Jacinto Cortez Cárdenas
Expediente 715/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 715/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jacinto Cortez Cárdenas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio principal del que deriva el cuaderno incidental en que se actúa, en específico el proveído de esta fecha, en el que se declaró el archivo el juicio principal como asunto totalmente concluido; por tanto, a efecto de observar lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se procede a la valoración de los presentes cuadernos incidentales. Por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que la suspensión provisional y definitiva fueron negadas, dicho cuaderno es susceptible de ser DESTRUIDO, una vez transcurridos tres años de la notificación del presente acuerdo, acorde con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General mencionado; y respecto al duplicado del citado incidente, éste deberá de ser DESTRUIDO una vez transcurridos seis meses de la notificación de este proveído, de conformidad con lo establecido en el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes señalado; en consecuencia, remítanse al archivo hasta en tanto transcurran los plazos antes señalados.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se declara que la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio, ha causado ejecutoria; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno que corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. En cumplimiento al artículo 20, segundo párrafo del Acuerdo General antes citado, se instruye al Actuario Judicial correspondiente, notifique personalmente a las partes el presente acuerdo, para que de considerarlo necesario acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. En el entendido para el fedatario judicial que de no poder efectuar la notificación señalada, deberá realizarla a través de lista en los Estrados de este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 34 del mencionado Acuerdo General, háganse la indicación en la carátula de este expediente de que será destruible. Respecto a los cuadernos incidentales, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General antes citado, acuérdese en ellos lo conducente en relación a su archivo. Atento a lo expuesto con antelación y toda vez que no es necesario seguir conservando las constancias en un tomo que remitió el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, toda vez que se tratan de copias certificadas. Por último, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el seis de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado el siete de julio de dos mil veintidós, a este Juzgado Séptimo de Distrito, Jacinto Cortez Cárdenas, por conducto del defensor público federal adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra de la autoridad y acto que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "El acuerdo de QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS (notificado mediante correo electrónico el DIECISEIS DE JUNIO de dos mil VEINTIDÓS), en el que se declaró Notoriamente improcedente el recurso de revocación interpuesto por el suscrito." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. En el escrito de demanda se señalaron como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expusieron los antecedentes y el concepto de violación que se consideró pertinente. TERCERO. Admisión y Trámite. Por auto de ocho de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite el presente asunto y se registró como juicio de amparo indirecto 715/2022; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a una autoridad que actúa dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de litis. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: "El acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal 24/2015, incoado en contra de Jacinto Cortez Cárdenas, en el que se desechó por improcedente el recurso de revocación promovido en contra del proveído de ocho de junio de dos mil veintidós." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". Es cierto el acto reclamado al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por conducto del Secretario (foja 18 de autos), al así manifestarlo al rendir su informe justificado, por lo que se tiene plenamente probada su existencia. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011,. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Materia Común, Tesis: 749, visible a página 830, que dice textualmente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las copias certificadas de la causa penal de origen, que remitió con su informe justificado la autoridad responsable, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causales de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia número 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Conviene hacer la síntesis de los antecedentes más destacados, de donde deriva el acto reclamado, que en lo que interesa, es como sigue: 1. Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintidós, ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, signado por el directo quejoso Jacinto Cortés Cárdenas, dentro de la causa penal 24/2015, en el que solicitó: ".Honorable señoría solicito por favor me obsequie copias debidamente certificadas del parte informativo, las declaraciones ministeriales (completas las diligencias) de mis coprocesados de nombres GUSTAVO CINICO VENEGAS, MARCO ANTONIO VARGAS SASTRE, ANTONIO MONICA MARTINEZ, JOSÉ ROBERTO CARRILLO OSORNIO, MIROSLAVA ECHEVERRIA CRUZ, EUSTAQUIO LARA FERNANDEZ, DANIEL HERNANDEZ GONZALEZ, SILVESTRE CARRETO GONZALEZ, EL QUE SUSCRIBE, QUE OBRAN EN LOS AUTOS DE LA PRESENTE CAUSA que nos ocupa en su H. Juzgado que esta ha su digno cargo, esta solicitud es para comprender la situación jurídica que enfrento, además de que no cuento con los recursos necesarios para costear con los gastos de dichos documentos. Es por eso que le pido por favor que al momento de contestarme este ocurso de vía exhorto anexe las copias solicitadas ya que no cuento con persona de confianza para que recoja dichas copias en el Juzgado que Usted muy dignamente preside. (SIC)" 2. El trece de mayo de dos mil veintidós, la Juez de la causa, dictó un acuerdo al respecto, en el siguiente sentido: ".en atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 25 del Código Federal de Procedimientos Penales, expídanse las copias certificadas que solicita y que obren en el presente sumario; en el entendido que tiene expedito su derecho para autorizar a cualquier persona con capacidad legal para que comparezca ante este juzgado de Distrito a obtener las documentales que refiere e incluso a su defensor Público Federal, previa razón que por ese motivo deje en autos. Sin que haya lugar a remitir dichas constancias hasta el lugar donde guarda reclusión; esto es así, porque de acuerdo a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 197/2013, fuente de la tesis de Jurisprudencia 1ª./J. 27/2014 (10ª.), en la que en torno al tema sostuvo que: .En ese sentido, el juzgador debe ponderar en cada caso en atención a las particularidades del mismo, si procede ordenar que las copias certificadas que se le expidan al quejoso, incluso por concepto de los materiales necesarios para su reproducción, a condición, desde luego, que el peticionario de garantías solicite con claridad las constancias respecto de las que requiere copias y sean de utilidad para su defensa, sean entregadas en el lugar donde se encuentre recluido, esto es, cuando manifieste, sin que de autos se advierta lo contrario, no tener nombradas personas autorizadas para las actuaciones judiciales derivadas del proceso. Hipótesis que no aplica en el caso que nos ocupa, ya que el encausado en comento en la presente causa penal cuenta con la representación de un defensor público federal, lo que hace improcedente el envío de las documentales requeridas hasta el lugar de su reclusión, puesto que no se encuentra en el supuesto de carecer de personas autorizadas en las actuaciones el proceso para ese fin." 3. Mediante requisitoria 463/2022 (origen 283/2022), signado por la Jueza Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, y el Secretario respectivo, mediante el cual ordena la notificación del acuerdo de trece de mayo de dos mil veintitrés, al aquí directo quejoso, para su conocimiento. 4. Hecha la notificación, en la misma diligencia Jacinto Cortes Cárdenas, manifestó lo siguiente: "C. JUEZ, APELO A SU DETERMINACIÓN EN LA QUE SE DETERMINA NO ENVIAR LAS COPIAS AL LUGAR DONDE ESTOY INTERNO. ASIMISMO C. JUEZ, EN ESTE ACTO AUTRIZO Y FACULTO A MI DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE GESTIONE LAS COPIAS Y QUE SEA POR SU CONDUCTO ME LAS HAGA LLEGAR A DONDE ME ENCUENTRO INTERNO. .". 5. En acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, tuvo devuelta la comunicación en mención, y en lo que interesa determinó: ".Atento a lo anterior, se tiene a dicho encausado por notificado del auto de veinte de mayo del año en curso; asimismo, designando a su defensor público federal para que gestione las copias que solicita y por su conducto se las haga llegar al lugar donde se encuentra recluido e interpone recurso de apelación en contra de dicho proveído y solicita copia de la notificación que le practicó y exhorto que se le notificó. En ese sentido, hágase del conocimiento del defensor público federal, que su representado lo designó para obtener las copias que peticionó y se autorizaron en acuerdo de trece de mayo del año en curso; por lo que , se dejan las actuaciones del proceso penal en que se actúa a disposición del citado profesionista, con el fin de que reproduzca las documentales que peticiona por los medios electrónicos autorizados, y una vez