Jacinto de Guadalupe Worbis Alonzo

Expediente 860/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
860/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
18/08/2021

Partes del expediente

  • Jacinto de Guadalupe Worbis Alonzo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de diez de agosto en curso se dio vista a la parte quejosa, de lo que informó la autoridad responsable sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así mismo, en el referido auto se apercibió al quejoso que de no hacer manifestación alguna dentro del término que se le concedió, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Ahora bien, la notificación del acuerdo de mérito, se hizo personalmente a la parte quejosa el once de agosto del año en curso; por lo que a la fecha ha fenecido el término de tres días hábiles que se le concedió para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que lo hiciera. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra cumplido o no. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En el caso, el trece de julio de dos mil veintiuno se firmó la sentencia en este asunto, en la cual, en su segundo punto resolutivo, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Titular de la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán y del agente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Humberto Solís Tellez, ambos con residencia en esta capital, para el efecto siguiente: "... que la responsable la deje insubsistente, así como todas las consecuencias legales de tal infracción (multa contenida en boleta de infracción 681807), esto es, deberá devolver la cantidad que se hubiera pagado con motivo de la multa aludida." Posteriormente, por auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo, las nombradas autoridades responsables, mediante oficios relacionados en autos de cinco y diez de agosto del año en curso, informaron y acreditaron con las constancias conducentes, que se dejó insubsistente la boleta de infracción 681807, y se devolvió a la parte quejosa la cantidad que había pagado con motivo de la referida multa. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de ahí que se consideren destruidos los actos que se les atribuyeron, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el inciso b), del artículo 18, del Acuerdo General sin número, de veintitrés de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es depurable. Lo anterior, en virtud de que se trata de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa del oficio de cuenta y del diverso relacionado mediante proveído de cinco de agosto en curso, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos corresponda. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por el Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en estos autos. Al respecto, resérvese acordar lo que legamente corresponda, en tanto el agente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Humberto Solís Tellez, informe lo relativo al cumplimiento dado por su parte a la sentencia de mérito. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de julio de dos mil veintiuno. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera interpuesto recurso de revisión contra la sentencia firmada el trece de julio de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en su punto resolutivo primero, negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión; y en el segundo, lo concedió contra los actos reclamados del Titular de la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán y agente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Humberto Solís Tellez, ambos con residencia en esta capital. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a las nombradas autoridades responsables para que cumplan con la ejecutoria de mérito, restituyendo al agraviado en el goce del derecho humano violado, como lo dispone el artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $8,962.00 (ocho mil, novecientos sesenta y dos pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

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