J. Reynaldo Rodríguez Reyes

Expediente 987/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
987/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
26/11/2018

Partes del expediente

  • J. Reynaldo Rodríguez Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio número 7658, signado por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 17,230, por el cual se le remitió el juicio de amparo 987/2018, formado con motivo de la demanda de garantías promovida por J. REYNALDO RODRÍGUEZ REYES, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXVI, con sede en esta ciudad e informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. Por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. En otro orden de ideas, tomando en consideración que el presente cuaderno se encuentra totalmente concluida, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero y Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la demanda de garantías promovida por J. REYNALDO RODRÍGUEZ REYES, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXVI, con sede en esta ciudad. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías, este Juzgado, considera carecer de competencia legal para conocer de la misma, estimando competente al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, EN TURNO, DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, con residencia en esta ciudad, con base en las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 34 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; en tanto que, el artículo 170, fracción I, párrafo primero, establece que dicho juicio procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Por su parte, el párrafo segundo de la fracción I del referido numeral, establece que se entenderán por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal; y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Además, el párrafo tercero, de la fracción en comento establece, que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Bajo esa óptica, se tiene que el peticionario de garantías señala como acto reclamado la sentencia definitiva dictada el nueve de noviembre de dos mil quince, por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXVI, con sede en esta ciudad, dentro del juicio ordinario agrario 237/2014, resolución que, en concepto de quien esto resuelve, es de aquéllas que dada su naturaleza deben reclamarse en amparo directo; esto es, conforme a los numerales 34 y 170 fracción I, párrafos primero, segundo y tercero de la Ley de Amparo, se trata de una resolución que pone fin al juicio de origen; y por tanto, no es jurídicamente factible de reclamarse en amparo indirecto, como lo pretende el promovente. En esa tesitura, es dable sostener que este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, carece de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, por lo que sin proveer sobre su admisión, se ordena remitirla de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa de Trabajo, en turno, del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales conducentes, acompañándose el original del cuaderno de amparo número 987/2018, para lo que tenga a bien determinar la Superioridad. Por lo tanto, háganse las anotaciones respectivas y con una copia de la demanda relativa, fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente. Finalmente, se tiene como nuevo domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en calle Pino Suárez, número 305, colonia Centro, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Ricardo Martínez Ochoa y Raúl Pérez López. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, Secretaria con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la demanda de garantías promovida por J. REYNALDO RODRÍGUEZ REYES, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXVI, con sede en esta ciudad. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías, este Juzgado, considera carecer de competencia legal para conocer de la misma, estimando competente al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, EN TURNO, DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, con residencia en esta ciudad, con base en las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 34 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; en tanto que, el artículo 170, fracción I, párrafo primero, establece que dicho juicio procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Por su parte, el párrafo segundo de la fracción I del referido numeral, establece que se entenderán por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal; y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Además, el párrafo tercero, de la fracción en comento establece, que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Bajo esa óptica, se tiene que el peticionario de garantías señala como acto reclamado la sentencia definitiva dictada el nueve de noviembre de dos mil quince, por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXVI, con sede en esta ciudad, dentro del juicio ordinario agrario 237/2014, resolución que, en concepto de quien esto resuelve, es de aquéllas que dada su naturaleza deben reclamarse en amparo directo; esto es, conforme a los numerales 34 y 170 fracción I, párrafos primero, segundo y tercero de la Ley de Amparo, se trata de una resolución que pone fin al juicio de origen; y por tanto, no es jurídicamente factible de reclamarse en amparo indirecto, como lo pretende el promovente. En esa tesitura, es dable sostener que este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, carece de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, por lo que sin proveer sobre su admisión, se ordena remitirla de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa de Trabajo, en turno, del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales conducentes, acompañándose el original del cuaderno de amparo número 987/2018, para lo que tenga a bien determinar la Superioridad. Por lo tanto, háganse las anotaciones respectivas y con una copia de la demanda relativa, fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente. Finalmente, se tiene como nuevo domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en calle Pino Suárez, número 305, colonia Centro, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Ricardo Martínez Ochoa y Raúl Pérez López. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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