Jacinto Demetrio Ríos Ortiz
Expediente 646/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 646/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/08/2023
Partes del expediente
- Jacinto Demetrio Ríos Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra del auto dictado el uno de agosto de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De igual forma, devuélvase al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, el disco compacto que adjuntó a su oficio NSJP/TEC/06620/2023, mismo que fue registrado por Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, con folio 10181; sin que exista necesidad que acuse recibo del misma, ya que fungirá como tal el comprobante de entrega del oficio que se emita para tal efecto. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15 del Acuerdo General, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, al haberse sobreseído fuera de audiencia, es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan tres años a partir de esta fecha, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General en consulta. Por lo que se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 34 del mencionado acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. GOD
- Principal
Tijuana, Baja California, a uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte de las constancias enviadas por la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, como soporte a su informe justificado, que mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dictado en el cuaderno de ejecución ********************/********************, de su índice, dio trámite a la solicitud presentada por el aquí quejoso el dos de mayo anterior, y cuya omisión de dar respuesta constituye el acto reclamado en el asunto que nos ocupa. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese tenor, en base a las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, quien aquí resuelve estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, en virtud de que el acto reclamado por el quejoso ********************, en esta vía constitucional, consistente esencialmente en la omisión de dar respuesta a la petición de dos de mayo de dos mil veintitrés que le fue hecha a la autoridad responsable, en la que solicitó se fijara hora y fecha para la audiencia relativa al descuento de la prisión preventiva, dejó de afectar su esfera jurídica, pues con posterioridad a la presentación de su demanda de amparo (ocho de junio de dos mil veintitrés), en acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dictado en el cuaderno de ejecución ********************/********************, de su índice, el Juez responsable dio trámite a su solicitud, pues en dicha determinación solicitó los informes respectivos y señaló las doce horas del diez de agosto de dos mil veintitrés, para que tenga lugar la audiencia solicitada por el quejoso; entonces, el acto de molestia reprochado, ha cesado en forma definitiva. De esta manera, es claro que para los efectos del amparo, el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente, la posible violación del derecho alegado al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y háganse las anotaciones correspondientes. No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que la autoridad responsable, no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, ya que conjuntamente con el presente auto, se ordena correr traslado al quejoso con copia de los anexos remitidos por la autoridad oficiante, mismos con los que se dio cuenta en el presente asunto. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, encargada del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas del artículo 161 del citado ordenamiento, por vacaciones de la Titular autorizadas mediante oficio CCJ/ST/3169/2023, quien actúa ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. GOD
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio remitido por la autoridad responsable, en virtud de que mediante proveído de veinte de julio del año en curso, se acordó sobre su contenido. No obstante lo anterior, se le tiene a la autoridad oficiante, remitiendo las constancias que menciona en su informe, consistente en copia autentificada del registro audiovisual de la audiencia celebrada el catorce de julio de dos mil veintitrés (un disco compacto), relativo al cuaderno de ejecución 1174/2018, de su índice. Sin que sea el caso celebrar una audiencia especial para la reproducción del contenido del referido disco compacto, dado que dicho medio de convicción tiene la naturaleza de una documental pública, las cuales se tienen por desahogadas dadas su naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, cuyo rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". Resguárdese el mencionado disco compacto en la Secretaría de este Juzgado, a fin de evitar el daño de éste por manejo del expediente, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que si es su deseo imponerse del mismo, su reproducción se realizará en las instalaciones de este Juzgado de Distrito. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, encargada del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas del artículo 161 del citado ordenamiento, por vacaciones de la Titular autorizadas mediante oficio CCJ/ST/3169/2023, quien actúa ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. GOD
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinte de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el oficio de cuenta remitido por la autoridad responsable, y en atención a su contenido, se le tienen por hechas las manifestaciones que plasma en el mismo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por un término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, del contenido del oficio que se recibe, se advierte que la responsable manifiesta remitir de manera física por medio de la notificadora de ese órgano jurisdiccional, copia autentificada del registro audiovisual de la audiencia celebrada el catorce de julio del año en curso; en consecuencia, estese a la espera de las mismas y en su momento, provéase lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Así, lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. GOD
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