J. Refugio Sánchez Domínguez y Otros.

Expediente 213/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
213/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/03/2023

Partes del expediente

  • J. Refugio Sánchez Domínguez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    I... Vista la certificación que antecede se advierte que ha fenecido el término que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la ley invocada, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente asunto. ... este expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.

  2. Principal

    I... Vista la demanda de amparo promovida por J. Refugio.... por propio derecho, contra actos de los Agentes del Ministerio Publico adscritos al Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 213/2023-I. DESECHAMIENTO Previo a realizar algún pronunciamiento al respecto, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda y escrito de desahogo se advierte que se actualiza la hipótesis normativa contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que da lugar a su desechamiento, dado que el acto reclamado consiste en: (.) La orden que dieran a las autoridades señaladas de nuestro escrito de garantías, como ejecutoras y en contra de los ahora quejosos a fin de causar actos de molestia en nuestra fuente de trabajo (.) De los preceptos transcritos, se colige que el juicio de amparo procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica de los quejosos. Conforme a lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto que reclaman los quejosos no genera, por sí solo, una afectación a su esfera de derechos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es así, dado que los promoventes reclaman el acto de molestia que dicen cometieron las autoridades responsables cuando se presentaron en su centro de trabajo, comentando a vecinos que ahí se venden drogas ingresando al interior del mismo, tomando fotografías del taller de carpintería sin orden alguna para que posteriormente se retiraron del lugar sin encontrar sustancia alguna prohibida; alegan que tienen el temor que se clausure su centro de trabajo o que haya un procedimiento en su contra y con ello se les cause un mal irreparable, lo cual no genera una consecuencia perniciosa real e inmediata o actual en algún bien o derecho de los impetrantes del amparo, pues la sola manifestación en el sentido de que las responsables no les permitan seguir laborando al colocar sellos o que se tramite en su contra alguna carpeta de investigación, constituye un acto futuro de realización incierta. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, y que no encajan en esa categoría los actos respecto de los que se tiene la certidumbre de que se ejecutarán de no cumplirse determinado mandato de la autoridad que lo condiciona; es decir, que no pueden estimarse como tales aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, los que aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos relacionados con su ejecución y que respecto de los actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5 de la ley de la materia condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique a la parte quejosa. De ahí que, las posibles consecuencias del acto que en esta vía se impugna (revisión de lugar de trabajo) que no dejó afectación alguna en su esfera jurídica, se reputen como futuros e inciertos, pues no obstante que los promoventes aduzcan que tuvieron conocimiento que han sido buscados en su domicilio laboral por el supuesto acto que en ese lugar se vende drogas, no constituye un dato suficiente que haga presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. Máxime que, como lo indican, se retiraron sin encontrar sustancia alguna prohibida. En mérito de lo anterior, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. DOMICILIO QUEJOSOS Toda vez que los promoventes señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, el el boletín judicial los mismos no pueden tenerse como tal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para tal efecto la lista que se fija en los estrados de órgano jurisdiccional. AUTORIZADOS Se autoriza a la persona que indica en términos amplios del artículo 12 de la legislación en cita, siempre que tenga debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario únicamente en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral y del diverso 24, párrafo segundo, de la propia normatividad. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común de la parte quejosa a J. Refugio..., sin perjuicio de que con posterioridad designen a uno diverso. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De acuerdo a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación, en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponer. TRANSPARENCIA Finalmente, en términos de los artículos 1, 2, 3 y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníquese que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmese que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.

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