obtenidas deberá exhibirlas ante este órgano jurisdiccional para su cotejo y autorización correspondiente, previa razón que se deje en autos. . En otro tenor, como de la determinación señalada en párrafos que anteceden, se advierte que se ordenó expedir las copias certificadas que solicitó el procesado Jacinto Cortez Cárdenas, y que obren en el sumario, en el entendido que tiene expedito su derecho para autorizar a cualquier persona con capacidad legal para comparecer a este órgano jurisdiccional a obtener las documentales que refirió, e incluso a su defensor público federal, sin que fuera necesario remitirlas a su lugar de reclusión, de conformidad con el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Penales, no resulta apelable, toda vez que no encuadra en alguna de sus hipótesis; por ende, no resulta procedente admitir el recurso de apelación interpuesto. ." 6. Luego, mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil veintidós, Oscar Ramírez Contreras, Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Décimo de Distrito responsable, mediante el cual le hizo del conocimiento que se encontraba en funciones a partir de que la anterior defensora renunció a su cargo, en esa tesitura, se encontraba poniendo en contacto con cada uno de sus patrocinados, entre ellos el aquí quejoso; asimismo, manifestó lo siguiente: "Por otra parte, respecto de que las copias que solicita el defendido Jacinto Cortez, le hago de su conocimiento que corresponde al órgano jurisdiccional expedir las copias que el procesado solicita en su lugar de reclusión de manera gratuita, como se advierte en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 347, del libro 7, Junio 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006793, cuyo rubro y texto son: (Se transcribe) También tiene aplicación la tesis aislada I.7°.P.21 P (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, del Libro 7, Junio 2014, Tomo II, de la Gaceta Judicial de la Federación, registrada con el número 2006758, página 1549, de la Décima Época, cuyo texto es: (Se transcribe) Ya que con el solo hecho que el Juzgador manifieste que no cuenta con partida presupuestal o que su expedición genera el pago de derechos, se supeditaría a argumentos de razonabilidad y proporcionalidad, debido que el defendido de mérito debe tener el derecho humano a un debido proceso y para ello necesitaría no solo unas copias sino el expediente para poder conocer las actuaciones que se encuentran dentro de la presente causa penal y así tener una defensa adecuada." 7. Posteriormente, el Juzgado Décimo de Distrito responsable, emitió el acuerdo de ocho de junio de dos mil veintidós, en el cual, en relación a lo solicitado en el punto anterior por el defensor federal, determinó lo siguiente: "En otro contexto, agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por el licenciado Oscar Ramírez Contreras, Defensor Público Federal del procesado Jacinto Cortez Cárdenas; atento a su contenido, téngase desahogando la vista ordenada en auto de treinta de mayo del presente año, en los siguientes términos: Comunica que está en funciones a partir de que la anterior defensora renunció a su cargo, por lo que se está poniendo en contacto con cada patrocinado y debido a que su defendido se encuentra en el Dentro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", con residencia en El Rincón municipio de Tepic, Nayarit, solicitó a través de la petición administrativa a dicho centro de reclusión una llamada telefónica con su representado para informarle su situación jurídica, tal y como lo acredita con el escrito que anexa. Por otra parte, solicita se expidan las copias solicitadas por su defendido, debiendo remitirlas y sean entregadas en el lugar que se encuentra recluido su defendido. En atención a lo anterior, se tiene a dicho profesionista informando las gestiones que realiza para tener comunicación con su representado; asimismo, en relación con la petición de expedir las copias que indica, hágase de su conocimiento que deberá estarse a lo ordenado en autos de trece y treinta de mayo de la anualidad que transcurre, en las que se autorizó las constancias solicitadas por su representado; y, en la que autorizó a su defensa gestionar las copias que pide, respectivamente." 8. En escrito presentado el trece de junio de dos mil veintidós, signado electrónicamente por el defensor público de mérito, promovió recurso de revocación en contra del acuerdo de ocho de junio de dos mil veintidós. 