Jacinto Salinas Tinoco

Expediente 117/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 70 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
117/2020
Año
2020
Actuaciones
70
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Jacinto Salinas Tinoco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 70.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el capítulo Sexto, artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Ahora bien, con apoyo en el artículo 17, fracción llI, inciso b), 18, fracción IX, el original del incidente de suspensión es conservable, toda vez que, se concedió la suspensión definitiva, así como se resolvió un incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. De los anexos En mérito de lo ordenado en este auto, devuélvase al Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos los cuatro anexos que remitió como complemento de su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós Téngase por recibida la razón asentada por el actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, de la que se advierte que hace constar la imposibilidad que tiene para notificar personalmente a la parte quejosa, la sentencia de veinte de abril de dos mil veintidós, por los motivos que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa la determinación de referencia, así como las actuaciones futuras, incluso los de carácter personal, por medio de las listas de acuerdos que se fijan en un lugar visible de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDÓS EN LA QUE SE DETERMINO LO SIGUIENTE: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Jacinto Salinas Tinoco solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Presidente Municipal, Sindico del Ayuntamiento, Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género, Regidor de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Ciencia, Tecnología e Innovación, Colonias y Poblados, Regidor de Coordinación de organismos Descentralizados, Planificación y desarrollo y Protección del Patrimonio Cultural, Regidor de Asuntos Migratorios, turismo, Derechos Humanos, Gobernación y Reglamentos, Regidor de Asuntos de la Juventud, Protección Civil, Protección Ambiental, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico, y Cabildo del Ayuntamiento, todos de Puente de Ixtla, Morelos. Acto reclamado: ".De todas y cada una de las autoridades municipales. a).- La negativa, abstención y omisión de realizar el pago de la pensión por cesantía en edad avanzada en favor del suscrito, ordenada mediante sentencia definitiva de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete, dictada por el pleno del H. Tribunal. dentro del juicio de nulidad TJA/3ºS/296/2016,. b).- La privación arbitraria del medio de subsistencia del suscrito quejoso Jacinto Salinas Tinoco, el cual constituye la pensión por cesantía. c).- La inconstitucional, inconvencional y arbitraria orden verbal de retención y/o cancelación del pago del monto de la pensión por cesantía. d).- La negativa, abstención y omisión de dar debido e íntegro cumplimiento al derecho que emana de la sentencia definitiva de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete,. Del Magistrado titular de la Tercera Sala. a).- La omisión de tomar las medidas legales necesarias y efectivas a efecto de que se realice el pago de la pensión por cesantía en edad avanzada. b).- La deliberada dilación del proceso de ejecución de la sentencia de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete.. c).- La incorrecta e indebida sustanciación, en su esfera de competencia, del proceso de ejecución de sentencia, derivado de la interpretación y aplicación errónea que se realiza a los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; esto aún y cuando la ley expresamente establece que será un requerimiento y no múltiples los que se deben de realizar a las autoridades demandadas y vencidas en juicio antes de decretar, en caso de omisión su destitución e inhabilitación. d).- La omisión de dictar los requerimientos e imponer las sanciones dentro de los plazos y en los términos que establece la Ley de Justicia Administrativa." SEGUNDO. El veintinueve de enero de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 117/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito dictó sentencia definitiva, la que fue recurrida mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. CUARTO. Con fecha diecisiete de enero de dos mil veintidós, se recibió oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, por medio del cual remite testimonio de ejecutoria de fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el que resolvió revocar la sentencia recurrida para efecto de dejar sin efecto la audiencia constitucional y resolución recurrida, previa citación se celebre de nueva cuenta y se dicte la resolución que corresponda firmándose en día hábil. QUINTO. El dieciocho de enero de dos mil veintidós, en acatamiento a la ejecutoria de mérito descrita en el resultando anterior, se dejó sin efectos la sentencia definitiva dictada el veintidós de enero de dos mil veintiuno, y la audiencia de veintitrés de octubre de dos mil veinte, por lo que se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables:De las autoridades municipales, la negativa, omisión, orden verbal de retención y cancelación, de realizar el pago de la pensión por cesantía en edad avanzada a que fueron condenadas las responsables en sentencia definitiva de cuatro de abril de dos mil diecisiete, en el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016. De la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, en ejecución de sentencia, la omisión de tomar las medidas legales necesarias y efectivas a efecto de que se realice el pago de la pensión por cesantía en edad avanzada en favor del quejoso, ordenada en sentencia de cuatro de abril de dos mil diecisiete, en el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Presidente Municipal, Sindico del Ayuntamiento, Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género, Regidor de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Ciencia, Tecnología e Innovación, Colonias y Poblados, Regidor de Coordinación de organismos Descentralizados, Planificación y desarrollo y Protección del Patrimonio Cultural, Regidor de Asuntos Migratorios, turismo, Derechos Humanos, Gobernación y Reglamentos, Regidor de Asuntos de la Juventud, Protección Civil, Protección Ambiental, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico, y Cabildo del Ayuntamiento, todos de Puente de Ixtla, Morelos, en cuanto al acto consistente en la privación del medio de sustento y orden verbal de retención o cancelación del pago de la pensión por jubilación en edad avanzada, negaron el mismo, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa, no obstante que tal carga procesal le corresponde. En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUARTO.- Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye al Magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Presidente Municipal, Sindico del Ayuntamiento, Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género, Regidor de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Ciencia, Tecnología e Innovación, Colonias y Poblados, Regidor de Coordinación de organismos Descentralizados, Planificación y desarrollo y Protección del Patrimonio Cultural, Regidor de Asuntos Migratorios, turismo, Derechos Humanos, Gobernación y Reglamentos, Regidor de Asuntos de la Juventud, Protección Civil, Protección Ambiental, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico, y Cabildo del Ayuntamiento, todos de Puente de Ixtla, Morelos pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado Tercera Sala, consistente en copia certificada del juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. QUINTO. Causales de Improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgador advierte que respecto de las autoridades municipales, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;..." Conforme a los preceptos trascritos, el juicio de garantías es improcedente cuando: a) Se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. c) Que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. Por lo expuesto, tenemos que la causa de improcedencia tiene como origen el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. En el particular se actualiza la hipótesis normativa invocada, habida cuenta que en contra de la omisión combatida el quejoso no hizo valer de manera previa a acudir al Juicio de Amparo, el medio de impugnación ordinario precedente, soslayando el principio de definitividad que lo rige y al cual debe atenderse en casos como el que se analiza, como lo es el recurso de queja previsto en el artículo 99 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Ahora bien, como quedo precisado en el segundo considerando de la presente sentencia, la parte quejosa reclama de las autoridades municipales, la negativa, omisión, orden verbal de retención y cancelación, de realizar el pago de la pensión por cesantía en edad avanzada a que fueron condenadas las responsables en sentencia definitiva de cuatro de abril de dos mil diecisiete, en el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016. En el caso se actualiza la causal de improcedencia señalada pues se actualizan los requisitos ya descritos y no se actualiza excepción alguna, como a continuación se expondrá. El primer requisito se encuentra satisfecho ya que los actos que se impugnan en esta instancia constitucional proceden de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues emana del Presidente y otras autoridades Municipales del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, autoridades eminentemente administrativas, razón por lo que se actualiza la primera hipótesis normativa señalada en el precepto legal antes trascrito. La segunda exigencia también se cumple, porque en contra del acto reclamado existe un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, es decir el recurso de queja previsto en el artículo 99, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que a la letra dice: "Artículo 99. El recurso de queja es procedente: I. En contra de actos del Secretario de Acuerdos y Actuario de la Sala, por el retardo injustificado de las actuaciones procésales; II. En contra de los actos de las autoridades demandadas por exceso o defecto en la cumplimentación de las resoluciones del Tribunal, y III. Cuando no se acate la suspensión concedida en contra de los actos o resoluciones impugnados.". Lo anterior es así ya que de los antecedentes narrados se advierte que el acto reclamado deriva del juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, en el cual se emitió sentencia que a la fecha se encuentra firme. Sin embargo, la parte quejosa señala como acto reclamado el incumplimiento de la sentencia emitida en autos del juicio administrativo de referencia. Por lo tanto, es inconcuso que dicho desacato es recurrible a través del recurso de queja, en términos del artículo 99, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pues la actuación de la autoridad que no cumpla la condena emitida en sentencia firme, debe impugnar ante la propia Sala administrativa, al constituir una omisión propiamente en acatarla. En consecuencia, dado que el recurso de queja constituye un medio de defensa respecto del cual el impetrante tiene obligación de agotar, ello en estricta observancia al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, y que dicho medio de defensa es idóneo al ser susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, lo que en el particular no se satisfizo. Sirve de sustento a lo anterior la tesis de la Novena Época de registro 162010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, página: 1273 del siguiente rubro: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE DICHO RECURSO ANTES DE ACUDIR AL AMPARO INDIRECTO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD." Asimismo, lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia VI.1o. J/85, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 51, tomo 67, Julio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO." Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, libro 55, tomo I, Junio de 2018, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." De igual forma, cobra aplicación la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Por cuanto al tercero y cuarto de los requisitos apuntados, es decir que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o con la interposición del recurso o medio de defensa legal, con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido y que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo, cabe precisar que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que rige a los juicios de nulidad que se promuevan ante el citado tribunal, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Ello es así, tomando en consideración que los artículos 109 a 111 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no establecen mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que los consignados en los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo. Precepto legal que dispone: "Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante." "Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento." "Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo." En ese sentido, de la lectura de los artículos transcritos, se advierte que la suspensión de los actos reclamados se concederá siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y causen daños o perjuicio de difícil reparación a la parte quejosa con la ejecución de dichos actos. Asimismo, se advierte que en los demás casos la suspensión se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. Por otro lado, los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. [.] Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. [.] Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía." De la lectura de los artículos transcritos, se advierte que la suspensión procede cuando se reúnen los siguientes requisitos: - Que la solicite el agraviado. - Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. - Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Asimismo, se advierte que en los casos en que la suspensión resulte procedente, pero que pueda ocasionar daños y perjuicios a un tercero, se concederá si la parte quejosa otorga garantía bastante; y cuando dicha afectación no sea cuantificable en dinero, la garantía se fijará discrecionalmente. De igual forma, se advierte que tratándose de la suspensión contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, ésta se concederá discrecionalmente y la misma surtirá efectos previo depósito que se haga a nombre de la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o municipio que corresponda. En ese contexto, se estima que los artículos invocados, no establecen mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, que los consignados en los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo. Respecto al quinto requisito en el sentido que el acto reclamado no carezca de fundamentación, si bien es cierto que el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Y, bajo ese contexto se advierte, que la Carta Magna exige que todo acto de molestia conste en mandamiento escrito debidamente fundado y motivado, y así poder analizar si se ha vulnerado ese derecho fundamental, lo que evidencia que ese acto de molestia debe ser positivo, esto es, extendido por escrito. Situación que no acontece tomando en cuenta que en el acto combatido es de naturaleza negativa, pues reclama un no actuar de las autoridades responsables. Por tanto, si en el caso concreto, se señaló como acto reclamado "La omisión de cumplimiento a una sentencia firme", se considera que no se está en presencia de un acto positivo, sino ante un acto de carácter omisivo que no se encuentra materializado en un oficio, documento, resolución o acto análogo, en el que se pueda analizar si éste se encuentra o no, fundado y motivado como lo establece el artículo 16 Constitucional, por lo que en consecuencia, no se puede hablar de que en el caso concreto exista una excepción al principio de definitividad. Lo anterior, pues como ya quedó establecido, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, es una omisión o un no hacer por parte de las autoridades municipales descritas, y por tanto, dicha omisión no se encuentra materializada en ningún oficio, documento o resolución en el que se pueda analizar la fundamentación y motivación del mismo y así poder estar en aptitud de determinar si se está ante una excepción al principio de definitividad. Sin que obste a lo anterior que si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también es cierto que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia presupone que en la demanda de amparo exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna, supuesto que en el caso que nos ocupa no se actualiza, ya que incluso el quejoso refiere que la responsable ha violentado el término para cumplir la determinación emitida en el juicio de nulidad, que prevé el numeral 90 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por tanto, si como se acotó, conforme al artículo 99, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, procede el recurso de queja contra la resolución que repita indebidamente la resolución anulada; resulta inconcuso que la parte aquí recurrente observando el principio de definitividad, previo a promover la demanda de amparo indirecto en contra de la omisión o abstención de la autoridad responsable de dar cumplimiento a una sentencia firme dictada en el juicio de nulidad, debió agotar ese medio ordinario de defensa, al ser el previsto en la ley que rige el acto para lograr el cumplimiento de dicha determinación, puesto que el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre otros, el llamado de definitividad, que se regula en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de la Materia, texto legal del que se desprende que el juicio de garantías es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclame, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, pero de no respetarse este principio, el juicio de amparo será improcedente, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. Sirve de sustento a lo anterior por analogía, la tesis de la Décima Época, registro 2004565, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, página 1859, del siguiente rubro:"QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE UNA VEZ POR CADA SUPUESTO [ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO]." De igual forma la jurisprudencia por contradicción, 2a./J. 14/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Semanario Judicial de la Federación, Materia Administrativa, Común, cuyo rubro y texto dicen: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo.". Lo anterior sin que la parte quejosa haya agotado dicho medio ordinario de defensa previo a la promoción del juicio de amparo, por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV de nuestra Carta Magna, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo respecto de dichas autoridades. En otro aspecto, en cuanto al acto reclamado -omisiones de ejecutar la sentencia- a la autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en relación con la diversa fracción IV, del numeral 107 Idem, interpretado en sentido contrario, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente en contra de las omisiones que reclama de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, de verificar el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, toda vez que no se trata de la resolución con la cual concluye el procedimiento de ejecución de sentencia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Ahora, en el artículo últimamente invocado, se establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Y se establece que en casos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, la cual se define o entiende como: 1. Aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; 2. Aquella que declara la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la sentencia; o, 3. Aquella que ordena el archivo definitivo del expediente. Esto es, la resolución con la que concluye el procedimiento previsto en la ley que corresponda, para lograr la ejecución de un fallo que ha quedado firme. Tan es así, que es hasta que se promueva el amparo contra la resolución con la que concluye el procedimiento de ejecución de sentencia, que pueden reclamarse las violaciones cometidas durante dicho procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Incluso, el propio numeral establece otro supuesto más en el que el amparo procede, únicamente, contra la última resolución con la que concluye el procedimiento respectivo, en los casos de remate, en los que se entiende que la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, oportunidad en la que también pueden reclamarse las violaciones cometidas durante dicho procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En todos los casos, es claro que el amparo procede, únicamente, contra las resoluciones con las que concluyan los procedimientos previstos en las leyes que correspondan para lograr la ejecución de un fallo que ha quedado firme. Sin embargo, existen casos de excepción en los que no hay que esperar al dictado de la resolución con la que concluya el procedimiento de ejecución de sentencia para promover el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo, lo que ocurre en dos supuestos, a saber: 1. Cuando se reclaman actos de imposible reparación. 