Jacinta Zepeda Nuñez

Expediente 69/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
69/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
30/09/2019

Partes del expediente

  • Jacinta Zepeda Nuñez
  • Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno Y Municipios del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubiere realizado manifestación alguna. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Antecedentes. El trece de mayo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó, y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Jacinta Zepeda Núñez, para el efecto que las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Director General, Ejecutor de los Acuerdos de la Junta Directiva y la Encargada del Despacho de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, todos de dicho Instituto y con residencia en la ciudad de Mexicali, realizaran lo siguiente: "OCTAVO. Efectos del fallo protector. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, al tratarse de un vicio de fondo, es el siguiente tomando en consideración que hasta este momento no se advierte, de manera fehaciente, la etapa en la que se encuentra la petición de la quejosa: Las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Director General, Ejecutor de los Acuerdos de la Junta Directiva y la Encargada del Despacho de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, todos de dicho Instituto y con residencia en la ciudad de Mexicali, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán realizar lo siguiente: 1. Llevar a cabo las gestiones necesarias para integrar el expediente de la quejosa Jacinta Zepeda Núñez. 2. Dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión formulada por la promovente del amparo. 3. Notificarle la contestación respectiva". Interposición de recurso. Inconforme con dicha determinación, el treinta de mayo de dos mil diecinueve, el delegado de las mencionadas autoridades responsables, interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turno le correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, quien por ejecutoria dictada en el amparo en revisión 266/2019, de ocho de agosto de dos mil diecinueve, determinó: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jacinta Zepeda Núñez, respecto de los actos reclamados al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y Oficial Mayor de Gobierno, ambas con residencia en esta ciudad. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jacinta Zepeda Núñez contra los actos que reclamó del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Director General, Junta Directiva y Director de Pensiones y Jubilaciones, todas del citado Instituto, con residencia en Tijuana, Baja California, consistentes en la omisión de dar contestación a la solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación presentada el veinte de septiembre de dos mil dieciocho". En esa tesitura, el quince de agosto de dos mil diecinueve, este Juzgado requirió a las autoridades responsables para que en el plazo de tres días, dieran cumplimiento al fallo protector al tenor de los efectos precisados en los párrafos que anteceden; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Cumplimiento a la sentencia. Mediante oficio registrado con folio 15061 el delegado de las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Director General, Ejecutor de los Acuerdos de la Junta Directiva y la Encargada del Despacho de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, todos de dicho Instituto y con residencia en la ciudad de Mexicali, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para ello remitió: a) Copia certificada del acuerdo SE/387/12-09-19, dictado en la sesión extraordinaria de doce de septiembre de dos mil diecinueve, celebrada por los integrantes de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por el cual resolvió y concedió en definitiva la solicitud de pensión por jubilación, realizada por la aquí quejosa. b) Acuse original de la notificación practicada el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, a Berenice Lagunas Molona, quien tiene el carácter de autorizada de la parte quejosa Vista con el cumplimiento. Con base en lo anterior, mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho correspondiera; sin que lo hubiese hecho. Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de las citadas constancias se estima que las autoridades responsables cumplieron con el fallo protector, ya que realizaron lo siguiente: 1.- El doce de septiembre de dos mil diecinueve, mediante sesión extradordinaria, celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, dictó el acuerdo SE/387/12-09-19, por el cual determinó conceder en definitiva la solicitud de pensión por jubilación realizada por la parte quejosa; y, 2.- El pasado dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, notificó el acuerdo SE/387/12-09-19, de doce del mismo mes y año, a Berenice Lagunas Molona, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, como se advierte del escrito inicial de demanda, y de la constancia de registro correspondiente. En atención a lo expuesto, en contraste con los efectos del fallo, se puede concluir que las autoridades responsables cumplieron con el mismo, por lo que de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos; lo anterior, sin perjuicio de que las partes interesadas intenten el medio de impugnación correspondiente, en términos del artículo 201 de la Ley de Amparo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, ni acuses pendientes por agregar como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. El Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido, son destruibles los expedientes que se ubiquen en las fracciones I, II y III, primer párrafo de ese punto y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V del punto en comento. Expediente principal. Ahora, en cumplimento al artículo Vigésimo Primero, fracción IV del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración, por haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al punto Vigésimo Quinto del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Autoridad informa gestiones. Vistos los oficios signados por el Delegado de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se le tiene informando las acciones realizadas a efecto de acatar el fallo protector emitido en este juicio de amparo; sin que se ordene efectuar requerimiento alguno a las autoridades responsables, en atención a que por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se proveyó tal aspecto. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Requiere cumplimiento. Visto el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días otorgado a las autoridades responsables mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, a fin de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio, sin que lo hubiese hecho; a pesar de estar debidamente notificadas (fojas 253 a 256). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta y por última ocasión a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, den cumplimiento al fallo protector, remitiendo al efecto copia certificada de las constancias con las que acrediten fehacientemente tal circunstancia. Apercibimiento. Apercibidas que de no cumplir con lo ordenado, continuar con una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante dejen el cargo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Autoridades informan gestiones. Agréguese a los autos el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se le tiene informando las acciones realizadas a efecto de acatar el fallo protector emitido en este juicio de amparo. Solicitud de prórroga. En atención a la diversa solicitud planteada, en el sentido de que se les otorgue a las autoridades responsables una prórroga de cuarenta y cinco días para dar cumplimiento al fallo protector emitido en este asunto, dígaseles que no ha lugar a acordar de conformidad tal solicitud, toda vez que se considera excesivo el plazo solicitado. En efecto, el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que la autoridad de amparo al hacer los requerimientos relativos al cumplimiento de la ejecutoria de amparo amplíe el término respectivo tomando en cuenta su complejidad o dificultad, sin embargo, se establece que éste debe ser un plazo razonable y estrictamente determinado. En el caso, el delegado de las autoridades responsables solicita una prórroga de cuarenta y cinco días atendiendo a que deben realizarse diversos trámites administrativos de conformidad con el artículo 58 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios. Sin embargo, si bien el referido precepto legal establece plazos determinados para resolver la solicitud de pensión respectiva, lo cierto es que en el caso resultan inaplicables los mismos, toda vez que no se está en el supuesto de un trámite ordinario que las autoridades responsables se encuentran obligadas a atender y seguir conforme a los términos contemplados en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios, sino que se trata de un cumplimiento a una ejecutoria de amparo que no admite demora alguna y cuyo acatamiento se rige por la Ley de Amparo y, por ende, por los plazos que se indican en ésta. Lo anterior, ya que el restablecimiento del derecho fundamental violado mediante la ejecución de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios, pues estimarlo de otra forma sería contrariar los fines del juicio constitucional alterando la jerarquía de las normas jurídicas; además de dejar al arbitrio de la autoridad responsable su acatamiento bajo el argumento que la legislación ordinaria establece plazos para su resolución. De ahí, que si justamente el fallo protector fue pronunciado con motivo de la vulneración al derecho de petición de la parte quejosa derivado de la inactividad procesal de las autoridades responsables, resultaría absurdo y contrario al cumplimiento de las ejecutorias de amparo que se otorgara un plazo de cuarenta y cinco días más para que las responsables acataran el mismo, puesto que legalmente en términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios, ha transcurrido en exceso el término con el que contaban para realizar todos los trámites necesarios para la resolución correspondiente. Por tal motivo, atendiendo a las particularidades del caso y a que deben realizarse diversos trámites administrativos, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, únicamente se concede una prórroga de diez días hábiles a las autoridades responsables para que acrediten fehacientemente el cumplimiento dado al fallo protector. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, continuar con una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante dejen el cargo. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Notifíquese en términos de ley.

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