9. En acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, la Jueza Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, determinó desechar el recurso de revocación interpuesto, por ser notoriamente improcedente, a razón de las siguientes consideraciones: "Se afirma lo anterior, toda vez que la parte conducente del acuerdo de ocho de junio de la anualidad que transcurre, textualmente refiere lo siguiente: "...se tiene a dicho profesionista informando las gestiones que realiza para tener comunicación con su representado; asimismo, en relación con la petición de expedir las copias que indica, hágase de su conocimiento que deberá de estarse a lo ordenado en autos de trece y treinta de mayo de la anualidad que transcurre, en las que se autorizó las constancias solicitadas por su representado; y, en la que autorizó a su defensa gestionar las copias que pide, respectivamente..." [lo resaltado no es de origen] De la transcripción anterior, se advierte que el auto recurrido por el defensor público federal, no le genera afectación alguna; ya que en su defecto el proveído que en su caso le causó agravió fue el de treinta de mayo del año en curso, en el que se le hizo del conocimiento que su defendido lo autorizó y facultó para gestionar las copias que le fueron autorizadas el trece de mayo de la anualidad que transcurre, y que por su conducto se las hiciera llegar al lugar en el que se encuentra interno. Por otra parte, en relación con la manifestación que realiza el servidor público ocursante en el sentido que pide se ordene la expedición en forma gratuita de las constancias que solicitó su representado, porque exigir que autorice a una persona para que, por su conducto le sean entregadas, se traducen en obstáculos que impiden la realización del principio constitucional de gratuidad de la justicia y por tanto, vulnera el derecho de tutela efectiva, consagrado en el artículo 17 Constitucional, máxime la circunstancia de que su defendido se encuentra privado de la libertad en centro penitenciario situado en un lugar diverso del órgano jurisdiccional, por lo que entonces hace nugatorio su derecho a acceder a la información contenida en el proceso penal. Asimismo, dicho profesionista refiere que la petición de copias fue formulada por el justiciable en ejercicio de su derecho propio al ser parte del proceso penal; por lo que, resulta infundado que se pretenda obligarlo a designar a la defensa pública para que lo represente en la recepción de copias solicitadas, ya que los servicios de esa defensa pública son estrictamente jurídicos o por lo menos no se advierte disposición jurídica alguna en las atribuciones y obligaciones de la defensa pública federal que sustente la designación que este órgano jurisdiccional le pretende hacer. En atención a lo anterior, resulta infundado lo manifestado por el licenciado Oscar Ramírez Contreras, Defensor Público Federal del procesado Jacinto Cortez Cárdenas; ya que si bien el párrafo segundo, del artículo 17 Constitucional, establece lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El artículo constitucional transcrito prevé el derecho fundamental de tutela judicial efectiva que comprende, entre otros, los subprincipios de acceso a la tutela jurisdiccional, de la abolición de las costas judiciales y la gratuidad de la justicia, los cuales consisten en la obligación del Estado Mexicano de garantizar que todas las personas que lo requieran puedan someter sus conflictos ante los tribunales en condiciones de equidad, y en que el gobernado no debe pagar por la administración de justicia, ya que dicho servicio es gratuito. Por lo tanto, al encontrarse legitimado el encausado Jacinto Cortez Cárdenas, puede solicitar copias de las constancias que obren en autos del proceso que se le instruye; sin embargo, el aducido principio de equidad; así como, el diverso de adecuada defensa, no lo facultan o le dan derecho a que se le expidan las copias que pretende sin cubrir los costos que generen las mismas, aunado que en el particular no precisa con exactitud las constancias de las que pide se obtenga copia, ya que de manera genérica indica a modo de ejemplo, del parte informativo, las declaraciones, ministeriales (completas las diligencias) de mis coprocesados y el que suscribe, que de los autos de la presente causa penal que nos ocupa. Entonces, si bien, del numeral transcrito, se establece que el gobernado no debe pagar por que se le administre justicia, ya que este servicio es gratuito, de dicho precepto legal no se desprende que en virtud a la gratuidad de la administración de justicia se deba cumplir con todas las exigencias de las personas contra las que se sigue un proceso, por el único motivo de que se encuentran privados de su libertad. Además, no existe precepto legal que establezca que cuando alguna de las partes, como en el presente asunto el procesado, solicite copias, las mismas deberán correr a cargo del órgano jurisdiccional. Sin pasar por alto que dicho encausado indicó que las mismas las solicita con la finalidad de comprender la situación jurídica que enfrenta, siendo que corresponde a la defensa como profesional del derecho, mantener debidamente informado a su representado de la marcha de su proceso, asesorarlo y aclararle cualquier duda que tenga; así