del Libro IV, Tomo 4, Enero de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. En razón de lo anterior, se conmina a la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del término concedido, dé cumplimiento a la sentencia emitida en este amparo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  4. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 246/2018-I, promovido por *******, contra la omisión que atribuyó a la Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El doce de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, la demanda dio origen al juicio, la cual fue turnada a este Juzgado de Distrito en la misma data. En el escrito inicial ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la denegatoria de justicia que atribuyó a la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de quien reclamó la omisión de dictar la resolución interlocutoria del incidente de competencia en el juicio laboral *******. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La quejosa consideró que con las omisiones reclamadas se transgrede en su perjuicio los derechos consignados en los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El trece de abril de dos mil dieciocho, se admitió la demanda como amparo indirecto 146/2018-I; se solicitó a la responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio por tratarse de una omisión atribuida a una autoridad laboral con sede dentro del territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI de la Ley de Amparo; 1, fracción I, y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda y de la ampliación, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el quejoso reclama: De la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de emitir la resolución interlocutoria del incidente de competencia en el juicio laboral *******, de su índice. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje aceptó la existencia de la omisión de emitir la resolución interlocutoria respecto al incidente de competencia planteado en el juicio laboral *******. Además, la certeza deriva no sólo del hecho de que así lo haya reconocido la autoridad responsable que rindió informe justificado, pues esa circunstancia se pone de manifiesto con las copias certificadas que exhibió en el juicio; probanzas a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La valoración asignada a esas documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De manera que, ante la manifestación expresa de la autoridad a que se ha hecho referencia respecto de la existencia de la omisión y la acreditación de la misma con las pruebas aportadas se tiene como cierta. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Conceptos de violación. Se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. El estudio de los conceptos de violación conduce a este Juzgado Federal a determinar lo siguiente: La quejosa arguye la transgresión al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la responsable ha omitido dictar resolución interlocutoria respecto al incidente de competencia en el juicio laboral *******. El concepto de violación esgrimido resulta fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena: 17. [...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial [...] Del precepto reproducido se desprenden los principios que rigen el derecho fundamental del individuo a la impartición de justicia en nuestro país, siendo estos: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Lo anterior lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 192/2007 con registro 171257, plasmada en la página 209 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Octubre de 2007, Novena Época, del siguiente tenor: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Por otro lado, es necesario precisar que los preceptos de la Ley Federal del Trabajo, contemplan los plazos para la resolución del incidente respectivo, son del contenido siguiente: 703. Las cuestiones de competencia, en materia de trabajo, sólo pueden promoverse por declinatoria. La declinatoria deberá oponerse al iniciarse el período de demanda y excepciones en la audiencia respectiva, acompañando los elementos en que se funde; en ese momento, la Junta después de oír a las partes y recibir las pruebas que estime convenientes, las que deberán referirse exclusivamente a la cuestión de incompetencia, dictará en el acto resolución. 704. Cuando una Junta Especial considere que el conflicto de que conoce, es de la competencia de otra de la misma Junta, con citación de las partes, se declarará incompetente y remitirá los autos a la Junta Especial que estime competente. Si ésta al recibir el expediente se declara a su vez incompetente, lo remitirá a la autoridad que deba decidir la cuestión de competencia, para que ésta determine cuál es la Junta Especial que debe continuar conociendo del conflicto. 837.- Las resoluciones de los tribunales laborales son: I. Acuerdos: si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio; II. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: cuando resuelvan dentro o fuera de juicio un incidente; y III. Laudos: cuando decidan sobre el fondo del conflicto. 838.- La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se deduce que, tratándose del dictado de la resolución interlocutoria, el legislador impuso a la Junta de Conciliación y Arbitraje el cumplimiento y respeto de los plazos siguientes: a) en el acto en que concluya la diligencia respectiva; b) Dentro de las cuarenta y ocho horas Lo narrado pone de relieve que la responsable no constriñó su actuación a los lineamientos que imponen las normas constitucional y secundaria citadas, con lo que vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, así como el diverso 838 de la Ley Federal del Trabajo, en atención a que ha incumplido con la obligación de emitir la resolución incidental de incompetencia en el juicio laboral ******* de su índice, a pesar de haber transcurrido los términos fijados en las disposiciones legales precisadas. Esto es así, porque la audiencia de pruebas y alegatos relativa al incidente de competencia en la que se reservó la facultad para emitir la resolución interlocutoria, fue emitido desde el tres de octubre de dos mil diecisiete, por lo que el plazo de cuarenta y ocho horas -máximo- con que contaba la responsable para ello, a la fecha de la presentación de la demanda (doce de abril de dos mil dieciocho), había transcurrido en exceso. Además, de las constancias que remitió la responsable se advierte que no se encontraba en el supuesto que contempla el artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, que dentro de los cinco días hábiles siguientes, al que se le hubiera entregado una copia del proyecto de laudo a cada uno de los miembros de la Junta, éstos hubieran solicitado se practicaran las diligencias que no se hubieren llevado a cabo, o alguna otra causa legal, que pudiera establecer que la Junta responsable válidamente se encontraba en imposibilidad para dictar la determinación correspondiente, viola con su actuar lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio del quejoso. En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia 1a./J.90/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 213 del libro 48, Tomo I, noviembre de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2015595, del siguiente tenor: DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios. Por tanto, al existir la omisión señalada, en perjuicio del quejoso, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que, de acuerdo a sus facultades, la responsable emita la resolución interlocutoria del incidente de competencia que corresponda en el juicio laboral *******, de su índice, ajustándose a lo establecido por los artículos 703, 704, 705, 706 y 838 de la Ley Federal del Trabajo, emita la resolución interlocutoria que corresponda. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *******, contra la omisión que atribuyó a la Junta Especial Número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje. El amparo se concede para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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