Jacinto Alcocer Castillo
Expediente 420/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 420/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jacinto Alcocer Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 1464, signado por la el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Valladolid, mediante el cual acusa recibo de la misiva que le fue remitida a dicha autoridad, a efecto de notificarle la sentencia definitiva dictada en autos el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Sin que al caso exista necesidad de emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintidós, se decretó que la sentencia de treinta y uno de marzo que sobreseyó el juicio, causó ejecutoria para todos los efectos legales. Notifíquese.
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Mérida, Yucatán, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la determinación señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos la totalidad de los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó la sentencia de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que dicha resolución sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables, siendo que en relación dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrán interponer recurso de revisión en contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que su acto subsista. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
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SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... V I S T O S para resolver el presente juicio de amparo indirecto número +++, promovido por Cinthia Duarte Farfán en contra del acto que reclama de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta Entidad, turnado el día ocho siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Cinthia Duarte Farfán, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que atribuye a la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, la cual se registró con el número 2110/2021-V-A; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, se emplazó a la parte de tercero interesada, y solicitó a la responsable su informe justificado; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa fundamentalmente reclama de la responsable: La resolución de doce de octubre de dos mil veintiuno, dictada en autos del toca penal 58/2021, por medio del cual se revocó el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 78/2021, por el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y decretó auto de vinculación a proceso en su contra, por la comisión de los hechos que la ley tipifica como el delito familiar (2). TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; toda vez que así lo manifestó la Magistrada Tercera y Presidenta al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe de ley. CUARTO. Causales de improcedencia. Resulta de explorado derecho que las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente y aún de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 814, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas 553 y 554, del tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Por tanto, al no actualizarse alguna causa de improcedencia que se advierta de oficio o que la hagan valer las partes, se estudia la constitucionalidad del acto reclamado, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación por no existir precepto legal que lo obligue, ni ordenarlo así el artículo 77 de la Ley de Amparo, pues, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, es innecesaria dicha transcripción. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, Mayo de 2010, tesis 2a./J.58/2010, en la página 830, materia Común, de la Novena Época, que literalmente dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la Litis Constitucional. Resultan infundados los conceptos de violación, expuestos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En la especie, la parte impetrante del amparo, aduce que la Sala responsable al revocar la resolución decretada por el juez de control en la que no la vinculó a proceso por el delito de violencia familiar, transgredió sus derechos fundamentales, pues aduce vulneró el principio de legalidad y seguridad jurídica, en relación a la fundamentación y motivación que debe revestir toda determinación judicial. En este contexto, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se prevén los requisitos que debe contener, pues disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aún y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicado en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160331, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Aplica al caso concreto la jurisprudencia: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación." (Décima Época. Registro: 160330. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3. Materia(s): Penal. Tesis: XVII.1o.P.A. J/25 (9a.). Página: 1942). En conclusión, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realiza el Agente del Ministerio Público, para sostener la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. Así, una vez analizados los motivos de inconformidad que vierte la solicitante del amparo, y confrontados con las consideraciones de la Sala responsable para revocar el auto de no vinculación a proceso, se concluye como ya se dijo, que los mismos devienen infundados. Es el caso, que de las constancias remitidas por la responsable, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado: Que en audiencia de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, decretó la no vinculación a proceso a favor de Cinthia Duarte Farfán por el delito de violencia familiar (2). En contra de dicha determinación, tanto la fiscal adscrita a ese juzgado como el denunciante, interpusieron recurso de apelación, siendo que en sus agravios argumentaron la inexacta apreciación y valoración de los datos de prueba expuestos en la audiencia inicial. Es el caso, que el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, la Sala responsable admitió el recurso interpuesto, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia correspondiente. El doce de octubre de dos mil veintiuno, la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, resolvió el toca penal 58/2021, formado por los aludidos recursos, en el que estimó fundados en esencia los agravios expuestos por las recurrentes y revocó el auto de no vinculación a proceso decretado el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno; y decretó auto de vinculación a proceso en contra de Cinthia Duarte Farfán, por el delito de violencia familiar (2), previsto y sancionado por el artículo 228 del Código Penal del Estado, en relación con el 30 y 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, denunciado por Marco Antonio Villegas Sierra. Esta resolución constituye el acto reclamado. Primeramente, conviene traer al caso, que en la audiencia de trece de mayo de dos mil veintiuno, ante el Juez de Control, la fiscalía formuló imputación en relación a los siguientes hechos: "Que la imputada procreó con el denunciante a los menores de edad E.I.V.D. y N.I.V.D., quien en la época de la denuncia, el