como, corroborar el correcto desahogo de las diligencias aquí ordenadas. Aunado a ello, debe decirse que esta juzgadora es consciente de la situación que enfrentan las personas que se encuentran privadas de la libertad; por lo que, en aras de salvaguardar el derecho al debido proceso, en determinadas ocasiones ha accedido a autorizarles la expedición de copias de forma gratuita, siempre y cuando la cantidad de constancias sea mínima, de modo que su expedición no ocasione perjuicio a las labores del juzgado; empero, no cuando lo que se pretende es obtener diversas constancias que integran un expediente, sin precisar con claridad las mismas, como en el caso acontece. Sin que con lo anterior, se violente el principio de interpretación pro persona, recogido en el artículo 1º de nuestra Carta Magna; así como, los derechos humanos interpretados de conformidad con la propia Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia o bien que el encausado de referencia quede desprotegido de su derecho de adecuada defensa o a conocer el estado procesal en que se encuentra la causa que se le instruye, toda vez que se encuentra asistido por un defensor Público Federal, quien es el encargado de proporcionar una debida y adecuada defensa técnica, así como asesoría, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 fracción I y 12 fracciones I, XVI y XXIII, de la Ley Federal de la Defensoría Pública; así como, los diversos 44 y 47, de las Bases de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, con lo que se garantiza su derecho a una defensa adecuada en términos del precepto 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a ello, este órgano jurisdiccional en el acuerdo invocado, no se dejó a cargo del defensor Público federal, la obtención de las copias pretendidas por el procesado de mérito; así como, tampoco se exigió que sea él quien cubra el costo que se genere, como lo hace notar el mencionado profesionista; sino por el contrario únicamente se le hizo del conocimiento que debería de estarse a lo ordenado en autos de trece y treinta de mayo de la anualidad que transcurre, en las que se autorizó las constancias solicitadas por su representado; y, en la que se autorizó a esa defensa gestionar las copias que solicitó, respectivamente. Sin que pase inadvertido que en el auto de trece de mayo del año en curso, se hizo del conocimiento al encausado, el derecho que tiene de autorizar a cualquier persona con capacidad legal para que comparezca ante este juzgado de distrito a obtener las documentales que peticionó, lo que incluye a su defensa, quien, se insiste es la parte que lo representa dentro del presente proceso y conoce a cabalidad las constancias que lo integran; lo anterior, es así, ya que de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al citado defensor imponerse de autos, y mantener constantemente informado a su defendido, de las constancias que integran la causa penal y en su caso obtener las copias que a su criterio resulte de importancia para la defensa de su defendido. Además, contrario a lo referido por el defensor público federal en el sentido que la determinación adoptada por este órgano jurisdiccional carece de motivación, hágase de su conocimiento que, como se indicó en el acuerdo de trece de mayo del año en curso, la misma encuentra su fundamento y motivación, en la parte conducente, del criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis 197/2013, fuente de la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 27/2014 (10a.), en la que en torno al tema sostuvo que: ".En ese sentido, el juzgador debe ponderar en cada caso en atención a las particularidades del mismo, si procede ordenar que las copias certificadas que se le expidan al quejoso, incluso por concepto de los materiales necesarios para su reproducción, a condición, desde luego, que el peticionario de garantías solicite con claridad las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, sean entregadas en el lugar donde se encuentre recluido, esto es cuando manifieste, sin que de autos se advierta lo contrario, no tener nombradas personas autorizadas para las actuaciones judiciales derivadas del proceso." Hipótesis que no aplica en el caso que nos ocupa, ya que se reitera el encausado en comento en la presente causa penal cuenta con la representación del licenciado Oscar Ramírez Contreras, defensor público federal, lo que hace improcedente el envió de las documentales requeridas hasta el lugar de su reclusión, puesto que no se encuentra en el supuesto de carecer de personas autorizadas en las actuaciones del proceso para ese fin, por lo que, el referido defensor se encuentra en total disposición para hacer llegar las copias pretendidas al centro de reclusión en que se encuentra su defendido, por los medios legales a su alcance. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro el del tenor siguiente: "PRUEBAS. LOS GASTOS EROGADOS POR LAS PARTES PARA APORTARLAS, NO IMPLICAN QUE LA LIMPARTICIÓN DE JUSTICIA NO SEA GRATUITA". Así como, la jurisprudencia 1a./J. 52/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACCESO A SUS ACTUACIONES POR LAS PARTES LEGITIMADAS PARA ELLO, NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LES EXPIDAN COPIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)." Siendo este último acuerdo el acto reclamado en el presente asunto. Ahora bien, conviene recordar que el acto reclamado consiste en: el acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal 24/2015, incoado en contra de Jacinto Cortez Cárdenas, en el que se desechó por improcedente el recurso de revocación promovido en contra del proveído de ocho de junio de dos mil veintidós; empero, debe también quedar precisado que de lo que se duele la parte quejosa es que el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, determinó que corresponde al defensor público federal enviar las copias certificadas que solicitó su defendido y que dichas copias le serian cobradas a éste. En la especie, de oficio este juzgador federal considera que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;." Se sostiene dicha causal en razón de que de las copias certificadas de la causa penal que remitió la autoridad responsable adjuntas a su informe con justificación, se pone de manifiesto que en acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, la Jueza Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, tuvo a la parte quejosa designando a su defensor público federal para gestionar las copias y que por su conducto se le hicieran llegar al lugar en donde se encuentra recluido (Nayarit), no obstante que, la parte quejosa haya promovido recurso de apelación, pues este fue desechado por improcedente en ese mismo acuerdo, por lo que se está ante un acto derivado de otro consentido. Sin que sea jurídicamente posible analizar lo decidido por la responsable en proveído de quince de junio de dos mil veintidós, que decreta improcedente el recurso de revocación promovido en contra del acuerdo de ocho de junio de dos mil veintidós, que constituye el acto reclamado, en tanto que ello implicaría analizar lo decidido en el proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, respecto a los motivos por los cuales la Jueza responsable consideró que corresponde al mencionado defensor público el envío de las copias certificadas de las constancias que solicitó su defendido, lo cual, se repite, fue consentido por la parte quejosa al no haberlo impugnado en su oportunidad, ya que la apelación fue decretada improcedente. En efecto el acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, determinó, en lo que interesa: ".Atento a lo anterior, se tiene a dicho encausado por notificado del auto de veinte de mayo del año en curso; asimismo, designando a su defensor público federal para que gestione las copias que solicita y por su conducto se las haga llegar al lugar donde se encuentra recluido e interpone recurso de apelación en contra de dicho proveído y solicita copia de la notificación que le practicó y exhorto que se le notificó. En ese sentido, hágase del conocimiento del defensor público federal, que su representado lo designó para obtener las copias que peticionó y se autorizaron en acuerdo de trece de mayo del año en curso; por lo que, se dejan las actuaciones del proceso penal en que se actúa a disposición del citado profesionista, con el fin de que reproduzca las documentales que peticiona por los medios electrónicos autorizados, y una vez obtenidas deberá exhibirlas ante este órgano jurisdiccional para su cotejo y autorización correspondiente, previa razón que se deje en autos. . En otro tenor, como de la determinación señalada en párrafos que anteceden, se advierte que se ordenó expedir las copias certificadas que solicitó el procesado Jacinto Cortez Cárdenas, y que obren en el sumario, en el entendido que tiene expedito su derecho para autorizar a cualquier persona con capacidad legal para comparecer a este órgano jurisdiccional a obtener las documentales que refirió, e incluso a su defensor público federal, sin que fuera necesario remitirlas a su lugar de reclusión, de conformidad con el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Penales, no resulta apelable, toda vez que no encuadra en alguna de sus hipótesis; por ende, no resulta procedente admitir el recurso de apelación interpuesto. ." Es así, pues para considerar que un acto es derivado de otro consentido deben actualizarse dos supuestos, a saber: a) Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente. b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Al respecto, es de aplicarse la tesis siguiente: "Época: Novena Época Registro: 193675 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Julio de 1999 Materia(s): Común Tesis: II.2o.C.43 K Página: 