Jacinto Demetrio Rios Ortiz
Expediente 563/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 18 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 563/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 18/05/2023
Partes del expediente
- Jacinto Demetrio Rios Ortiz
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 563/2023-III. Ahora bien, cabe señalar que el escrito de demanda que generó el expediente en que se actúa, fue promovido por Jacinto Demetrio Ríos Ortiz; sin embargo, no fue firmada por dicho promovente, por lo que con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desecharla por ser notoriamente improcedente, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis aislada LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 186605 y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para desechar la demanda constitucional. De los numerales antes expuestos se advierte en lo que interesa, que el juicio de amparo solo es procedente a instancia de parte agraviada, esto es, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés, el cual se ve afectado con motivo de algún acto de autoridad. En ese sentido, debe precisarse que la firma constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, pues además de dar autenticidad al mismo, pone de manifiesto la voluntad del promovente. Establecido lo anterior, cabe destacar que el presente juicio de amparo se promovió a través de los servicios tecnológicos previstos en el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, dicha demanda, carece de la firma electrónica de la parte quejosa -lo cual produce los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa- es decir, no se desprende que hubieren colocado en éste el signo expreso e inequívoco de su voluntad, por lo que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada. Al respecto, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; por su parte el artículo 6 de la Ley de Amparo, previene en lo conducente, que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante y solo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal. Sin embargo, como quedó expuesto, la parte quejosa fue omisa en manifestar su voluntad a efecto de promover el presente juicio de amparo, en virtud de que no suscribió electrónicamente el escrito relativo. Además, el acto que reclama no es de los considerados como urgentes por el artículo 15 de la Ley de Amparo, para que sea prescindible el uso de la firma electrónica, en términos del artículo 17, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En efecto, el acto que se reclama en el escrito de demanda que se atiende es la falta de atención médica en el centro de reclusión donde se encuentra interno, el cual no encuadra en los supuestos establecidos en el artículo 22 Constitucional ni el 15 de la Ley de Amparo, dado que de la lectura del contenido integral de la demanda, no se aprecia que el quejoso cuente con algún padecimiento que ponga en riesgo su vida. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma electrónica de la persona que aparece como promovente, ni el acto reclamado encuadra en alguno de supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercido, pues como quedó expuesto, a través de la firma las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no es procedente ni siquiera prevenir a la persona señalada como promovente para que estampe su firma, por no entrañar uno de los requisitos de forma previstos en el artículo 108 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 114, sino que se trata de un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia conduce a desechar por improcedente la demanda, ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2018943 y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE.". En consecuencia, ante la carencia de firma electrónica, procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, de conformidad en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de la parte quejosa que existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo, como ya lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación según la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) y puede acudir ante el juez de ejecución para solicitar se atienda su petición, incluso de manera urgente. Señalamiento de domicilio y autorizados. Ahora, atendiendo a que la demanda que se provee carece de firma, es decir, de la voluntad del accionante, no resulta procedente acordar de conformidad respecto al señalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados designados, por los motivos expuestos con anterioridad. Notificación personal. No obstante lo anterior, por única ocasión, al tratarse de un auto que desecha la demanda, con fundamento en el artículo 26, fracción I, incisos a) y j) de la Ley de Amparo, túrnense los autos al Actuario de la adscripción, para que proceda a notificar a la parte quejosa el presente acuerdo en el Centro de Reinserción Social El Hongo I, con sede en Tecate, Baja California. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente al quejoso ********************
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