2. Cuando los actos reclamados afectan a personas extrañas. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; ..." Tiene aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXIII, enero de 2011, registro 163152, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , Página 6, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." También resultan aplicables, por identidad jurídica, las tesis emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicadas en las páginas 81 y 1502 del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 133-138, Tercera Parte, enero a junio de 1980 y Tomo XCIII, julio a septiembre de 1947, Séptima y Quinta Épocas, registros digitales: 237913 y 320927, respectivamente, cuyos rubros y textos son los siguientes: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCION II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, que determina que tratándose de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, debe interpretarse en relación con la fracción IV del mismo precepto, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Aunque la fracción IV aluda a actos en el juicio, por igualdad de razón debe aplicarse a actos en procedimientos seguidos en forma de juicio pues lo que se pretende al través de ese precepto es que los actos que tengan una ejecución de imposible reparación puedan ser impugnados de inmediato en la vía de amparo sin necesidad de esperar la resolución definitiva, y tales actos pueden producirse tanto en juicios propiamente dichos como en procedimientos seguidos en forma de juicio." "PROCEDIMIENTO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. De la simple lectura de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador al hablar de 'un procedimiento seguido en forma de juicio' ante autoridades distintas de las judiciales o de las Juntas de Conciliación, asimiló el procedimiento seguido en forma de juicio ante autoridades administrativas, al procedimiento judicial propiamente dicho, motivo por el cual, la disposición contenida en la fracción IV del citado artículo 114, es aplicable a la situación jurídica prevista en la fracción II del propio precepto. Por tanto, aun cuando el recurrente no haya invocado la violación de la citada fracción IV del multicitado artículo 114, tratándose de resolver la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, que es una cuestión de orden público, la Suprema Corte está facultada para analizarla, aun de oficio, en revisión." En suma, cuando se reclaman actos de ejecución de sentencia, el amparo procede, únicamente, contra la última resolución con la que concluye el procedimiento respectivo, esto es, aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la sentencia, o bien, ordena el archivo definitivo del expediente, salvo que se trate de actos de imposible reparación, que afecten de manera directa derechos sustantivos, o bien, que afecten a personas extrañas. Ahora, del análisis de la sentencia dictada por la responsable se desprende que la cuestión sobresaliente se hace consistir en la supuesta omisión de la autoridad responsable de cumplir con la sentencia favorable al quejoso en el procedimiento de ejecución administrativo, y que implica una condena para la autoridad administrativa demandada. Sin embargo, la resolución señalada como acto reclamado no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, sino lo que se puede calificar de acto tendente a la ejecución dentro del trámite respectivo. En esta línea de pensamiento, cabe decir que las omisiones que constituyen el acto reclamado, se ha producido durante la tramitación del procedimiento de ejecución de sentencia, es decir, que dicho procedimiento se estaba tramitando y todavía no se había dictado una resolución que tenga o no por cumplida la sentencia. Corolario de lo anterior, es que el procedimiento de ejecución de sentencia no ha llegado a conclusión, ni se ha dictado la última resolución en el mismo. En tales circunstancias, cabe arribar a la conclusión en el sentido de que no se actualiza la hipótesis para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, contemplada en el artículo 107, fracción IV, párrafos primero, segundo y tercero, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, resulta improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley. A mayor abundamiento, cabe hacer la precisión siguiente: El Diccionario de la Lengua Española define la omisión, como "la abstención de hacer o decir" -Consultado en http://dle.rae.es/ el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho - (algo), luego entonces, de una omisión no se puede seguir una afectación directa e inmediata y, menos aún, de manera material a los derechos sustantivos del accionante del juicio de amparo; máxime que la pretendida violación al derecho humano de acceso a la justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte pertinente es del tenor literal siguiente: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ..." Constituye una cuestión distinta a la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra una omisión en el procedimiento de ejecución de sentencia, que se debe resolver aplicando la norma específica, que es el artículo 107, fracción IV, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, en tanto que el artículo 17 constitucional es una norma genérica. Sustenta la anterior determinación la jurisprudencia PC.II.A. J/15 A (10a.), de Registro 2020713, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, Página 2254, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE PROVEER EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En el supuesto de que se esté tramitando ante la autoridad responsable un procedimiento administrativo de ejecución de sentencia y exista una omisión de su parte en proveer, sin que se haya dictado la última resolución, es decir, la que declare cumplida la sentencia o la imposibilidad de su cumplimiento, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que dicho juicio procede únicamente contra la última resolución con la