primero contaba con nueve años de edad, y el segundo con cinco años de edad, siendo que desde finales del año dos mil quince al veintidós de enero de dos mil dieciocho, ejercía violencia contra dichos menores, ya que ejercía actos de poder dirigidos para dominar, controlar y agredir de manera física y psicológica a los menores, siendo que les pegaba en las pompas con una hombrera la cual se utiliza para colgar ropa y además con una cuchara que utiliza para hacer hot cakes, todo lo anterior, mientras habitaba en el predio ubicado en la calle veintiuno, letra A1, número quinientos treinta y ocho, entre cincuenta y seis, del fraccionamiento Gran Santa Fe, de esta ciudad de Mérida." Luego, en la propia audiencia la fiscalía, expuso los datos de prueba en los que basó la formulación de la imputación, de los cuales se desprenden: La denuncia emitida por el denunciante Marco Israel Villegas Sierra, de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, quien es padre de los menores agraviados y quien manifestó que al convivir con sus hijos menores de iniciales N.I.V.D. y E.I.V.D. los sábados, le expresaran que le tienen miedo a su mamá, que su mamá los maltrataba ya que les gritaba mucho, que le decía cosas al menor de iniciales E.I.V.D. como que es una niña; que el sábado veinte de octubre de dos mil dieciocho le dijo el menor que su mamá de manera altanera y gritando le había dicho que se joda porque se le había olvidado su paladar en casa de un amiguito. Que el menor de iniciales E.I.V.D. le refirió que le dolía mucho que su madre le dijera eso, que tenía miedo que su madre al alterarse le pegara con una hombrera, ya que anteriormente lo había hecho, que un día le habló mediante videoconferencia y le estaba mostrando la hombrera, siendo que su mamá lo vio y cortó la comunicación; que desde eso ya no dejA la imputada que los menores se comunicaran con el denunciante. Señaló además que el menor de iniciales N.I.V.D le había manifestado que a él le había golpeado con una cuchara. Diversa comparecencia del denunciante de fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve, en la que manifestó que en fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, la imputada se llevó a sus hijos del domicilio conyugal ubicado en el Fraccionamiento Gran Santa Fe y se fue con sus hijos a habitar al predio de la calle setenta y ocho, número cuatrocientos cincuenta y cinco entre cuarenta y nueve y cincuenta y uno del centro, el cual es el domicilio de los padres de la imputada. Manifestó el denunciante que convivía con los niños los fines de semana y ellos le referían que no querían regresar con su madre a la casa de sus abuelitos, sin embargo, cada que les preguntaba a sus hijos no decían el motivo, únicamente los veía temerosos pero ya no decían nada, por lo que no sabía el motivo ni las razones. Que el veinte de octubre de dos mil dieciocho, sus hijos decidieron referirle la violencia que ejercía la imputada hacia ellos, que el menor de iniciales E.I.V.D. le dijo que su madre de manera altanera y gritando le dijo que se joda ya que había olvidado su paladar en casa de su amiguito con el que estudiaba. También refirió el denunciante que el menor E.I.V.D. le habló por videoconferencia el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho y le mostró una hombrera, que le dijo que con ella le había pegado la imputada en ambas piernas y nalgas, que recuerda que le preguntó porque le pegó en esa ocasión pero no le alcanzó a decir el motivo ya que la inculpada en ese momento cortó la llamada. Que desde esa fecha evitó que tuviera contacto con los menores por esa vía. De igual manera el menor de iniciales N.I.V.D. le refirió al denunciante que también lo golpeaban con una cuchara de madera en las piernas y nalgas o donde alcanzara su mamá, siendo más seguida esta situación al menor de iniciales E.I.V.D., quien también manifestó el denunciante que la violencia que sufrían sus hijos igual sucedía cuando se encontraban en su domicilio. Que por cuestiones laborales sus empleadas de nombre María Marlene Uicab Várguez y María Cielo Ovando son las que presenciaban los hechos ya que eran las que convivían con sus hijos y tienen conocimiento, que desde que comenzaron a trabajar ellas observaron como trataban a los niños;que María Cielo comenzó a trabajar a finales de dos mil quince y María Marlene en el dos mil dieciséis, mismas personas a quienes Cinthia había contratado para apoyarla en el cuidado de los menores y la labor del hogar. Acta de entrevista de los menores E.I.V.D. y N.I.V.D. de donde se desprende:Que el menor de iniciales E.I.V.D. refirió entre otras cosas que tiene nueve años, que vive con su madre y sus abuelitos maternos, que le gustaría ver a su papá más tiempo y que le gustaría quedarse a dormir con él porque su mamá, una vez que fue al dentista y después a la casa de un amigo, olvidó en casa de su amigo su paladar, y que cuando se lo dijo a su mamá ella le dice que se joda; también dijo que cuando se porta mal su mamá se molesta demasiado y en una ocasión le dio cinco hombrerazos, es decir, que agarró una hombrera o gancho para ropa y lo golpeó cinco veces, que no recuerda el día exacto pero fue antes de ir al cumpleaños de su primo Barocho, que quiere vivir con su papá porque su mamá le grita mucho, que su abuelitos lo tratan bien pero que no le gusta como su mamá lo trata.Que el menor de iniciales N.I.V.D. manifestó entre otras cosas, que tenía cinco años de edad, que vive con su mamá, abuelitos y su hermano de inicial E.I.V.D., que su mamá le grita cuando se porta mal ya que su hermano y él a veces se pelean; que no recuerda cómo le grita, ya que solo menciona que le grita, que su mamá también le ha pegado con una pala, con esas con las que se hace hot cakes, esa que parece cuchara, y que le pega en las pompas y que también le pega con una hombrera.Que se le cuestionó al menor que significa hombrera y mencionó que es donde se cuelga la ropa, que es de plástico, y que con él su mamá le pega en las pompas. Acta de entrevista de María Marlene Uicab Vargas de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, en la que manifestó, que desde hace aproximadamente tres años conoce al denunciante, que la señora Cinthia Duarte Farfán maltrata a sus hijos de iniciales N.I.V.D. y E.I.V.D., que lo sabía porque trabaja fija de nueve de la mañana a dieciocho horas haciendo labores en la casa de la señora Cinthia, ubicada en la Colonia Gran Santa Fe; que Cinthia le achocaba la comida al menor de inicial E.I.V.D. cuando no quería comer y que luego el niño se iba a vomitar al baño; que recordaba que en general la imputada maltrataba al niño más grande, es decir, al de inicial E.I.V.D., sin embargo, cuando ambos niños se portaban mal, con la pala de cocina, de madera, les daba en las nalgas, les decía que se bajaran su short o pantalón y les pegaba, no solo cuando se portaban mal sino todo el tiempo, y ambos niños le tenían mucho miedo a su madre, aunque el niño más grande de inicial E.I.V.D. le tenía más miedo, y que todo esto ha ocurrido desde que ella ha estado en esa casa, es decir, desde hace tres años aproximadamente. Señaló, que también le gritaba al de