Jacinto Mujica Vinalay
Expediente 951/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jacinto Mujica Vinalay
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presente autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido en revisión la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2°, se declara que la sentencia emitida en autos que SOBRESEYÓ el juicio de amparo, ha causado EJECUTORIA. Hágase la anotación en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes. Así las cosas, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el mismo. Ahora bien, vistas las constancias de autos, el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio. Atento a lo anterior, dado que el presente juicio de amparo se encuentra dentro de los supuestos que prevé el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes citado, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su DESTRUCCIÓN. Aunado a lo anterior, y con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la caratula de este expediente. Por lo que respecta al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío de los autos al Centro Auxiliar, tomando en consideración que cumplió su objetivo principal, es decir, suplió al expediente principal durante la secuela del citado recurso, desglósense las actuaciones originales e intégrense a los autos principales y remítase el citado cuaderno al archivo, mismo, que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido seis meses; ello, al carecer de valor institucional, histórico o de relevancia alguna y no aporta mayores elementos al acervo archivístico, ello de conformidad con lo establecido en el 20 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio.
- Principal
En Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siendo las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del veinte de octubre de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo 951/2022, promovido por Jacinto Mujica Vinalay, por propio derecho, estando en audiencia pública el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de María del Cielo Mata Ramírez, Secretaria Proyectista que autoriza y da fe, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. Asimismo, se hace patente que el desahogo de la presente audiencia se lleva a cabo en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud del personal judicial; así como en armonía al Acuerdo General 21/2020; cuya vigencia fue ampliada por los similares 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022, 16/2022 y 21/2022, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIA HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: Escrito inicial de demanda; auto de prevención de veintinueve de julio de dos mil veintidós; escrito de desahogo y auto que admite a trámite la demanda; constancia de notificación a las autoridades responsables e informes justificados y auto en que se tuvieron por recibidos. La licenciada María del Cielo Mata Ramírez, Secretaria Proyectista del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de quince días previsto en el numeral 111 de la ley de la materia concedido en auto de doce de septiembre pasado, para que la parte quejosa ampliara su demanda de amparo, respecto al informe justificado del Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud, con residencia en esta ciudad, en representación de la autoridad responsable Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud Guerrero (Humberto Fernando Soto López); transcurrió del veintidós de septiembre al trece de octubre de dos mil veintidós; sin contar los días veinticuatro y veinticinco de septiembre; así como uno, dos, ocho, nueve y doce de octubre; al ser sábados, domingos y día festivo, respectivamente; sin que hiciera uso de tal prerrogativa. Doy fe. ACTO SEGUIDO, EL JUEZ ACUERDA: Téngase hecha la anterior relación de constancias de autos, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO Por otra parte, se advierte que en auto de doce de septiembre pasado se previno a la parte quejosa para manifestara si era su deseo ampliar o no la demanda de amparo respecto al nuevo acto consistente en la respuesta que recayó a su solicitud de veintiocho de junio del año en curso, con el apercibimiento que de no hacerlo así, el presente juicio se resolvería únicamente respecto al acto reclamado en su escrito inicial de demanda. En ese tenor, y del contenido de la certificación que antecede, se hace efectivo el apercibimiento de doce de septiembre pasado y resuélvase el presente asunto únicamente por el acto reclamado indicado en el escrito inicial de demanda. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: La Secretaria da cuenta con las documentales que anexó la quejosa en su escrito inicial de demanda; así como con la que adjuntó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. EL JUEZ ACUERDA: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo vigente, se admiten como pruebas las documentales de referencia, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; ahora, al no existir más pruebas que relacionar, se cierra el presente periodo. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS: La secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ ACUERDA: Se tiene a las partes por precluido el derecho para formular alegatos, por lo que se cierra la presente etapa. Al no haber diligencia pendiente de desahogo, el Juez, da por concluida la audiencia constitucional, y se procede a dictar la sentencia correspondiente. