Jacinto Salinas Tinoco

Expediente 304/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
304/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Jacinto Salinas Tinoco
  • Ayuntamiento de Puente de Ixtla del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial levantada en autos, en la cual el fedatario adscrito a éste Órgano Jurisdiccional, hace constar su imposibilidad legal para notificar los autos de veinticinco de mayo y trece de junio, ambos de dos mil veintidós a la parte quejosa; sin embargo, no ha lugar a acodar lo procedente, toda vez que en el presente juicio de amparo no fueron dictados proveídos con esa data; por tanto, se comisiona nuevamente a cualquiera de los actuarios adscritos, para que a la brevedad notifique la resolución de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno a la parte quejosa. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia correspondiente en el presente asunto; sin embargo, se omitió notificar personalmente a la parte quejosa. Por lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, para que a la brevedad notifique la resolución en comento a dicha parte procesal. Hecho lo anterior, vincule al expediente electrónico dicha actuación, ello de conformidad con establecido en el artículo 3° de la ley de amparo. Lo anterior, para estar en condiciones de continuar con la secuela normal del procedimiento y en su momento, mandar el presente expediente al archivo definitivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído y/o resolución en cuestión; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: SENTENCIA DE FECHA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO: "... Acto reclamado en este controvertido fue materia del diverso juicio de amparo 954/2018, del índice de esta autoridad federal, que está totalmente concluido, pues por sentencia del Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, amparo en revisión 661/2018, auxiliar 14/2019, causó ejecutoria, y se tuvo cumplida, promovido por el aquí quejoso Jacinto Salinas Tinoco, contra las mismas autoridades Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, con sede en Cuernavaca, y, el propio acto reclamado. De ahí que, no pueden ser analizados de nueva cuenta en este juicio de amparo, pues ante la firmeza que adquirió la determinación pronunciada en aquél, se obtiene la improcedencia del actual juicio, en virtud de la decisión irrebatible, indiscutible e inmodificable. Máxime que lo pretendido por el quejoso en el procedimiento de ejecución fue que se aplicaran las medidas de apremio y culminara con el apercibimiento de destitución e inhabilitación, cuestión que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de referencia, una vez aplicadas las medidas de apremio consistentes en amonestación, multa y arresto al Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, a través de sus representantes electos, al resolver el incidente de incumplimiento de la sentencia ejecutoria de cuatro de abril de dos mil diecisiete, determinó que los servidores públicos representantes del cabildo municipal de Puente de Ixtla, Morelos, incurrieron en desacato de la ejecutoria cuyo cumplimiento les reclama y decretó la inmediata destitución de cada uno de ellos, e inhabilitación por tres años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal, determinación que en la controversia constitucional 11/2020, el Alto Tribunal concedió a los demandados la suspensión definitiva a efecto de que no se ejecute la sanción; por ello, la Tercera Sala responsable ha continuado con los requerimientos a fin de lograr vencer la contumacia en que ha incurrido los demandados aplicando en diversas ocasiones multa de cien unidades de medida y actualización y arrestos al no poder llegar a la destitución por ya estar emitida, lo que esta autoridad considera prudente a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia ejecutoria, mayormente que como se ha visto la responsable agotó las medidas de apremio a imponer a los contumaces destituyéndolos de su encargo público. En consecuencia, se actualiza el supuesto de improcedencia en estudio. Al caso, es aplicable la tesis VI 2 J/348, Octava Época Registro: 209207, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 86, Febrero de 1995, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DERIVADOS DE OTROS RESUELTOS EN DIVERSO AMPARO. El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, sino cuando se reclaman actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento." Así como la sentencia I 6 T J/86, registro 170735, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Página: 1532, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal." Por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe."