839 AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. De manera que, si la Jueza Federal responsable al dictar resolución en fecha quince de junio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal número 24/2015, con motivo del recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, en contra del acuerdo de ocho de junio de dos mil veintidós, en la que determinó reiterar que correspondía el envío de las copias certificadas al defensor público federal, por así haberlo solicitado su defendido, lo que previamente se había acordado en fecha treinta de mayo de dos mil veintidós, y éste último, al no prosperar la apelación intentada, adquirió firmeza, por ende, se tiene que las razones que dio la responsable deben quedar incólumes y seguir rigiendo. Y, si la autoridad en el acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, para determinar improcedente el recurso de revocación, sostiene las mismas razones que en el proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, es evidente que se está ante un acto derivado de otro consentido, sin que sea jurídicamente posible analizar la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Son aplicables las tesis siguientes: "Época: Octava Época Registro: 219041 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 54, Junio de 1992 Materia(s): Común Tesis: V.2o. J/38 Página: 54 ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto de que derivan." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. "Época: Sexta Época Registro: 813096 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Informes Informe 1958 Materia(s): Común Tesis: Página: 21 ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Para que se admita la existencia de dichos actos, se requiere, esencialmente, que se acredite que en realidad existe el acto original del que se deriva el reclamado y además, naturalmente, que haya conexidad entre uno y otro." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en mención, lo procedente es SOBRESEER, en el juicio de amparo en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Cabe mencionar que el sobreseimiento decretado, impide entrar al estudio del fondo del asunto; de conformidad con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Séptima Época Registro: 239006 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 24, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 49 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendentes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. QUINTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de ocho de julio de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista de Estrados de once de julio de dos mil veintidós, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la fracción XIII del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Jacinto Cortez Cárdenas, por conducto del defensor público federal adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, en términos de lo expresado en el considerando CUARTO de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando QUINTO de esta sentencia.
- Principal
A CONTINUACIÓN, EL SECRETARIO HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: Escrito inicial de demanda; acuerdo en que se ordenó admitir a trámite; constancia de notificación y emplazamiento de las partes; e informe justificado y auto en que se tuvo recibido. ACTO SEGUIDO, EL JUEZ ACUERDA: Téngase hecha la anterior relación de constancias de autos, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: El Secretario da cuenta con las documentales que anexó la autoridad responsable a su informe justificado (un tomo de pruebas). EL JUEZ ACUERDA: Se admiten los medios de convicción antes referidos, los que se desahogan por su propia y especial naturaleza jurídica, en términos del arábigo 119 de la Ley de Amparo, mismos que serán tomados en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente; por tanto, se cierra el periodo. ETAPA DE ALEGATOS: Abierto el mismo, el Secretario da cuenta con los formulados por la parte quejosa en escrito presentados el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, y hace constar que las demás partes no los formularon. EL JUEZ ACUERDA: Con sustento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa formulando sus alegatos, sin perjuicio de que sean tomados en consideración al momento de resolver en definitiva; asimismo, se declara precluido el derecho de las partes restantes para formular alegatos, se cierra la presente etapa. Al no haber diligencia pendiente de desahogo, el Juez, declara concluida la audiencia constitucional, y se procede a dictar la sentencia correspondiente, previa acta de la audiencia que es firmada electrónicamente; asimismo, certifica que esta determinación se autorizó vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante. Doy fe.
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