J. Socorro Niño Lara

Expediente 931/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
931/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • J. Socorro Niño Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y glósese al expediente el oficio 16831/2023 con anexo, remitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por ministerio de ley, con sede en esta ciudad; de su contenido se aprecia que remite los trámites relativos al cumplimiento dado al fallo concesorio emitido en autos; esto es, envía copia certificada del auto de veintidós de noviembre del año que transcurre, por el que se señalaron las diez horas del uno de febrero de dos mil catorce, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente administrativo laboral 48/06/2020. En tal razón, en términos del ordinal 196 de ley en cita, póngase dicho comunicado a la vista de las partes, para que dentro del plazo de tres días hábiles manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el *** signado por ***; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado María Dolores Camacho Díaz, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia constitucional de cinco de octubre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de garantías 931/2023-VIII, promovido por J. Socorro Niño Lara (fojas 10 a 16); transcurrió para las partes del diez de octubre al tres de noviembre del presente año, sin que hayan realizado manifestación alguna; en tal razón, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su Presidente, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, cumpla la sentencia ejecutoriada de mérito; apercibido que de no acatar lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias, se hará acreedor a una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización; conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones constitucionales, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Carta Magna, con apoyo además en los numerales 238 y 258 de la legislación de amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del puesto y consignación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 931/2023-VIII, promovido por J. Socorro Niño Lara, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el tres de agosto del presente año en la oficialía de partes de este juzgado, el agraviado de mérito promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto y autoridades que a continuación se indican: Autoridad responsable: Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ambos en esta ciudad Acto reclamado: "4.1 De la autoridad señalada en el numeral 3, se reclama la omisión del señalamiento de fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial del juicio laboral en términos de lo expuesto por el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal. 4.2. De la autoridad señalada en el numeral 3.1, se reclama la omisión del emplazamiento a juicio de la persona moral denominada AVANCES CIENTIFICOS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., y las notificaciones personales que deba realizar durante todo el procedimiento." Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, señaló el derecho fundamental transgredido el contenido en los artículos 8°, 14°, 16° y 123° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. Mediante auto emitido el cuatro de agosto de este año, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 931/2023-VIII, se admitió a trámite la misma (fojas 2 y 3); se requirió a las autoridades responsables sus informes con justificación (foja 4); se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete (foja 5); se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional (foja 7) y una vez integrado el expediente tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Heroica Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es de destacarse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención de la peticionaria de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en: a) La omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, al no señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial dentro del expediente administrativo laboral 048/E06/2020; y, b) La omisión de ordenar el emplazamiento de la parte demandada Inteva México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. c) La omisión de la actuaria adscrita a la Junta responsable en llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada dentro del citado juicio laboral. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL INCISO C). La Actuaria adscrita a la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta localidad, fue omisa en rendir su informe justificado en el plazo de quince días que se le dio para tal efecto, no obstante de estar debidamente notificada para ello como se advierte de las constancias de notificación que obran en autos (fojas 6 y 9). Sin embargo, no se actualiza la presunción de certeza del acto que señala el artículo 117, segunda parte del cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso, la parte quejosa reclama de la referida actuaria la omisión de llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada dentro del expediente administrativo laboral 048/E06/2020. Empero, a la actuaria responsable no puede atribuírsele la omisión que se le reclama, pues desde que se presentó la demanda de amparo que fue el tres de agosto de dos mil veintitrés, la Junta a la cual se encuentra adscrita no ha señalado fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente administrativo laboral 048/E06/2020, y no existe en autos constancia alguna que haga presumir lo contrario; por lo tanto, no existía ninguna notificación que realizar de su parte, de ahí que sea inexistente el acto que se le imputa y, en consecuencia, procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que a dicha autoridad se refiere. CUARTO. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN LOS INCISOS A) Y B). La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado en el plazo de quince días que se concedió para tal efecto, no obstante de estar debidamente notificada para ello, como se advierte de las constancias de notificación que obran a fojas seis y nueve, por lo que, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se le atribuyen. QUINTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En ese sentido, es de destacarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. SEXTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No obstante que la demanda de origen fue presentada ante la junta responsable con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, en la presente sentencia se atienden dispositivos legales vigentes antes de esa fecha, ello en atención a lo estipulado en el artículo Octavo Transitorio, el cual prevé que los procedimientos iniciados con posterioridad a su publicación se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes de su entrada en vigor. Por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Así las cosas, se advierten fundados los conceptos de violación formulados por el agraviado, suplidos en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en la medida necesaria para ello, por ser el impetrante del amparo la parte trabajadora en el juicio laboral de origen y, en consecuencia, suficiente para conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitada. Es aplicable al caso la jurisprudencia 105/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 63 del tomo XXVIII, octubre de 2008, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su rubro y texto dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Al establecer el artículo 76 bis de la Ley de Amparo las hipótesis en que se aplica la suplencia de la queja deficiente en cada una de las materias en