  4. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno fue remitido al día hábil siguiente, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Jacinto Salinas Tinoco, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Estado, Magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, todos de Morelos. Acto reclamado: ".Respecto de la autoridad responsable H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, señalada como ordenadora, se reclama: a).- La intervención en el proceso legislativo en el ámbito de sus facultades respecto a la aprobación y expedición de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en particular del contenido de los artículos 90 y 91 los cuales de manera imprecisa establecen el proceso de ejecución de las sentencias; ley que fue publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 5514 Órgano de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos de fecha diecinueve de julio del año dos mil diecisiete; entrando en vigor el día de su publicación. b).- En relación a los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se reclama, la omisión de establecer de manera puntual un plazo máximo o lapso de tiempo para que se dé debido e íntegro cumplimiento a las sentencias definitivas dictadas por el Pleno del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. c).- En relación a los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se reclama, la omisión de determinar con puntualidad y precisión el número de requerimientos que la Sala correspondiente del Tribunal de Justicia Administrativa debe realizar a las autoridades sobre las cuales recaiga la obligación de cumplir una sentencia definitiva dictada por el Pleno del H. Tribunal ya precisado, antes de declarar que el servidor público titular del órgano de gobierno respectivo incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación; dejando a su libre albedrío y en incertidumbre jurídica la facultad de aplicar las sanciones derivadas del desacato correspondiente y violentando los principios de seguridad y certeza en contra del quejoso. d).- En relación al artículo 91 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, reclama, la omisión de definir lo que se debe entender por "acto material" con el fin de que la sala correspondiente del Tribunal de Justicia Administrativa pueda realizarlo en rebeldía de la autoridad demandada y vencida en juicio ante la injustificada renuencia a dar cumplimiento a una sentencia definitiva. e).-La antinomia existente entre los artículos 11 fracción V y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; lo anterior en razón de que el primero de los citados dispositivos establece que para la aplicación de la sanción correspondiente a la destitución del servidor público de elección popular se requiere del acuerdo del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; mientras que el segundo de los citados numerales otorga la atribución de imponer dicha sanción al Magistrado instructor, existiendo una clara contracción entre ambos dispositivos y permeando de incertidumbre jurídica el proceso de ejecución de sentencia. Respecto de las autoridades responsables C. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, en su calidad de Titular del Poder Ejecutivo del Estado y C. Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por sí y como Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Estado de Morelos, se reclama: a).- La promulgación, ejecución y publicación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en particular el contenido de los artículos 90 y 91 los cuales de manera imprecisa establecen el proceso de ejecución de las sentencias; ley que fue publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 5514 Órgano de Gobierno del estado Libre y Soberano de Morelos de fecha diecinueve de julio del año dos mil diecisiete, entrando en vigor el día de su publicación. Por cuanto hace a la autoridad responsable, Magistrado Titular de la Tercera Sala del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se reclama: a).- La incorrecta e indebida sustanciación, en su esfera de competencia, del proceso de ejecución de sentencia, derivado de la interpretación y aplicación errónea que se realiza a los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y que se ha materializado en la realización de múltiples, inagotables e ineficientes requerimientos supuestamente encaminados a obtener cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete dictada por el Pleno del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; esto aún y cuando la ley expresamente establece que será un requerimiento y no múltiples los que se deben realizar a las autoridades demandadas y vencidas en juicio antes de decretar en caso de omisión, su destitución e inhabilitación; violentando en perjuicio del quejoso los principios de seguridad y certeza jurídica, de justicia pronta y completa y los derechos humanos de tutela judicial efectiva, de acceso a la impartición de justicia y del derecho fundamental de ejecución de sentencia. b).- La trasgresión injustificada de mi derecho humano de ejecución de sentencia al prolongar de manera ilegal el proceso de ejecución de la sentencia de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete dictada por el Pleno del H. Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos. (Sic) c).- La omisión de ajustar su actuar al procedimiento y a los términos legales establecidos en los artículos 90 y 91 de la ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos para hacer cumplir la sentencia definitiva de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete dictada por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa dentro del juicio de nulidad TJA/3aS/296/2016. d).