J. Trinidad Estevan Camacho

Expediente 203/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
203/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
27/10/2020

Partes del expediente

  • J. Trinidad Estevan Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Sentencia causa ejecutoria. De la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 203/2020. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, J. Trinidad Estevan Camacho, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violado en su perjuicio los artículos 31, fracción IV y 73 fracción XXIX-A de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión y trámite del asunto. La demanda de amparo por razón de turno correspondió a este Juzgado Federal, por lo que por auto de veintiocho e febrero de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 203/2020. Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Del: 1.- Congreso del Estado de Michoacán. La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte, concretamente el artículo 17, fracciones I y II, relativas al servicio de alumbrado público, en las que se establece el cobro de dicho servicio y la mecánica para su cálculo y para su pago. 2.- Gobernador del Estado de Michoacán. La expedición, promulgación y orden de publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte, concretamente el artículo 17, fracciones I y II, relativas al servicio de alumbrado público, en las que se establece el cobro de dicho servicio y la mecánica para su cálculo y para su pago. 3.- Secretario de Gobierno del Estado. No señaló acto alguno en su escrito de demanda; sin embargo, se advierte su participación en el proceso legislativo de la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte. 4.- Director de Periódico Oficial del Estado. La publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte, concretamente el artículo 17, fracciones I y II, relativas al servicio de alumbrado público, en las que se establece el cobro de dicho servicio y la mecánica para su cálculo y para su pago. 5.- Tesorero del Municipio de Zitácuaro, Michoacán. Los actos tendientes a la aplicación que bajo cualquier concepto, tanto de hecho como de derecho, que pretenda o que haya de hacer, en el ámbito de su competencia, mediante cualquier acto, orden, acuerdo, procedimiento, circular o instrucción verbal o escrita o por conducto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es la dependencia encargada de realizar indebidamente el cobro del (D.A.P) Derecho de Alumbrado Público, en contra del quejoso, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte, en lo referente al cobro de los Derechos por Servicios de Alumbrado Público que se impugnan. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, niega los actos reclamados. Lo anterior, en virtud que los actos reclamados no puede ser imputados como de autoridad, al no corresponder a un actuar irregular por parte de la citada responsable, de ahí que dicho acto sea inexistente. Lo anterior, encuentra su apoyo en la jurisprudencia 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." En tales condiciones, lo conducente es sobreseer en el juicio, respecto de los actos mencionados y la autoridad aludida, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Congreso, al Gobernador y al Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán, en sus respectivas esferas de competencia del proceso legislativo del artículo 17, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte. Sin que pase desapercibido que al Secretario de Gobierno, no se atribuyó un acto específico, no obstante, al reclamar la inconstitucionalidad de la norma, se advierte la participación de la referida autoridad, sin que sea óbice que no se reclama por vicios propios, sino por el contenido de la norma impugnada. Lo anterior es así, ya que la certeza en el actuar de las autoridades responsables se encuentra probada con el hecho de que sus actos forman parte de un procedimiento legislativo, el cual, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no está sujeto a prueba, al tratarse de hechos públicos y notorios. Es aplicable al caso particular, por las razones que la componen, la jurisprudencia 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". QUINTO. Análisis de las causales de Improcedencia. La Agente del Ministerio Público de la Federación en su pedimento, solicita el sobreseimiento del juicio de amparo ante la inexistencia del acto reclamado, por lo que considera se actualiza la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sin embargo, tal causal no se actualiza, dado que se advierte la inexistencia de la norma impugnada, y el reconocimiento de las autoridades que participaron en el proceso legislativo, de tal suerte que el acto resulta cierto y por ende se desestima la causal de improcedencia señalada por la representante social. Por otro lado, el Congreso del Estado de Michoacán al rendir su informe justificado aduce que en el juicio de amparo se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones VII y XXIII, en relación con el artículo 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo; sin embargo, no ha lugar a hacer mayor pronunciamiento, pues no expone razonamiento alguno sobre su actualización. No se inadvierte que invoca los criterios de rubros: "AMPARO CONTRA LEYES, PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO DEBE ATENDERSE A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN" y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARLO"; sin embargo, devienen inaplicables, pues contrario a lo que pretende evidenciar, la parte quejosa en la demanda de amparo sí vertió diversos motivos de disentimiento; esto es, la parte agraviada sí expresó diversos conceptos de violación contra el artículo 17, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte. En efecto, la parte promovente señaló, entre otras cuestiones, que el dispositivo legal reclamado viola los artículos 31, fracción IV y 73 fracción XXIX-A, inciso 5º, subinciso A), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que las normas secundarias u ordinarias -como lo es la ley de ingresos reclamada- invade la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión. Ello, con independencia de que los mismos sean atinados o no, pues conforme al artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a suplir la deficiencia de los mismos por tratarse de una norma general considerada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, es improcedente el juicio respecto de los actos consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 17 fracciones I y II de la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte, reclamados al Congreso, al Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, todos de la aludida entidad federativa. Lo anterior, en razón de que respecto de los referidos actos se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." En principio, resulta importante puntualizar que el interés