que concluye el procedimiento respectivo y, por ello, debe declararse improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento." En tales circunstancias al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo provoca que esta autoridad, esté impedida para analizar las violaciones procesales propuestas en los conceptos de violación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la Ley de amparo, procede SOBRESEER en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veinte de abril de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Jacinto Salinas Tinoco solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Presidente Municipal, Sindico del Ayuntamiento, Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género, Regidor de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Ciencia, Tecnología e Innovación, Colonias y Poblados, Regidor de Coordinación de organismos Descentralizados, Planificación y desarrollo y Protección del Patrimonio Cultural, Regidor de Asuntos Migratorios, turismo, Derechos Humanos, Gobernación y Reglamentos, Regidor de Asuntos de la Juventud, Protección Civil, Protección Ambiental, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico, y Cabildo del Ayuntamiento, todos de Puente de Ixtla, Morelos. Acto reclamado: ".De todas y cada una de las autoridades municipales. a).- La negativa, abstención y omisión de realizar el pago de la pensión por cesantía en edad avanzada en favor del suscrito, ordenada mediante sentencia definitiva de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete, dictada por el pleno del H. Tribunal. dentro del juicio de nulidad TJA/3ºS/296/2016,. b).- La privación arbitraria del medio de subsistencia del suscrito quejoso Jacinto Salinas Tinoco, el cual constituye la pensión por cesantía. c).- La inconstitucional, inconvencional y arbitraria orden verbal de retención y/o cancelación del pago del monto de la pensión por cesantía. d).- La negativa, abstención y omisión de dar debido e íntegro cumplimiento al derecho que emana de la sentencia definitiva de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete,. Del Magistrado titular de la Tercera Sala. a).- La omisión de tomar las medidas legales necesarias y efectivas a efecto de que se realice el pago de la pensión por cesantía en edad avanzada. b).- La deliberada dilación del proceso de ejecución de la sentencia de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete.. c).- La incorrecta e indebida sustanciación, en su esfera de competencia, del proceso de ejecución de sentencia, derivado de la interpretación y aplicación errónea que se realiza a los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; esto aún y cuando la ley expresamente establece que será un requerimiento y no múltiples los que se deben de realizar a las autoridades demandadas y vencidas en juicio antes de decretar, en caso de omisión su destitución e inhabilitación. d).- La omisión de dictar los requerimientos e imponer las sanciones dentro de los plazos y en los términos que establece la Ley de Justicia Administrativa." SEGUNDO. El veintinueve de enero de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 117/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito dictó sentencia definitiva, la que fue recurrida mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. CUARTO. Con fecha diecisiete de enero de dos mil veintidós, se recibió oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, por medio del cual remite testimonio de ejecutoria de fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el que resolvió revocar la sentencia recurrida para efecto de dejar sin efecto la audiencia constitucional y resolución recurrida, previa citación se celebre de nueva cuenta y se dicte la resolución que corresponda firmándose en día hábil. QUINTO. El dieciocho de enero de dos mil veintidós, en acatamiento a la ejecutoria de mérito descrita en el resultando anterior, se dejó sin efectos la sentencia definitiva dictada el veintidós de enero de dos mil veintiuno, y la audiencia de veintitrés de octubre de dos mil veinte, por lo que se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: De las autoridades municipales, la negativa, omisión, orden verbal de retención y cancelación, de realizar el pago de la pensión por cesantía en edad avanzada a que fueron condenadas las responsables en sentencia definitiva de cuatro de abril de dos mil diecisiete, en el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016. De la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, en ejecución de sentencia, la omisión de tomar las medidas legales necesarias y efectivas a efecto de que se realice el pago de la pensión por cesantía en edad avanzada en favor del quejoso, ordenada en sentencia de cuatro de abril de dos mil diecisiete, en el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Presidente Municipal, Sindico del Ayuntamiento, Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género, Regidor de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Ciencia, Tecnología e Innovación, Colonias y Poblados, Regidor de Coordinación de organismos Descentralizados, Planificación y desarrollo y Protección del Patrimonio Cultural, Regidor de Asuntos Migratorios, turismo, Derechos Humanos, Gobernación y Reglamentos, Regidor de Asuntos de la Juventud, Protección Civil, Protección Ambiental, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico, y Cabildo del Ayuntamiento, todos de Puente de Ixtla, Morelos, en cuanto al acto consistente en la privación del medio de sustento y orden verbal de retención o cancelación del pago de la pensión por jubilación en edad avanzada, negaron el mismo, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa, no obstante que tal carga procesal le corresponde. En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUARTO.- Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye al Magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Presidente Municipal, Sindico del Ayuntamiento, Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género, Regidor de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Ciencia, Tecnología e Innovación, Colonias y Poblados, Regidor de Coordinación de organismos Descentralizados, Planificación y desarrollo y Protección del Patrimonio Cultural, Regidor de Asuntos Migratorios, turismo, Derechos Humanos, Gobernación y Reglamentos, Regidor de Asuntos de la Juventud, Protección Civil, Protección Ambiental, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico, y Cabildo del Ayuntamiento, todos de Puente de Ixtla, Morelos pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado Tercera Sala, consistente en copia certificada del juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. QUINTO. Causales de Improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgador advierte que respecto de las autoridades municipales, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;..." Conforme