Jacob Salvador Lozano Collazo
Expediente 361/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 61 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 361/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 61
- Última actuación
- 08/09/2022
Partes del expediente
- Jacob Salvador Lozano Collazo
- Direccion de Administracion Urbana, del Gobierno Municipal de Tijuana, Baja California. Tijuana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 61.
- Principal
SENTENCIA V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 361/2020-G, promovido por ********************, contra actos de la Dirección de Administración Urbana del Gobierno Municipal de Tijuana, Baja California, con residencia en esta ciudad y otras autoridades responsables. R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el quince de julio de dos mil veinte, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por el quejoso ********************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Dirección de Administración Urbana del Gobierno Municipal de Tijuana, Baja California, con residencia en esta ciudad y otras autoridades responsables. Segundo. Derechos humanos y garantías cuya violación se reclama. El quejoso señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en los artículos 1, 4, 14 y 16, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes de los actos que reclamó, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción. Lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1340 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, visible en la página mil quinientos dos, tomo II, procesal constitucional 1. Común, primera parte-Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima primera sección-sentencias de amparo y sus efectos, apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Novena Época, registro 1003219, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Tercero. Admisión, trámite e integración. Este órgano de control constitucional en auto de dieciséis de julio de dos mil veinte, tuvo por recibida la demanda de amparo; ordenó la radicación del presente juicio bajo el número 361/2020; previno a la parte quejosa a efecto que subsanara las irregularidades señaladas en la determinación judicial antes citada. Mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil veinte, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ********************, subsanó la prevención formulada el dieciséis de julio de dos mil veinte; por lo que en proveído de veintidós de julio de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las responsables el informe con justificación, se ordenó dar la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por escrito presentado el siete de agosto de dos mil veinte, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ********************, amplió la demanda respecto a los hechos que constituyen los antecedentes a los conceptos de violación; por lo que en proveído de diez de agosto de dos mil veinte, se tuvo por ampliada la demanda de amparo y se solicitó a las responsables el informe con justificación. En proveído de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se agregaron a los autos los informes justificados rendidos por las responsables, asimismo se reconoció el carácter de tercero interesado a Octavio Vargas Pérez y se ordenó su emplazamiento al presente juicio de amparo; lo cual aconteció el veinte de agosto de dos mil veinte, como se advierte de la constancia correspondiente; quien por escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veinte, se apersonó al presente juicio. Por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veinte, ******************** amplió el escrito de demanda; y mediante determinación judicial de nueve de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por ampliada la misma únicamente por lo que respecta a los conceptos de violación y se solicitó a las responsables el informe con justificación. Seguida la secuela procesal por todas sus etapas, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 13/2019, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; dado que se reclaman actos que se tienen ejecución dentro de la competencia territorial que le corresponde a este órgano. Segundo. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Lo anterior, partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía son los siguientes: DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, del Gobierno Municipal de Tijuana, Baja California, se reclama: La OMISIÓN ADMINISTRATIVA en que incurre al no dar respuesta a la parte quejosa, ni ejercer sus facultades de inspección y verificación como le fue solicitado en la denuncia ciudadana presentada por la quejosa mediante escrito recibido por la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA el veintidós de mayo de dos mil veinte. La expedición de la licencia de construcción sobre el predio con clave catastral número KB-411-230. El inicio y desarrollo del procedimiento administrativo tendente al otorgamiento de una licencia de construcción sobre el predio con clave catastral número KB-411-230. La falta de llamamiento y notificación del quejoso al procedimiento administrativo tendente al otorgamiento de una licencia de construcción sobre el predio con clave catastral número KB-411-230. Del DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES de la Dirección de Administración Urbana, del Gobierno Municipal de Tijuana, Baja California, se reclama: La expedición de la licencia de construcción sobre el predio con clave catastral número KB-411-230. El inicio y desarrollo del procedimiento administrativo tendiente al otorgamiento de una licencia de