iniciales E.I.V.D. diciéndole que era una niña y éste lloraba por los regaños, que el menor E.I.V.D. recibe muchos reportes en la escuela porque le pegaba a sus compañeros y al preguntarle porque lo hacía, él decía porque quería ser como su mamá; que la señora Cinthia es una persona muy violenta con sus hijos y con todas las personas en general. Que actualmente trabaja de entrada por salida, es decir de diez a dieciséis horas en la casa del denunciante haciendo labores de limpieza y que desde hacía dos semanas aproximadamente el señor está cuidando a sus hijos. También mencionó que la imputada le pegaba a sus hijos y el señor no lo veía ya que los niños llegaban de la escuela a las catorce horas y el señor se iba a trabajar a las quince horas; que no le decía nada al denunciante porque tenía miedo que la señora Cinthia la corriera; que la señora Cinthia se fue con los niños de la casa donde vivía con el denunciante a casa de sus padres y que aunque la señora se fue de la casa ella seguía trabajando en la casa de Santa Fe. Diversa comparecencia de María Marlene Uicab Vargas de fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve, en la que mencionó y aclaró: Que trabaja de lunes a viernes en un horario de nueve horas a dieciocho horas en el predio de la calle veintiuno A uno, número quinientos treinta y ocho, por cincuenta y seis, del Fraccionamiento Gran Santa Fe, que la imputada la contrató de manera verbal siendo que trabaja desde el dos mil dieciséis en dicho predio; que la violencia que ejercía la imputada en los niños lo realizaba siempre en la hora de la comida cuando el menor de iniciales E.I.V.D. decía que no quería comer y cuando el denunciante no quería comer o se quitaba temprano; que esto sucedió desde que vivían como familia, que lo presenciaba ya que se dedicaba a la limpieza y que en el momento en que se encontraba en la cocina la cual se encuentra seguida del comedor. Que en varias ocasiones vio que la imputada agarraba la comida y se la metía en la boca al menor E.I.V.D. a la fuerza; que al referirse que le pegaba en la pompa con la pala de madera se lo hacía al menor E.I.V.D., por lo mismo que no quería comer. Que una ocasión, sin recordar la fecha exacta, pero desde el dos mil dieciséis, estaba en la casa y siempre había sido así la señora con los niños; que siempre había tratado mal y de esa manera a los niños; que cuando el denunciante estaba en la casa ella no regañaba a los niños. Que a mediados del año dos mil dieciocho escuchó que la imputada a la hora de la comida comenzó a regañar al menor E.I.V.D. y escuchó que le pidiera entrara al cuarto de estudios, lo cual vio, que ya que entraron, el menor comenzó a llorar y escuchó como la imputada le pedía que se bajara el short para que le pagara; que solo escuchaba los llantos del niño, que lo que presenciaba siempre se lo hacía al menor de iniciales E.I.V.D., que al menor de iniciales N.I.V.D. cuando empezaban estas situaciones se encontraba en su cuarto con su nana Cielo y no salía, que a él casi no lo agredía porque estaba más pequeño, que sólo en ocasiones escuchaba que le gritara que se portara bien y que hiciera lo que ella le pedía, pero que no lo hacía como una llamada de atención, sino con gritos en tono amenazante, lo cual asustaba al menor de iniciales N.I.V.D. y ella lo dejaba de hacer. Que una ocasión escuchó que el menor N.I.V.D. comentó que su mamá también le había pegado con una hombrera y con una pala en sus pompas pero no refirió nada más. Entrevista de María Cielo Ovando, en la que manifestó en fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho: Que aproximadamente hacía tres años que conocía al denunciante ya que trabaja con él, ya que es la niñera de los niños en el Fraccionamiento Santa Fe, primera sección de Caucel, que desde que entra a trabajar aproximadamente en el año dos mil quince, no recordando la fecha exacta, ella notaba que la imputada era muy violenta con los hijos, es decir con el menor de iniciales E.I.V.D. de nueve años y con el menor de iniciales N.I.V.D. de cinco años. Que ella trabajaba con los menores desde las quince horas hasta las veintiún horas de lunes a viernes y a veces iba los sábados o domingos cuando ellos le pedían que fuera, por lo que veía la violencia que su mamá ejercía sobre los niños; que la imputada les pegaba con una pala de madera en sus nalgas y también les pegaba con un gancho de ropa en su espalda o sus brazos ya que ella lo veía. Que cuando el menor N.I.V.D. se enfermaba la imputada salía de su casa y no decía a donde iba, dejaba solo al menor con ella y con su papá, que la inculpada no le daba la atención debida a sus hijos ya que no estaba pendiente de ellos, ella salía todas las mañanas al gimnasio y en la tarde se iba a sus clases, que la imputada le gritaba a sus dos hijos, pero que le gritaba más al menor de iniciales E.I.V.D., que cuando hacía la tarea le decía que es un tonto y que parecía niña, ya que el menor de iniciales E.I.V.D. no podía hacer la tarea; y que cuando los niños no querían comer algo que no les gustaba también les gritaba, por lo que la imputada los obligaba a comérselo y eso hacía que los niños vomitaran dicha comida. Diversa comparecencia de tres de septiembre de dos mil diecinueve, en la que María Cielo Ovando aclaró: Que siendo finales de dos mil quince ella entró a laborar a casa de la imputada en el predio de la calle veintiuno letra A uno, número quinientos treinta y ocho, por cincuenta y seis, del Fraccionamiento Gran Santa Fe, que quien la contrató y le pagaba es la imputada; que luego entró a trabajar en la casa a hacer labores de limpieza María Marlene Uicab Várguez (sic), que su horario en la casa era de las tres de la tarde a las ocho de la noche de lunes a viernes y los sábados a partir de las cinco de la tarde. Que los sábados era muy rara la ocasión que fuera, que sabe que la imputada era violenta con los niños, lo cual notó desde que entró a trabajar desde finales de dos mil quince; ya que a la hora de la comida obligaba al menor de inicial E.I.V.D. a comer la comida, y éste lloraba mientras ella lo obligaba, que esto sucedía las veces que el denunciante no estaba. También señaló que a la hora que los menores hacían las tareas los regañaba y le gritaba diciéndole que no llorara, que era una niña; que esto sucedía en una sala con una mesita que estaba en la parte de arriba y en algunas ocasiones en el comedor y en el área de la cocina. Igual, agregó que las agresiones de los niños fueron con una pala de madera que se utiliza en la cocina y en ocasiones con una hombrera, lo cual utilizaba para pegarle en las pompas o en cualquier parte del cuerpo, que igual esto pasaba cuando no querían comer. Que una ocasión vio cuando la imputada se llevó al menor E.I.V.D. al cuarto de estudios, que sólo ellos dos entraron y que únicamente escuchó que el menor lloraba y que ella le decía que se bajara el short, que no recuerda la fecha exacta en la que sucedió, sólo que fue en julio aproximadamente; que cuando le menor salió del cuarto estaba llorando. Que cada que el menor E.I.V.D. lloraba, el menor N.I.D.V. le pedía que se fuera al cuarto porque se asustaba y no le gustaba ver que