a los preceptos trascritos, el juicio de garantías es improcedente cuando: a) Se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. c) Que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. Por lo expuesto, tenemos que la causa de improcedencia tiene como origen el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. En el particular se actualiza la hipótesis normativa invocada, habida cuenta que en contra de la omisión combatida el quejoso no hizo valer de manera previa a acudir al Juicio de Amparo, el medio de impugnación ordinario precedente, soslayando el principio de definitividad que lo rige y al cual debe atenderse en casos como el que se analiza, como lo es el recurso de queja previsto en el artículo 99 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Ahora bien, como quedo precisado en el segundo considerando de la presente sentencia, la parte quejosa reclama de las autoridades municipales, la negativa, omisión, orden verbal de retención y cancelación, de realizar el pago de la pensión por cesantía en edad avanzada a que fueron condenadas las responsables en sentencia definitiva de cuatro de abril de dos mil diecisiete, en el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016. En el caso se actualiza la causal de improcedencia señalada pues se actualizan los requisitos ya descritos y no se actualiza excepción alguna, como a continuación se expondrá. El primer requisito se encuentra satisfecho ya que los actos que se impugnan en esta instancia constitucional proceden de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues emana del Presidente y otras autoridades Municipales del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, autoridades eminentemente administrativas, razón por lo que se actualiza la primera hipótesis normativa señalada en el precepto legal antes trascrito. La segunda exigencia también se cumple, porque en contra del acto reclamado existe un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, es decir el recurso de queja previsto en el artículo 99, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que a la letra dice: "Artículo 99. El recurso de queja es procedente: I. En contra de actos del Secretario de Acuerdos y Actuario de la Sala, por el retardo injustificado de las actuaciones procésales; II. En contra de los actos de las autoridades demandadas por exceso o defecto en la cumplimentación de las resoluciones del Tribunal, y III. Cuando no se acate la suspensión concedida en contra de los actos o resoluciones impugnados.". Lo anterior es así ya que de los antecedentes narrados se advierte que el acto reclamado deriva del juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, en el cual se emitió sentencia que a la fecha se encuentra firme. Sin embargo, la parte quejosa señala como acto reclamado el incumplimiento de la sentencia emitida en autos del juicio administrativo de referencia. Por lo tanto, es inconcuso que dicho desacato es recurrible a través del recurso de queja, en términos del artículo 99, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pues la actuación de la autoridad que no cumpla la condena emitida en sentencia firme, debe impugnar ante la propia Sala administrativa, al constituir una omisión propiamente en acatarla. En consecuencia, dado que el recurso de queja constituye un medio de defensa respecto del cual el impetrante tiene obligación de agotar, ello en estricta observancia al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, y que dicho medio de defensa es idóneo al ser susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, lo que en el particular no se satisfizo. Sirve de sustento a lo anterior la tesis de la Novena Época de registro 162010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, página: 1273 del siguiente rubro: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE DICHO RECURSO ANTES DE ACUDIR AL AMPARO INDIRECTO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD." Asimismo, lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia VI.1o. J/85, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 51, tomo 67, Julio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO." Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, libro 55, tomo I, Junio de 2018, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." De igual forma, cobra aplicación la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Por cuanto al tercero y cuarto de los requisitos apuntados, es decir que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o con la interposición del recurso o medio de defensa legal, con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido y que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo, cabe precisar que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que rige a los juicios de nulidad que se promuevan ante el citado tribunal, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Ello es así, tomando en consideración que los artículos 109 a 111 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no establecen mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que los consignados en los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo. Precepto legal que dispone: "Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante." "Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento." "Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo." En ese sentido, de la lectura de los artículos transcritos, se advierte que la suspensión de los actos reclamados se concederá siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y causen daños o perjuicio de difícil reparación a la parte quejosa con la ejecución de dichos actos. Asimismo, se advierte que en los demás casos la suspensión se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. Por otro lado, los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. [.] Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. [.] Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía." De la lectura de los artículos transcritos, se advierte que la suspensión procede cuando se reúnen los siguientes requisitos: - Que la solicite el agraviado. - Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. - Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Asimismo, se advierte que en los casos en que la suspensión resulte procedente, pero que pueda ocasionar daños y perjuicios a un tercero, se concederá si la parte quejosa otorga garantía bastante; y cuando dicha afectación no sea cuantificable en dinero, la garantía se fijará discrecionalmente. De igual forma, se advierte que tratándose de la suspensión contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, ésta se concederá discrecionalmente y la misma surtirá efectos previo depósito que se haga a nombre de la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o municipio que corresponda. En ese contexto, se estima que los artículos invocados, no establecen mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, que los consignados en los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo. Respecto al quinto requisito en el sentido que el acto reclamado no carezca de fundamentación, si bien es cierto que el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Y, bajo ese contexto se advierte, que la Carta Magna exige que todo acto de molestia conste en mandamiento escrito debidamente fundado y motivado, y así poder analizar si se ha vulnerado ese derecho fundamental, lo que evidencia que ese acto de molestia debe ser positivo, esto es, extendido por escrito. Situación que no acontece tomando en cuenta que en el acto combatido es de naturaleza negativa, pues reclama un no actuar de las autoridades responsables. Por tanto, si en el caso concreto, se señaló como acto reclamado "La omisión de cumplimiento a una sentencia firme", se considera que no se está en presencia de un acto positivo, sino ante un acto de carácter omisivo que no se encuentra materializado en un oficio, documento, resolución o acto análogo, en el que se pueda analizar si éste se encuentra o no, fundado y motivado como lo establece el artículo 16 Constitucional, por lo que en consecuencia, no se puede hablar de que en el caso concreto exista una excepción al principio de definitividad. Lo anterior, pues como ya quedó establecido, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, es una omisión o un no hacer por parte de las autoridades municipales descritas, y por tanto, dicha omisión no se encuentra materializada en ningún oficio, documento o resolución en el que se pueda analizar la fundamentación y motivación del mismo y así poder estar en aptitud de determinar si se está ante una excepción al principio de definitividad. Sin que obste a lo anterior que si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también es cierto que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia presupone que en la demanda de amparo exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna, supuesto que en el caso que nos ocupa no se actualiza, ya que incluso el quejoso refiere que la responsable ha violentado el término para cumplir la determinación emitida en el juicio de nulidad, que prevé el numeral 90 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por tanto, si como se acotó, conforme al artículo 99, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, procede el recurso de queja contra la resolución que repita indebidamente la resolución anulada; resulta inconcuso que la parte aquí recurrente observando el principio de definitividad, previo a promover la demanda de amparo indirecto en contra de la omisión o abstención de la autoridad responsable de dar cumplimiento a una sentencia firme dictada en el juicio de nulidad, debió agotar ese medio ordinario de defensa, al ser el previsto en la ley que rige el acto para lograr el cumplimiento de dicha determinación, puesto que el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre otros, el llamado de definitividad, que se regula en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de la Materia, texto legal del que se desprende que el juicio de garantías es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclame, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, pero de no respetarse este principio, el juicio de amparo será improcedente, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. Sirve de sustento a lo anterior por analogía, la tesis de la Décima Época, registro 2004565, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, página 1859, del siguiente rubro: "QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE UNA VEZ POR CADA SUPUESTO [ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO]." De igual forma la jurisprudencia por contradicción, 2a./J. 14/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Semanario Judicial de la Federación, Materia Administrativa, Común, cuyo rubro y texto dicen: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo.". Lo anterior sin que la parte quejosa haya agotado dicho medio ordinario de defensa previo a la promoción del juicio de amparo, por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV de nuestra Carta Magna, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo respecto de dichas autoridades. En otro aspecto, en cuanto al acto reclamado -omisiones de ejecutar la sentencia- a la autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en relación con la diversa fracción IV, del numeral 107 Idem, interpretado en sentido contrario, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente en contra de las omisiones que reclama de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, de verificar el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, toda vez que no se trata de la resolución con la cual concluye el procedimiento de ejecución de sentencia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Ahora, en el artículo últimamente invocado, se establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Y se establece que en casos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, la cual se define o entiende como: 1. Aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; 2. Aquella que declara la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la sentencia; o, 3. Aquella que ordena el archivo definitivo del expediente. Esto es, la resolución con la que concluye el procedimiento previsto en la ley que corresponda, para lograr la ejecución de un fallo que ha quedado firme. Tan es así, que es hasta que se promueva el amparo contra la resolución con la que concluye el procedimiento de ejecución de sentencia, que pueden reclamarse las violaciones cometidas durante dicho procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Incluso, el propio numeral establece otro supuesto más en el que el amparo procede, únicamente, contra la última resolución con la que concluye el procedimiento respectivo, en los casos de remate, en los que se entiende que la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, oportunidad en la que también pueden reclamarse las violaciones cometidas durante dicho procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En todos los casos, es claro que el amparo procede, únicamente, contra las resoluciones con las que concluyan los procedimientos previstos en las leyes que correspondan para lograr la ejecución de un fallo que ha quedado firme. Sin embargo, existen casos de excepción en los que no hay que esperar al dictado de la resolución con la que concluya el procedimiento de ejecución de sentencia para promover el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo, lo que ocurre en dos supuestos, a saber: 1. Cuando se reclaman actos de imposible reparación. 2. Cuando los actos reclamados afectan a personas extrañas. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; ..." Tiene aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXIII, enero de 2011, registro 163152, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , Página 6, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." También resultan aplicables, por identidad jurídica, las tesis emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicadas en las páginas 81 y 1502 del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 133-138, Tercera Parte, enero a junio de 1980 y Tomo XCIII, julio a septiembre de 1947, Séptima y Quinta Épocas, registros digitales: 237913 y 320927, respectivamente, cuyos rubros y textos son los siguientes: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCION II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, que determina que tratándose de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, debe interpretarse en relación con la fracción IV del mismo precepto, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Aunque la fracción IV aluda a actos en el juicio, por igualdad de razón debe aplicarse a actos en procedimientos seguidos en forma de juicio pues lo que se pretende al través de ese precepto es que los actos que tengan una ejecución de imposible reparación puedan ser impugnados de inmediato en la vía de amparo sin necesidad de esperar la resolución definitiva, y tales actos pueden producirse tanto en juicios propiamente dichos como en procedimientos seguidos en forma de juicio." "PROCEDIMIENTO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. De la simple lectura de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador al hablar de 'un procedimiento seguido en forma de juicio' ante autoridades distintas de las judiciales o de las Juntas de Conciliación, asimiló el procedimiento seguido en forma de juicio ante autoridades administrativas, al procedimiento judicial propiamente dicho, motivo por el cual, la disposición contenida en la fracción IV del citado artículo 114, es aplicable a la situación jurídica prevista en la fracción II del propio precepto. Por tanto, aun cuando el recurrente no haya invocado la violación de la citada fracción IV del multicitado artículo 114, tratándose de resolver la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, que es una cuestión de orden público, la Suprema Corte está facultada para analizarla, aun de oficio, en revisión." En suma, cuando se reclaman actos de ejecución de sentencia, el amparo procede, únicamente, contra la última resolución con la que concluye el procedimiento respectivo, esto es, aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la sentencia, o bien, ordena el archivo definitivo del expediente, salvo que se trate de actos de imposible reparación, que afecten de manera directa derechos sustantivos, o bien, que afecten a personas extrañas. Ahora, del análisis de la sentencia dictada por la responsable se desprende que la cuestión sobresaliente se hace consistir en la supuesta omisión de la autoridad responsable de cumplir con la sentencia favorable al quejoso en el procedimiento de ejecución administrativo, y que implica una condena para la autoridad administrativa demandada. Sin embargo, la resolución señalada como acto reclamado no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, sino lo que se puede calificar de acto tendente a la ejecución dentro del trámite respectivo. En esta línea de pensamiento, cabe decir que las omisiones que constituyen el acto reclamado, se ha producido durante la tramitación del procedimiento de ejecución de sentencia, es decir, que dicho procedimiento se estaba tramitando y todavía no se había dictado una resolución que tenga o no por cumplida la sentencia. Corolario de lo anterior, es que el procedimiento de ejecución de sentencia no ha llegado a conclusión, ni se ha dictado la última resolución en el mismo. En tales circunstancias, cabe arribar a la conclusión en el sentido de que no se actualiza la hipótesis para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, contemplada en el artículo 107, fracción IV, párrafos primero, segundo y tercero, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, resulta improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley. A mayor abundamiento, cabe hacer la precisión siguiente: El Diccionario de la Lengua Española define la omisión, como "la abstención de hacer o decir" -Consultado en http://dle.rae.es/ el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho - (algo), luego entonces, de una omisión no se puede seguir una afectación directa e inmediata y, menos aún, de manera material a los derechos sustantivos del accionante del juicio de amparo; máxime que la pretendida violación al derecho humano de acceso a la justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte pertinente es del tenor literal siguiente: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ..." Constituye una cuestión distinta a la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra una omisión en el procedimiento de ejecución de sentencia, que se debe resolver aplicando la norma específica, que es el artículo 107, fracción IV, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, en tanto que el artículo 17 constitucional es una norma genérica. Sustenta la anterior determinación la jurisprudencia PC.II.A. J/15 A (10a.), de Registro 2020713, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, Página 2254, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE PROVEER EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En el supuesto de que se esté tramitando ante la autoridad responsable un procedimiento administrativo de ejecución de sentencia y exista una omisión de su parte en proveer, sin que se haya dictado la última resolución, es decir, la que declare cumplida la sentencia o la imposibilidad de su cumplimiento, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que dicho juicio procede únicamente contra la última resolución con la que concluye el procedimiento respectivo y, por ello, debe declararse improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento." En tales circunstancias al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo provoca que esta autoridad, esté impedida para analizar las violaciones procesales propuestas en los conceptos de violación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la Ley de amparo, procede SOBRESEER en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veinte de abril de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obra la constancia de notificación personal a la parte quejosa del auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós. Por lo tanto, y en obvio de mayores dilaciones procesales, se instruye al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que cumpla con los términos fijados en el citado auto y una vez hecho lo anterior, vincule la notificación correspondiente al expediente electrónico. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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