construcción sobre el predio con clave catastral número KB-411-230. La falta de llamamiento y notificación del quejoso al procedimiento administrativo tendente al otorgamiento de una licencia de construcción sobre el predio con clave catastral número KB-411-230. Del DEPARTAMENTO DE URBANIZACIÓN de la Dirección de Administración Urbana, del Gobierno Municipal de Tijuana, Baja California, se reclama: La expedición de la licencia de construcción sobre el predio con clave catastral número KB-411-230. El inicio y desarrollo del procedimiento administrativo tendiente al otorgamiento de una licencia de construcción sobre el predio con clave catastral número KB-411-230. La falta de llamamiento y notificación del quejoso, al procedimiento administrativo tendiente al otorgamiento de una licencia de construcción sobre el predio con clave catastral número KB-411-230. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables denominadas Jefe del Departamento de Urbanización de la Dirección de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana, y Director de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, al rendir el informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en: 1. La expedición de la licencia de construcción; 2. El inicio y desarrollo del procedimiento administrativo tendiente al otorgamiento de una licencia de construcción; y 3. La falta de llamamiento al citado procedimiento de operaciones de construcción, deslinde o levantamientos catastrales, todo respecto del predio identificado con la clave catastral KB-411-230. Lo anterior, sin que la parte quejosa ofreciera alguna prueba idónea tendente a desvirtuar dicha negativa. En ese contexto, si los actos reclamados, precisados con antelación e imputados a las autoridades responsables, son inexistentes, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que respecta a dichos actos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 310, que resulta aplicable, de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo por no contravenir los postulados de la actual Ley de Amparo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1995, tomo VI, materia común editado en el año de mil novecientos noventa y cinco, que aparece publicada en la página doscientos nueve, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la ley de amparo". Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Director de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, consistentes en la omisión de dar respuesta al escrito recibido por dicha dependencia el veintidós de mayo de dos mil veinte, ya que al rendir su informe con justificación, aceptó el acto que por esta vía se le reclama. Tiene aplicación la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, también son ciertos los actos reclamados atribuidos a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Edificaciones del Ayuntamiento de Tijuana Baja California, ya que al momento de rendir el informe justificado que le fue requerido aceptó la expedición de la licencia de construcción (muro de contención), a la parte tercero interesada Octavio Vargas Pérez; según se desprende de la licencia ZC2020A670. Es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página doscientos seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Asimismo, si bien la autoridad responsable Jefe del Departamento de Edificaciones del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, negó la existencia del diverso acto consistente en la falta de llamamiento de la parte quejosa ********************, al procedimiento de obtención de la licencia de construcción ZC2020A670, lo procedente es desvirtuar dicha negativa, pues de las constancias que allegó con posterioridad consistentes en diversas actuaciones que integran el expediente administrativo de licencia de construcción número ZC2020A670, se evidencia que el quejoso ********************, no forma parte de dicho trámite. Documentales que tienen valor probatorio pleno al ser un documento público, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente cierto el acto reclamado a dicha autoridad en el ámbito de su respectiva competencia. Apoya lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Tomo XIV-Julio de 1994, publicada en la página trescientos noventa y uno, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Quinto. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, por lo que el análisis de las causales de improcedencia debe realizarse lo aleguen o no las partes, conforme a lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como en la Jurisprudencia II. 1o. J/5, registro 222780, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, página 95; de rubro "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese orden de ideas, este Juzgado Federal de oficio advierte que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil veinte, la cual se atribuyó al Director de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". En ese sentido, se estima actualizada la causa de improcedencia invocada respecto al acto reclamado al Director de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, consistente en la omisión administrativa en que incurre al no dar respuesta, ni ejercer sus facultades de inspección y verificación como le fue solicitado en la denuncia ciudadana presentada por la parte quejosa mediante escrito recibido el veintidós de mayo de dos mil veinte. Lo anterior, porque al rendir su informe justificado, precisó que hasta esa fecha, no se le había dado respuesta por escrito al quejoso, respecto a dicha petición; sin embargo mediante diverso oficio y anexos registrados con el progresivo 6915, dicha autoridad responsable hizo del