J. Melchor Tapia Monge

Expediente 898/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
898/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • J. Melchor Tapia Monge

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia, dictado en este juicio de amparo el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En tal, virtud y toda vez de que por auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio TCA/PRES/AMP/4510/2022, suscrito por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo el informe justificado que le fue solicitado, al que acompaña la constancia consistente en copia autorizada del acuerdo de fecha diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, derivado del juicio laboral número ********************, de su índice, con lo que se ordena dar vista a las partes, para su conocimiento, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. En ese sentido, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que acompaña, misma que se admite y se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, los artículos 61, fracción XXI y artículo 62, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De dichos preceptos se infiere que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica de la persona peticionaria del amparo, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causa de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. La razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que al desaparecer no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Bajo esa tesitura, visto el estado de autos, en específico la demanda de amparo promovida por ********************, se obtiene que el mismo reclama la omisión atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del juicio laboral número ********************, precisada de la siguiente manera: ".IV. La omisión por parte de la autoridad responsable al no haber acordado 2 dos promociones en un tiempo excesivo, siendo de fechas 18 dieciocho de agosto de 2021 dos mil veintiuno y 28 veintiocho de junio de 2022 dos mil veintidós, ambas referentes al juicio laboral número ********************, que se promueve frente al ********************, ante el Tribunal De Conciliación Y Arbitraje del Estado De Michoacán...". Ahora, de la constancia que remite la autoridad responsable, se aprecia que el diecinueve del mes y año en curso -con posterioridad a la promoción del juicio en que se actúa-, se acordaron los citados escritos, para lo cual se ordenó despachar auto de ejecución por la cantidad de $11,454.00 (once mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N), a favor del trabajador, aquí quejoso. En tal virtud, al haberse acordado en relación con sus escritos, lo que constituyó la omisión reclamada en el presente asunto, se estima que cesaron los efectos de tal omisión, ya que la autoridad responsable destruyó sus efectos, así como sus consecuencias. Por tanto, es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso, de ahí que se actualiza la causal de improcedencia citada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, con registro digital 193758, de rubro y contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas circunstancias, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, Novena Época, con registro digital 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a la fecha no ha remitido las constancias del juicio laboral ******************** en las que se hubiese basado para emitir el acto reclamado, mismas que le fueron requeridas a través del oficio 25958/2022; por tanto requiérase nuevamente a la autoridad en cita, para que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita las constancias en las que se hubiese basado para emitir el acto reclamado, por ser necesarias para resolver el presente juicio de amparo, o bien, manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido con fundamento en los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa de cincuenta a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra constancia que acredite la notificación a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, del oficio 25958/2022, del auto de diez de noviembre del año en curso; por el que se le requirieron copias completas y legibles de las constancias en las que se hubiese basado para emitir el acto reclamado dentro del juicio laboral ********************. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Notifíquese.

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