lloraba su hermano ya que temía que a él le pagaran también; ya que le había comentado que en una ocasión también a él le había golpeado su mamá en sus pompas con una hombrera y en una ocasión con una pala igual en sus pompas, pero que no le dijo cuando fue. Que escuchaba que le gritara que se comportara bien y que hiciera lo que ella le pedía, lo cual hacía de manera violenta, es decir, gritando, lo cual asustaba a N.I.D.V. Dictamen psicológico realizado por el Psicólogo Luis Renán Salazar Novelo de la Fiscalía General del Estado al menor de iniciales E.I.V.D., en el que concluyó: Que el menor de edad presentaba alteraciones emocionales tales como miedo, tensiones, impulsividad, rigidez y evitación, mismos que se asocian con los hechos denunciados y recomendó se mantenga en observación y orientación al igual que comenzara terapias psicológicas para procurar la disminución y control de las alteraciones emocionales antes referidas y continuar con un buen funcionamiento en el desarrollo psicosocial del menor. Que podía advertir que sí presenta una afectación psicológica debido a los hechos denunciados, los cuales son los actos abusivos de poder que la imputada ejercía sobre ellos. De igual manera en este mismo dictamen psicológico, se puede advertir que al momento de ser entrevistado el menor, al ser cuestionado por el psicólogo, cuando le preguntan acerca de los sentimientos que tiene hacia su madre, refiere que le tiene miedo por que le pagaba y le insultaba y se siente tranquilo estando con su papá, que a su mamá no la quiere ver en el centro de convivencia, que cuando la ve se siente molesto porque lo maltrataba, le da miedo. Luego, de la resolución reclamada se desprende que la Sala responsable al momento de resolver: Estimó que la resolución emitida por el juez en turno del Juzgado Primero de Control adolece de un análisis con perspectiva de infancia acorde al principio del interés superior de la niñez. Asentó que contrario a lo resuelto por el Juzgador de Primera Instancia, del estudio de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, con enfoque del interés superior de la infancia, de la información escuchada en el debate, resulta suficiente por el momento para demostrar los hechos acusados y la probable responsabilidad de la acusada Cinthia Duarte Farfán en su comisión. Esto es, la Sala responsable apuntó que los indicios aportaron información que resulta eficaz para servir de sustento a la teoría fáctica de la Fiscalía Estatal, pues de su contenido emergen indicios razonables que permiten establecer que en el período y lugar señalados, la imputada Cinthia Duarte Farfán, ejerció actos abusivos de poder en contra sus hijos menores de iniciales E.I.V.D. y N.I.V.D., ya que les pegaba en las piernas, en las nalgas o donde alcanzara con una hombrera y con una cuchara de madera la cual utiliza para hacer hot cakes; así como les gritaba y los maltrataba mucho. Que también le decía al menor de iniciales E.I.V.D. que se joda porque había olvidado su paladar en casa de un amigo, le decía cuando hacía la tarea que era un tonto, que parecía una niña, le decía idiota, bruto, le insultaba cuando jugaba con su hermano a perseguirlo y le gritaba, lo que a la postre, pudiese acarrear daños inimaginables al entorno psicosocial de la esfera de las víctimas, datos importantes que son generadores de los actos abusivos de poder que actualizan los maltratos físicos y psicológicos que se encuentran inmersos en la descripción típica del hecho que la ley califica como el delito. Ahora bien, en el caso, la resolución impugnada emitida por la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, está apegada a derecho por las consideraciones siguientes. Primeramente, de los datos de prueba expuestos por la fiscalía, con los que sustentó su petición de vinculación a proceso, tal y como lo estimó la Sala (atendiendo a la etapa procesal en que se resuelve), se logra establecer que en el caso se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que la imputada, aquí quejosa, lo cometió. Resulta traer el caso, lo establecido en el numeral 228 del Código Penal del Estado, el cual a la letra establece: " Artículo 228. Comete el delito de violencia familiar, el cónyuge, concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, adoptante, adoptado o persona que mantenga o haya mantenido una relación de hecho o de pareja con la víctima, que ejerza cualquier acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera económica, física, patrimonial, psicológica o sexual, en contra de un miembro de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar. A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de dos a siete años de prisión y, en su caso, la pérdida del derecho de pensión alimenticia y la privación del régimen de convivencia, patria potestad, custodia o tutela según corresponda. Este delito se perseguirá por querella, salvo cuando la víctima se encuentre en estado de gravidez o durante los tres meses posteriores al parto; sea menor de dieciocho años de edad; mayor de sesenta años; o presente alguna discapacidad física o mental, total o parcial, temporal o permanente que le impida comprender el significado del hecho; o se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes; se cometa con la participación de dos o más personas; se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo; existan antecedentes, legalmente documentados, de violencia familiar cometidos por el mismo agresor contra la víctima; o exista imposibilidad material de la víctima de denunciar la violencia familiar ejercida en su contra. La violencia familiar podrá ser denunciada por cualquier persona que tenga conocimiento de este hecho o sea testigo de este. Para tal efecto, la víctima ratificará la denuncia dentro del término de diez días naturales posteriores a su presentación." Esto es, tal y como lo sostuvo la responsable, los datos de prueba en su conjunto, primordialmente, con la denuncia del padre, las declaraciones de los menores como víctimas directas, las entrevistas de María Marlene Uicab Varguez y María Cielo Ovando, y el dictamen psicológico del perito de la Fiscalía General del Estado; resultan idóneos y pertinentes para establecer razonadamente que desde finales del año dos mil quince, hasta el veintidós de enero de dos mil dieciocho, Cinthia Duarte Farfán ejercía violencia física y psicológica en contra de sus hijos menores E.I.V.D. y N.I.V.D., quienes en ese momento contaban con nueve y cinco años de edad, respectivamente, ya que les pagaba en las pompas con una hombrera y con una cuchara para hacer hot cakes, además de que les gritaba mucho. Que le decía al menor E.I.V.D, que se joda porque olvidó su paladar en casa de un amigo, y cuando hacía la tarea le decía que era un tonto, que parecía niña, que le insultaba cuando jugaba con su hermano a perseguirlo y le gritaba, por lo que, tal y como lo consideró la responsable, se tiene que la imputada atentó contra la dignidad de los menores E.I.V.D. y N.I.V.D. Además, de la resolución impugnada se desprende que la responsable debidamente analizó que en el caso se cumplieran con los requisitos para decretar un auto de vinculación