jurídico es uno de los presupuestos para promover el juicio de amparo, toda vez que el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio o menoscabo en sus derechos con motivo de un acto de autoridad o por la ley, entendiendo como tal la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a demandar el cese de esa violación. El derecho protegido por el ordenamiento legal es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Por tanto, para efecto de acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, resulta necesaria la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico objetivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional y demandar la reparación de dicha trasgresión. En este orden de ideas, el artículo 6º de la Ley de Amparo, recoge el principio de agravio personal y directo, el cual estatuye que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, entendida por ésta la que resiente en forma directa una lesión en su esfera de derechos, como lo dispone el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, la procedencia de la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Con base en lo expuesto, el artículo 17 fracciones I y II de la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte, no causa una afectación en la esfera jurídica del promovente. Tal afirmación atiende a que el quejoso exhibió el aviso-recibo a su nombre, con domicilio en TENENCIA DE SAN JOAQUÍN MORELO ASERRADERO ANTES DE TLALPUJA CICLO DE FZA SENGUIO, MICHOACÁN (sic), que si bien corresponde al periodo del tres de enero al cuatro de febrero de dos mil veinte, del cual se desprende que cuenta con número de servicio 319160600213 y el monto reflejado por el concepto de alumbrado público es de $934.60 (novecientos treinta y cuatro pesos 60/100. M.N.); también lo es que, dicho domicilio no corresponde al Municipio de Zitácuaro sino al de Maravatío; por lo tanto, no demostró ubicarse en las hipótesis legales previstas en el artículo 17 fracciones I y II de la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte, y, por ende, se concluye que el precepto tildado como inconstitucional no le ocasiona afectación y/o perjuicio a su interés jurídico. A fin de dar sustento a la determinación de improcedencia del juicio respecto de la Ley de Ingresos reclamada, se transcribe lo siguiente: Los artículos 1, 17 fracciones I y II de la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte, disponen: "Artículo 1°. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y observancia obligatoria en el Municipio de Zitácuaro, tienen por objeto establecer los conceptos de ingresos que obtendrá la Hacienda Pública del Municipio de Zitácuaro, Michoacán, así como sus organismos descentralizados, durante el Ejercicio Fiscal del Año 2020. "Artículo 17. El servicio de alumbrado público que se preste por el Municipio, causará derecho de conformidad con lo establecido en el Título Cuarto, Capítulo II de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, con las tarifas mensuales siguientes: I. Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso doméstico: CONCEPTO CUOTA MENSUAL En nivel de consumo Mínimo, hasta 25 kwh. al mes. $2.70 En nivel de consumo Bajo, desde 26 hasta 50 kwh. al mes. $3.20 En nivel de consumo Bajo Moderado, desde 51 hasta 75 kwh. al mes $6.50 D) En nivel de consumo Medio, desde 76 hasta 100 kwh. al mes. $10.90 E) En nivel de consumo Medio Moderado, desde 101 hasta 125 kwh. al mes. $15.20 F) En nivel de consumo Medio Alto, desde 126 hasta 150 kwh. al mes. $19.50 G) En nivel de consumo Alto Moderado, desde 151 hasta 200 kwh. al mes. $27.00 H) En nivel de consumo Alto Medio, desde 201 hasta 250 kwh. al mes. $54.00 I) En nivel de consumo Alto, desde 251 hasta 500 kwh. al mes. $108.00 J) En nivel de consumo Muy Alto, más de 500 kwh. al mes. $216.00 [.]". II. Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: A) En baja tensión: CONCEPTO CUOTA MENSUAL 1. En nivel de consumo Mínimo, hasta 50 kwh al mes. $ 9.80 2. En nivel de consumo Bajo, desde 51 hasta 100 kwh al mes. $ 24.40 3. En nivel de consumo Moderado, desde 101 hasta 200 kwh al mes. $ 48.70 4. En nivel de consumo Medio, desde 201 hasta 400 kwh al mes. $ 97.30 5. En nivel de consumo Alto, de más de 400kwh al mes. $ 194.70 B) En media tensión: CONCEPTO CUOTA MENSUAL l. Ordinaria. $ 865.00 2. Horaria. $ 1,730.00 C) Alta tensión: CONCEPTO CUOTA MENSUAL l. Nivel subtransmisión. $17,306.00. Por otra parte, los artículos 5 y 6 de la Ley de División Territorial de Michoacán, establecen: "Artículo 5.- El Distrito de Maravatío se forma de la Municipalidad de su nombre y de las de Tlalpujahua, Contepéc, Senguio e Irimbo.". "Artículo 6.- El Distrito de Zitácuaro se forma de la Municipalidad de su nombre y de las de Anganguo, Túxpan, Jungapeo, Tuzantla y Susupuato." Como se ve en las transcripciones, el servicio de alumbrado público prestado por el municipio de Zitácuaro, Michoacán, causará un derecho, de conformidad con lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, de conformidad con las tarifas establecidas en las fracciones I y II del artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte. De igual forma se obtiene que el municipio de Senguio, no corresponde a Zitácuaro sino a Maravatío, Michoacán. En ese contexto, se deduce que en el caso particular no existe un acto de aplicación en perjuicio de la parte agraviada respecto de la porción normativa en cita, pues no acredita encontrarse en alguno de los supuestos que regulan. Efectivamente, no se actualizan las fracciones I y II, del citado numeral ya que el cobro tildado de inconstitucional a razón de su domicilio, no corresponde a la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte, sino al municipio de Maravatío, Michoacán; y, por ende, se concluye que el precepto tildado como inconstitucional no le ocasiona afectación y/o perjuicio a su interés jurídico. Entonces, es dable concluir que, no acredita encontrarse en alguno de los supuestos que regulan las fracciones en cita, por no haber acreditado un acto concreto de aplicación en su contra, por parte del Municipio de Zitácuaro, Michoacán. En consecuencia, lo conducente es sobreseer en el juicio, respecto del artículo 17 fracciones I y II de la Ley de Ingresos del Municipio de Zitácuaro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte; atribuidos al Congreso, al Gobernador, Secretario de Gobierno y al Director del Periódico Oficial, todos de la referida entidad federativa. En tales condiciones, lo conducente es sobreseer en el juicio, respecto de los actos mencionados y las autoridades aludidas, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por J. Trinidad Estevan Camacho, por las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expresados en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el considerando séptimo, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, con quien actúa y da fe.

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