J. Leonor Hernández Nochebuena
Expediente 372/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/05/2023
Partes del expediente
- J. Leonor Hernández Nochebuena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia en la que se decretó el sobreseimiento emitida el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el presente juicio de amparo 372/2023-VII; por lo que, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se decretó el sobreseimiento; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en su artículo 21, inciso c). Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezcan en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificados, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubiesen allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibidas que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario con quien actúa y da fe.
- Incidental
Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 372/2023-VII, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración del presente cuaderno incidental, enseguida se provee: De conformidad con el artículo 21, fracción I, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción el cuaderno único del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar (suspensión definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez transcurrido el término de tres años, el presente expediente deberá ser destruido, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
"Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 372/2023-VII, promovido por J. Leonor Hernández Nochebuena y María Guadalupe Sánchez, contra actos Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintitrés, J. Leonor Hernández Nochebuena y María Guadalupe Sánchez, promovieron juicio de amparo indirecto, en el que, como autoridades responsables y actos reclamados, señalaron lo siguiente: Autoridades responsables. I. Juez Primero de Primera Instancia Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad. II. Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. Actos reclamados: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.- De las autoridades responsables se reclama el EMPLAZAMIENTO, NOTIFICACIONES Y CITACIONES, Y TODOS LOS AUTOS, DECRETOS, RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS, laudos o sentencias definitivas, supuestamente realizados y hechos a los suscritos comparecientes, lo anterior dentro del juicio no. 71/2010, tramitado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, toda vez que se está vulnerando en mi perjuicio lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 del pacto federal, ya que nos dejan en total estado de indefensión al no permitirnos ser oído y vencido en juicio, es por tal motivo que se está violentando flagrantemente nuestras garantías individuales." (Sic) Asimismo, narraron los antecedentes del caso, señalaron como garantías violadas las contenidas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales y formularon los conceptos de violación que consideraron pertinentes. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. En auto emitido el diez de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 372/2023-VII, se admitió a trámite la misma; se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo según el acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Heroica Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, se tiene que los actos que los quejosos J. Leonor Hernández Nochebuena y María Guadalupe Sánchez, reclaman, consisten en: ? La ilegalidad del emplazamiento efectuado dentro de los autos del expediente 71/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero BBVA Bancomer, y seguido por María Maura de la Cruz Hernández, previo diversos contratos de cesión onerosa de derechos, en contra de los aquí impetrantes de garantías, así como las consecuencias que del mismo deriven. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de técnica jurídica, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, previamente a analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, debe precisarse la existencia o inexistencia de los mismos, tal como lo señala la jurisprudencia número XVIII.2°.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, correspondiente a la Octava Época, publicada en la página sesenta y ocho, del Tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro indica: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y la Coordinadora de la Central de Actuarios, ambos del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, admitieron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyeron (fojas 19 y 23). Lo cual se corrobora con las documentales que anexaron a dicho informe justificado, a las que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documentos públicos (fojas 20,21, 25 a 487) Al respecto es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 940, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, visible a página 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el Juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde." En lo que respecta a las autoridades responsables denominadas Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y Coordinadora de la Central de Actuarios, ambos del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas residentes en esta ciudad, no se analizarán los conceptos de violación esgrimidos por los solicitantes del amparo, en virtud de que, de oficio, se advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio de amparo, la cual, como se estableció con antelación, es de orden público y análisis preferente, misma que debe estudiarse, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Igualmente, es importante, por guardar estrecha relación con la referida causal de improcedencia, el contenido de los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." De las anteriores transcripciones se tiene que el juicio de amparo deviene improcedente en contra de actos consentidos tácitamente; esto es, respecto de aquéllos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 17, 18 y 19 de la propia Ley de Amparo. En el