conocimiento que el tres de agosto de dos mil veinte, notificó a la parte quejosa el comunicado AE-409-2020, por medio del cual dio respuesta al escrito presentado por el quejoso el veintidós de mayo de dos mil veinte, y al efecto allegó copia certificada del comunicado respectivo. De igual modo, porque de dicha documental, se advierte que derivado del escrito de petición de veintidós de mayo de dos mil veinte, mediante citatorio con número de folio 402, ordenó al propietario del predio identificado con clave catastral KB-411-230, ubicado en Vía Montecarlo, fraccionamiento Real del Mar, la suspensión total de los trabajos, y se le citó para que compareciera ante esa Dirección de Administración Urbana. Dicha documental, tiene valor probatorio pleno al ser un documento público, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Así, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien por una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener efectos jurídicos. De tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo porque el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso ********************; y, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J.9/98, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210; registro 196820, que a la letra dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En este orden, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que se actualiza tal causa de improcedencia en el juicio, cuando éste se promueva en contra de una omisión de la autoridad respecto de una petición o instancia promovida por un particular y la autoridad emite una respuesta expresa a dicha petición, o se resuelva la instancia respectiva. Esto es, debe considerarse que ante el pronunciamiento de la autoridad respecto de lo solicitado, desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la conducta omisiva de la responsable. El anterior criterio se asentó en la Jurisprudencia 2a./J. 205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, enero de 2009, página 605, registro 168189, la cual es aplicable al caso por identidad de razón y que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En el caso, como se anticipó de la lectura integral del escrito de demanda y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de dar respuesta a la petición formulada el veintidós de mayo de dos mil veinte; sin embargo, la responsable dio respuesta a la petición formulada por el quejoso mediante comunicado AE-409-2020, la cual le fue notificada el tres de agosto posterior, y en la que se determinó, emitir el citatorio con número de folio 402, ordenar al propietario del predio identificado con clave catastral KB-411-230, ubicado en Vía Montecarlo, fraccionamiento Real del Mar, la suspensión total de los trabajos, y se le citó para que compareciera ante esa Dirección de Administración Urbana. En ese orden de ideas, al haber dejado de tener efecto el acto reclamado en la presente instancia constitucional; lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto al acto reclamado al Director de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento. Ahora bien, por lo que respecta a los actos reclamados al Jefe del Departamento de Urbanización de la Dirección de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana, consistentes en: La expedición de la licencia de construcción (muro de contención), a la parte tercero interesada Octavio Vargas Pérez; según se desprende de la licencia ZC2020A670. La falta de llamamiento de la parte quejosa ********************, al procedimiento de obtención de la licencia de construcción ZC2020A670. Este órgano jurisdiccional estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso ********************, carece de interés jurídico en el presente juicio constitucional, dado que no exhibió el documento o medio de prueba idóneo con el que acredite la causa legal del derecho de ser llamado al procedimiento de obtención de licencia de construcción (muro de contención), y derivado de ello, el interés que tiene para reclamar la emisión de la licencia de construcción ZC2020A670. Para evidenciar lo anterior, es preciso traer a cuenta la porción normativa referida, cuyo texto es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y en contra de normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]" Del citado precepto, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, cuando los actos reclamados no afecten los intereses legítimos del quejoso. Al respecto, los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República; 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley[.]". De la interpretación en conjunto de los dispositivos legales antes citados, se obtiene en lo que aquí interesa, que el ejercicio de la acción constitucional está reservado para quien resienta una afectación en su esfera jurídica, respecto de un derecho del que aduce ser titular o se vea afectado algún interés jurídico o legítimo, con motivo de un acto de autoridad. En relación a ello, conviene decir que del numeral 5 precitado, se desprende uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, esto es, el de iniciativa o instancia de parte agraviada, el cual también se encuentra contenido en el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho principio rector consiste en que el juicio de control constitucional sólo puede iniciarse por aquella persona que resiente un menoscabo en sus derechos subjetivos, es decir, quien directamente le está afectando el acto de autoridad que se reclama. Entonces, de lo anterior se evidencia que, a efecto de que resulte procedente el juicio de protección de derechos humanos, se requiere que la parte quejosa resienta