a proceso. Esto es, por lo que respecta al primero de los requisitos, consistente en que se haya formulado imputación, lo tuvo por cumplido al advertir que en audiencia de trece de mayo de dos mil veintiuno, la fiscalía estatal formuló imputación a Cinthia Duarte Farfán, aquí quejosa. El segundo de los requisitos, consistente en que se le haya otorgado oportunidad a la imputada de declarar, también se cumplió en esa propia audiencia, en donde se reservó ese derecho. El tercero, consistente en que de los antecedentes de la investigación expuestos por la fiscalía, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión; también cumplió dicho requisito, pues analizó la imputación formulada por el Ministerio Público ante el juzgador de primera instancia, así como los datos de prueba expuestos, los que consideró idóneos, útiles y pertinentes para establecer con el estándar probatorio que en esta etapa se requiere, para corroborar la teoría del caso establecida por la fiscalía. Finalmente, cumplió con el cuarto y último de los requisitos, consistente en que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de delito, puesto que la misma asentó que no se encontraba demostrada, pues con los elementos aportados hasta esta etapa procedimental, no se advierte que la imputada sea inimputable, que la conducta que se le atribuye la haya ejercido con motivo de una causa justificada o en ejercicio de un derecho, o que su acción se encuentre amparada bajo un error invencible. Ahora bien, como conceptos de violación, la parte impetrante del amparo señala que la Sala responsable al revocar la resolución decretada por el juez de control transgredió sus derechos fundamentales, pues aduce vulneró el principio de legalidad y seguridad jurídica, en relación a la fundamentación y motivación que debe revestir toda determinación judicial. Resulta infundado su argumento, ya que contrario a sus manifestaciones, la Sala responsable sí fundamentó y motivó su resolución, pues por una parte fundó en el artículo 228 del Código Penal del Estado y los numerales 30 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en consonancia con el 19 Constitucional. Además asentó que el análisis del asunto se realizó con base en los criterios que esgrimen la impartición de justicia con perspectiva de la infancia, dado que el reconocimiento de la infancia como un grupo diferente al de las personas adultas, en virtud de las características estructurales propias de la persona, conlleva a un trato diferenciado para ésta. Enfatizó también, que el interés superior del niño, niña o adolescente es uno de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño; el cual, ha sido interpretado como el principio rector-guía de la misma, lo que significa que con base en él deben entenderse el resto de los derechos reconocidos en aquella. Que de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niños en "todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño"; de acuerdo con órganos de las Naciones Unidas, este principio incluye por una parte el derecho a la protección, lo que supone que todo niño, niña o adolescente sea protegido contra toda forma de sufrimiento, abuso o descuido incluidos el descuido físico, psicológico, mental y emocional; y por la otra la posibilidad de desarrollarse en forma armoniosa, es decir que tenga derecho a crecer en un ambiente armonioso y con un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Que de conformidad al Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afectan a niñas, niños y adolescentes, este principio exige que los Estados adopten activamente, en sus sistemas legislativo, administrativo y judicial, medidas para la protección y cuidado del niño, niña o adolescente aplicando el principio del interés superior de éstos al evaluar sistemáticamente cómo los derechos y los intereses de la infancia se ven afectados o se verán afectados por las decisiones y las medidas que adopten. También asentó, que el maltrato físico, sea leve, moderado o grave, que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, o cualquier castigo que busque menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar al menor de edad, constituye un castigo corporal y/o un trato cruel y degradante, que resulta incompatible con la dignidad y los derechos de los menores de edad a su integridad personal y a su sano desarrollo integral; por lo que la erradicación del castigo corporal y los tratos crueles y degradantes es una necesidad apremiante en nuestra sociedad, que vincula a no justificar tales conductas como método correctivo o de disciplina para la niñez, en ningún ámbito. Señaló, que en nuestro derecho interno, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de la niñez a un sano desarrollo integral, y en consonancia con ello, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13, fracciones VIl y VIll, reconoce los derechos de los menores de edad a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, así como a vivir una vida libre de violencia y a la integridad personal: mientras que el precepto 103 de la misma ley obliga a quienes ejercen la patria potestad, a protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación. De igual manera, asentó que en el corpus iuris internacional, entre otras fuentes, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 19, establece el derecho del infante a ser protegido contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras éste se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Que al respecto, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas en sus Observaciones Generales No. 8 y No. 13 definió al castigo corporal o físico como "todo castigo en el que se utilice la fuerza física y tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve". Por lo que los menores de edad deben gozar de una protección reforzada respecto de su integridad personal (psico-física) en orden a su sano desarrollo integral, que exige no justificar como método de corrección o disciplina, el uso deliberado y punitivo de la fuerza para provocarles dolor, molestia, humillación, o cualquier otra forma violenta, cruel o degradante con ese fin. Asimismo, "la frecuencia", "la gravedad del daño" y "la intención de causar daño", no son requisitos previos de las definiciones de violencia; que ello no significa rechazar el concepto positivo de disciplina promoviendo formas de crianza positivas, no violentas y participativas. Por otra parte, también señaló estar consciente de esta problemática sobre el castigo corporal y los tratos crueles y degradantes a niñas, niños y adolescentes, particularmente en México, donde históricamente se ha normalizado y aceptado tanto en los ámbitos familiares como de educación y readaptación de la infancia, lo que ha tenido consecuencias directas en la forma de asimilar la violencia que se vive en este país, por lo que, reconoció como apremiante la necesidad de erradicación de esas formas de disciplina. De ahí, que antes tales argumentaciones de la Sala, contrario a lo alegado por la parte quejosa, la resolución impugnada sí se encuentre debidamente fundada y motivada. Por otra parte, también como motivo de disenso, la