J. Carmen Luna Zagala
Expediente 1065/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1065/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- J. Carmen Luna Zagala
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, residente en Querétaro, por medio del cual, envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial número 16/2023, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro; por tanto, agréguese a los autos el oficio y testimonio de referencia. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Existe conflicto competencial entre el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad y el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravos, Guerrero. SEGUNDO. Es competente para seguir conociendo del juicio de amparo promovido por J. Carmen Luna Zagala, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad, de conformidad con las razones expuestas en el considerando tercero de esta ejecutoria. TERCERO. Remítanse los autos a dicho órgano jurisdiccional; y, comuníquese esta ejecutoria al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con sede en Chilpancingo de los Bravos, Guerrero." Ahora bien, toda vez que ya fue determinada la competencia por el Tribunal de alzada, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, vistas las constancias del presente cuaderno de antecedentes, y toda vez que carece valor institucional histórico o no aporta mayores elementos al acervo archivístico, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, específicamente en el artículo 19, fracción I, inciso b), capítulo sexto, relativo a la destrucción de expedientes, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido seis meses años a partir del presente proveído, dado que no obran documentos originales, carece de valor institucional e histórico, ni es considerado de relevancia documental, conforme al Acuerdo General citado. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo de Circuito, residente en Querétaro, mediante el cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, el cual quedó registrado como conflicto competencial administrativo número 16/2023. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, con sede en Santiago de Querétaro, por medio del cual informa que planteó conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Penal del Vigésimo Segundo Circuito, residente en esa misma ciudad, a fin de determinar a qué Juzgado corresponde conocer de la demanda de amparo promovida por Carmen Luna Zagala, contra actos de la Fiscalía del Estado de Guerrero; de lo cual se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a once de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio número 22739/2023, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, con residencia en Santiago de Querétaro, mediante el cual remite por incompetencia el juicio de amparo 784/2023, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ********************contra actos de la Fiscalía del Estado de Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1065/2023; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial C encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo. En cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar y vincular al expediente electrónico, diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, en términos de la fracción II del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite tal circunstancia, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3º, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo; salvo aquéllas que se generen electrónicamente o mediante lista de acuerdos. De igual forma, las constancias de notificación de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente, deberán agregarse digitalizadas de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna, con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. En tanto que al Secretario(a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Ahora bien, la suscrita, respetuosamente no comparte el criterio adoptado por el juzgado declinante y por ende no se acepta la competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, por las razones que a continuación se precisan: La competencia es la facultad que tiene un órgano jurisdiccional para ejercer su jurisdicción en determinados asuntos y dentro de cierto territorio; así, un tribunal es competente para conocer de un asunto cuando, hallándose éste dentro del ámbito de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos. De este modo, la competencia por territorio es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, al que se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales. En el artículo 37 de la Ley de Amparo se establecen tres reglas fundamentales para determinar la competencia territorial de los jueces de distrito, atendiendo a la naturaleza de los actos que se reclaman: Cuando el acto requiera ejecución material, la competencia para conocer del juicio de amparo recaerá en el juez que ejerza jurisdicción en el lugar (territorio) donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Del mismo modo, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, el juez competente para conocer del juicio de amparo que se promueva en su contra será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Esto es, resulta de suma importancia, a efecto de definir la competencia territorial de los jueces de distrito, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. Si la tiene, el juez competente será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o bien, ha comenzado ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, la competencia recae en el juez ante el que se presenta la demanda. De igual manera, si el acto reclamado no requiere de ejecución material, la competencia se surte en favor del juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En relación con este último supuesto, véase la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2006529, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Ahora bien, a los actos que tienen ejecutividad se les conoce, doctrinaria y jurisprudencialmente, como positivos. Estos actos se traducen en un hacer de las autoridades, voluntario y efectivo, que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo, traducidas en un hacer o un no hacer, y que implica una acción, una orden, una privación o una molestia. Se traducen, pues, en un hacer positivo de la autoridad. En cambio, cuando carecen de ejecución material se les conoce como negativos. Un acto es negativo cuando a través de él la autoridad se rehúsa expresamente a obrar en favor de la pretensión del gobernado. La negación se entiende como un no conceder o en decir que una cosa no es cierta. Esta clase de actos se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niega lo que los gobernados les solicitan. También los hay negativos con efectos positivos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia, ha señalado la existencia de los actos negativos con efectos positivos partiendo del conocimiento de los actos negativos; asimismo, los ha definido como: "aquellos actos aparentemente negativos, pero con efectos positivos". La limitación de estos actos estriba en los efectos que producen (que se identifican con los efectos producidos por los actos positivos) y que se