una afectación en los derechos de los que aduce ser titular por parte de la autoridad responsable, configurándose en ese momento el interés jurídico que lo facultará para accionar el juicio de control constitucional en su defensa. Ahora, el interés jurídico debe entenderse precisamente como esa titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos o posesiones que afirma fueron conculcados por las responsables; esto es, la existencia de un derecho previo, legalmente tutelado, que otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo VI, segunda parte-1, julio-diciembre de 1990, página 364, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Asimismo, la diversa 1a./J.168/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, enero de 2008, visible en la página 225, que indica: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4° de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Además, como se mencionó en líneas anteriores y como se aprecia del ultimo criterio jurisprudencial, el interés jurídico que el quejoso diga tener, debe ser acreditado, lo que implica la demostración del derecho subjetivo que se dice afectado. Por su parte, la suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que el interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, tienen un interés en que una actuación u omisión de cierta autoridad sea acorde a la ley por derivar de ello un beneficio o evitar un perjuicio en sus intereses, lo que exige demostrar tener una situación cualificada de afectación y conseguir que esa conducta sea enmendada. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad, que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Así, el interés legítimo es aquél que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato ni dispongan de un derecho subjetivo que deba ser restituido. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio o evitar un perjuicio, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio. Las características que permiten identificarlo son: Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio en favor del accionante; Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo; Debe existir una afectación a los intereses del particular; El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto al de otros gobernados, consistente en que los actos u omisiones de autoridad que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho; y, Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio. En esa medida, de no reunirse tales características, se estaría en presencia de un interés simple o jurídicamente irrelevante, que es aquél que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Las consideraciones apenas sintetizadas, dieron origen a la tesis número 1a. XLIII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero de 2013, tomo 1, página 822, de la décima época, registro 2002812, que es del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asentado lo previo, conviene destacar que del contenido integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se aprecia que el promovente acude a la presente instancia aduciendo tener un interés legítimo para combatir los actos que reclama, pues al respecto indica que las autoridades responsables actuaron en contravención a lo dispuesto por la Constitución Federal y tratados internacionales, debido a que otorgaron una licencia de construcción de un muro, respecto de un predio colindante y vecino, sin darle la oportunidad de defender sus intereses. En ese contexto, atendiendo a la naturaleza de los actos combatidos y sus consecuencias, debe decirse que la parte quejosa no se encuentra en una situación que evidencie el interés legítimo con el que aduce comparecer, pues al tratarse de actos relativos a la emisión de la licencia, permiso y/o autorizaciones para realizar una obra de construcción a terceros, debe acreditarse con prueba suficiente, por una parte, que el predio o finca se ubica dentro del área de afectación de la obra, y por otra, el perjuicio jurídicamente relevante. Lo anterior es así, pues respecto al tópico del interés legítimo para promover un juicio de amparo indirecto donde se señalan como actos reclamados las autorizaciones expedidas para la construcción de una obra, el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 24/2020, estableció que debe acreditarse mediante prueba suficiente que el domicilio de la parte quejosa se encuentre inmerso dentro del área en que se realiza la construcción reclamada; y que la obra efectivamente afecta los derechos defendidos, es decir, que existe un agravio diferenciado del resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante del cual el quejoso es titular por su especial situación frente al orden jurídico. Además, precisó que la prueba de la vecindad, cercanía o proximidad con la edificación no es suficiente, sino que, en primer lugar, se deberá determinar cuál es el área de afectación de la obra y, luego, que la finca o predio propiedad de la parte peticionaria de amparo se ubican dentro de esa área, aspectos que, como quedó de manifiesto, se deben probar de forma suficiente para contar con el interés legítimo necesario para acudir al juicio de amparo. Asimismo, que la prueba del interés legítimo debe llevarse a cabo de manera fehaciente, pues el interés legítimo implica la legitimación necesaria, tanto en el proceso como en la causa, para acudir al juicio de amparo en defensa de un derecho que es otorgado virtud a la especial situación que guarda el quejoso frente al orden jurídico. Concretó el citado Pleno de Circuito, que se deben rendir medios de convicción suficientes para demostrar el área de afectación de la obra y que el