J. Irene Mata Olvera

Expediente 296/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
296/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
28/10/2022

Partes del expediente

  • J. Irene Mata Olvera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    V... Agréguese el oficio remitido por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 170/2022-V, librado a fin de notificar a la parte quejosa el proveído de quince de marzo pasado.

  2. Principal

    V... Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte agraviada interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, con apoyo en los preceptos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedites (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente se considera susceptible de destrucción.

  3. Principal

    V... Agréguese el escrito de la parte quejosa, mediante el cual manifiesta que se debe aclarar el acto reclamado, en virtud de que este juzgado indicó que la promovente no agotó el principio de definitividad; sin embargo, lo anterior aduce que reclamó el auto admisorio del juicio plenario de posesión, y contra dicha determinación no procede recurso alguno, de acuerdo a lo previsto en el artículo 2.110 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; atendiendo a lo anterior, solicita se admita la demanda. En atención a su contenido, no ha lugar a proveer de conformidad, en virtud de que el veintitrés de marzo último se desechó la demanda. Lo anterior, pues en el escrito de desahogo la quejosa señaló reclamar dos actos: la admisión de la demanda del juicio plenario de posesión 75/2022, del Juzgado Tercero Civil de Primera instancia del distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México; y, el emplazamiento que se efectuó a la promovente el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el citado asunto. En virtud de lo expuesto, el veintitrés del presente mes se desechó la demanda al considerarse que el primer acto reclamado no le causaba un perjuicio irreparable; y, contra el segundo debió agotar el incidente de nulidad. En ese sentido, este juzgado no puede revocar sus propias determinaciones, por lo cual para el caso de que la promovente este inconforme con dicha determinación, debe interponer el medio de impugnación que corresponda.

  4. Principal

    V... Agréguese a los autos el escrito de la quejosa J. Irene ..., mediante el cual desahoga los requerimientos formulados en autos. Ahora, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Del estudio integral de la demanda se advierte que se reclaman los siguientes actos: - La admisión de la demanda del juicio plenario de posesión 75/2022, del Juzgado Tercero Civil de Primera instancia del distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. - El emplazamiento que se efectuó a la promovente el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el citado asunto. Ahora, los actos precisados se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo -respectivamente- a contrario sensu; en atención a las siguientes consideraciones. En principio, se analizará la improcedencia del juicio de control constitucional con relación a la admisión de la demanda del Juicio Plenario de Posesión 75/2022, que se tramita ante el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, respecto de la cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo.. Al respecto, es dable destacar que para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que refiere el numeral en comento, han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Por lo que, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Los numerales 107 Constitucional, fracción III, inciso b), y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación pueda ser analizada nuevamente al dictar la resolución final, sino que con motivo de una sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso b), fracción III, del artículo 107 Constitucional. En ese orden de ideas, se actualiza la causal de improcedencia advertida, en razón que dicho acto no reviste el carácter de imposible reparación para considerar procedente el juicio constitucional, pues conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dicha actuación tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud que dicho acto, es de naturaleza procesal que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados como la vida, la libertad, la propiedad, entre otros, y que tutela la Constitución General de la República Mexicana. De ahí que, en el caso a estudio, la determinación reclamada no deja sin defensa a la parte quejosa, ni afecta sus derechos sustantivos, por lo que, de considerarlo violatorio deberá reclamarse como violación procesal mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva, si es contraria a sus intereses. Lo anterior es así, ya que los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues se evita la proliferación o una cadena interminable de juicios con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio constitucional tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende que continúe el procedimiento sin mayores trabas y, que la parte afectada con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidas. Por tanto, el acto reclamado no debe considerarse como emitido dentro de un procedimiento que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, protegidos por las garantías individuales consagradas en la Carta Magna; que deba impugnarse a través del amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por la fracción V, del ordinal 107, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, interpretado a contrario sensu, sino que en todo caso, se combatirán hasta que se dicte la sentencia correspondiente en la hipótesis que éste sea desfavorable al solicitante de amparo, mediante el juicio de amparo directo, a través del cual se podrá subsanar tal violación. Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido como regla excepcional para la procedencia del amparo indirecto, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales que ordinariamente deben ser combatidas en amparo directo, cuando se reclame la sentencia definitiva o el laudo correspondiente; aquellos que por sus consecuencias, afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, y que la afectación no podría repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio de origen, por haberse consumado irreparablemente la violación a la garantía individual de que se trate; o aquellos actos procesales o formales, cuando afecten a las partes en grado predominante o superior, cuya violación sea de tal trascendencia y magnitud que justifique la procedencia del juicio de amparo biinstancial por tratarse de una acto de ejecución irreparable, hipótesis que en el caso a estudio tampoco se actualiza, de ahí la notoria improcedencia la demanda, en relación con dicho acto que se analiza. Por otra parte, respecto al emplazamiento realizado el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. En efecto, del citado precepto se aprecia que la definitividad, en términos generales consiste en que la persona que se considera agraviada con la emisión de un acto de autoridad, previo a acudir al amparo debe agotar el recurso ordinario o medio de defensa legal que la ley señale y ponga a su alcance, y que tenga por objeto revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. El principio de mérito admite una serie de excepciones que la propia Ley de Amparo señala, en esa virtud, la observancia de dicho principio no es imperativa, pues previo a determinar si el juicio de amparo es procedente o no por no haberse agotado el medio de defensa legal que la ley pone al alcance del afectado con el acto de autoridad, se debe atender si en el caso se encuentra situado en alguna de las excepciones que la ley de la materia contempla. En el presente caso, el acto reclamado no se sitúa en alguna de las excepciones antes citadas, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se reclaman actos consistentes en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ni se trata de persona extraña al procedimiento, ya que el solicitante de amparo es parte demandada en el juicio 75/2022, que se tramita en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. Como se mencionó, las excepciones al principio de definitividad que en forma expresa prevé la Ley de Amparo y la jurisprudencia (aun cuando esta última interpretó la legislación abrogada resultan aplicables por la identidad de la hipótesis normativa), son los únicos supuestos que el legislador y los órganos federales, expresa y limitativamente han definido; de modo que fuera de ellos, el juicio de amparo debe declararse improcedente si previo a su instauración, el peticionario del amparo no ha agotado los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance, pues de otro modo, se surtirá la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. De dicho dispositivo se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra ese acto debe proceder algún medio de defensa legal; c) Por medio de ese medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de modificación, revocación o nulificación. Ahora, en el presente asunto no se cumple con la definitividad exigida, pues el acto reclamado puede ser modificado, revocado o anulado; conforme a lo dispuesto en el artículo 1.187, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En este orden de ideas, de conformidad con la porción normativa señalada, se concluye que el acto reclamado es recurrible mediante el incidente de nulidad de actuaciones. Por tanto, al no haberse agotado el incidente como medio de impugnación para revocar o nulificar el emplazamiento efectuado al demandado en el juicio de origen, que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es claro que se actualiza el tercero de los requisitos antes apuntado, esto es que, no se hizo valer el medio ordinario de defensa, por tanto, no se cumplió con el principio de definitividad. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia advertidas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracciones XVIII y XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, a contrario sensu del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda.

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