traducen en actos efectivos de las autoridades que tienden a imponer obligaciones a los individuos. Se distinguen también los actos declarativos u omisivos. Dichos actos solamente se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero no implican modificación alguna de derechos o de situaciones existentes. Pues bien, la parte quejosa en su demanda de amparo señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Posteriormente en su escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, en cumplimiento a la prevención formulada por el juzgado declinante señaló como actos reclamados los siguientes Ahora, la juez declinante precisó como tales los siguientes: Como se ve, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación número 12/029/70389*123026020068310822. De lo que se sigue que el acto reclamado en esta instancia constitucional es de naturaleza negativa, y según el diccionario de la Real Academia Española, significa: "acto denegatorio o desestimatorio de una solicitud o del reconocimiento de un derecho o situación individualizada"; acepción de la que se deduce que la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación mencionada, atribuida a la Fiscalía del Estado de Guerrero, carece de ejecución material, por lo que en el caso particular se estima que debe ser el Juez Federal que previno el competente para conocer la demanda. Lo anterior, en virtud que el hecho que la autoridad responsable resida en el lugar en que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal no es una regla que prevea el artículo 37 de la citada Ley, más bien es una regla para fijar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por razón de territorio para conocer del juicio de amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Amparo, no así, para los Juzgados de Distrito (que conocen del amparo indirecto), por lo que en el caso particular se estima que debe ser el Juez Federal que previno el competente para conocer la demanda, por las razones apuntadas. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 141/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal, Décima Época, bajo el registro: 2010273, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, visible en la página 1681, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA AGRARIA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO REQUIERA DE EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Del artículo 34 de la Ley de Amparo se advierte la existencia de 2 reglas para fijar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo directo: una general y otra especial. En efecto, en su párrafo segundo, establece que la competencia de dichos órganos jurisdiccionales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado (regla general), mientras que su párrafo último dispone que, en materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, el competente será el que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado (regla especial). Así, cuando la sentencia o resolución recurrida dictada por un tribunal agrario no requiera de ejecución material, como por ejemplo, cuando en tal decisión se desechó un recurso, no se actualiza el supuesto normativo previsto en el párrafo último del mencionado numeral 34, sino el del segundo, en razón de que sólo se trata de una resolución de segunda instancia que produce consecuencias y efectos meramente declarativos; por ende, la competencia para conocer del juicio de amparo directo contra esa decisión, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción en el domicilio de la autoridad responsable." Por lo que respecta al acto reclamado consistente en la inscripción del vehículo identificado como ********************, la autoridad declinante señala que se lo atribuye a la autoridad responsable Registro Público Vehicular; sin embargo, de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio de la misma, no se aprecia que haya señalado como autoridad responsable a la indicada autoridad. Es así, dado que únicamente se advierte que señaló como autoridades ordenadoras al Fiscal de Investigación adscrito a la Unidad 02, del Estado de Querétaro y a la Fiscal General del Estado de Guerrero, y Directora de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y como ejecutora al Secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro. De manera que, no se aprecia que el Registro Público Vehicular, haya sido señalada como autoridad responsable y menos que ésta tenga residencia en esta ciudad, dado que ésta es una Dirección General que depende del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De igual forma, no se advierte que el acto reclamado consistente en inscripción del vehículo identificado como ********************, tenga ejecución material en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, dado que se encuentra demostrado que con motivo de dicho registro se realizó la detención del indicado vehículo en la ciudad de Querétaro; de lo que se determina que dicho acto reclamado tuvo el principio de ejecución dentro de su jurisdicción. Luego, si el indicado acto reclamado tuvo un principio de ejecución en una jurisdicción diversa a la de este juzgado de Distrito; es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda; es decir, el que previno. En apoyo se cita la 2a./J. 110/2013 (10a.), en Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, página 1204, con registro digital 2004414, que textualmente dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO POR VICIOS PROPIOS Y LOS ACTOS QUE PROSIGUIERON. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Cuando en una demanda de amparo se reclaman el emplazamiento a juicio por su indebida práctica (no por su ausencia) y todas las actuaciones del juicio de origen, incluida la sentencia o el laudo que pone fin a la contienda y la ejecución, resulta competente para conocer del juicio del Juez de Distrito que previno, acorde con el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente." También es aplicable al caso por analogía la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), Registro digital: 2024553, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, página 3668, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO." En consecuencia, con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal no acepta la competencia declinada; por ende, se ordena devolver al Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, con residencia en Santiago de Querétaro, el juicio de amparo 794/2023, de su índice, promovido por ********************que dio origen al presente asunto; solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con las constancias que se consideren necesarias. Sin que sea necesario ordenar la notificación personal de la parte quejosa en relación a este acuerdo, toda vez que al no haberse aceptado la competencia del juicio de amparo, es indudable que este juzgado federal no se vinculó con el procedimiento de la contienda constitucional. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página 55, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION, EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE", que en lo conducente establece: "... es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado." Notifíquese.
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