inmueble propiedad de la parte quejosa se encuentra inmerso dentro de ella, como pueden ser, entre otros y según lo requiera cada caso en concreto, los consistentes en prueba pericial, cuyo contenido evidencie fehacientemente ambos extremos. Lo anterior, porque el área de afectación de la obra cuya autorización constituye los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto, debe demostrarse con base en medios probatorios suficientes que revelen que la ejecución de la obra en construcción afecta determinada área y que la casa-habitación propiedad de la quejosa se encuentra dentro de tal área. Por ende, concluyó, se requiere de prueba suficiente para demostrar el área afectada por la obra cuya autorización se combate en amparo indirecto y que el domicilio de la quejosa se encuentra dentro de tal superficie; de lo contrario, se dejaría a la sola afirmación de la parte solicitante del amparo, lo cual es jurídicamente inadmisible. De la contradicción de tesis aludida, emergió la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 4, agosto de 2021, Tomo IV, página 4370, registro digital 2023482, que textualmente dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALAN COMO ACTOS RECLAMADOS LA LICENCIA, PERMISO Y/O AUTORIZACIONES PARA REALIZAR UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, DEBE ACREDITARSE CON PRUEBA SUFICIENTE QUE EL PREDIO O FINCA SE UBICA DENTRO DEL ÁREA DE AFECTACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PERJUICIO JURÍDICAMENTE RELEVANTE. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a criterios diferentes al analizar juicios de amparo indirecto en los que se señalaron como actos reclamados la licencia, permiso y/o autorizaciones para realizar una obra de construcción, pues mientras uno consideró que para la demostración del interés legítimo basta la evidencia de ser vecino de la obra en construcción con pruebas documentales, el otro estimó que para justificar dicho interés legítimo es necesario demostrar con prueba pericial tanto la vecindad con la obra, como el perjuicio jurídicamente relevante generado por ella, en virtud de la especial situación de la parte quejosa frente al orden jurídico. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que cuando en el juicio de amparo indirecto se señalan como actos reclamados la licencia, permiso y/o autorizaciones para realizar una obra de construcción que, a decir de la parte quejosa, afectan su derecho a un medio ambiente sano y saludable, e implican una violación al entorno urbano o en materia de vialidad u otros derechos análogos, es necesario demostrar el interés legítimo, entendido como el enlace entre la norma jurídica que otorga la prerrogativa y la afectación que se produce a ese derecho por el acto de autoridad. Así, debe demostrarse que el inmueble donde habita la parte quejosa está inmerso dentro del área de afectación de la obra cuya licencia, permiso y/o autorizaciones se reclaman, así como el perjuicio jurídicamente relevante generado por la obra en construcción, en virtud de la especial situación de la parte quejosa frente al orden jurídico, y la prueba de esos dos aspectos debe demostrarse de manera fehaciente con prueba suficiente, según lo requiera cada caso concreto. Justificación: El interés legítimo constituye la legitimación tanto en el proceso como en la causa que permite, por una parte, el trámite válido del juicio y, por otra, la condición necesaria para obtener una sentencia concesoria de amparo. Entonces, el interés legítimo debe demostrarse de manera fehaciente con medios de prueba suficientes que evidencien la afectación al derecho que la parte quejosa defiende en el juicio de amparo y que deriva de su especial situación frente al orden jurídico, que le permite expresar un agravio diferenciado del resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, pues de no demostrarse esa afectación, el interés, en todo caso, resulta genérico o simple." En esa tesitura, se tiene que la peticionaria del amparo no allegó medio de prueba que permita estimar que se encuentra dentro de una situación especial de la que nazca el interés legítimo que aduce tener, pues para tal efecto únicamente allegó las siguientes documentales: Copia certificada de la hoja de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Tijuana, del contrato de arrendamiento celebrado entre el quejoso ********************, y el señor Miguel Alfredo Araiza Viloria. Documental consistente en el acuse del escrito denominado petición apremiante, dirigido a la Dirección de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, el veintidós de mayo de dos mil veinte. Copia simple de la denuncia ambiental, desequilibrio ecológico y daños al ambiente, presentada ante la autoridad responsable. Documental consistente en la hoja de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio Tijuana de la transmisión de propiedad en ejecución de fideicomiso. Documental consistente en copia del acta de deslinde de la Dirección de Catastro Departamento de Cartografía. Treinta y tres impresiones fotográficas. Documental pública consistente en informe de autoridad, emitido por la Dirección de Administración Urbana del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, relativa a los planos oficiales de alcantarillado y drenaje del Fraccionamiento Real del Mar. Documental pública consistente en informe de autoridad, emitido por la Dirección General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, en el que hizo del conocimiento que las redes hidráulico-sanitarias, así como las demás instalaciones que conforman los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario del fraccionamiento Real del Mar (planta