impetrante del amparo aduce que en el caso, no se cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no se acredita el hecho que la ley señale como delito de violencia familiar a sus hijos menores de edad y su probable responsabilidad en dichos hechos; por lo que la responsable no realizó un análisis objetivo, racional de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, en relación a la forma específica de los hechos materia de imputación, pues no se precisó en qué consistía la violencia psicológica que ejerció sobre sus hijos. Resulta infundado su argumento, ya que en el sistema de justicia penal acusatorio, no se exige la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito, como se requería para la emisión de un auto de formal prisión, ni mucho menos la demostración de un delito como tal, sino únicamente se requiere que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Siendo que tampoco le asiste la razón en su argumento, relativo a que no se asentó de forma específica en qué consistía la violencia psicológica que ejerció sobre los menores, pues siempre se sostuvo que les pegaba, gritaba y los insultaba, lo que de suyo conlleva a la violencia psicológica que se le imputa, al inferirles temor. Esto es, con los datos de prueba expuestos por la fiscalía, en su conjunto, resultan idóneos y pertinentes para establecer razonadamente que la imputada desde finales del año dos mil quince al veintidós de enero de dos mil dieciocho, ejercía violencia contra los menores de edad E.I.V.D. y N.I.V.D., que procreó con el denunciante, quienes, el primero contaba con nueve años de edad, y el segundo con cinco años de edad. Que ejercía actos de poder dirigidos para dominar, controlar y agredir de manera física y psicológica a los menores, siendo que les pegaba en las pompas con una hombrera la cual se utiliza para colgar ropa y además con una cuchara que utiliza para hacer hot cakes, todo lo anterior, mientras habitaba en el predio ubicado en la calle veintiuno, letra A1, número quinientos treinta y ocho, entre cincuenta y seis, del fraccionamiento Gran Santa Fe, de esta ciudad de Mérida. Además en el caso no existen indicios que le resten credibilidad al dicho de la víctima, y que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. De ahí que devenga infundado su argumento, pues tal y como lo señaló la responsable, para dictar un auto de vinculación a proceso, basta establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de la participación del imputado en su comisión; pues el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito, sino que los datos de prueba resulten idóneos, útiles y pertinentes, para establecer, como ya se dijo, que en el caso, se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de violencia familiar (2) y que existe la probabilidad de que la quejosa participó en su comisión. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, lo sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis publicada en la página dos mil cuatrocientos sesenta y seis, del Tomo XXVIII, Octubre de dos mil ocho, Novena Época, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 168521, del rubro y texto siguientes: VIOLENCIA FAMILIAR. NO ES NECESARIO NARRAR PORMENORIZADAMENTE LOS HECHOS O ABSTENCIONES EN QUE CONSISTE CUANDO SE TRATA DE MENORES. En los casos de violencia familiar, física o psicoemocional contra un menor, no es aplicable la regla general de que en la demanda deben exponerse pormenorizadamente los hechos, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron porque son actos u omisiones que generalmente sólo conocen el agresor y el menor; lo cual no implica descartar que un tercero pueda presenciar ciertos actos o percibir ciertas omisiones que por inferencias hagan presumir razonablemente tal estado de las cosas. Así, el menor de edad no está en condiciones de proporcionar todos esos datos, por su grado de madurez, por temor, o precisamente porque quien intente la demanda en su nombre y representación no siempre está en condiciones de conocer y proporcionar todas las circunstancias de violencia familiar que puedan resultar. De ahí que, por excepción, en los casos de violencia familiar en que está involucrado un menor, basta que en la demanda se incluyan los hechos u omisiones de los que razonablemente pueda derivarse la violencia familiar, sin necesidad de precisar pormenorizadamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se den, pues la autoridad judicial, con la facultad que tiene tratándose de menores, podrá ordenar oficiosamente el desahogo de pruebas, de las que puedan aparecer actos u omisiones no mencionados en la demanda, que permitan determinar si el menor es o no objeto de violencia familiar. No obstante que la ausencia de datos precisos en la demanda pueda limitar al demandado en su contestación y defensa, o que las pruebas se ofrezcan y rindan en relación precisa con la litis establecida; pues la Constitución Federal, los tratados internacionales suscritos por México y la legislación nacional, están orientadas a que en las medidas concernientes a los menores se atenderá como una consideración primordial el interés superior del niño. Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis publicada en la página dos mil trescientos sesenta y nueve, del Tomo IV, Enero de dos mil dieciocho, Décima Época, Materia Constitucional, Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2016128, del rubro y texto siguientes: VIOLENCIA FAMILIAR. NO SE JUSTIFICA EN NINGÚN CASO COMO UNA FORMA DE EDUCACIÓN O FORMACIÓN HACIA EL MENOR, PUES CUALQUIER ACTO DE VIOLENCIA RIÑE CON LA DIGNIDAD HUMANA Y EL DERECHO DEL NIÑO A SER PROTEGIDO EN SU INTEGRIDAD PERSONAL. El artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho fundamental de los menores a un sano desarrollo integral; y de conformidad con los diversos numerales 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 13, fracciones VII y VIII, 57, 76 y 103, fracciones V y VII, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, éstos tienen derecho a ser protegidos en su integridad personal y su dignidad humana contra toda forma de violencia o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, particularmente cuando cualquiera de esas conductas provenga de quienes ejerzan la patria potestad, de sus representantes legales, o de cualquier persona o institución pública o privada que los tenga bajo su cuidado. Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, desde la Observación General No. 1, relativa al tema "Propósitos de la educación", señaló que el castigo corporal es incompatible con la educación, pues ésta debe impartirse de tal forma que se respete la dignidad intrínseca del niño y se permita expresar su opinión libremente; insistiendo en la necesidad de prohibir todas las formas de violencia, por leves que sean; además, en la Observación General No. 8, definió el castigo corporal o físico, como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, por leve que sea, e indica que hay otras formas de castigo que no son físicas, pero igualmente crueles o degradantes, e incompatibles con la Convención sobre los Derechos del Niño -como en los que se menosprecia, humilla, denigra, convierte en chivo expiatorio, amenaza, asusta o ridiculiza al niño-. Luego, si bien los padres u otros cuidadores tienen el derecho y el deber de educar o corregir a los hijos, dicha educación o corrección debe impartirse en un marco de respeto a la dignidad y los derechos de la niñez; de manera que ésta no puede utilizarse como argumento para propiciar una disciplina violenta, cruel o degradante, o para ejercer actos de violencia sobre los hijos, pues en la familia la violencia, en cualquiera de sus clases, física, psico-emocional, económica y sexual, no se justifica como una forma de educación o formación hacia el menor, ya que cualquier acto de violencia riñe con la dignidad humana y el derecho del niño a ser protegido en su integridad personal. Además, es importante destacar que el Comité referido no rechazó el concepto positivo de disciplina, pues incluso reconoció que la crianza y el cuidado de los menores, especialmente de los lactantes y niños pequeños, exigen frecuentes acciones e intervenciones físicas para protegerlos, pero aclaró que ello es totalmente distinto al uso deliberado y punitivo de la fuerza para provocar cierto grado de dolor, molestia y humillación, y destaca que no incumbe a la Convención sobre los Derechos del Niño, prescribir detalladamente de qué manera los padres deben relacionarse con sus hijos u orientarlos; sin embargo, sí ofrece un marco de principios que sirve de guía para las relaciones dentro de la familia, porque los niños aprenden lo que hacen los adultos, no sólo de lo que dicen, por ejemplo, cuando los adultos con los que están estrechamente relacionados, utilizan violencia y humillación en sus relaciones con los menores, no sólo están demostrando una falta de respeto por los derechos humanos, sino que además transmiten un mensaje poderoso y peligroso en el sentido de que ésos son medios legítimos para procurar resolver conflictos o cambiar comportamientos. También, como concepto de violación, la impetrante del amparo arguye que de las entrevistas a las testigos María Marlene Uicab Vargas y María Cielo Ovando, se deprende la existencia de contradicciones, además de que la relatoría de los actos de violencia son exactamente idénticos, circunstancias que aduce no fueron valoradas por la responsable a pesar de hacerlas valer por su defensa. Se duele que al no atender la responsable tales contradicciones, de fechas, modo, tiempo y lugar por parte de los atestos, así como la identidad de las declaraciones en relación al hecho de violencia (específicamente del golpe con la pala, cuchara), es evidente que dichos datos de prueba no son útiles ni pertinentes para sustentar un auto de vinculación a proceso. Resultan infundados sus argumentos, ya que, con independencia de las contradicciones en relación a las fechas, modo, tiempo y lugar, en las que incurrieron las testigos, las mismas no eximen la existencia de la conducta que se imputa a la hoy quejosa. Por tanto, tal y como lo sostuvo la responsable, dichas inconsistencias resultan irrelevantes para el plazo constitucional, dado el grado de certeza mínima que ordena un auto de vinculación, es decir, con la sola probabilidad del hecho; siendo que ambas atestes refirieron laborar en el domicilio conyugal ubicado en Gran Santa Fe, y las contradicciones en las que hubiesen incurrido no alteran la sustancia del hecho, relativa a que la imputada es una persona violenta y que trató mal a los menores E.I.V.D. y N.I.V.D. De igual manera, en relación a las contradicciones y circunstancias aducidas por el defensor particular en la resolución recurrida, en el sentido que demeritan los testimonios de las personas entrevistadas; la responsable acertadamente señaló que para el caso en concreto, de dichos datos de prueba se desprenden de manera mínima ciertos datos, hechos y acontecimientos vinculados con la violencia familiar, sin que sea imprescindible que lo hagan en forma pormenorizada precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron, porque aquéllos tienen implícita la característica de que pueden generar por conductas u omisiones ocurridas en diversos momentos, lo que aunado a la dinámica de la vida familiar común, provoca muchas veces no se acuerden de manera precisa o exhaustiva todas sus circunstancias, ya que pueden constituirse en un patrón de conductas generadas durante el tiempo. Así las cosas, se reitera que en congruencia con lo expresado por la Sala de apelación responsable, se tiene la convicción de que adversamente a lo pretendido por la quejosa, la responsable construyó una argumentación que suficiente que implica la justipreciación de los datos de prueba a los que se refirió la Ministerio Público en la audiencia oral correspondiente reseñados y, los cuales en su conjunto, estableció que eran bastos para acreditar la existencia del hecho antijurídico atribuido a la imputada Cinthia Duarte Farfán y de manera acorde, argumentó eran las razones necesarias por las que se pone de manifiesto la probabilidad de que la imputada, aquí quejosa, sea la persona que, como autor material, perpetró el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar. De ahí que correctamente concluyó la responsable que los datos de prueba sí devienen razonables y lógicos, aunado a que sí cuentan con la estimación jurídica que se requiere para efectos del dictado del auto de vinculación a proceso, porque en ese momento, se insiste, no es necesario acreditar o comprobar, únicamente que los datos sean obtenidos de manera legal y que a partir de su contenido se pueda advertir la existencia de un hecho que revista la característica del delito. Apoya lo anterior, lo sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en la tesis publicada en la página 2167, del Libro 39, Febrero de dos mil diecisiete, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2013695, del rubro y texto siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente. También como concepto de violación, la impetrante argumenta que el razonamiento esgrimido por el tribunal en el sentido de que si el hecho no lo refirió la fiscalía no puede darse como cierto el dato incorporado por el defensor, atenta contra el principio de contradicción; en relación a la objetividad en la cual se debe conducir el órgano técnico de acusación, pues señala que conforme al principio de lealtad y buena fe, es claro que las manifestaciones vertidas por las partes procesales son ciertas, máxime que no fueron controvertidas, con base en el principio de igualdad. Resulta infundada su dolencia, ya que, como quedó asentado, de los datos de prueba expuestos por la fiscalía se advierte la constante violencia ejercida a sus hijos por parte de la imputada, siendo que la defensa con sus argumentos, no demostró que los hechos que se imputan no existan o sean de otra manera. Esto es, sus manifestaciones no desvirtuaron los datos de prueba expuestos al formularse la imputación, además de que su análisis no es propio de esta etapa. Esto es, sus argumentos podrán ser motivo de investigación y será el Tribunal de enjuiciamiento, quien en su caso, ponderará las pruebas desahogadas ante ellos, para contar con elementos de prueba