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 951/2022-IV, promovido por Jacinto Mujica Vinalay, por propio derecho, contra actos de Secretaría de Salud de la Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud Guerrero (Aidé Ibares Castro) y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado el veintiocho de julio siguiente a este Juzgado Séptimo de Distrito, Jacinto Mujica Vinalay, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se especifica: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Secretaría de Salud de la Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud Guerrero (Aidé Aibarez Castro). 2. Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud Guerrero (Humberto Fernando Soto López). ACTO RECLAMADO: "Se reclama el silencio administrativo en que ha incurrido al omitir realizar el pago de los enteros que debe de realizar la Secretaría de Salud al Fondo de Vivienda por concepto de amortización a los créditos hipotecarios; o el impedimento legal que tiene la Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud Guerrero, para no realizar el pago de los enteros que debe realizar al Fondo de Vivienda por concepto de amortización a los créditos hipotecarios. El cual fue solicitado por el quejoso, mediante escrito presentado y recibido por la autoridad responsable el día 28 de junio de dos mil veintidós". Acto que el impetrante de amparo estimó violatorio de los artículos 8 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se expusieron los antecedentes y los conceptos de violación que se consideraron pertinentes. SEGUNDO. Admisión y Trámite. El once de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite el presente asunto; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, quien no formuló alegatos; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, toda vez que se reclaman actos de autoridades con residencia en la jurisdicción que tiene este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable es el siguiente: La omisión de dar respuesta al escrito presentado ante las autoridades responsables el veintiocho de junio del presente año. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. En toda sentencia el tribunal que conozca del juicio de amparo en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados; y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta o se actualicen en el particular, para que, sea procedente el juicio y pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que al no ser ciertos los actos reclamados, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia, o bien del fondo del asunto, pues ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Sirve de apoyo la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". La autoridad responsable Secretaría de Salud de la Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud Guerrero (Aidé Aibarez Castro), negó la existencia del acto reclamado, pues adujo que la quejosa no presentó escrito ante ésta. No obstante, de que en auto de doce de septiembre pasado se dio vista a la parte quejosa del informe rendido por la responsable, sin que ésta aportara prueba alguna para desvirtuarlo. Por tanto, se tiene inexistente el acto reclamado únicamente por cuanto hace a la Secretaría de Salud de la Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud Guerrero (Aidé Aibarez Castro). En tal virtud, procede sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, por cuanto a dicha autoridad y el acto que le fue reclamado. Al caso aplicable, por similitud jurídica, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES". En mérito de lo anterior, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación que expresó la parte quejosa, para demostrar las violaciones que alega, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no ser así, resultaría ocioso, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio análisis de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el examen de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Lo anterior es así, pues la autoridad responsable Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud Guerrero (Humberto Fernando Soto López) al rendir su informe justificado indicó que no es cierto el acto que se le reclamó puesto que, mediante escrito de veintidós de julio pasado -posterior a la presentación de la demanda- emitió respuesta a las peticiones realizadas por el impetrante; asimismo, que dicho ocurso le fue notificado al correo electrónico v_nahum@yahoo.com.mx el dos de septiembre del presente año. No obstante, de que en auto de doce de septiembre de dos mil veintidós se dio vista a la parte quejosa del informe rendido por la responsable, sin que ésta aportara prueba alguna para desvirtuarlo. Ahora, al analizar las constancias allegadas por la responsable, se evidencia que era existente al momento de la presentación de la demanda de amparo -veintisiete de julio de dos mil veintidós-. Por tanto, se tiene cierto el acto reclamado. Certeza que se corrobora con la documental allegada por la autoridad responsable, documentales públicas que gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo estipula el numeral 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. En ese sentido, se cita la jurisprudencia número 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece, bajo el rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Atento a la técnica del juicio de amparo por ser una cuestión de oficio debe analizarse el tema inherente a la improcedencia del mismo, conforme al artículo 62 de la ley de la materia que a la letra dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En el caso, por lo que respecta al acto reclamado consistente en ".La omisión de dar respuesta al escrito presentado ante las autoridades responsables el veintiocho de junio del presente año" (Sic), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.].. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de efectos del acto reclamado, se produce cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición toral de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del propio acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de que se trata se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Como ya se acotó la quejosa reclama al Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud Guerrero (Humberto Fernando Soto López), la omisión de dar respuesta a la promoción presentada el veintiocho de junio anterior. Por otra parte, de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte, que el veintidós de julio pasado, dio respuesta al libelo presentado por la parte quejosa y se lo notificó vía correo electrónico el dos de septiembre de este año. Por tanto, se aprecia que dicho acto reclamado dejó de existir pues como se menciona en párrafos anteriores, la responsable ya emitió respuesta. Por ende, es evidente que se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó aquella que dio motivo al amparo, porque se le repuso en el goce del derecho humano conculcado. Consecuentemente, con la emisión de la respuesta al escrito de veintiocho de junio anterior, cesó en sus efectos el acto reclamado, pues las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional cuestionada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si no se hubieran invadido la esfera jurídica del impetrante. De ahí que sea improcedente el juicio biinstancial, pues los efectos de tal acto reclamado cesaron en el momento que dejó de existir jurídicamente. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Bajo esa guisa, al acreditarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal invocado, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de amparo, en virtud de que cesaron los efectos del acto reclamado. SEXTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de once de agosto de dos mil veintidós, se hizo de su conocimiento lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista de estrados publicada el doce de agosto siguiente, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción IV y V de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Jacinto Mujica Vinalay respecto del acto reclamado a la autoridad responsable señalada en el resultando primero de este fallo, y por las razones apuntadas en el considerando TERCERO y QUINTO de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del último considerando del presente fallo.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, doce de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios signados por el Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud, en representación de las autoridades responsables Secretaria de Salud en el Estado de Guerrero, Aidé Ibares Castro y Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero, Humberto Fernando Soto López, ambas con residencia en esta ciudad; con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, ténganse rendido sus informes justificados; con sus contenidos y constancias enviadas en apoyo al segundo de ellos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Cobra aplicación la tesis publicada en la página 398, tomo III, segunda parte 1, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo título dice: "INFORME JUSTIFICADO. DEBE DARSE VISTA A LAS PARTES CON SU CONTENIDO, A FIN DE QUE PREPAREN LAS PRUEBAS QUE LO DESVIRTÚEN". Téngase designados como delegados a los profesionistas que al efecto señalan, en términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la ley de Amparo. De igual forma, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que exhibe el segundo de ellos, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. En la inteligencia de que, cualquiera de las partes que requiera revisar físicamente las constancias allegadas, deberá realizar las gestiones establecidas en el artículo 6º del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR); o en su defecto hacer llegar a este órgano de control constitucional el usuario y solicitud de acceso al expediente electrónico a través del Portal de Juicio en Línea que el Poder Judicial ha puesto a su disposición. Ahora bien, toda vez que de la constancia que remite la responsable Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero, se advierte que el veintidós de julio del dos mil veintidós, dio respuesta a la petición realizada por la parte quejosa en su escrito de veintiocho de junio del año en curso; en consecuencia, requiérase a la peticionaria de amparo para que dentro del término establecido por el artículo 111 de la Ley de Amparo, manifieste si es su deseo ampliar o no la demanda de amparo respecto al nuevo acto consistente en la respuesta que recayó a su solicitud de veintiocho de junio del año en curso, con el apercibimiento que de no hacerlo así, el presente juicio se resolverá únicamente respecto al acto reclamado en su escrito inicial de demanda.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ***, contra el acto que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta Ciudad; por las razones precisadas en el considerativo quinto y para los efectos señalados en el sexto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del último considerando de este fallo. Notifíquese a todas las partes, por lista en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, por tratarse de una sentencia dictada en audiencia constitucional, dese de alta en el módulo de sentencias
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