de tratamiento, tanques), no han sido entregadas a esa comisión estatal, por lo que no se cuenta con la información solicitada. Lo anterior, porque con la documental identificada con el número 1, solo se acredita lo que ese documento dice, es decir que el uno de octubre de dos mil dieciséis, el hoy quejoso ********************, y el señor Miguel Alfredo Araiza Viloria, llevaron a cabo un contrato de arrendamiento, el cual se encuentra registrado bajo la partida 6069181, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, respecto del bien inmueble ubicado en el número 1360, de la calle Vía Montecarlo, del Fraccionamiento Real del Mar, de esta Ciudad, situada sobre el lote de terreno número 228, manzana 411, actualmente 11-B, lo que en su caso, evidencia únicamente el derecho de posesión que tiene el quejoso respecto dicho bien inmueble. Luego, con las documentales marcadas con los arábigos 2 y 3, consistentes en copia del escrito denominado petición apremiante, dirigido a la Dirección de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y copia simple de la denuncia ambiental, desequilibrio ecológico y daños al ambiente, presentada ante la autoridad responsable, únicamente se acredita lo que en ellas se describe, es decir que los días veintidós y veinticuatro de mayo de dos mil veinte, el quejoso presentó un escrito y llenó un formato para denuncia ambiental, desequilibrio ecológico y daños al ambiente, en los que realizó diversas manifestaciones en relación con los daños, que considera, le ocasiona las acciones que ahí describió; sin embargo, como se anticipó dichas documentales al no estar acompañadas de diverso medio de prueba idóneo que compruebe lo que en ellas se denunció, son insuficientes para tener por acreditado el daño resentido en su esfera de derechos y por ende, el interés jurídico en el presente juicio de amparo. Por lo que refiere a la documental identificada con el número 4, se demuestra que el acto jurídico consistente en la transmisión de propiedad en ejecución de fideicomiso, se encuentra registrado bajo la partida 5849849, ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio a nombre de Octavio Vargas Pérez y María Celina Zúñiga Gómez con lo que en su caso, solo se acredita el derecho de propiedad que dichas personas tienen respecto del bien inmueble ahí descrito. En lo atinente a la documental consistente en copia del acta de deslinde de la Dirección de Catastro Departamento de Cartografía, se evidencia que el veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el deslinde del predio identificado como lote 228, manzana 411 (11-B), del fraccionamiento Real del Mar, con clave catastral KB-411-228, con lo cual, solo se puede tener por demostrado lo que ahí se indica, es decir, corresponde a un cartograma expedido para fines de inventario y localización de ese inmueble con medidas y colindancias, y si bien se puede acreditar que el bien inmueble posesión del quejoso, es colindante con el predio respecto del cual se expidió la licencia de construcción de un muro, dicho medio probatorio es insuficiente para tener por demostrado que el inmueble donde habita la parte quejosa está inmerso dentro del área de afectación de la obra cuya licencia se reclama, y también para demostrar el perjuicio jurídicamente relevante generado por la obra en construcción. Respecto a las impresiones fotográficas, se puede evidenciar una barda al parecer de concreto, de color blanco, con una grieta en el muro colindante; sin embargo, no se tiene la certeza que ese daño, se haya ocasionado con motivo de los trabajos de construcción de la obra que se autorizó en la licencia que por esta vía se combate, pues se considera que no es la prueba idónea de la que se pueda inferir con certeza esa circunstancia. Finalmente, por lo que atañe a las documentales públicas en vía de informe, tendentes a acreditar la ubicación de la red de alcantarillado y drenaje del Fraccionamiento Real de Mar, se estima que con ellos, en todo caso, se logra acreditar que ese fraccionamiento cuenta con una red de drenaje y alcantarillado pero no es el medio idóneo para generar convicción en el sentido de que con la construcción de la obra, se lleven a cabo los actos de reubicación de drenaje a que alude la parte quejosa a manera de afectación, con motivo de la construcción de la obra, pues no se tiene la certeza que aun y cuando existe tubería en esa colindancia, con motivo de la construcción del muro de contención, la misma deba ser reubicada; ni tampoco se acredita que dicha instalación hidráulica sea de uso común o privado. Es decir, las documentales señaladas resultan ineficaces para los fines pretendidos, pues la quejosa intenta sustentar los aspectos de cercanía y afectación en pruebas documentales, empero, para que quedara fehacientemente acreditado el interés legítimo, era indispensable, que en el caso, se desahogara prueba técnica idónea y suficiente, debido a que el interés legítimo, no puede inferirse con base en presunciones. Resulta de esa manera, ya que la quejosa si bien refirió que la colindancia de su inmueble con el del tercero interesado, se acredita con base en los documentos que contienen la ubicación de los mismos; debe decirse que con ellas no quedó plenamente demostrado que el inmueble donde habita la parte quejosa está inmerso dentro del área de afectación de la obra cuya licencia se reclama, así como el perjuicio jurídicamente relevante generado por la obra en construcción. Es decir, las documentales señaladas resultan ineficaces para los fines pretendidos, pues la quejosa intenta sustentar los aspectos de cercanía y afectación en pruebas documentales, empero, para que quedara