- La omisión de decretar la destitución de los miembros del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos derivado del incumplimiento de la sentencia definitiva de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete dentro del término de veinticuatro horas establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos." SEGUNDO. El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, radicó la demanda de amparo del quejoso Jacinto Salinas Tinoco, y declaró ser incompetente para conocer del asunto por conocimiento previo, y ordenó remitir el juicio de amparo 260/2021-VI, a esta autoridad. TERCERO. El cinco de abril de dos mil veintiuno, esta autoridad recibió el oficio 5652/2021, al que se anexó el juicio de amparo 260/2021, y por acuerdo de seis de abril siguiente, aceptó la competencia planteada, radicó el asunto con el número 304/2021, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: 1.- Aprobación, expedición, promulgación y publicación de los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 2.- Substanciación del procedimiento de ejecución de sentencia del juicio contencioso administrativo TJA/3ªS/296/2016. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridades responsables, Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Estado, todos de Morelos, cada cual en el ámbito de su respectiva competencia, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Además, las leyes no son objeto de prueba y la certeza de actos se corrobora, respecto de los actos reclamados a las autoridades legislativas, con la existencia de los ordenamientos legales reclamados, ello en virtud de que dichas autoridades concurrieron al proceso y formación legislativa de los mismos, lo que se acredita plenamente de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2°de la Ley de Amparo y, por similitud de razón, con la tesis número V.2°.214 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XVI, Febrero de 1995, página 208, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados, que aparece bajo el rubro siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA." De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J.65/2000, visible en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Por su parte la responsable Magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, todos de Morelos, negó el acto reclamado, sin embargo, de las constancias que anexó a su informe que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se desprende que tramita el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, que se encuentra en ejecución de sentencia y ha emitido diversos acuerdos tendentes a lograr que la autoridad demandada cumpla con la sentencia, en ese tenor se le tiene por cierto el acto reclamado. Soporta la consideración precedente, la tesis sin número, registro 238215, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis sin número, página 7, volumen 91-96, tercera parte, séptima época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de rubro y texto, siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." De igual forma, se cita la tesis sin número, registro 211004, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 391, tomo XIV, julio de 1994, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causales de Improcedencia infundadas. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en correlación a la fracción III del numeral 108 ambos de la Ley de amparo, en virtud a que no combate por vicios propios la promulgación del ordenamiento impugnado. Es inatendible la causal de improcedencia que hace valer la responsable en razón a que la fracción III del ordinal 108 de la Ley de Amparo, hace alusión al refrendo y publicado de la norma, más no así respecto a la promulgación de la ley, por tanto, la responsable si le reviste el carácter de responsable para el juicio de amparo al haber promulgado la ley. Causales de improcedencia fundadas. Ahora bien, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con la diversa III, del ordinal 108 de la Ley de amparo, que hacen valer el Secretario de Gobierno y el Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", por los motivos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;". De la fracción III del artículo 108 de la Ley en cita, se advierte que en el caso de promover un juicio de amparo en contra de normas generales -los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos-, en las cuales se reclame el refrendo o su publicación, empero no sea por vicio propios, las autoridades que lo realizaron no son autoridades responsables para efectos del amparo; ello es así, toda vez que la obligación del quejoso de señalar a las mismas, es solo cuando tales actos del proceso legislativo se reclamen por vicios propios. En consecuencia, al no surtirse el último supuesto aducido en el párrafo que antecede, no puede considerarse como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo al Secretario de Gobierno del Estado de Morelos y al Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, razón por la cual debe sobreseerse por cuanto a dichas autoridades, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Asimismo, esta autoridad de control constitucional en cuanto al acto reclamado consistente en Aprobación, expedición, promulgación y publicación de los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, y la substanciación del procedimiento de ejecución en el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, advierte de oficio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X, de la Ley de Amparo. El artículo invocado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". De la interpretación armónica del artículo y fracciones transcritos con anterioridad, se advierte que el juicio de amparo es improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que el acto que se reclame haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; b) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La figura que se analiza encuentra justificación en la seguridad jurídica de las decisiones o resoluciones que establecen situaciones de derecho concretas, mediante la individualización de normas jurídicas a través del procedimiento jurisdiccional respectivo, que concluye con la sentencia definitiva; en