suficientes para dirimir la controversia planteada. Pues exigir una acreditación plena de información, en la investigación preliminar que lleva el Ministerio Público a la audiencia a través de la referencia a datos de prueba, implicaría una exigencia que rebasa la finalidad que persigue la etapa procesal en que se encuentra, pues de hacerlo, se estaría incurriendo en un error, al cargar de valor irrefutable la información recabada en la carpeta de investigación. Por otra parte, argumenta en relación a las entrevistas de los menores E.I.V.D. y N.I.V.D., que dichos datos de prueba deben excluirse, ya que la responsable realizó diversas argumentaciones con las que vulnera el principio de congruencia y exhaustividad que debe reunir toda determinación judicial, por el hecho de que no se hubiesen videograbado la participación de los menores y su declaración, pues no da seguridad jurídica ni permite establecer que los menores hicieron las referencias que señalan en el acta. Aduce que tomando en cuenta la edad de los menores, debe realizarse una prueba de capacidad, para saber si están conscientes de la verdad y la mentira, así como del modo, tiempo y lugar, aunado a que la responsable señaló que lo que se pretendió fue no revictimizar a los menores. Máxime que existe en una diversa carpeta de investigación una diligencia en la que los menores no refirieron maltrato alguno. Son infundados sus argumentos, ya que como acertadamente asentó la responsable, los modelos de sugerencia alegados por la defensa en relación a las buenas prácticas para el abordaje judicial de los menores víctimas, están diseñados para que a la par se cumpla con el debido proceso a favor de las personas investigadas o imputadas. También resulta imperante asentar, que previo a ser entrevistado el menor, fuer valorado psicológicamente, y se estableció que sí estaba en condiciones para declarar. Y si bien, como señala la parte impetrante del amparo, en el caso, de haberse videograbado la participación de los menores y su declaración, hubiese sido lo ideal; lo cierto es, que al no realizarse así, tampoco implica que lo asentado respecto a las manifestaciones efectuadas en sus entrevistas no sea valorado y que se excluya dicho dato de prueba. Ya que las entrevistas a los menores y el dictamen psicológico, se encuentran corroborados con los demás datos de prueba expuestos por la fiscalía, además de que no se cuenta con algún indicador que justifique que los menores hubiesen declarado falsamente en contra de su madre, hoy imputada. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis publicada en la página dos mil ciento sesenta, del Libro cincuenta, Enero de dos mil dieciocho, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Constitucional, Civil, con número de registro 2016041, del rubro y texto siguientes: "ENTREVISTA CON UN MENOR EN UN PROCESO JURISDICCIONAL. PARA LLEVARLA A CABO EL JUEZ DEBE PONDERAR LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO (INCLUSIVE SU SALUD), ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL INFANTE. El personal judicial receptor de la opinión de un menor de edad en un proceso jurisdiccional no sólo debe atender a su grado de madurez para ordenar que se lleve a cabo la entrevista, sino que deberá evaluar las circunstancias particulares del caso, incluyendo aquellas que limiten la participación del infante. Así, tratándose de litigios donde tenga que intervenir un menor con circunstancias particulares de salud, el Juez familiar debe advertir si requiere asesoría de un equipo multidisciplinario relacionado con sus padecimientos a efecto de conocer su situación real y las repercusiones que podría tener un encuentro directo con dicho juzgador, ya que, incluso, debe ponderar la posibilidad de que en lugar de que acuda al juzgado para la citada entrevista, sea él quien vaya a su encuentro con la prudencia suficiente para no causar alteraciones que lo afecten física o psicológicamente, pues no debe perder de vista que no se trata de una actuación rutinaria, meramente formal, por lo que deberá emplear mayores recursos humanos y materiales para lograr un encuentro eficaz, aguzando todos los sentidos para obtener datos relevantes que de verdad sirvan al proceso, pero principalmente útiles para el interés superior del menor involucrado, de tal suerte que las diligencias donde éste participe, en su caso, deberán estar debidamente preparadas por el juzgador familiar para que den los resultados esperados." Finalmente, se duele que respecto al análisis realizado a la pericial en materia de psicología, no se establecen argumentos lógico-jurídicos, por lo que al no tenerlos no puede desvirtuarlos, aunado a que no se tiene la certeza de que el menor declaró en los términos transcritos por el psicólogo. Resulta infundado su argumento, puesto que contrario a lo aducido por la quejosa, en dicho dictamen se estableció que el menor E.I.V.D. presentaba alteraciones emocionales como miedo, tensiones, impulsividad, rigidez y evitación, mismos que se asocian con los hechos denunciados, por lo que se recomendó se le mantuviera en observación y orientación, y que comenzara terapias psicológicas para procurar la disminución y control de las alteraciones emocionales. También se asentó que sí presentaba una afectación psicológica debido a los hechos denunciados, relativos a los actos abusivos de poder que efectuó la imputada sobre los menores; esto es, del mismo se desprenden secuelas psicológicas derivadas de la violencia ejercida por su madre. Siendo que, respecto a que no se tiene la certeza de que el menor declaró en los términos que asentó el especialista, tampoco existe indicio alguno que conlleve a excluir dicho dato de prueba al demostrarse lo contrario. Máxime que lo asentado en la pericial, resulta coincidente con las manifestaciones de las testigos, de los propios menores en sus entrevistas y en la denuncia. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, y ser correcta la ponderación de los datos de prueba que realizó la Sala responsable, deviene legal y constitucional el auto de vinculación a proceso decretado en contra de la aquí quejosa, consecuentemente, se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el pasado dos de octubre, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2022178, del rubro y texto siguientes: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Cinthia Duarte Farfán en contra del acto que reclama de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: intégrense en autos para que obren como corresponda, los informes justificados signados respectivamente, por el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y actuario de su adscripción, ambos con sede en Valladolid, así como el anexo que acompaña la primera de las citadas responsables. Al efecto, toda vez que mediante proveído de dieciséis de los corrientes se tuvieron por recibidos vía telegráfica los informes de mérito; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, únicamente dese vista a las partes con las constancias remitidas por el juzgador responsable y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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