fehacientemente acreditado el interés legítimo, era indispensable, que en el caso, se desahogara prueba técnica idónea y suficiente, debido a que el interés legítimo, no puede inferirse con base en presunciones. Resulta de esa manera, ya que la quejosa si bien refirió que la colindancia de su inmueble con el del tercero interesado, se acredita con base en los documentos que contienen la ubicación de los mismos; debe decirse que con tales documentales no se demuestra a ciencia cierta la distancia real entre la construcción cuya autorización reclama y la finca de su propiedad. De ese modo, no es dable considerar fehacientemente demostrado que el inmueble de la quejosa se ubique en la inmediación que pudiera afectarle la licencia de construcción del muro que reclama, pese a que aduzca que colindan, pues no se logró demostrar la distancia entre la obra y la propiedad posesión del quejoso; así como tampoco, que los daños que refiere presenta su propiedad, se causan con motivo la autorización de la obra y su ejecución. Aunado a lo anterior, tampoco se encuentra demostrado que los actos de autoridad reclamados afectaran algún interés difuso previsto en las normas para el quejoso. En las relatadas condiciones, se concluye que la parte quejosa carece de interés legítimo para reclamar la licencia de construcción del muro multicitado, ya que no acreditó con prueba eficaz la cercanía o proximidad existente entre el inmueble que ocupa y el lugar en que se lleva a cabo esta última, así como las dimensiones o entidad de ésta, en correlación con las afectaciones que debieron ser identificadas y, por ende, el posible perjuicio que causó en su esfera de derechos. A mayor abundamiento, y con independencia de lo expuesto, es menester precisar que en lo tocante a la expedición de la licencia de construcción (muro de contención) ZC2020A670, a la parte tercero interesada Octavio Vargas Pérez, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La causa de improcedencia prevista en la fracción anteriormente transcrita, denominada como cesación de efectos, consiste en que una vez promovido el juicio de amparo, los efectos del acto que se reclama en él hayan dejado de existir y que por ese motivo -el acto- ya no ocasiona ningún agravio en la esfera jurídica del quejoso, ello como consecuencia de una actuación posterior por parte de la autoridad que lo haya emitido. Es decir, el acto reclamado debe quedar destruido en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, que aún y cuando subsista el mismo no hubiere invadido la esfera jurídica de la impetrante. Brinda sustento a lo anteriormente expuesto, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y ocho del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número CL/1997, visible en el Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, página setenta y uno, noviembre de mil novecientos noventa y siete, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO EN QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación de que la fracción XVI del artículo 73, de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En efecto, para arribar a la expresada conclusión, resulta necesario precisar que el quejoso precisó tanto en su demanda de amparo como su ampliación, que es titular de un interés legítimo para el efecto de solicitar la protección constitucional con la finalidad de que, se declaren insubsistente la emisión de la licencia de construcción (muro de contención) ZC2020A670 otorgada a la parte tercero interesada Octavio Vargas Pérez, dada su situación particular diferenciada del resto de la sociedad, dada su calidad de poseedor del inmueble contiguo. Sin embargo, de la referida licencia de construcción reclamada, se advierte que la Jefa del Departamento de Edificación, de la Dirección de Administración Urbana, emitió la autorización respectiva el veinticinco de junio de dos mil veinte, en los siguientes términos: "AUTORIZACIÓN. Esta licencia se concede por un término de 365 días a partir de la FECHA DE DESPACHO en el entendido que de no ser renovada al término de la misma, se mandará suspender la construcción, según derechos de construcción pagados en el recibo oficial No. 202077702021853 de fecha 10 de JUNIO del 2020" En ese orden, conforme a lo expuesto, es evidente que la licencia de construcción reclamada en esta vía constitucional ya no está vigente, dado que del contenido de la misma se advierte la autorización de la construcción de la obra descrita fue únicamente por el término de un año a partir de la fecha de despacho (veinte de junio de dos mil veinte), por lo que a la fecha de la emisión de la presente resolución ha transcurrido en exceso el plazo por el que se autorizó la realización de la obra. Lo que se puede advertir de la imagen que a continuación se inserta, obtenida de las documentales allegadas por la autoridad responsable al rendir su informe con justificación el cual se tuvo por recibido en auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte, a la que se le confiere valor probatorio pleno al ser un documento público, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. En ese sentido, este juzgado considera que se cumplen los lineamientos establecidos por el Alto Tribunal para considerar que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, debido a que, con el paso del tiempo, la licencia reclamada perdió vigencia, con lo cual, los efectos del acto que se reclama dejaron de existir y por ese motivo -el acto- ya no ocasiona ningún agravio en la esfera jurídica del quejoso. De ahí que, como se puntualizó en párrafos precedentes, si los efectos del acto que se reclama dejaron de tener vigencia y, por ese motivo