materia de amparo, su finalidad es evitar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias, así como la promoción de nuevos juicios con idéntico objeto. En efecto, la cosa juzgada, como verdad legal, significa que si en un diverso juicio se ha emitido un fallo en el que se resolvió el fondo sustancial controvertido, es improcedente someter el mismo punto en un proceso distinto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 131, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 Tomo VI Página 107, de rubro y texto: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer" En el caso, el juicio en que se actúa fue incoado por Jacinto Salinas Tinoco, contra actos del Congreso del Estado de Morelos, y otras autoridades, con sede en Cuernavaca, a quien le atribuye ".Respecto de la autoridad responsable H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, señalada como ordenadora, se reclama: a).- La intervención en el proceso legislativo en el ámbito de sus facultades respecto a la aprobación y expedición de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en particular del contenido de los artículos 90 y 91 los cuales de manera imprecisa establecen el proceso de ejecución de las sentencias; ley que fue publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 5514 Órgano de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos de fecha diecinueve de julio del año dos mil diecisiete; entrando en vigor el día de su publicación. b).- En relación a los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se reclama, la omisión de establecer de manera puntual un plazo máximo o lapso de tiempo para que se dé debido e íntegro cumplimiento a las sentencias definitivas dictadas por el Pleno del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. c).- En relación a los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se reclama, la omisión de determinar con puntualidad y precisión el número de requerimientos que la Sala correspondiente del Tribunal de Justicia Administrativa debe realizar a las autoridades sobre las cuales recaiga la obligación de cumplir una sentencia definitiva dictada por el Pleno del H. Tribunal ya precisado, antes de declarar que el servidor público titular del órgano de gobierno respectivo incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación; dejando a su libre albedrío y en incertidumbre jurídica la facultad de aplicar las sanciones derivadas del desacato correspondiente y violentando los principios de seguridad y certeza en contra del quejoso. d).- En relación al artículo 91 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, reclama, la omisión de definir lo que se debe entender por "acto material" con el fin de que la sala correspondiente del Tribunal de Justicia Administrativa pueda realizarlo en rebeldía de la autoridad demandada y vencida en juicio ante la injustificada renuencia a dar cumplimiento a una sentencia definitiva. e).-La antinomia existente entre los artículos 11 fracción V y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; lo anterior en razón de que el primero de los citados dispositivos establece que para la aplicación de la sanción correspondiente a la destitución del servidor público de elección popular se requiere del acuerdo del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; mientras que el segundo de los citados numerales otorga la atribución de imponer dicha sanción al Magistrado instructor, existiendo una clara contracción entre ambos dispositivos y permeando de incertidumbre jurídica el proceso de ejecución de sentencia. Respecto de las autoridades responsables C. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, en su calidad de Titular del Poder Ejecutivo del Estado y C. Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por sí y como Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Estado de Morelos, se reclama: a).- La promulgación, ejecución y publicación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en particular el contenido de los artículos 90 y 91 los cuales de manera imprecisa establecen el proceso de ejecución de las sentencias; ley que fue publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 5514 Órgano de Gobierno del estado Libre y Soberano de Morelos de fecha diecinueve de julio del año dos mil diecisiete, entrando en vigor el día de su publicación. Por cuanto hace a la autoridad responsable, Magistrado Titular de la Tercera Sala del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se reclama: a).- La incorrecta e indebida sustanciación, en su esfera de competencia, del proceso de ejecución de sentencia, derivado de la interpretación y aplicación errónea que se realiza a los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y que se ha materializado en la realización de múltiples, inagotables e ineficientes requerimientos supuestamente encaminados a obtener cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete dictada por el Pleno del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; esto aún y cuando la ley expresamente establece que será un requerimiento y no múltiples los que se deben realizar a las autoridades demandadas y vencidas en juicio antes de decretar en caso de omisión, su destitución e inhabilitación; violentando en perjuicio del quejoso los principios de seguridad y certeza jurídica, de justicia pronta y completa y los derechos humanos de tutela judicial efectiva, de acceso a la impartición de justicia y del derecho fundamental de ejecución de sentencia. b).- La trasgresión injustificada de mi derecho humano de ejecución de sentencia al prolongar de manera ilegal el proceso de ejecución de la sentencia de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete dictada por el Pleno del H. Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos. (Sic) c).- La omisión de ajustar su actuar al procedimiento y a los términos legales establecidos en los artículos 90 y 91 de la ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos para hacer cumplir la sentencia definitiva de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete dictada por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa dentro del juicio de nulidad TJA/3aS/296/2016. d).