caso, los quejosos se duelen de la violación en su perjuicio de la garantía de audiencia contemplada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la relación jurídica del juicio hipotecario 71/2010, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta localidad, así como la ejecución ordenada en el mismo. Esto es, los agraviados se duelen de la falta de emplazamiento al juicio hipotecario de origen; acto que puede ser definido como aquél en el que el juzgador da a conocer a una persona la admisión de una demanda enderezada en su contra y le concede un plazo para que pueda contestarla, de tal manera que sólo puede ser referido a la contraparte del actor; es decir, a la demandada. Al respecto, J. Leonor Hernández Nochebuena y María Guadalupe Sánchez, quejosos en el presente asunto, como se adelantó, aducen esencialmente y bajo protesta de decir verdad, que dentro del juicio hipotecario promovido por Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por conducto de su apoderado legal Carlos Cipriano Guerrero Gómez, y seguido por María Maura de la Cruz Hernández, aquí tercera interesada, previo diversos contratos de cesión onerosa de derechos, se les pretende molestar en la posesión y propiedad de un predio sin haber tenido la oportunidad de defenderse, violándose con ello el contenido del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Precisado lo anterior, a continuación se relatan los antecedentes del acto que obran en el expediente de origen, siendo los siguientes: 1) Mediante escrito recibido en el juzgado de origen el doce de enero de dos mil diez, Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por conducto de su apoderado legal Carlos Cipriano Guerrero Gómez, promovió juicio hipotecario en contra de los aquí quejosos J. Leonor Hernández Nochebuena y María Guadalupe Sánchez (fojas 26 a 32). 2) Por auto de trece siguiente, la demanda en cuestión fue radicada en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, ordenándose expedir la cédula hipotecaria relativa, así como emplazar a los nombrados demandados en el domicilio señalado por la parte actora (fojas 98 y 99). 3) El veinte de enero de dos mil diez, se emplazó a los aquí peticionarios del amparo, conforme a las actas levantadas por el actuario adscrito al juzgado responsable (fojas 102 a 105). 4) Seguidas las etapas procesales respectivas, el diez de febrero del mismo año, se dictó sentencia en la que, esencialmente, se declaró procedente el juicio hipotecario promovido en contra de J. Leonor Hernández Nochebuena y María Guadalupe Sánchez y se les condenó al pago de las prestaciones demandadas (fojas 108 a 117). 5) Posteriormente, las partes actora y demandadas allegaron un escrito mediante el cual celebraron convenio judicial, ratificado ante Notario Público, ocurso en el cual los demandados J. Leonor Hernández Nochebuena y María Guadalupe Sánchez, comparecieron al juicio hipotecario 71/2010, solicitando se les tuviera por reconocido el carácter de parte demandada, como seguir con el cargo de depositario judicial del bien inmueble, petición que fue recibida por el juez responsable mediante el acuerdo de diez de mayo de dos mil diez, declarando aprobado el convenio de referencia, y se tuvo a los aquí agraviados como parte demanda dentro el mencionado juicio hipotecario (fojas 122 a 131). 6) El ocho de febrero de dos mil doce, Carlos Cipriano Guerrero Gómez, apoderado legal de Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero BBVA Bancomer, presentó escrito mediante el cual denunció el incumplimiento del convenio celebrado por los aquí quejosos J. Leonor Hernández Nochebuena y María Guadalupe Sánchez, por lo que mediante proveído de nueve de febrero de dos mil doce, el juez responsable ordenó dar vista a la parte demandada para que dentro del término de tres días legalmente expresaran lo que a su interés conviniera (fojas 132 a 145). Como puede apreciarse, de los antecedentes referidos se tiene que, adversamente a lo sostenido por los quejosos J. Leonor Hernández Nochebuena y María Guadalupe Sánchez, en su escrito inicial de demanda, tuvieron conocimiento de los autos origen del acto reclamado, al menos, desde el seis de mayo de dos mil catorce, fecha en que comparecieron al juicio hipotecario 71/2010, seguido en su contra, y exhibiendo el convenio judicial celebrado con la parte actora. Ahora, del día siguiente hábil a la fecha apuntada, esto es, del siete de mayo de dos mil diez, al día nueve de marzo de dos mil veintitrés, en que presentaron ante este Juzgado de Distrito su demanda de amparo, transcurrió en exceso el término ordinario de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que los agraviados tenían para la interposición de su escrito de derechos fundamentales. La extemporaneidad se considera atendiendo a la fecha en que comparecieron en el juicio hipotecario 71/2010 (seis de mayo de dos mil diez), constancia que el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, allegó junto a su informe justificado, con la cual se dio vista a los quejosos mediante auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés (foja 488), en tanto que la audiencia constitucional se desahogó en esta propia fecha; esto es, tuvo más de un mes de vista para que impugnaran de falsa las firmas que aparecen en esas constancias, o bien, pudieron objetarlas en esta misma audiencia constitucional en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo; sin embargo, dejaron de hacerlo. En este orden de ideas, resulta pertinente mencionar que los impetrantes, al ser parte en el procedimiento natural, no tienen el carácter de terceros extraños auténticos, ni por equiparación, aun cuando afirman que no fueron llamados a juicio; en razón de que con posterioridad al emplazamiento que combaten, en la fecha ya especificada, tuvieron pleno conocimiento de la existencia del juicio instaurado en su contra, lo que constituye la base para la iniciación del cómputo del término para ejercer la acción de amparo, porque en este supuesto, lo que agravia a los quejosos no es otra cosa que la existencia del juicio de origen en el que