Jacinto Téllez Mora

Expediente 233/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
233/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
16/02/2018

Partes del expediente

  • Jacinto Téllez Mora
  • Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Causa estado. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término previsto por el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de inconformidad previsto por el artículo 201, fracción I, de la misma ley, en contra de la resolución de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, mediante la cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo; sin que lo hubiera hecho. Así, al no haberse recurrido dicho proveído, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con fundamento en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción IV, en relación con el artículo segundo, fracción XV, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, se determina que es susceptible de DEPURACIÓN. Devolución de documentos irrecuperables. Con fundamento en el artículo 280 del Código Civil Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de tratarse de un asunto totalmente concluido, devuélvase a la parte quejosa las documentales que anexó que se consideran irrecuperables y déjese en su lugar copia certificada a su costa, previa razón de entrega que se asienta en autos. En consecuencia, requiérasele para que, dentro de un plazo de noventa días, acuda debidamente identificado al local que ocupa este juzgado a efecto de que le sean entregados, apercibido de que le sean entregados, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos podrán ser destruidos con el expediente. Sin que sea el caso hacer pronunciamiento sobre los cuadernos relativos al incidente de suspensión, en razón de que no se solicitó la medida cautelar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Susana Nidia Guillén Chávez, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Por este medio se notifica a parte quejosa el auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciochp que refiere: Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Causa estado. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término previsto por el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de inconformidad previsto por el artículo 201, fracción I, de la misma ley, en contra de la resolución de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, mediante la cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo; sin que lo hubiera hecho. Así, al no haberse recurrido dicho proveído, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con fundamento en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción IV, en relación con el artículo segundo, fracción XV, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, se determina que es susceptible de DEPURACIÓN. Devolución de documentos irrecuperables. Con fundamento en el artículo 280 del Código Civil Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de tratarse de un asunto totalmente concluido, devuélvase a la parte quejosa las documentales que anexó que se consideran irrecuperables y déjese en su lugar copia certificada a su costa, previa razón de entrega que se asienta en autos. En consecuencia, requiérasele para que, dentro de un plazo de noventa días, acuda debidamente identificado al local que ocupa este juzgado a efecto de que le sean entregados, apercibido de que le sean entregados, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos podrán ser destruidos con el expediente. Sin que sea el caso hacer pronunciamiento sobre los cuadernos relativos al incidente de suspensión, en razón de que no se solicitó la medida cautelar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de dieciséis d efebrero de do smiul dieciocho que en sintesis dice: Por este medio se notifica a parte quejosa el auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciochp que refiere: Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Causa estado. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término previsto por el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de inconformidad previsto por el artículo 201, fracción I, de la misma ley, en contra de la resolución de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, mediante la cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo; sin que lo hubiera hecho. Así, al no haberse recurrido dicho proveído, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con fundamento en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción IV, en relación con el artículo segundo, fracción XV, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, se determina que es susceptible de DEPURACIÓN. Devolución de documentos irrecuperables. Con fundamento en el artículo 280 del Código Civil Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de tratarse de un asunto totalmente concluido, devuélvase a la parte quejosa las documentales que anexó que se consideran irrecuperables y déjese en su lugar copia certificada a su costa, previa razón de entrega que se asienta en autos. En consecuencia, requiérasele para que, dentro de un plazo de noventa días, acuda debidamente identificado al local que ocupa este juzgado a efecto de que le sean entregados, apercibido de que le sean entregados, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos podrán ser destruidos con el expediente. Sin que sea el caso hacer pronunciamiento sobre los cuadernos relativos al incidente de suspensión, en razón de que no se solicitó la medida cautelar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes, por auto de veinticuatro de noviembre del año en curso, para que desahogaran la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que la autoridad responsable mencionó dar a la ejecutoria de amparo, sin que hubieren realizado manifestación alguna en ese sentido; en consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración sólo las constancias que obran en este expediente y las manifestaciones aportadas por la citada autoridad. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia autorizada el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se otorgó la protección constitucional para el efecto de que las autoridades responsables: Dejaran de aplicar el precepto legal reclamado, que estipula el cobro del derecho de alumbrado público, lo que implica la desincorporación de la esfera jurídica de Socorro Rebollo Molina y David Mora Juárez, en la obligación del pago respectivo. Adicionalmente, al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán, corresponde: Reintegrar a Socorro Rebollo Molina y David Mora Juárez, el importe de los pagos que al efecto haya realizado con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional, con su respectiva actualización (de conformidad con el artículo 19-A del Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo), así como los que en forma subsecuente realice, siempre y cuando acredite haber erogado el pago correspondiente. Resolución que causó ejecutoria en proveído de cinco de julio de dos mil dieciséis. Actos realizados por la autoridad responsable tendente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, se advierte realizó, en lo que interesa, lo siguiente: Mediante oficio recibido por este órgano jurisdiccional el uno de diciembre de dos mil dieciséis, informó que el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, remitió un oficio a la Comisión Federal de Electricidad para que especificara cuantitativamente el importe de los pagos por concepto de Alumbrado Público que realizaron los quejosos Socorro Rebollo Molina y David Mora Juárez (fojas 151-152). Por comunicado recibido el nueve de enero de dos mil diecisiete, el Presidente Municipal de Maravatío Michoacán, informó que requirió a la Tesorera de ese municipio para que cumpla con la ejecutoria de amparo, misma que hizo saber al Presidente, que cumplirá en tanto tenga a su alcance los números de servicios correspondientes a los quejosos, mismos que resultan necesarios a fin de extraer los históricos de los pagos el Derecho de Alumbrado Público (foja 160). Asimismo, por oficio recibido el nueve de enero de dos mil diecisiete, manifestó su inconformidad con la multa impuesta en auto de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, expresando su imposibilidad para cumplir con la sentencia de amparo hasta en tanto la Comisión Federal de Electricidad le haga saber el histórico de pagos realizados por las quejosas, respecto al derecho de alumbrado público (foja 162). Posteriormente, el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se recibió oficio en el externó haber requerido al Encargado de la Oficina de la Comisión Federal de Electricidad de Maravatío, Michoacán, para que especificara cuantitativamente el importe de los pagos realizados por los quejosos respecto al derecho de alumbrado público (foja 169-170). En oficio recibido el trece de febrero de dos mil diecisiete, expresó que mediante oficio 3.32-056 de ocho de febrero del dos mil diecisiete, el Agente Comercial Maravatío de la Comisión Federal de Electricidad le hizo del conocimiento el monto pagado por los quejosos por concepto de derecho de alumbrado público de los servicios 89000500977 y 89860104386; asimismo, solicitó a éste Juzgado Federal hacer del conocimiento a las partes quejosas que dichas cantidades se encuentran a su disposición en la Oficina de la Tesorería Municipal (fojas 179-180). En apoyo a lo anterior, remitió copia certificada del oficio 3.32-056 emitido por el Agente Comercial Maravatío de la Comisión Federal de Electricidad, donde especificó los pagos realizados por los quejosos por concepto de derecho de alumbrado público correspondientes al año dos mil dieciséis (foja 181). El quince de febrero siguiente, se proveyó ese escrito en donde se comisionó al actuario adscrito para que se constituyera en el domicilio de los quejosos y les hiciera saber que se encontraban a su disposición los pagos por conceptos de derecho de alumbrado público en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad de Maravatío, Michoacán (sic) (fojas 182-183). El veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se recibió escrito en donde aclaró que las cantidades por conceptos de derecho de alumbrado se encontraban a disposición de los quejosos en las oficinas de la "Tesorería Municipal de Maravatío, Michoacán" y no en las Oficinas de la Comisión Federal de Electricidad del mismo municipio (foja 192). Mediante auto de veintidós de febrero siguiente, éste juzgado comisionó al actuario adscrito para que se constituyera en el domicilio de los quejosos a efecto de hacerles saber que se encuentran a su disposición los pagos por impuesto de alumbrado público en las instalaciones de la "Tesorería Municipal de Maravatío, Michoacán" (folio 193-194). Luego, el diez de abril de dos mil diecisiete, se recibió ocurso de la multicitada autoridad responsable en el que comunicó que hasta esa fecha, los quejosos no habían acudido a sus oficinas a cobrar esas cantidades, por lo que se encontraba imposibilitada para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (folio 204). Ante tal situación, en acuerdo de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, se le requirió para que notifique a los quejosos a efecto de que pasen a recoger los pagos correspondientes en un término prudente, y que en caso de no hacerlo les haga saber las consecuencias de ser omisos (fojas 205 y 206). En acuerdo de siete de junio de dos mil diecisiete, al advertir que la responsable no había dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se le requirió de nueva cuenta para el efecto de que: Manifestara si realizó el apercibimiento a los quejosos en el sentido de que de no comparecer a recoger los pagos expedidos a su favor, se les tendría por desinteresados; y con base en ello, determine que dichos numerarios reingresarían a la tesorería municipal; y, Que informe el destino de los pagos por concepto del impuesto de alumbrado público (fojas 212-213). Como respuesta a dicho requerimiento, el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, presentó escrito en el que informó que no había realizado el apercibimiento a las partes quejosas, en el sentido de que de no comparecer a recoger los pagos se les tendría por desinteresados, pues consideró que ello le correspondía a este Juzgado Federal (foja 216). El veinte de julio de dos mil diecisiete, la multicitada responsable presentó ocurso en donde enteró los domicilios de los quejosos que le proporcionó la Comisión Federal de Electricidad (foja 225). El veinte de septiembre siguiente, informó su imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo debido a que no cuenta con los domicilios actuales de las quejosas, siendo imposible hacerles saber que se encuentran a su disposición los pagos referentes al impuesto de alumbrado público (fojas 236-237). En proveído de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, se requirió a dicha autoridad manifestara a través de qué medio de notificación, si por lista o por estrados, haría saber a los quejosos que se encontraba a su disposición los pagos por concepto del impuesto de alumbrado público, en la inteligencia de que ese medio de apremio debía establecer un apercibimiento. Asimismo, en ese mismo acuerdo se le requirió para que explique si realizó el apercibimiento a las quejosas en el sentido de que de no comparecer a recoger los pagos, se les tendría por desinteresados; y, con base en ello determinar que dichos numerarios reingresen a la tesorería municipal; y para que informe el destino de los pagos citados (fojas 239-240). Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecisiete, ante este Juzgado de Distrito, en cumplimiento a ese requerimiento, adjuntó copia certificada de la notificación por cédula realizada a las partes quejosas, fijada en los estrados del interior del Palacio Municipal de Maravatío, Michoacán, en donde se les hizo saber que en las instalaciones de la tesorería municipal se encontraba a su disposición los pagos por concepto del impuesto de alumbrado público, apercibiéndoles que de no comparecer se les tendría por desinteresados y que dichos recursos se regresaría a la tesorería municipal (fojas 245-248). Por acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecisiete, este Juzgado Federal ordenó dar vista a los quejosos por el término de tres días contados a partir de la legal notificación, para que manifestaran lo que a su interés legal convenga, dejando a su disposición las cantidades a pagar por concepto de derecho de alumbrado público que pueden recoger previa identificación y razón que de ello se deje, bajo el apercibimiento de que no comparecer a realizar manifestación alguna, se resolvería sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo con las constancias que obran en el expediente y los datos aportados por la responsable (foja 249). Luego, el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, la tesorera municipal presentó escrito en el que expresó las gestiones realizadas, argumentando que exhibió el procedimiento de notificación por estrados a los quejosos en donde se les apercibió que de no comparecer a recoger los pagos se les tendría por desinteresados y que los recursos económicos regresarían a la Tesorería Municipal de Maravatío, Michoacán (foja 253). En acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, entre otras cosas, se puso a la vista la certificación en la se advierte que los quejosos no desahogaron la vista ordenada en proveído de siete de noviembre de dos mil diecisiete; se agregó al expediente el oficio signado por la tesorera municipal y se volvió a dar vista a los quejosos para que en el plazo de tres días manifestaran lo que su interés convenga respecto del cumplimiento aludido, bajo el apercibimiento que de no realizarlo, se resolvería sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo con base en los documentos y datos aportados por la responsable (foja 254). Análisis sobre el cumplimiento al fallo protector. Analizados los actos realizados por la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo protector, se advierte lo siguiente: Sobre el primer punto de concesión, la responsable implícitamente dejó de aplicar el precepto legal que estipula el cobro del derecho de alumbrado público, pues si bien es cierto no emitió un pronunciamiento expreso en el que desincorporó de la esfera jurídica de los quejosos la obligación de pago, también lo es que dejó a su disposición las cantidades liquidadas por ese concepto a lo largo del año dos mil dieciséis (ejercicio impugnado), ya que el Agente Comercial Maravatío de la Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio 3.32-056, le informó los pagos realizados en ese año por los servicios 89000500977 y 89860104386 a nombre de los quejosos. Por otro lado, si bien es cierto que la responsable aún no ha devuelto a los quejosos las cantidades pagadas por concepto de derecho de alumbrado público, también lo es que acredita haber tomado las medidas pertinentes para ello. En efecto, la responsable demuestra haber notificado y apercibido a las quejosas, en el sentido de tenerlas por desinteresadas si no comparecían a recoger las cantidades y que se reintegrarían esos recursos económicos para el pago del derecho de alumbrado público del Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán, sin embargo, hasta el momento se aprecia que éstas no acudieron a reclamar ese pago. Sin que esa negativa sea un acto atribuible a la autoridad responsable que conlleve a declarar el incumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues la responsable tomó las medidas pertinentes a efecto de lograr reintegrar las cantidades pagadas por el derecho de alumbrado público. Esto es, la responsable dejó a disposición de los quejosos los pagos realizados con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional y los notificó; y éstos, pese haber sido apercibidos, en el sentido de tenerlos por desinteresados en caso de no comparecer a recoger las cantidades y que se reintegrarían esos recursos económicos para el pago del derecho de alumbrado público del Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán, no acudieron a reclamar ese pago. Cuestiones que resultan ajenas a la responsable, pues el desinterés evidenciado por las quejosas no es un acto imputable a la responsable, cuando ésta realizó diversas acciones que tuvo a su alcance a efecto de hacerlas comparecer a recoger esos recursos económicos. Máxime que en proveído siete de noviembre de dos mil diecisiete, este Juzgado Federal ordenó dar vista a los quejosos por el término de tres días contados a partir de la legal notificación, para que manifestaran lo que a su interés legal convenga, dejando a su disposición las cantidades a pagar por concepto de derecho de alumbrado público que pueden recoger previa identificación y razón que de ello se deje, bajo el apercibimiento de que no comparecer a realizar manifestación alguna, se resolvería sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo con las constancias que obran en el expediente y los datos aportados por la responsable. Pronunciamiento. De la anterior relación, se aprecia que la autoridad responsable atendió a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí que lo procedente es tener por cumplido en su totalidad el fallo protector, sin que exista exceso o defecto. Notifíquese en términos de ley. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Carlos Iván Barajas Cárdenas, secretario que autoriza y da fe.

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