- La omisión de decretar la destitución de los miembros del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos derivado del incumplimiento de la sentencia definitiva de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete dentro del término de veinticuatro horas establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.". A la par, del sistema de seguimiento de expedientes SISE, ante este Juzgado Federal, existe radicado el diverso juicio de amparo 954/2018, promovido Jacinto Salinas Tinoco, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, a quien le reclamó idénticos actos reclamados al en que se actúa. Con la puntualización, que mediante sentencia de cinco de octubre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de esta autoridad, sobreseyó el juicio, sentencia que el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el amparo en revisión 661/2018, auxiliar 14/2019, determinó revocar la sentencia impugnada, asumir jurisdicción fijó los actos señalando refiriendo que era innecesario tener como actos reclamados las omisiones en el número de requerimientos que deben hacerse antes de destituir a un servidor público por incumplimiento de una sentencia; de definir qué debe entenderse como "acto material"; ni la antinomia entre los artículos 11, fracción V y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, así como las omisiones de ajustar el procedimiento de ejecución a los términos y plazos previstos en ley y de decretar la destitución de las autoridades demandadas en el juicio de nulidad de origen; ello, pues aun cuando están incluidos en el apartado respectivo, lo cierto es que forman parte de los conceptos de violación. Así, al resolver en sesión de treinta de abril de dos mil diecinueve, determinó sobreseer en cuanto a la constitucionalidad de los numerales 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, y amparar respecto a la tramitación del procedimiento de ejecución en el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, a efecto que la Sala responsables realice el procedimiento de ejecución de conformidad con los numerales 90 y 91 Idem, de manera progresiva imponga las medidas de apremio establecidas en el artículo 11 de la ley en comento, en primer término con la establecida en la fracción I y sucesivamente, causó ejecutoria por ministerio de ley; este último dato, constituye un hecho notorio por estar publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia VI.1º.P.J/25 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187526, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Asimismo, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia II.T.20K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 226, tomo XII, julio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 189309, cuyo contenido es el siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." De ese modo, es incuestionable que el acto reclamado que la parte quejosa refiere como: ".Respecto de la autoridad responsable H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, señalada como ordenadora, se reclama: a).- La intervención en el proceso legislativo en el ámbito de sus facultades respecto a la aprobación y expedición de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en particular del contenido de los artículos 90 y 91 los cuales de manera imprecisa establecen el proceso de ejecución de las sentencias; ley que fue publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 5514 Órgano de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos de fecha diecinueve de julio del año dos mil diecisiete; entrando en vigor el día de su publicación. b).- En relación a los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se reclama, la omisión de establecer de manera puntual un plazo máximo o lapso de tiempo para que se dé debido e íntegro cumplimiento a las sentencias definitivas dictadas por el Pleno del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. c).- En relación a los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se reclama, la omisión de determinar con puntualidad y precisión el número de requerimientos que la Sala correspondiente del Tribunal de Justicia Administrativa debe realizar a las autoridades sobre las cuales recaiga la obligación de cumplir una sentencia definitiva dictada por el Pleno del H. Tribunal ya precisado, antes de declarar que el servidor público titular del órgano de gobierno respectivo incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación; dejando a su libre albedrío y en incertidumbre jurídica la facultad de aplicar las sanciones derivadas del desacato correspondiente y violentando los principios de seguridad y certeza en contra del quejoso. d).- En relación al artículo 91 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, reclama, la omisión de definir lo que se debe entender por "acto material" con el fin de que la sala correspondiente del Tribunal de Justicia Administrativa pueda realizarlo en rebeldía de la autoridad demandada y vencida en juicio ante la injustificada renuencia a dar cumplimiento a una sentencia definitiva. e).-La antinomia existente entre los artículos 11 fracción V y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; lo anterior en razón de que el primero de los citados dispositivos establece que para la aplicación de la sanción correspondiente a la destitución del servidor público de elección popular se requiere del acuerdo del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; mientras que el segundo de los citados numerales otorga la atribución de imponer dicha sanción al Magistrado instructor, existiendo una clara contracción entre ambos dispositivos y permeando de incertidumbre jurídica el proceso de ejecución de sentencia. Respecto de las autoridades responsables C. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, en su calidad de Titular del Poder Ejecutivo del Estado y C. Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por sí y como Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Estado de Morelos, se reclama: a).- La promulgación, ejecución y publicación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en particular el contenido de los artículos 90 y 91 los cuales de manera imprecisa establecen el proceso de ejecución de las sentencias; ley que fue publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 5514 Órgano de Gobierno del estado Libre y Soberano de Morelos de fecha diecinueve de julio del año dos mil diecisiete, entrando en vigor el día de su publicación. Por cuanto hace a la autoridad responsable, Magistrado Titular de la Tercera Sala del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se reclama: a).- La incorrecta e indebida sustanciación, en su esfera de competencia, del proceso de ejecución de sentencia, derivado de la interpretación y aplicación errónea que se realiza a los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y que se ha materializado en la realización de múltiples, inagotables e ineficientes requerimientos supuestamente encaminados a obtener cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete dictada por el Pleno del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; esto aún y cuando la ley expresamente establece que será un requerimiento y no múltiples los que se deben realizar a las autoridades demandadas y vencidas en juicio antes de decretar en caso de omisión, su destitución e inhabilitación; violentando en perjuicio del quejoso los principios de seguridad y certeza jurídica, de justicia pronta y completa y los derechos humanos de tutela judicial efectiva, de acceso a la impartición de justicia y del derecho fundamental de ejecución de sentencia. b).- La trasgresión injustificada de mi derecho humano de ejecución de sentencia al prolongar de manera ilegal el proceso de ejecución de la sentencia de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete dictada por el Pleno del H. Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos. (Sic) c).- La omisión de ajustar su actuar al procedimiento y a los términos legales establecidos en los artículos 90 y 91 de la ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos para hacer cumplir la sentencia definitiva de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete dictada por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa dentro del juicio de nulidad TJA/3aS/296/2016. d).- La omisión de decretar la destitución de los miembros del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos derivado del incumplimiento de la sentencia definitiva de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete dentro del término de veinticuatro horas establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos." Acto reclamado en este controvertido fue materia del diverso juicio de amparo 954/2018, del índice de esta autoridad federal, que está totalmente concluido, pues por sentencia del Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, amparo en revisión 661/2018, auxiliar 14/2019, causó ejecutoria, y se tuvo cumplida, promovido por el aquí quejoso Jacinto Salinas Tinoco, contra las mismas autoridades Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, con sede en Cuernavaca, y, el propio acto reclamado. De ahí que, no pueden ser analizados de nueva cuenta en este juicio de amparo, pues ante la firmeza que adquirió la determinación pronunciada en aquél, se obtiene la improcedencia del actual juicio, en virtud de la decisión irrebatible, indiscutible e inmodificable. Máxime que lo pretendido por el quejoso en el procedimiento de ejecución fue que se aplicaran las medidas de apremio y culminara con el apercibimiento de destitución e inhabilitación, cuestión que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de referencia, una vez aplicadas las medidas de apremio consistentes en amonestación, multa y arresto al Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, a través de sus representantes electos, al resolver el incidente de incumplimiento de la sentencia ejecutoria de cuatro de abril de dos mil diecisiete, determinó que los servidores públicos representantes del cabildo municipal de Puente de Ixtla, Morelos, incurrieron en desacato de la ejecutoria cuyo cumplimiento les reclama y decretó la inmediata destitución de cada uno de ellos, e inhabilitación por tres años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal, determinación que en la controversia constitucional 11/2020, el Alto Tribunal concedió a los demandados la suspensión definitiva a efecto de que no se ejecute la sanción; por ello, la Tercera Sala responsable ha continuado con los requerimientos a fin de lograr vencer la contumacia en que ha incurrido los demandados aplicando en diversas ocasiones multa de cien unidades de medida y actualización y arrestos al no poder llegar a la destitución por ya estar emitida, lo que esta autoridad considera prudente a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia ejecutoria, mayormente que como se ha visto la responsable agotó las medidas de apremio a imponer a los contumaces destituyéndolos de su encargo público. En consecuencia, se actualiza el supuesto de improcedencia en estudio. Al caso, es aplicable la tesis VI.2o. J/348, Octava Época Registro: 209207, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 86, Febrero de 1995, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DERIVADOS DE OTROS RESUELTOS EN DIVERSO AMPARO. El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, sino cuando se reclaman actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento." Así como la sentencia I.6o.T. J/86, registro 170735, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Página: 1532, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal." Por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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