Jacinto de Guadalupe Worbis Alonzo
Expediente 945/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 945/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Jacinto de Guadalupe Worbis Alonzo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO PRINCIPAL. Por este medio de lista se notifica a la parte QUEJOSA, el contenido de la resolución de DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, que dicen: Agréguese a los presentes autos los escritos de cuenta, signado por **** en su carácter de apoderado legal de ****, mediante el cual exhibe la constancia de notificación que contiene la resolución de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el procedimiento administrativo con número de expediente ****, por el Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, en el cual ordeno la liberación y entrega de la grúa marca ****. Por lo tanto, con fundamento en el numeral 119 de la ley en cita, se tienen como prueba de la parte quejosa la documental consistente en: Constancia de notificación que contiene la resolución de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el procedimiento administrativo con número de expediente ****, por el Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo. Misma que se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla al celebrar la audiencia constitucional. Asimismo, realiza diversas manifestaciones, las cuales advierte que en el caso que nos ocupa se encuentra actualizada la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, por lo que solicita sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento es preferente, al ser de orden público, por lo que es obligación del juez de amparo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que actualice el sobreseimiento en el juicio, analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es1. En el presente asunto, respecto al acto reclamado hecho valer por la parte quejosa consistente en la negativa de la autoridad responsable de fijar en efectivo en el procedimiento administrativo ****, a fin de le sea devuelta la grúa marca *****, y tal como lo hace constar la parte quejosa en su escrito en comento, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, en este caso, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la demanda de amparo se admitió, en la inteligencia de que, de acuerdo al escrito aclaratorio de demanda y lo precisado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, en síntesis se combare el acto reclamado consistente en: La negativa del Director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo de fijar garantía en efectivo en el procedimiento administrativo ****, a fin de que sea devuelta la grúa marca ******. Estos es, en esencia de lo que se duele la parte quejosa era la negativa a la devolución del vehículo de su interés. Del análisis de las constancias enviadas por el autorizado de la parte quejosa de su escrito de cuenta, se advierte que en proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento administrativo *****, la autoridad responsable resolvió que no se tiene por acreditada la infracción por el incumplimiento en lo dispuesto en el artículo 198, fracción VI, inciso a) de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, en virtud que el inspector adscrito a este Instituto, detecto al C. José Antonio Herrera Gallegos, prestando el servicio público de transporte de carga especializada sin contar con la concesión. Po lo tanto, ordeno liberar y que se entregue el vehículo de marca ******, al legítimo propietario de dicha unidad. Asimismo, mediante el escrito de cuenta ***** autorizado en términos amplios del quejoso, manifiesto bajo protesta de decir la verdad, que el vehículo mencionado en párrafos que antecede le fue devuelto en cumplimiento a la resolución de tres de noviembre de dos mil veintidós. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que la autoridad responsable se pronunció respecto a que no fue acreditada la infracción por incumplimiento en lo dispuesto en el artículo 198, fracción VI, inciso a) de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, por lo que ordeno liberar y que se entregue el vehículo de marca *****, al legítimo propietario, y en segundo lugar, el autorizado de la parte quejosa en su escrito de cuenta manifestó bajo protesta de decir la verdad que dicha unidad ya fue entregada al quejoso. En consecuencia, toda vez que fue ordenado y entregado el vehículo de marca ****, al quejoso ****, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que se alegó por esta vía; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional el día doce con diez minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
- Incidental
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 144 y 146, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ****, por conducto de su apoderado legal, contra actos del Director del Instituto de Movilidad del estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, consistentes en la negativa del Director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo de fijar garantía en efectivo en el procedimiento administrativo ****, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta interlocutoria.
- Incidental
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual rinde informe previo, la autoridad siguiente: Director de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo en sustitución del Director General. 14473 En consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia respectiva.
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