el acto ya no ocasiona ningún agravio en la esfera jurídica del quejoso, entonces es indudable que se surte la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXI, del ordenamiento legal en cita, dada la cesación en los efectos de los actos que fueron reclamados a la responsable. Por último, debe decirse que las simples manifestaciones de la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, tampoco demuestran su interés legítimo, tal como se desprende de la jurisprudencia 27/90, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 229, del Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de registro 20722, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." Corolario de lo expuesto, al resultar improcedente el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XII y XXI, de la Ley de Amparo, lo procede es decretar el sobreseimiento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en consulta. Conviene recordar que, en los supuestos en los que se actualiza el sobreseimiento en el juicio, impide al juzgador analizar los temas de fondo planteados en la litis constitucional, a la luz de la jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Asimismo, tomando en consideración la actualización de la causa de improcedencia invocada, resulta innecesario pronunciarse en torno a diversos motivos de inejercitabilidad, dado que a nada práctico conduciría, pues el sentido del fallo sería el mismo. Al respecto se cita la tesis que aparece publicada en la página doscientos treinta y tres, del Tomo XI-marzo de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, que literalmente establece: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimar que en el juicio de garantías se surte una casual de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Sin que la anterior determinación pueda considerarse una violación al principio pro persona o pro homine contemplado en el segundo párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de las pretensiones de las partes que promueven un determinado juicio de amparo no constituye, en sí mismo, una violación al tal principio, esto es, brindar una protección más amplia a las personas cuyo ámbito de protección deberá interpretarse conforme a las normas relativas a derechos humanos a la luz de nuestro texto Constitucional y los tratados internacionales en que el estado mexicano sea parte, favoreciéndolos en todo momento, ya que en todo procedimiento llevado ante las autoridades competentes existen ciertos requisitos de procedencia en el orden interno de los Estados en el que se deben ciertas garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Al respecto, se cita la tesis 1a. CCLXXVI/2012, que dice lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Sexto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Segundo. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente.
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Tijuana, Baja California, doce de julio de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional está señalada para esta fecha. Sin embargo, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la secretaria encargada del despacho por licencia autorizada al Titular de este órgano jurisdiccional, únicamente está facultada para practicar las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las catorce horas del veintisiete de julio de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.
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Tijuana, Baja California, dos de junio de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se requirió al Titular de la Secretaría para el Manejo Saneamiento y Protección del Agua del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para que dentro del término de cinco días hábiles, legalmente computado, remitiera a este órgano jurisdiccional la información solicitada por el quejoso (la cual fue ofrecida como medio de prueba); por lo que se giró el oficio 8704/2022, sin embargo, este fue devuelto por estar mal dirigido, tal y como se advierte de la guía de Estafeta con código de rastreo 0154878866. Asimismo, al consultar la página de internet del Gobierno del Estado de Baja California, se advierte que dicha Secretaría tiene su domicilio en Carretera Libre, Tijuana-Tecate, kilómetro 26.5, Parque Industrial El Florido I, en esta ciudad. Por tanto, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la tramitación del presente juicio de amparo, se comisiona al actuario de la adscripción, a efecto de que se constituya en las instalaciones que ocupa la autoridad Titular de la Secretaría para el Manejo Saneamiento y Protección del Agua del Estado de Baja California, haga entrega del oficio 8704/2022 y recabe el acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las trece horas del doce de julio de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
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Tijuana, Baja California, a trece de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 75 y 119, ambos de la Ley de Amparo agréguese a los autos el escrito y anexos presentados por el encargado del despacho de la Dirección General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con sede en esta ciudad; por el cual en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veintiuno de abril del año en curso, remite el informe de autoridad que le fue requerido así como copia certificada de las constancias conducentes. Con lo anterior, de conformidad con el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, al ser la parte oferente de la prueba mencionada, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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