J. Trinidad Perez Estrada
Expediente 55/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 55/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- J. Trinidad Perez Estrada
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído, HA CAUSADO ESTADO; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes; y con apoyo en el diverso 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso a), del capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, dado que no obran documentos originales, carece de valor institucional e histórico, ni es considerado de relevancia documental, conforme al Acuerdo General citado. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cinco de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; visto su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo informe justificado; con el mismo y con las constancias que remite, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. De las constancias que se reciben a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se acordó el escrito presentado el trece de noviembre de dos mil diecinueve, cuya omisión se reclama en sede constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas que acarrea la emisión de la referida determinación. En este contexto, previo a realizar el pronunciamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar correctamente el acto reclamado, atendiendo en su integridad la demanda de amparo y sus anexos, en congruencia con todos sus elementos, incluso con el informe justificado y la totalidad de las constancias que obran en el sumario. Lo anterior, encuentra fundamento por identidad de razón, en la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación u su Gaceta, Novena Época, del Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo rublo literalmente dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De igual forma, es aplicable la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, de la lectura integra al escrito de demanda y del análisis de los elementos a que hacen referencia las tesis invocadas, atendiendo además la causa de pedir, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito presentado en la oficialía de partes del tribunal laboral trece de noviembre de dos mil diecinueve, en el que solicitó se fijara fecha y hora para llevar a cabo el desahogo de la prueba de inspección de la actora en el juicio laboral 27/2019. Precisando que no son de estimarse como actos aquellos subsecuentes a los reclamados; toda vez que el análisis de éstos debe realizarse atendiendo a aquél que obstruya el cauce legal del procedimiento laboral de origen, en los términos y plazos previstos por la legislación obrera aplicable, en función de la etapa procesal en que éste se sitúa, atento a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley que rige la materia; y en ese sentido, debe tenerse como tal, el acto antes destacado sin que sea susceptible llegar hasta el desahogo de la audiencia conciliatoria, como lo pretende el inconforme. Se sostiene esta consideración en la tesis 2a. CV/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA Ja./J45/2007)". En ese sentido, de las constancias que remitió el Tribunal responsable en apoyo a su informe justificado, se aprecia que el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictó un proveído en el que entre otras acordó la promoción que presentó la parte actora por conducto de su apoderado el trece de noviembre de dos mil diecinueve y al efecto señaló fecha para que se tenga verificativo la prueba de inspección ofrecida por la parte actora, así también, proveyó lo necesario para el desahogo de las diversas de informe de autoridad, testimonial ofrecida por la parte demandada y tuvo por desierta la inspección ofertada por el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pungarabato, Guerrero. Por tanto, queda acreditado que la autoridad responsable emitió el acto cuya omisión se reclamó, puesto que la pretensión final del peticionario del amparo, fue que el tribunal obrero dictara el auto donde se señalara fecha para el desahogó de las pruebas en el juicio laboral 27/2019, lo que ya aconteció, por lo que es claro que cesó la omisión reclamada. En ese contexto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, el suscrito considera que en la especie sobreviene la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Ello es así, pues conforme al citado texto legal, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó vestigio en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa la jurisprudencia número 2ª./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De suerte que, como ya se explicó al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales transgredidos, imposibilita el examen constitucional de la retardación de justicia que tilda de inconstitucional, precisamente porque ese acto ya no invade la esfera jurídica del promovente al haberse dictado el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en el juicio del que emana el acto que se reclama, con ello, se cumple su pretensión al momento de promover el presente medio de control constitucional. De ahí que, en tal evento se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia; por tanto, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio constitucional y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Hágase saber lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes; y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno. Cabe precisar que no es obstáculo para tomar la determinación que antecede, el hecho de que a la presente fecha no se haya dejado transcurrir los ocho días a que se refiere el artículo 117, de la Ley de amparo para que las partes se impongan del informe y las constancias que remitió la autoridad responsable, puesto que la vista es para que éstas se encuentren en aptitud de conocer las razones que tuvo la autoridad para emitir el acto reclamado y en su caso, desvirtuar tanto el contenido del informe como las razones aludidas, sin embargo, al haber acordado el desahogo de las pruebas en el juicio laboral de origen que constituyen la fuente del acto reclamado y con ello haberse actualizado la causal de improcedencia invocada, no cabe la posibilidad de que se entre a su estudio de fondo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no es posible llevarla a cabo en razón de que no se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; habida cuenta que a la fecha no le ha sido entregado el oficio por medio del cual le fue requerido, en virtud de que dicha dependencia se encuentra cerrada con motivo de la contingencia de salud derivada del virus SARS- COVID-19, lo que es un hecho notorio para este órgano de control constitucional. Para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia de mérito y se reserva señalar nueva fecha hasta en tanto la mencionada autoridad sea notificada, a fin de evitar diferimientos innecesarios. Se reitera al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional, que en caso de que la autoridad responsable no haya reanudado labores con motivo de la suspensión decretada para hacer frente al problema de salud generado por el SARS-Cov-2 (COVID-19), haga entrega de los oficios que se generen en este asunto hasta en tanto reanude el servicio al público. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por conducto de su apoderado legal, ***********, personalidad que se le reconoce en términos de la constancia que al efecto anexa, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 55/2021; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al oficial administrativo encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al secretario le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda. Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni se advierte que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las ONCE HORAS DEL VEINTITRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, de conformidad con lo establecido en el artículo 115, de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. En relación con la celebración de la audiencia constitucional, a fin de privilegiar la salud del personal y de los justiciables, se hace la precisión que si bien, conforme al numeral 124 de la Ley de Amparo, las audiencias son públicas, éstas no están supeditadas para su desahogo a que deban comparecer las partes; de ahí que pueden verificarse aún sin su asistencia. En este tenor, se invita a las partes para que, de no ser absolutamente necesaria su asistencia presencial para la celebración de la audiencia, se privilegie la promoción de alegatos y, en su caso, de las pruebas correspondientes, por los medios escritos y electrónicos establecidos para tal efecto; no obstante lo anterior, si es su deseo comparecer por considerarlo necesario, deberán solicitarlo expresamente a efecto de proveer lo conducente y ordenar su preparación vía remota, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Lo anterior, en razón de que el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el tres de agosto de dos mil veinte, privilegia el trabajo a distancia, con el fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias para el desarrollo de la misma. En la inteligencia que de no manifestar expresamente su deseo de asistir a la celebración de la audiencia de mérito, una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, ésta se llevará a cabo sin su asistencia. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para no hacerlo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 231455, cuyo rubro dice: INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tomo I, Segunda Parte-1, Febrero a Junio de 1988, página 351). Se le apercibe que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Se le informa que las notificaciones le serán practicadas por medio de lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Hágase saber a las partes que en términos del arábigo 64, de la ley de la materia, están obligadas a informar de inmediato a éste órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del impetrante o de alguno de los terceros interesados, una vez que estén enteradas de tal hecho, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 242 y 251, de la Ley de Amparo. Asimismo, para que informen a este Tribunal Federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieran estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda, en términos de la fracción I, inciso b), del artículo 26 de la ley de la materia. Se tiene como tercero interesado al Ayuntamiento Municipal Constitucional De Pungarabato, Guerrero; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda efectúese su emplazamiento por medio de oficio que se le gire en el domicilio de su residencia oficial. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda, y dado que quien promueve es la parte trabajadora, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis a las personas que para tal efecto menciona. Por otra parte, como lo solicita, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza el acceso al juicio en que se actúa de manera electrónica, a Ana Laura Gatica Morales y Jesús Montalván Ramírez, con nombres de usuario Lic.analaura y licmonta, y en tal virtud, se ordena su alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). A fin de dar mayor agilidad al trámite del presente juicio se tiene como medio alternativo de contacto en caso de ser necesario los correos electrónicos j-montalvan@hotmail.com y any_nube@hotmail.com, y como números telefónicos 74 71 06 57 80 y 74 72 01 43 69, que la parte quejosa proporcionó en su escrito de demanda. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de su parte las documentales que anexa, con las cuales se dará nueva cuenta en la audiencia constitucional correspondiente. En términos de los artículos 22 y 28, del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, como son un correo electrónico o teléfono móvil; en caso de optar por transitar del sistema tradicional al juicio en línea, deberán cumplir con los requisitos que se encuentran enumerados en su diverso numeral 29. Se hace saber a las partes que en caso de que requieran consultar físicamente el expediente, deberán generar una cita, lo que podrán realizar entrando al Micrositio de Servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, disponible en el Portal de Servicios en Línea, de conformidad con lo previsto en el artículo 3, del citado Acuerdo General 21/2020. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º, en relación con el precepto 26, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lo que de ser este último caso deberán solicitarlo expresamente. En caso de que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán exhibirla o enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita a que se refiere el artículo 17 constitucional y con apoyo además en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento a la parte tercera interesada, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De igual forma se le instruye para que al realizar las notificaciones que surjan de este asunto, se ajuste a los lineamientos establecidos en el artículo 23, del citado Acuerdo General 21/2020. Igualmente para que de no haber reanudado labores la autoridad responsable por cualquier motivo, (COVID-19, entre otros), haga entrega de los oficios que surjan del presente juicio de amparo, una vez que ésta reanude el servicio al público. De conformidad con el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Finalmente, hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese por lista electrónica; personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado Federal.
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