las que procede el juicio de amparo, precisa que en materia de trabajo dicha suplencia sólo opera a favor del trabajador. Así, para establecer cuándo en un juicio de amparo en esta materia debe suplirse la queja deficiente de los planteamientos formulados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, o bien, de los agravios expresados en el recurso correspondiente, debe atenderse preferentemente a dos elementos, a saber: 1) a la calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y, 2) a la naturaleza jurídica del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. De esta manera, para que el órgano de control constitucional esté obligado a aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, sólo debe atenderse a los dos elementos anteriores, sin importar el origen del acto reclamado, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, por lo que si en el caso, un trabajador impugna un acto que afecta un bien jurídico o interés fundamental consagrado en su favor por las normas constitucionales, como lo son las garantías mínimas de seguridad social previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe concluirse que procede suplir la deficiencia de la queja." En efecto, debe destacarse que no obstante que la parte quejosa invoca como derechos humanos violados los contenidas en los artículos 14, 16 y 123 constitucionales, en sus conceptos de violación se duele de transgresión a la pronta impartición de justicia misma que se encuentra contenida en el artículo 17 de la Constitución y no en los preceptos que menciona. Cierto, al efecto refiere que dentro del expediente administrativo laboral 048/E06/2020, no ha señalado fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el término que establece la Ley Federal del Trabajo; por lo que, es a la luz del último de los preceptos constitucionales mencionados en el párrafo que antecede, que se efectuará el estudio del presente asunto. Para el caso, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, dice: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]". El mandato contenido en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de impartir justicia, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial; en cuyo cumplimiento deben concurrir, por una parte, el legislador, al establecer normas adecuadas para esos propósitos y, por otra, toda autoridad que realice actos materialmente jurisdiccionales; es decir, todos aquellos órganos del Estado que tienen encomendada la tarea de resolver controversias, declarando el derecho entre las partes. El derecho fundamental en comento también tiene como propósito que los gobernados puedan acudir ante los tribunales con el propósito de que se les imparta justicia, esto es, para que mediante la aplicación de normas jurídicas a casos concretos, resuelvan una situación jurídica, declarando el derecho aplicable, o bien, la existencia de una obligación y, en su caso, la hagan efectiva. Esta prerrogativa a favor de los gobernados implica el disfrute de diversos derechos relacionados con la impartición de justicia, a saber: 1. Prontitud, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de impartir justicia, de resolver las controversias que les sean planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes aplicables. 2. Exhaustividad, esto es, que la autoridad que conoce el asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de la totalidad de los temas debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución sustentada en la ley aplicable al caso concreto. 3. Imparcialidad, que implica que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismos respecto de alguna de las partes, ni arbitrariedad en su sentido. 4. Gratuidad, que significa que los órganos del Estado encargados de impartir justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así pues, todas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución de dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, están obligadas al cumplimiento de los principios mencionados, con independencia de si son órganos formalmente administrativos, legislativos o judiciales. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J.192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 209, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". En ese orden de ideas, es menester señalar lo que dispone el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." (lo resaltado es de este tribunal). En el caso concreto, se advierte que en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad refirió que la Junta responsable dentro del expediente administrativo laboral 048/E06/2020, promovido por el aquí agraviado, ha sido omisa en señalar fecha para el efecto de que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y como consecuencia de ello, se hace evidente que tampoco ha ordenado el emplazamiento de la parte demandada Inteva México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; con lo cual se trasgredió lo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en perjuicio del doliente. Tales circunstancias, hacen evidente que la responsable no ha acatado los términos legales para la prosecución del juicio de origen, lo que implica que no ha cumplido con las obligaciones jurídicas que le impone la Ley Federal del Trabajo. No se desatiende la excesiva carga de trabajo del tribunal laboral; sin embargo, ello no es justificable para fijar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones fuera del plazo previsto por la norma laboral. Consecuentemente, al resultar fundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al impetrante J. Socorro Niño Lara, para que la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad: a) Dentro del expediente administrativo laboral 048/E06/2020, de no existir impedimento legal alguno, provea lo conducente respecto del señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el entendido de que deberá ajustarse al plazo a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; y, b) En su caso, ordene al actuario de su adscripción realice el emplazamiento de la parte demandada Inteva México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en lo establecido por los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por J. Socorro Niño Lara, en cuanto al acto reclamado a la actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a J. Socorro Niño Lara, contra la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    El seis de septiembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con el estado que guardan los autos del juicio de amparo 931/2023-VIII. Conste. La Secretaria. Heroica Matamoros, Tamaulipas, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su Presidente y la Actuaria adscrita, ambos con sede en esta ciudad, no han rendido sus informes justificados que se les requirió mediante oficios a.20819/2023-VIII y a.20820/2023-VIII, no obstante de haber sido notificados para ello. Por tanto, toda vez que en el presente caso se acredita la figura de presunción de certeza establecida por el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 75 de la legislación en cita, gírense oficios a las responsables antes indicadas y requiéraseles para que dentro del improrrogable término de tres días hábiles, contados a partir de su legal notificación, remitan lo solicitado en el párrafo que antecede; apercibidos que de ser omisos al respecto, se harán acreedores a una multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional), cada uno; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional dentro de este asunto; fijándose nuevamente para su desahogo las diez horas con cuarenta minutos del cinco de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

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