debiendo ser parte procesal, no se les ha dado intervención. Luego, si los referidos J. Leonor Hernández Nochebuena y María Guadalupe Sánchez, tuvieron conocimiento del juicio hipotecario, al menos, desde el seis de mayo de dos mil diez, fecha en que comparecieron al juicio hipotecario 71/2010, seguido en su contra, también se percataron de la autoridad judicial ante quien se estaba llevando al cabo el mismo, de la clase de juicio de que se trataba y el nombre de quien lo promovió; por tanto, es indiscutible que a partir de aquella fecha se debe computar el término previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición de su demanda de garantías y al no haberlo hecho dentro del término legal en cuestión (dado que se realizó hasta el nueve de marzo de dos mil veintitrés), es inconcuso que la misma resulta improcedente por extemporánea, atento a lo que establece el artículo 61, fracción XIV, de la actual Ley de Amparo, razón por la cual, con apoyo además en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia en cita, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo. Al respecto, es aplicable la tesis número I.4o.A.20 K, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 477, Tomo: III, Abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORÁNEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta." Igualmente, por contener consideraciones aplicables al caso concreto, se cita la jurisprudencia de la Octava Época, visible en la página 130, Tomo VI, Segunda Parte 1, Julio a Diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORÁNEA. EMPLAZAMIENTO Y EMBARGO ENTENDIDOS CON EL QUEJOSO. El juez de Distrito obró legalmente al considerar extemporánea la demanda de amparo en que el quejoso se ostenta tercero extraño al juicio donde se embargaron bienes de su propiedad, si del acta de embargo consta que esta diligencia se entendió con él precisamente, y se le entregaron copias y cédula del emplazamiento para la demandada, pues de esas copias y documentos pudo obtener los datos necesarios para identificar el asunto, la autoridad ante quien se ventilaba éste, la fecha de la resolución respectiva y la Ley aplicada, y sin embargo, el agraviado presentó su demanda después de los quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, contados a partir de la fecha de la diligencia." El sobreseimiento decretado en el juicio respecto de los actos combatidos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, con sede en esta ciudad, se hace extensivo en cuanto a los actos dictados con posterioridad al emplazamiento, como son todo lo actuado con posterioridad, incluido el procedimiento de ejecución, al correr la misma suerte del emplazamiento que se reprocha, pues resulta evidente que la presentación de la demanda fue extemporánea. Lo mismo debe decirse, respecto de los actos reclamados a la Coordinadora de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, pues al haberse sobreseído respecto de los actos que reclamó de la autoridad ordenadora, lo mismo debe decirse respecto de la ejecutora, si éstos no se combaten por vicios propios. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta, Tomo: 24, Tercera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Asimismo, se estima innecesario examinar y valorar las pruebas aportadas por la parte quejosa, tendentes a demostrar y desvirtuar los conceptos de violación expresados por el justiciable en su demanda, por la razones que informa la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 24 Tercera Parte, visible a página 49, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PRUEBAS RELACIONADAS CON EL FONDO DEL NEGOCIO. NO PROCEDE ENTRAR A SU ESTUDIO. De estimarse que procede el sobreseimiento del juicio de amparo, no existe motivo legal para examinar y valorar las pruebas tendientes a demostrar los hechos a que se refieren los conceptos de violación expresados en la demanda, lo que únicamente hubiera sido necesario en el caso de entrarse al estudio del fondo del negocio." De esta suerte, se torna innecesario emprender el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, tal como lo establece la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal de Justicia, visible en la página 335, Tomo VI, de la obra en cita, del título y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No es óbice a lo anterior, que en el presente caso, se apliquen los criterios jurisprudenciales que quedaron expuestos en líneas precedentes, toda vez que el artículo sexto transitorio de la vigente Ley de Amparo establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuara en vigor en lo que no se oponga al actual decreto regulatorio de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por J. Leonor Hernández Nochebuena y María Guadalupe Sánchez, contra los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, en los términos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe."
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, doce de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de garantías, se advierte que mediante acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se puso a la vista de las partes el informe justificado rendido por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; asimismo, se ordenó llamar a esta contienda constitucional a la tercera interesada ********************, quedando notificada el treinta del mencionado mes y año, por lo que, a la fecha en que se actúa, se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se imponga del contenido de la referida informativa y de las constancias que integran el presente asunto, ello a fin de que haga valer lo que a sus intereses convenga, si así lo desea; pues puede suceder que ofrezca algún medio de convicción a su favor, o formular alegatos de su intención. Por tanto, se hace necesario diferir la audiencia constitucional programada para esta propia fecha, y se fijan las diez horas con cuarenta y tres minutos del veinticinco de abril de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario con quien actúa y da fe.
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