Jacinto de Guadalupe Worbis Alonzo

Expediente 879/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 23 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
879/2015
Año
2015
Actuaciones
23
Última actuación
12/08/2016

Partes del expediente

  • Jacinto de Guadalupe Worbis Alonzo
  • Director General del Centro S.C.T. Quintana Roo
  • JACINTO DE GUADALUPE WORBIS ALONZO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, quien sería la única legitimada, interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veintiuno de julio de dos mil dieciséis, dictado en el juicio en que se actúa, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales. En razón de ello, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proceda a solicitar la devolución de los documentos que exhibió en estos autos, con el apercibimiento que de no hacerlo así, podrán ser depurados junto con el expediente. Por otra parte, toda vez que de la segunda de las certificaciones de cuenta, se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción II, del referido acuerdo, se establece que después de transcurridos cinco años este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído fuera de audiencia. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en representación del Coordinador General de Centros S.C.T., con residencia en Ciudad de México, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento inmerso en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 318 y 319), remite copia certificada de las constancias que integran el recurso de revisión hecho valer por el quejoso respecto del oficio SCT.6.22.1.901/2015 de veintinueve de octubre del año próximo pasado. En tal virtud, agréguese a los autos, únicamente para que obre como legalmente corresponda, el telegrama de cuenta remitido por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en representación del Coordinador General de Centros S.C.T., mediante el cual informa las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al requerimiento precisado en el párrafo que antecede. Por otra parte, cabe señalar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del Juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.". Ahora, conviene precisar que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con la causal de sobreseimiento a que se refiere la fracción V del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. [.]. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Sin duda, de los preceptos y fracciones transcritas válidamente se puede establecer que el juicio de amparo deviene improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Así, resulta pertinente destacar que en el presente asunto, Jacinto de Guadalupe Worbis Alonzo reclamó lo siguiente: El acuerdo de uno de diciembre de dos mil quince, emitido por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro S.C.T., Quintana Roo, mediante el cual se negó la suspensión respecto del acto recurrido, consistente en la resolución emitida el veintinueve de octubre del año próximo pasado, mediante oficio SCT.6.22.1.901/2015, en el que se determinó el rol de servicios de arrastre y salvamentos de vehículos correspondientes a la zona sur del Estado de Quintana Roo. Por su parte, la autoridad responsable Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro S.C.T. Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado, adjuntando copia certificada del expediente administrativo del rol de servicios de arrastre y salvamentos de la zona sur del Estado de Quintana Roo, contenido en el oficio S.C.T.6.22.1.901/2015 de veintinueve de octubre de dos mil quince. Mediante proveído de treinta de junio pasado (fojas 450 y 451) se tuvo a la autoridad responsable remitiendo copia certificada del oficio S.C.T.6.22.1.136/2016 de uno de marzo de este año, del que se advierte que se dejó sin efectos el diverso S.C.T.6.22.1.901/2015, este último materia del recurso de revisión en el que se negó la suspensión que en esta instancia se reclama de inconstitucional. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En ese orden, como se ya se dijo, se estima notoria, manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, toda vez que aun subsistiendo el acto reclamado [el acuerdo de uno de diciembre de dos mil quince, en el cual se negó la suspensión al aquí quejoso respecto de la resolución emitida el veintinueve de octubre de dos mil quince], ésta no puede surtir efecto legal o material alguno, pues como se desprende del oficio S.C.T.6.22.1.136/2016 de uno de marzo de este año, se dejó sin efectos el diverso S.C.T.6.22.1.901/2015 de veintinueve de octubre de dos mil quince, respecto del cual emana el acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de dos mil seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad.". En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXII del artículo 61 de la ley de la materia. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de julio de dos mil dieciséis. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conviene precisar, que no es óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho de que no se haya emplazado al tercero interesado "Grupo Automotriz Riviera, Sociedad Anónima de Capital Variable", ya que al haberse actualizado la causal de improcedencia antes analizada, se produjo el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, determinación que en nada perjudica a dicho tercero interesado. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio, debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada.".

  3. Principal

    (CITATORIO) (auto) Toda vez que la parte tercero interesada no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de veintiséis de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintiuno de julio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en representación del Coordinador General de Centros S.C.T., con residencia en Ciudad de México, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento inmerso en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 318 y 319), remite copia certificada de las constancias que integran el recurso de revisión hecho valer por el quejoso respecto del oficio SCT.6.22.1.901/2015 de veintinueve de octubre del año próximo pasado. En tal virtud, agréguese a los autos, únicamente para que obre como legalmente corresponda, el telegrama de cuenta remitido por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en representación del Coordinador General de Centros S.C.T., mediante el cual informa las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al requerimiento precisado en el párrafo que antecede. Por otra parte, cabe señalar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del Juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.". Ahora, conviene precisar que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con la causal de sobreseimiento a que se refiere la fracción V del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. [.]. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Sin duda, de los preceptos y fracciones transcritas válidamente se puede establecer que el juicio de amparo deviene improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Así, resulta pertinente destacar que en el presente asunto, Jacinto de Guadalupe Worbis Alonzo reclamó lo siguiente: El acuerdo de uno de diciembre de dos mil quince, emitido por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro S.C.T., Quintana Roo, mediante el cual se negó la suspensión respecto del acto recurrido, consistente en la resolución emitida el veintinueve de octubre del año próximo pasado, mediante oficio SCT.6.22.1.901/2015, en el que se determinó el rol de servicios de arrastre y salvamentos de vehículos correspondientes a la zona sur del Estado de Quintana Roo. Por su parte, la autoridad responsable Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro S.C.T. Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado, adjuntando copia certificada del expediente administrativo del rol de servicios de arrastre y salvamentos de la zona sur del Estado de Quintana Roo, contenido en el oficio S.C.T.6.22.1.901/2015 de veintinueve de octubre de dos mil quince. Mediante proveído de treinta de junio pasado (fojas 450 y 451) se tuvo a la autoridad responsable remitiendo copia certificada del oficio S.C.T.6.22.1.136/2016 de uno de marzo de este año, del que se advierte que se dejó sin efectos el diverso S.C.T.6.22.1.901/2015, este último materia del recurso de revisión en el que se negó la suspensión que en esta instancia se reclama de inconstitucional. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En ese orden, como se ya se dijo, se estima notoria, manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, toda vez que aun subsistiendo el acto reclamado [el acuerdo de uno de diciembre de dos mil quince, en el cual se negó la suspensión al aquí quejoso respecto de la resolución emitida el veintinueve de octubre de dos mil quince], ésta no puede surtir efecto legal o material alguno, pues como se desprende del oficio S.C.T.6.22.1.136/2016 de uno de marzo de este año, se dejó sin efectos el diverso S.C.T.6.22.1.901/2015 de veintinueve de octubre de dos mil quince, respecto del cual emana el acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de dos mil seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad.". En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXII del artículo 61 de la ley de la materia. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de julio de dos mil dieciséis. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conviene precisar, que no es óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho de que no se haya emplazado al tercero interesado "Grupo Automotriz Riviera, Sociedad Anónima de Capital Variable", ya que al haberse actualizado la causal de improcedencia antes analizada, se produjo el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, determinación que en nada perjudica a dicho tercero interesado. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio, debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada.".

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, mediante el cual acusa recibo del exhorto 144/2016, orden 173/2016, derivado del juicio de amparo en que se actúa.

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